Ciudad de México.— Se investigan más cargos contra Emilio Lozoya Austín, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) para fincarle más responsabilidades penales en su contra, al tiempo que ya se tramita su extradición, porque “la Fiscalía procede con independencia, tiene autonomía y no actúa por consigna del Ejecutivo ni en éste ni en ningún otro caso”, afirmó.
A la fecha está abierta una investigación por la venta fraudulenta de una planta de fertilizantes durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se privatizó en menos de 300 millones de pesos y al irse a la quiebra, Pemex la compró en más de 500 mdp y al final terminaron pagando 800 mdp por la compra y rehabilitación, porque se dejó en abandono durante muchos años.
Por otra parte, según los datos que tiene el presidente López Obrador, en el período de Lozoya Austin, se vendieron grandes cantidades de gas a la empresa Odebrecht a precios muy por debajo de los internacionales en perjuicio del complejo petroquímico de Pemex, que fue lo que originó la investigación de la FGR.
“Se dejó de proporcionar gas al complejo petroquímico y a empresarios nacionales, para venderlo por debajo del precio a Odebrecht. Todas las investigaciones en curso deberán ir al fondo por parte de la FGR sin la intervención del Ejecutivo, porque se tiene que mantener al margen de las mismas”.
Reconoció que durante esa administración de Lozoya se beneficiaron muchas empresas como Odebrecht, con contratos en la construcción de plantas de Pemex con la entrega de créditos de Nacional Financiera y la banca de desarrollo y se aportaron recursos provenientes de esos negocios corruptos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo que ha motivado que están en curso dos procesos relacionados con la empresa brasileña y la compra de una planta de fertilizantes.
Reiteró que durante su administración no habrá tolerancia a la corrupción y se insistirá en cero tolerancia a la impunidad.
“No se debe dar tregua a la corrupción y a la deshonestidad de los gobernantes, porque la corrupción es causa de la pobreza de las mayorías, de la inseguridad y la violencia que estamos viviendo. Nos propusimos combatir la corrupción y lo estamos haciendo”.
Igualmente se denunció que en Estados Unidos se abrió una investigación por sobornos de la empresa Odebrecht a Lozoya Austin, y que pararon en la campaña de Enrique Peña Nieto, esto según información del Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, quien investigó el caso cuando estaba al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Derivado de esta investigación se cuestionó que hubiera un “pacto de impunidad hacia al expresidente Peña Nieto”, a lo que el tabasqueño respondió que él está al margen de pedir que se enjuicie a los ex presidentes, pero insistió en que deben continuar las investigaciones en curso. Reiteró que no será él, sino el pueblo el que decida mediante una consulta ciudadana –que él no impulsará, porque votaría en contra, según mencionó un día antes- si se llevan a juicio a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Por su parte, dijo que envió al Congreso sendas iniciativas para que el Presidente de la República no tenga fuero y pueda ser juzgado como a cualquier otro ciudadano y no sólo por traición a la patria, como se estipulaba en el artículo 108 de la Constitución de 1857 y precisar que ahora la corrupción es un delito grave, porque durante muchos años se consideró delito leve.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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