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México

Suprimir la Prisión Preventiva implicaría un mayor daño a la sociedad: Esquivel Mossa

“No está dentro de nuestras facultades establecidas, pero sí somos los principales e respetarla”, afirmó. la ministra Esquivel Mossa.

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Ciudad de México.- Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

Al tomar la palabra, la también presidenta de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, la ministra Yasmín Esquivel pide escuchar a las víctimas y advierte que la SCJN no tiene facultades para inaplicar un artículo de la Constitución.

“Para mí, “inaplicar” la norma constitucional solamente sirve como una fórmula gramatical que emplea el proyecto, para describir sutilmente el verdadero impacto de la decisión, que es la de prácticamente invalidar una parte del segundo párrafo del actual artículo 19 de la Constitución”, aseveró.

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La ministra Yasmín Esquivel señala que la Prisión Preventiva Oficiosa, no es una medida cautelar para el Estado Mexicano pero suprimirla implicaría un mayor daño a la sociedad.

“Ignorar lo que sucede en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Morelos y en muchas partes de nuestro país, sería darle la espalda al sufrimiento a la impotencia de las familias de las víctimas de homicidios, feminicidios y secuestros”, Expresó.  

Al dejarla a merced de grupos delictivos, muchos de ellos con alto poder, externó.

“Además la Constitución jamás fue reclamada, lo primero que advierto es que el segundo párrafo del Artículo 19 constitucional, no figuró como acto reclamado en ninguna de las dos demandas, ni nunca estuvo en mente de los autores cuestionar su contenido”, agregó.

Para ambos accionantes, la medida y límite que tiene el Congreso de la Unión respecto de la prisión preventiva oficiosa, radica precisamente en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que hoy el proyecto propone inaplicar.

Entre otros de los argumentos expuestos fue la incapacidad de la Suprema Corte para decidir respecto a su eliminación; mismo argumento que la ministra, Yazmín Esquivel Mossa, defendió ante sus homólogos, al señalar que el máximo órgano “no es responsable de reformar la Constitución”.

En el mismo tono, las 49 personas integrantes del Senado reconocen en la página 54 de su demanda, que al existir una restricción para la presunción de inocencia y la libertad personal en el artículo 19 de la Constitución Federal.

A pesar de ambos derechos ser reconocidos como derechos fundamentales también previstos en el texto constitucional y en diversos tratados internacionales, se debe restringir su goce y limitarse, al así estar previsto en la Constitución Federal.

De esto se concluye que la presunción de inocencia y la libertad personal tienen una restricción constitucionalmente válida para los supuestos previstos en el artículo analizado, agregó.

“No está dentro de nuestras facultades establecidas, pero sí somos los principales e respetarla”, afirmó.

“Podrá gustarnos o no; podrá parecernos excesivo la cantidad de delitos. Pero no somo nosotros a quienes corresponde revisar el catálogo de delitos”.

Contrario a lo expresado por Luis María Aguilar, la jueza Esquivel consideró que la medida cautela no es dictada de forma automática, pues, recordó que “es necesario pruebas e indicios” para concluir que una persona esté o no implicada en un delito.

“Más que una sanción anticipada es una medida instrumental para asegurar el cumplimiento de los fines legítimos del proceso penal”, atajó.

Por ello, Esquivel Mossa se pronunció a favor de mantener la Prisión Preventiva, pues considera que tiene la obligación de respetar la norma constitucional en toda su integridad.

Por otra parte, la suplencia de la deficiencia de la queja, tampoco podría utilizarse como argumento para justificar, la posibilidad de enjuiciar un acto, no impugnado en las acciones de inconstitucionalidad, pues hasta ahora la gran mayoría de los criterios de la SCJN han establecido que esa figura no llega al extremo juzgar lo que nunca fue cuestionado, máxime en un caso de tanta relevancia como el que se analiza, en el quese pretende agregar a la litis una norma, de la propia Constitución.

Apenas el pasado 30 de agosto, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 62/2021, este Tribunal Pleno determinó que la suplencia de la deficiencia de la queja no autorizaba analizar normas generales no reclamadas por los accionantes, como lo proponía el proyecto.

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Por tanto, es evidente que la CNDH, jamás tuvo la mínima intención de dirigir sus argumentos contra el artículo 19 constitucional, sino más bien señalar que las normas secundarias impugnadas no “encuadran” en este precepto de la Constitución, y en lo personal me parece ilógico suponer que la accionante estimó infringida una norma constitucional, y al mismo tiempo, también la consideró como reclamada.

La incorporación de la prisión preventiva oficiosa se previó, precisamente, como una de las restricciones a los derechos humanos, sustentadas en la facultad que los artículos 1º, y 135 constitucionales, que le otorgan al órgano depositario de la potestad soberana del Estado Mexicano, que es el Poder Reformador de la Constitución.

Para determinar en qué casos y bajo qué condiciones, resulta necesario elevar a rango constitucional algunas medidas de extrema gravedad; responsabilidad que le corresponde a los habitantes de nuestro país a través del Constituyente.

La ministra señaló que no comparte el proyecto para eliminar la Prisión Preventiva debido a que el Constituyente debe determinar la constitucionalidad o no de la figura.

ARH



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Negligencia criminal del gobierno frente a la pandemia, ocasiona dolor a más de 840 mil familias en México: López Rabadán

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Negligencia criminal del gobierno frente a la pandemia, ocasiona dolor a más de 840 mil familias en México: López Rabadán
Foto Cuartoscuro

Ciudad de México.— La senadora Kenia López Rabadán aseguró que la negligencia con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó la pandemia por Covid-19, ocasionó la muerte de cientos de miles de mexicanos que no recibieron a tiempo sus vacunas, no tuvieron atención médica adecuada y no obtuvieron adecuadamente información sobre medidas de prevención y atención.

Según los datos del propio gobierno y al último corte, ha ocasionado que más de 840 mil familias hoy estén de luto, dijo.

“Este gobierno no quiso hacer pruebas y, en un inicio, impidió incluso que se ocuparan los laboratorios privados. No dotó de insumos médicos a los hospitales y a las clínicas del sistema de salud, tampoco cuidó al personal médico y trató de ocultar la cifra real de muertos por Covid. Se empeñó en desmentir la eficacia del cubrebocas y todavía, por si fuera poco, adquirió tarde las vacunas y las distribuyeron de forma electorera”, sostuvo la senadora panista.

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Además, criticó el anuncio que realizó la Secretaría de Salud sobre que más de 5 millones de vacunas para Covid serán tiradas a la basura porque caducaron en el mes de junio.

“Sí, mientras la gente esperaba ser vacunada para salvar su vida y la de sus familias, el gobierno realizó una pésima distribución, llegando tarde a los estados y municipios”, lamentó López Rabadán.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado reprochó que de manera irresponsable se ejerza el servicio público y el ejercicio del presupuesto.

“Más de 600 millones de pesos tirados a la basura por la irresponsabilidad de Morena. El artículo 214 del Código Penal Federal refiere que comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público el servidor público que, por razón de su empleo, dañe gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia de la administración pública”, sostuvo.

La senadora panista consideró urgente que se investigue y se sancione la negligencia del doctor López-Gatell, responsable de la mala distribución que generó la pérdida de más de 5 millones de vacunas.

ebv

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Industria del aborto es un negocio millonario, impuesto por potencias extranjeras: Mujeres libres y soberanas

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Industria del aborto es un negocio millonario, impuesto por potencias extranjeras: Mujeres libres y soberanas
Foto pixabay.com

Ciudad de México.— En el marco del 28 de septiembre, día de la acción global para despenalizar el aborto, el colectivo Mujeres Libres y Soberanas aseveró que la industria del aborto es un negocio millonario, impuesto por empresas extranjeras que financian a grupos feministas mexicanos para exigir el mal llamado “aborto legal, seguro y gratuito”.

En un comunicado el colectivo afirmó que “lejos de ser una acción que priorice nuestros intereses como mujeres, el aborto es un negocio que beneficia a un reducido sector, a nivel mundial”.

Mujeres Libres y Soberanas citan una investigación periodística donde revela que la industria del aborto tiene un valor de más de 4 mil millones anuales.

Paulina Mendoza, vocera del colectivo, enfatizó que “en México, empresas americanas y europeas, destinan millones de dólares para garantizar los mal llamados derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuáles se reducen a promocionar el aborto sin señalar todas sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo”.

La investigación periodística “El dinero extranjero que promueve el aborto en México” realizada por DEPAM denuncia cuáles son éstas principales empresas: Fundación Ford, Fundación Gates, International Planned Parenthood Federation (IPPF), Fundación Rockefeller, Fundación MacArthur, Open Society, entre otras.

Pilar Vázquez, activista mexicana dijo que con esos datos “se observa que el común denominador de todas estas industrias es el interés por el control poblacional a través de la imposición de políticas discriminatorias y racistas que, en lugar de crear empleos y reducir la pobreza, opta por descartar vidas y poner en peligro la vida y salud de las mujeres en México y Latinoamérica”.

Por su parte, Marcela Errecalde, activista argentina, denunció que “organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir han recibido del extranjero desde 2008 un total de $449,206,174. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), han recibido desde el año 2008 del extranjero un total de $456,175,231”.

Cabe resaltar que una de las fundadoras de GIRE, Marta Lamas, aceptó en un foro académico la práctica deliberada de inflar e inventar cifras de las muertes de mujeres por abortos clandestinos para lograr la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

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“Por otro lado, el grupo IPAS México que participa de manera abierta con el gobierno mexicano en diversos eventos, han recibido desde el año 2008 un total de $322,881,288. La Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer Fondo Semillas, encabezado por la misma Marta Lamas y la hoy senadora Patricia Mercado, han recibido desde el año 2008 un total de $351,789,995”, refirió Marcela Errecalde.

Mujeres Libres y Soberanas condenó que “organismos feministas mexicanos, que dicen luchar por nuestros derechos, se beneficien con miles de millones de fondos del extranjero a costa de la vida y salud de las mujeres y de los niños por nacer”.

Exigieron auditorías a estas organizaciones para garantizar que el uso de sus recursos, sea en beneficio de las verdaderas necesidades y para solucionar los problemas que las afectan como mujeres: violencia, inseguridad, falta de atención a la salud integral, acceso a la educación, pobreza, trabajo no equitativo, maternidad protegida, falta de oportunidades para las jóvenes, entre otros.

“Levantamos la voz para señalar que el aborto es un negocio que fomenta la violencia en contra de las mujeres. No hablen por todas, no todas las mujeres mexicanas queremos la legalización del aborto”, finalizaron.

ebv

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