Washington, DC.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes una acusación criminal por trata de personas contra siete hombres de origen latino que operaban una banda internacional de tráfico sexual que operó en México y este país de 2000 a 2016.

Autoridades mexicanas detuvieron a cuatro de los presuntos delincuentes con base en las órdenes de arresto provisional presentados por Estados Unidos en agosto de 2016, dos fueron detenidos en Estados Unidos y uno se encuentra prófugo.

La procuradora de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, reconoció los esfuerzos de los funcionarios del gobierno mexicano en el área de procuración de justicia por su compromiso en combatir la trata de personas.

“Agradecemos su colaboración continua en nuestros esfuerzos compartidos por acabar con la trata de personas en nuestras naciones”, dijo.

Efraín Granados Corona, alias “Chavito” o “Cepillo”, de 41 años; Alan Romero Granados, alias “El Flaco”, de 24 años; Pedro Rojas Romero, de 37; y Emilio Rojas Romero, de 34, fueron detenidos en México.

Mientras que Raúl Romero Granados, alias “Chicarcas” o “El Negro”, de 32 años de edad; e Isaac Lomelí Rivera, alias “Giro”, de 34 años de edad, fueron arrestados en Estados Unidos. Juan Romero Granados, alias “Chegoya” o “El Güero”, aún está prófugo.

Los delincuentes arrestados en Estados Unidos fueron presentados ante el juez Kevin Nathaniel Fox, del Distrito Sur de Nueva York, y fueron llevados ante el juez Andrew L. Carter, Jr., del mismo distrito, señaló el Departamento.

La acusación, que identifica a 14 víctimas, reveló que los acusados usaron “promesas de romance, violencia física y sexual, amenazas, mentiras y presiones para forzar y obligar a mujeres menores y mayores de edad a prostituirse en México y en Estados Unidos”.

La organización utilizó un enfoque similar en muchos casos: En la mayoría de las veces un miembro se involucraba en una relación sentimental con la víctima, frecuentemente menor de edad, en México.

El tratante utilizaría entonces múltiples recursos para aislarla de su familia. En algunos casos, se valdría de promesas románticas para inducirla a dejar a su familia y vivir con él, siempre de acuerdo con la acusación.

En otros casos, la violaría, haciendo difícil que ésta regresara a su familia por el estigma de la violación.

Una vez que la mujer era separada de su familia, el tratante monitorearía sus comunicación, la mantendría encerrada en un departamento, la dejaría sin alimentos y abusaría de ella física o sexualmente.

Los tratantes también solían decir en ocasiones a sus víctimas que ellos debían grandes cantidades de dinero y que estas tendrían que prostituirse para ayudar a pagar la deuda.

Típicamente, los tratantes las obligarían a prostituirse en México, con frecuencia en el barrio conocido como La Merced en la Ciudad de México, prosiguió la acusación.

Frecuentemente se requeriría que estas vieran por lo menos entre 20 y 40 clientes al día.

Los tratantes monitorearían el número de clientes vigilando a la víctima, comunicándose con trabajadores de los prostíbulos y contando el número de condones proporcionados a las mujeres.

Los tratantes casi siempre requerirían que las víctimas les dieran todo el dinero obtenido de su actividad.

Luego de que una mujer hubiera trabajado prostituyéndose en México por algún tiempo, los tratantes arreglarían que fuera llevada ilegalmente a Estados Unidos.

Los miembros de la banda con frecuencia se ayudaban mutuamente en cuanto a los arreglos para llevar a las víctimas. En muchos casos, se introducían juntos ilegalmente en Estados Unidos a múltiples tratantes y a múltiples mujeres.

En otros casos, un tratante podía permanecer en México mientras arreglaba que una víctima fuera llevada ilegalmente por otro tratante y otras mujeres.

Una vez en Estados Unidos, los miembros de la banda mantenían por lo general a sus víctimas en uno o varios departamentos en la ciudad de Nueva York. Con frecuencia se les prohibía que se comunicaran con las otras mujeres que vivían en el mismo departamento.

Una vez en Estados Unidos, los tratantes seguirían ejerciendo violencia física y sexual, amenazas, mentiras y presiones para forzarlas a trabajar como prostitutas.

En la mayoría de los casos, el tratante u otro miembro daría a la víctima información de contactos para “buscar trabajo”.

Las mujeres trabajarían por lo general turnos en un prostíbulo o en “servicios de entrega”.

En este último, un chofer entregaría a la víctima en la casa de un cliente. Las casas de cita y servicios de entrega se ubican tanto dentro de Nueva York como en estados vecinos que incluyen, pero no se limitan a Connecticut, Maryland, Virginia, Nueva Jersey y Delaware.

Por lo general cada cliente pagaba entre 30 o 35 dólares por 15 minutos de sexo. El chofer del servicio de entrega o el prostíbulo se llevaría la mitad. La cantidad restante se daría a la víctima, quien sería obligada a entregarla toda al tratante.

Los tratantes con frecuencia enviaban o hacían que las mujeres enviaran electrónicamente parte de las ganancias de la prostitución a familiares y socios de los tratantes en México.

Estas transferencias darían asistencia financiera a las familias de los tratantes y apoyo financiero a ellos mismos si regresaban a México.

“La trata de seres humanos es una práctica corrosiva y degradante que va contra el estado de derecho y las normas más básicas de la dignidad humana”, dijo la procuradora Lynch.

“Esta acusación es otra muestra de la firme determinación de hacer que los tratantes respondan por sus crímenes abominables, y de nuestra sólida determinación por ayudar a que las víctimas sobrevivientes reclamen su futuro y reinicien una nueva vida”, finalizó. (Notimex)

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