Tixtla.— Tendido en una cama de hospital, en estado vegetativo, Aldo Gutiérrez resiste. Desde que entró en coma por el tiro en la cabeza que le dieron la noche del 26 de septiembre de 2014, el joven ha manifestado avances, aunque sus familiares dicen que la atención que se le ha dado es insuficiente.
Aldo es una de las víctimas de los ataques que sufrieron los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala; Guerrero, y que se saldaron con la desaparición de 43 jóvenes y la muerte de seis personas.
Tres años después de la tragedia, Ulises Gutiérrez asegura que su hermano, ingresado en el hospital de México, se mantiene “estable”.
“Según los médicos, se encuentra en un estado vegetativo, en el que depende mucho de los cuidados médicos que le estén dando de enfermería”, afirma.
Los gestos que realiza Aldo son muy limitados. La familia ha percibido cómo mueve ligeramente las manos, la cabeza o bosteza.
Desde Guerrero, su familia realiza, de dos en dos, viajes de siete horas hasta la capital para cuidar del joven. Nunca lo han dejado solo.
Le ayudan a hacer terapia, le ponen la música que más le gustaba y le dan sus alimentos favoritos. También le hablan de “cómo era antes” del ataque, y de cómo es su familia, para “que tenga un poco más de conciencia”.
“Lo que queremos es que él se recupere, que el esté bien”, sintetiza su hermano, de 29 años.
Cuando recibió el tiro en la cabeza, Aldo perdió un tiempo precioso. Ulises relata que estuvo una hora tirado en el asfalto hasta que lo llevaron al hospital.
“Perdió mucho tiempo, mucha sangre, no lo atendieron como se debe y el hospital no estuvo capacitado para darle esa atención”, siendo un paciente de prioridad alta.
Fue un momento impactante para la familia, que además sufrió porque algunos medios de comunicación manejaban la información de que Aldo estaba muerto.
Ulises señala que las autoridades no saben dar atención a las víctimas que sufren situaciones especiales como las de su hermano, y que, además, les han “dado largas” para proporcionarle las atenciones necesarias, como ciertas medicinas.
“Las dependencias lo hacen todo, pero tarde; lo hacen poco a poco con la exigencia de nuestros representantes”, destaca.
Como familiares, comenta, han visto que “Aldo tiene que llegar a casa, no puede estar todo el tiempo en el hospital”. Pero esto solo podría suceder si se cumplieran todas las condiciones necesarias para que esté bien atendido, matiza.
La imagen de Aldo durante estos tres años no ha conseguido borrar la que permanece en la memoria de Ulises: la de un joven alegre y atlético, al que le gustaba hacer ejercicio, jugar al fútbol y estudiar.
Reconoce que en su familia les puede la angustia cuando piensan: “¿Cómo es posible que siendo un muchacho talentoso, que llega a una escuela a superarse, le trunquen su vida, que el Gobierno le trunque su vida como si no hubiera pasado nada?”.
Y es que, en ese sentido, los seres queridos de Aldo sufren lo mismo que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos: no tener ni verdad, ni justicia.
Lo que ocurrió esa noche continúa siendo una incógnita después de que expertos internacionales echaran abajo la versión de los hechos proporcionada por el Gobierno mexicano -que indicaba que los jóvenes fueron entregados por policías a criminales que les asesinaron e incineraron-, mientras la impunidad sigue visible.
“Estuvo muy mal que el Gobierno haya hecho ese tipo de acciones, que haya reprimido con balas a los estudiantes, inclusive a mi hermano, y dejarlo en el estado en que está”, argumenta Ulises.
Por eso, la familia considera que es momento de que las autoridades sean claras: “A tres años, no hemos tenido ninguna justicia, ni hemos tenido respuesta a nuestras peticiones”, afirma Ulises. (EFE)
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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