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Análisis y Opinión

¿Justicia o intolerancia?

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Por Diana Gamboa

Mucho se ha discutido públicamente sobre el proyecto que está por analizarse en la Primera Sala de la Suprema Corte, relativo a la utilización de Nacimientos por parte de las autoridades en época navideña y su posible inconstitucionalidad.

Resulta difícil de creer, pero un Nacimiento en el contexto de la conmemoración de la Natividad aterroriza el Estado laico y la libertad religiosa para algún ciudadano poco tolerante a las creencias ajenas y para la ponencia que trabajó la propuesta.

Desde su inicio, el proyecto parte de un error importante, ya que arbitrariamente propone “redefinir” -que no precisar- el acto que efectivamente se reclamó. Esto, con el fin de resolver el asunto con un grado de abstracción propio de una norma general, so pretexto de su “vocación de transformación social”.

Por lo que hace al fondo, la propuesta parte de una premisa tambaleante en cuanto al análisis del Nacimiento. Esto es, la negación de toda dimensión histórica y sociocultural del pesebre en época navideña, en función de lo cual se le atribuyen cualidades francamente paranoicas a este símbolo de la Navidad, al grado de considerarlo, por sí mismo, como un medio para “imponer” valores, creencias y perspectivas.

En otras palabras, la imagen de un Jesús bebé, junto a sus padres, unos pastorcitos, tres magos y algunos animales, tienen para los redactores del proyecto el poder de decirle a usted, a mí y a quien sea, cómo debemos conducir nuestra vida. Esto, a partir de la idea de que los Nacimientos -como símbolo religioso- sirven como “instrumentos de dominación o conquista del comportamiento humano”.

La propuesta desconoce que dicha representación cuenta con una dimensión histórica y cultural particularmente arraigada en países occidentales. Precisamente en esa línea, al resolver el caso Lynch v. Donelly (1984) la Suprema Corte norteamericana reconoció que, en la utilización del Nacimiento, los entes públicos tienen en cuenta un evento histórico con significación tanto cultural como religiosa.

Es decir, es innegable que el Nacimiento se traduce en la representación de un hecho con un arraigo cultural tan claro, que divide la historia de occidente en un antes y un después. Por ello, con independencia del significado trascendental que los creyentes le atribuyan, la conmemoración de la Natividad reconoce una realidad histórica culturalmente asentada en México. Tan es así que, por ejemplo, en nuestro país el día 25 de diciembre es oficialmente inhábil, sin que dicha determinación lleve inmersa una manifestación religiosa.

Otro importante error se relaciona con una de las bases fácticas en las que se sostiene el proyecto, ya que se refieren indistintamente al “catolicismo”, a la “iglesia cristiana” y a la “religión cristiana”, sin tener en cuenta que es posible identificar dentro del cristianismo distintas denominaciones que no comparten creencias. Dicha imprecisión se hace más clara si tenemos en cuenta que, por ejemplo, un católico, un evangélico, un anglicano y un luterano, profesan distintas religiones, aunque todas encuentren como punto en común la figura de Jesús.

El error descrito resulta relevante ya que, contrario a lo que afirma el proyecto, la colocación de un Nacimiento no implica la adopción de una religión frente a otra, sino el reconocimiento de un acontecimiento histórico relevante no solo para multiplicidad de denominaciones religiosas, sino para la historia de la humanidad en general. Afirmar que su propósito es siempre y exclusivamente inducir un tipo de conducta o pensamiento, equivaldría a decir que, por ejemplo, una tienda departamental al vender Nacimientos o un centro comercial al utilizarlos, busca “evangelizar” a sus clientes, lo cual resulta -por decir lo menos- absurdo.

El ejercicio de activismo judicial que sugiere la propuesta, pretende disfrazar de protección constitucional una postura intolerante frente a las distintas denominaciones cristianas, que ignora la dimensión histórica y cultural del Nacimiento. Sin embargo, en su despliegue de intolerancia para con las creencias de tantas personas, se establecen una serie de criterios que podrían redundar en la imposibilidad de, por ejemplo, colocar diversos símbolos mayas en edificios públicos de la península de Yucatán o Altares de muertos en oficinas de gobierno.

Lo anterior porque, según el proyecto, la utilización de símbolos de origen religioso por parte de autoridades estatales lleva inmersa la supuesta presunción de que pueden estarse utilizando con el “fin perverso de dominar la psique de una colectividad”.

Así la intolerancia disfrazada de justicia.

Diana Gamboa @dianagamboaa

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx



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Análisis y Opinión

Omnipotencia del Legislativo

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Por Antonio Maza Pereda

La rama legislativa de nuestro Gobierno tiene una rara percepción de la realidad. Para ellos su modo de resolver problemas o dificultades, consiste en legislar. Lo cual está bien, para eso los hemos elegido. Lo que no es claro es que, para ellos, con tener una ley ya basta: si el Ejecutivo la promulga y la aplica, el problema ya está resuelto. Para la Sociedad solamente nos queda obedecer. ¿Qué podría salir mal?

La realidad es que eso no es así. Muchas leyes no se cumplen. Hay quien dice que, si la mitad de las leyes que tenemos se cumplieran, seríamos un país de los más avanzados. Cuando una de las leyes que nos obsequia el legislativo no se está cumpliendo, la solución de esos padres y madres de la patria es aumentar la penalidad. Y de esto abundan los ejemplos: a los casos de feminicidios, violaciones y otros tipos de violencia hacia la mujer, les han venido aumentando la penalidad. Lo triste es que no hay una relación entre esos aumentos de penalidad y la reducción de la violencia contra la mujer. Las penas son cada vez más largas, en tal manera que muy pronto esas penalidades serán irrelevantes, porque sobrepasan la esperanza de vida de la población.

Pero tal parece que nuestros representantes se consideran omnipotentes, de algún modo. Basta con que prohíban algún comportamiento indeseable, para que el asunto quede resuelto. Está faltando entender a fondo las situaciones delictivas. Las leyes, ¿realmente concuerdan con los requerimientos, con las necesidades de la Sociedad? Porque si se prohíben comportamientos que la Sociedad no condena, es extraordinariamente difícil hacerlos exigibles. La población no estará inclinada a colaborar ni a denunciar esas conductas. Y luego, está el problema de tener la capacidad de aplicarlas, capturando y condenando a quien delinque. Un tema en el cual no se le ha invertido por décadas: mientras que aumenta el número de leyes, no ha crecido al mismo ritmo la inversión en el personal encargado de hacerlas cumplir. Una inversión, tanto en el número de agentes de la ley como en su capacitación y equipamiento. Cada vez que se establece una nueva ley, debería hacerse el estudio de cuál va a ser el costo de hacerla cumplir. Y de eso, no se preocupan nuestros representantes. En su omnipotencia, piensan que basta con que exista el ordenamiento, para que la situación se haya resuelto.

Han habido algunos asuntos menores donde se actuó de una manera diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México se estableció un reglamento que prohibía tener saleros en las mesas de las fondas y restaurantes. Ello con el loable propósito de contribuir a reducir el número de los hipertensos y, por consecuencia, reducir la mortalidad por enfermedades cardíacas y el costo de atender a los afectados. A los pocos días de promulgar ese ordenamiento, fue claro que no había la posibilidad de hacerlo cumplir. Sencillamente, no hay el número de inspectores que pudieran ejercer una vigilancia adecuada en todos y cada una de las fondas y restaurantes. Se canceló el reglamento y se trabajó con las organizaciones gremiales de estos negocios para que, de modo voluntario, retiraran los saleros de las mesas y se entreguen únicamente a petición de los parroquianos. El resultado es importantísimo: se está cumpliendo el propósito qué tenía el reglamento sin necesidad de tener inspectores que lo hagan cumplir.

En estos últimos días se está discutiendo en el Congreso un reglamento para que las futbolistas profesionales reciban el mismo salario que el que reciben los hombres. Es muy claro que nuestros representantes no entienden la economía del fútbol profesional. Los ingresos de los clubes deportivos no dependen de la voluntad de esas organizaciones. Ese dinero depende de la asistencia del público a los estadios, los cuales tienen un límite. Además, dependiendo de la cantidad de personas que ven los partidos a través de los medios, esos clubes reciben una parte muy sustancial de sus ingresos, en ocasiones muy superiores a lo que reciben por la asistencia a los estadios. En la medida que haya muchos espectadores en dichos medios, las compañías que transmiten los partidos pueden cobrar por su tiempo, en proporción al número de telespectadores. Y esto no es todo: los jugadores y los equipos ofrecen a las compañías la posibilidad de tener su publicidad en los uniformes de los jugadores, con lo cual hay otros ingresos. Y todavía puede haber ingresos adicionales cuando los jugadores recomiendan productos o servicios. En algunos países hay consultores qué ofrecen multiplicar por 10 los ingresos de los jugadores de los deportes de exhibición, a través de diferentes medios publicitarios. Claro, pidiendo un 30% de comisión por esos ingresos adicionales.

Esto se ha ido creando a lo largo de los años en el negocio del fútbol profesional. El fútbol femenino profesional aún no llega a desarrollar estos tipos de ingresos de manera que pudieran permitir realmente una paridad en los ingresos de las jugadoras. En cierto modo la solución está en nosotros, en el público. En la medida en que asistamos a los estadios, aumentemos el número de horas que dedicamos a ver los juegos de las jugadoras profesionales, se podrá cobrar más a las televisoras y se podrán obtener ingresos fuertes por la publicidad.

Estoy seguro de que es de justicia que las futbolistas profesionales ganen tanto o más que los hombres. Pero la solución no está en las leyes. Nada de esto se ha tomado en cuenta en ese ordenamiento. Creo que es un ejemplo de qué los congresistas no analizan a fondo los temas en los que están estableciendo nuevas leyes y reglamentos. No se trata de que nuestros senadores y diputados se vuelvan expertos en todo, pero la rama legislativa recibe ingresos muy sustanciales de los cuales se podría pagar la investigación necesaria para poder tener leyes que puedan cumplirse. Y de esto, al parecer, no se habla.

No basta con tener leyes. Algo nos está fallando. Se necesita entender los problemas de fondo, diseñar los ordenamientos que de veras resuelvan. Hay que convencer a la población de la necesidad de esa ley, hay que instrumentarla para que pueda cumplirse y poner los medios necesarios para que su aplicación sea exitosa.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Análisis y Opinión

La afición y el deportista

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Por Ignacio Anaya

La relación del fútbol mexicano con su afición es lo que muchos podrían describir como un amor apache. En su sentido más simple, representa una mezcla de amor y odio entre ambas partes. Un día, la gente puede estar entonando con orgullo el himno nacional en un estadio lleno cuando la selección juega y, al siguiente, exigiendo la renuncia del director técnico y la salida de los jugadores. Es una ironía, pero es la realidad, que un país con tanta pasión por este deporte dé, en el mejor de los casos, una presentación mediocre.

El fútbol es una de las principales instituciones de entretenimiento e identidad de la sociedad mexicana; el estadio Azteca se considera un templo sagrado para muchos aficionados.

La dinámica del fútbol en México puede entenderse a través de la idea propuesta por el sociólogo Eric Dunning de la “figuración social”, un concepto que describe cómo diferentes grupos e individuos interactúan en una red de relaciones interdependientes. En este esquema, encontramos a los jugadores, entrenadores, administradores del club, árbitros y, por supuesto, aficionados. Todos estos actores tienen roles distintos, pero están inextricablemente vinculados en la trama de este deporte.

Por un lado, están los jugadores y entrenadores, cuyo objetivo es ganar partidos y campeonatos. Pero esta meta no es solo una cuestión de habilidad técnica o estrategia táctica; también está profundamente influenciada por las presiones y expectativas de los demás actores en la figuración. Los administradores del club, por ejemplo, pueden priorizar la rentabilidad económica sobre la calidad deportiva, una de las principales quejas de la afición mexicana, imponiendo restricciones en los recursos disponibles para mejorar el rendimiento futbolístico. Igualmente, no hay que negar la existencia de nepotismo e influencia dentro de este entorno.

Por otro lado, los aficionados, con un amor innegable por el fútbol y con expectativas altas y a veces inalcanzables, se ven influenciados por los medios y su tendencia a ensalzar a la Selección Nacional. Hay que ser honestos, el equipo no estaba en ninguna condición de vencer a Argentina en Catar 2022; la afición mexicana creamos ilusoriamente una rivalidad futbolística inexistente que reflejaba cierta competitividad de identidades entre los dos países. En el núcleo de esta dinámica se encuentra la creencia de que el fútbol puede ser un vehículo de la identidad nacional, para la afirmación de los valores y las aspiraciones de la sociedad mexicana. Asimismo, los altibajos del fútbol no son simplemente una cuestión de victorias y derrotas en el campo, sino un reflejo de las carencias del país.

Resulta interesante observar a quienes se dirigen las frustraciones durante los últimos malos desempeños. Además de los jugadores, las críticas van hacia los dueños, empresarios y directivos nacionales, lo cual refleja juicios más profundos sobre lo que se deja ver en la cancha.

En este sentido, la correlación del aficionado con el fútbol es paradójicamente tanto de amor como de frustración. La gente espera ver a su equipo ganar siempre y se siente profundamente desilusionada cuando esto no sucede.

Estas tensiones y contradicciones se hacen aún más agudas en el contexto de la creciente profesionalización y comercialización del fútbol. La presión por el rendimiento y el éxito, la demanda constante de resultados y la explotación comercial del deporte como un producto de entretenimiento han exacerbado la intensidad y la seriedad de la competición.

La relación entre el fútbol y su afición en México es, sin duda, compleja y llena de contradicciones. Pero también refleja una dinámica social más amplia, en un mundo donde convergen, negocian y luchan distintas corrientes, desde la pasión por el deporte hasta los intereses económicos.

Resulta preciso señalar que la pasión indiscutible por el deporte a menudo se ve ensombrecida por una gran variedad de factores, alimentados por la creencia de que el fútbol da más de lo que realmente es. Sin embargo, esta interacción está influenciada por tensiones inherentes al sistema, la profesionalización y la comercialización del balompié, así como las presiones por el rendimiento y el éxito. Además, la afición también refleja críticas profundas dirigidas a los aspectos socioeconómicos del país, con sus descontentos apuntando hacia las altas jerarquías. ¿Se podrá romper algún día esta relación? Hay mucho camino por recorrer para lograrlo.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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