México.— Karime Macías, esposa del exgobernador acusado de corrupción Javier Duarte, desvió recursos públicos por 21,2 millones de dólares a través de 33 empresas fantasma, denunció la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En una investigación, MCCI identificó que cuando Macías era presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Veracruz, este organismo entregó más de 415 millones de pesos (21,2 millones de dólares) a una red de 33 empresas fantasma.
“El monto cuadruplica lo revelado oficialmente hasta ahora. El DIF fue la primera dependencia en la que comenzó el desvío con empresas fantasma que luego se extendió a ocho dependencias más” del Gobierno de Veracruz, agregó la ONG en un boletín.
Los depósitos a empresas fantasma por parte del DIF se produjeron entre 2011 y 2016, y la cifra es “casi cuatro veces superior a los 112 millones de pesos (5,7 millones de dólares) de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías”, recordó MCCI.
Este lunes, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, publicó unos vídeos donde localizaban a Macías viviendo en un lujoso barrio de Londres, y horas después la Interpol emitió una alerta roja, que contempla su búsqueda y captura con fines de extradición.
La investigación de MCCI con el portal noticioso Animal Político determinó también que, detrás de estas 33 empresas fachada, hay otras 400 empresas fantasma que habrían recibido recursos.
Entre esas compañías se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir el arresto de Macías: Grupo Balcano, Prefraco, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios CERENE, Ravsan Servicios Múltiples y ANZARA.
“De las 33 empresas que recibieron dinero del DIF el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya investigó a 19 y concluyó, en definitiva, que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones”, agregó.
Aunque el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, pues de hecho el puesto de presidenta del DIF es honorífico, la investigación de la Fiscalía de Veracruz enviada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas para desviar los recursos públicos, recordó el texto.
En total, el DIF Veracruz firmó 119 contratos con este grupo de empresas.
Los que aparecen como accionistas de las compañías son en realidad prestanombres, en muchos casos personas de bajos recursos y en algunos casos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó el texto.
Para adjudicar los pagos, el DIF-Veracruz simuló procesos legales de contratación bajo la modalidad “licitaciones simplificadas” en donde llegaba a invitar de 3 a 5 empresas, todas ellas fantasma y pertenecientes a la misma red.
O en algunos casos, simplemente pactó “adjudicaciones directas” con cualquiera de las excepciones que la ley permite e incluso se hicieron pagos sin contratos.
Los conceptos de los contratos abarcaban de todo, desde sillas de ruedas a juguetes para niños. “Hoy no hay evidencia legal de algo de eso se haya entregado”, señaló la investigación.
Los pagos ocurrieron con Karime Macías al frente del DIF, pero con distintos funcionarios a cargo de la dirección de Finanzas de dicha dependencia.
Durante la administración de Duarte (2010-2016) presuntamente se desviaron recursos públicos por unos 58.000 millones de pesos (unos 2.920 millones de dólares).
El exmandatario está encarcelado mientras afronta varios procesos penales, entre otros, por los delitos peculado (malversación de fondos públicos), tráfico de influencias e incumplimiento del deber. Efe
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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