Ciudad de México.— Luego de 16 años en prisión, fueron liberados seis indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, Estado México, considerados presos políticos; los acusaron del homicidio de un empresario español, y aunque nunca se les comprobó, los condenaron a 50 años de prisión.

Los indígenas fueron sentenciados en 2007, en su caso intervino la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que el proceso judicial carecía de las garantías del debido proceso y que la sentencia se adoptó para criminalizarlos por defender su derecho al agua ante empresas florícolas nacionales e internacionales.

Después de un largo camino y diversos recursos de apelación, recibieron amnistía del Gobierno de la República para ser liberados.

Esto es un acto de reivindicación para los activistas de San Padro Tlanixco, a los que además de despojarlos de sus tierras, en un acto de abuso de autoridad se vulneraron sus derechos por 16 años por un delito que nunca se comprobó. pic.twitter.com/CKiAbWesXm

— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) April 11, 2019

En el acto, considerado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, como de reivindicación, señaló que la injusticia no se podrá reparar, y que ellos difícilmente recuperarán el tiempo perdido, sin embargo, buscarán que no quede impune el abuso de autoridad del que fueron víctimas.

Agradeció a las autoridades del Estado de México la colaboración para lograr la liberación, y afirmó que garantizarán su tranquilidad y la de la comunidad a partir de ahora.

Encinas Rodríguez dijo que este caso será un referente para la aplicación de justicia en situaciones similares en las que las comunidades originarias defienden sus recursos naturales ante empresas.

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Afirmó que el gobierno mexicano revisa 538 expedientes de 479 hombres y 59 mujeres que han solicitado su intervención, al considerar que se trata de presos políticos.

De ellos, 140 se concentran en Guerrero, 71 en Puebla, 65 en el Estado de México, 52 corresponden a la Ciudad de México, aunque la mayoría de los afectados provienen de otros lugares, y 51 de Oaxaca.

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El funcionario federal reconoció que no son todos los casos, por lo que seguirán revisando expedientes en los que se hayan vulnerado derechos humanos, a fin de cerrarlos con justicia, a fin de pacificar al país.

La única mujer del grupo, Dominga González Martínez, agradeció la intervención de las autoridades y solicitó su apoyo para proporcionar agua a su comunidad y evitar cualquier represalia contra los liberados, su familia o su comunidad.

ebv