Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó un exhorto al Poder Ejecutivo Federal y a las dependencias de la Administración Pública Federal para evaluar y reforzar las estrategias orientadas a prevenir, identificar, atender y sancionar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Esta decisión se enmarca en la elaboración del próximo Plan Nacional de Desarrollo y busca enfrentar una crisis que afecta a más de 4.5 millones de menores anualmente en México.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en la comisión de este delito, una realidad que exige medidas urgentes.

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El exhorto del Senado incluye un análisis profundo sobre las brechas que obstaculizan la implementación de políticas públicas, especialmente en comunidades vulnerables. Este diagnóstico pretende traducirse en estrategias que fortalezcan la protección integral de la infancia.

También pide a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a sus homólogas estatales tomar medidas para cumplir con la recomendación del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Entre las prioridades están la prevención, detección, tratamiento y monitoreo de casos de violencia sexual en los planteles educativos.

Para ello, se propone reforzar la capacitación y sensibilización de docentes, profesionales de la salud y trabajadores sociales, quienes desempeñan un papel crucial en la identificación temprana de situaciones de riesgo.

El Senado subrayó la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional, asegurando que las acciones se traduzcan en cambios tangibles para millones de niñas y niños.

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Ciudad de México – En vísperas de las festividades de fin de año, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) emitió un llamado urgente para generar conciencia sobre la gravedad de realizar llamadas falsas a los números de emergencia.

Durante 2024, el C5 ha registrado 3 millones 167 mil 075 llamadas falsas, lo que equivale al 57% del total de reportes atendidos.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que estos registros incluyen bromas, insultos, colgantes y llamadas de niños jugando. Aunque se ha logrado una reducción del 20% en los últimos diez años, el problema persiste, impactando de manera crítica la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

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“Cada llamada falsa ocupa tiempo valioso de los operadores, quienes podrían estar salvando vidas. Estamos comprometidos con fortalecer la cultura cívica para garantizar el buen uso de los números de emergencia”, señaló Guerrero Chiprés.

Impacto de las llamadas falsas.

El C5 indicó que, en promedio, los operadores destinan tres segundos por cada reporte improcedente. Sumados, los 3.1 millones de llamadas falsas representan 120 días de atención continua que pudieron haberse dedicado a emergencias reales.

Además, de los 11 mil 645 botones de auxilio disponibles en la Ciudad de México, el 68% de los reportes registrados fueron interacciones sin respuesta.

Números de emergencia que operan desde el C5.

911: Atención general de emergencias.

089: Denuncias anónimas.

*765: Línea contra la violencia hacia las mujeres.

55 5036 3301: Reportes de extorsión.

Por su parte, el C5 reiteró la importancia de hacer un uso responsable de estos servicios, especialmente en un contexto donde segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Además, Guerrero Chiprés invitó a la población a reflexionar y educar sobre la seriedad de estas líneas de ayuda: “Cada broma o insulto reduce nuestra capacidad de proteger a la ciudadanía. Es momento de que todos asumamos nuestra responsabilidad cívica”.

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Ciudad de México.— El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez denunció que Morena realiza “piruetas” en las boletas para elegir a jueces y ministros el próximo 1 de junio, luego de que el INE las presentará y diera a conocer los cambios para poder ajustarse al bajo presupuesto que le aprobó el partido en el poder.

Moreira Valdez afirmó que el proyecto es contrario a la Constitución. Precisó que los ciudadanos de un circuito judicial no votarán por todos los puestos como corresponden, ni lo harán por cada especialidad.

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El legislador explicó que para tener menos boletas y candidatos, se propone una “maroma interpretativa”, por lo que agregó que pronto habrá elecciones “patito”, al gusto del régimen.

“Bajar la calidad, cobertura y certeza de la elección se convertirá en un mal precedente. Será el argumento para que en futuras elecciones regulares Morena baje el presupuesto del INE”, apuntó el priista.

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Ensenada.— En un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno de México, en colaboración con el Gobierno de Baja California, llevó a cabo la Operación Limpieza, un despliegue enfocado en combatir el contrabando y la piratería. Este operativo, considerado el más grande realizado contra el contrabando de artículos en México, logró asegurar tres millones de artículos ilícitos con un valor estimado de 320 millones de pesos.

La intervención se realizó en Ensenada, donde 371 elementos de diversas dependencias, apoyados por 190 unidades, inspeccionaron dos establecimientos en un área de 18 mil metros cuadrados.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, calificó este despliegue como un avance significativo en la lucha contra la mercancía ilegal. Recordó que en los primeros operativos de este tipo se aseguraron alrededor de 300 mil piezas, una cifra que ahora ha escalado exponencialmente. “Son productos que incumplen normas de protección civil, etiquetado y propiedad intelectual, y no permitiremos que continúen afectando al país”, afirmó.

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Por su parte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, reafirmó el compromiso de la entidad para trabajar de la mano con el gobierno federal en la protección de las industrias y los empleos que estas generan. En los últimos 18 meses, el contrabando y la piratería han provocado la pérdida de más de 70 mil empleos en el sector textil, zapatero y del juguete.

Carlos Candelaria, de la Secretaría de Economía, y Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general de Gobierno de Baja California, lideraron la coordinación del operativo, que forma parte de una estrategia integral implementada previamente en la Ciudad de México, Sonora y Coahuila.

Las autoridades han anunciado que se analizarán todas las alternativas legales para sancionar a las empresas involucradas en estas actividades ilícitas. Este esfuerzo, además de proteger a los trabajadores, envía un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno con la legalidad y la justicia.

Entre las instituciones participantes fueron: la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cofepris y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, entre otras.

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