Cuestionan a Elías Beltrán por jugar a favor de Duarte

Jorge Francomárquez

Jorge Francomárquez

Ciudad de México.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se reunió con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. En el encuentro, los legisladores cuestionaron el papel desempeñado por esta dependencia durante el sexenio, generando impunidad en varias ocasiones con un papel débil y poco claro a favor de la legalidad.

El diputado de Morena, David Orihuela Nava, dijo que resulta difícil recordar un solo caso en este sexenio que la PGR haya resuelto de manera ejemplar o que siquiera haya sido tratado con el profesionalismo pertinente.

Al revisar la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en casos como Odebrecht, Ayotzinapa y el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, apuntó, se puede observar que esta dependencia agoniza de cara a su próxima desaparición, ya que se ha comportado de manera omisa, torpe, negligente, corrupta y encubridora.

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Orihuela Nava afirmó que de Morena insistirá para que se aclaren los casos de Odebrecht, Ayotzinapa y Javier Duarte y se haga justicia.

Cuestionó al funcionario sobre la forma en que se quiso tratar el tema de la verdad histórica en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, así como por qué la PGR fincó responsabilidades contra el ex gobernador de Veracruz por un monto menor, lejano a la cifra multimillonaria que representó el desfalco federal y a la hacienda estatal.

“¿Qué le motivó a renunciar al derecho de impugnar la sentencia contra Javier Duarte?; ¿qué opina de la burla que simbolizan los 58 mil pesos de fianza, regalo de su Procuraduría para uno de los más grandes delincuentes de nuestro país?”, señaló el legislador de Morena.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Medina Pérez, dijo que en esta asociación delictuosa que encabeza Javier Duarte, existe la convicción de que hay un acuerdo entre el Gobierno federal y el actual gobierno de Veracruz, acuerdo de impunidad que se estableció desde que se integró por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una situación de delito por 486 millones de pesos, cuando la Auditoría Superior de la Federación había acreditado desvíos por 61 mil millones de pesos.

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Estamos hablando de una actuación vergonzosa de parte de las autoridades federales y por parte de las autoridades locales que tampoco coadyuvan a que se integren los delitos de manera suficiente para que se castigue ejemplarmente a una persona que en tres años va estar en una situación muy cómoda, disfrutando de bienes mal habidos, apuntó.

Medina Pérez dijo que este caso en particular refleja que la PGR, es el prototipo de una dependencia que significa el Estado y la procuración de justicia fallidas.

Desde su punto de vista, no hacen falta reformas sino sustituir prácticamente todo el enredo institucional que se ha desarrollado en esta materia por parte del Estado y que significa impunidad tras impunidad.

Por su parte la diputada Lorena Villavicencio Ayala, señaló que el actuar de esta dependencia en el caso de Javier Duarte, fue negligente y lesionó el Estado de derecho al omitir su obligación constitucional de procurar justicia a los ciudadanos y haber dejado impune los delitos cometidos por el ex gobernador de Veracruz.

En este sentido, la legisladora de Morena cuestionó al procurador por qué no lograron articular una acusación sólida, cuando contaba con los medios de prueba suficientes del delito de delincuencia organizada y omitió denuncias de la propia Auditoría Superior de la Federación que otorgaban medios de convicción para acreditar este delito.

Villavicencio afirmó que la PGR fue omisa en atender las denuncias que el departamento jurídico de la ASF presentó en contra de Javier Duarte por presuntos desvíos de diversas dependencias durante su primer año de gobierno, lo que evitó que no se pudiera comprobar el delito de delincuencia organizada.

Esta reclasificación de delitos, indicó la morenista, permitió que se aplicara la figura de terminación anticipada de procedimiento penal prevista en el artículo 20 constitucional, con lo que Duarte de Ochoa fue condenado a nueve años de prisión, se decretó el decomiso de alrededor de 41 inmuebles relacionados con las operaciones ilícitas, así como el pago de una multa de 60 mil pesos, “que representa una burla a las víctimas silenciosas de Veracruz”, subrayó.

La diputada federal dijo que existen dudas del porqué la PGR aceptó este procedimiento abreviado, pareciendo con ello el defensor de oficio de Javier Duarte, por tanto, consideró que el principal aliado de la impunidad es una mala integración de un expediente y la falta de responsabilidad por hacerlo mal.

JFM