Conversando

El litio, del que tanto se ha hablado en los últimos meses, es un metal que cobra mucha importancia a nivel mundial debido a su capacidad para la creación de baterías de iones lo que lo convierte en una de las principales alternativas para dejar atrás los contaminantes combustibles fósiles, de allí que no sólo México sino muchos países en el mundo, vuelvan la mirada hacia este metal.

La transición de autos de combustión a eléctricos es, probablemente, la mayor transformación en la industria automotriz del siglo XXI, por ello aquí cobran relevancia la creación y desarrollo de baterías de iones de litio, ¿se imagina de cuántos miles de millones de pesos de derrama económica estaríamos hablando?

Mientras más se desarrollan las tecnologías, encontramos más y mejores formas de almacenar la energía, por lo que cada vez es menos necesario mantener un combustible quemándose “eternamente” para generarla, lo que sin duda es un gran paso en cuanto al cuidado ambiental se refiere.

Laptops, relojes, celulares, bicicletas y hasta en medicinas también se utiliza este metal ligero, por ello no es fortuito que el Gobierno federal apueste por el denominado Plan Sonora que pudiera ser ese punto de inflexión que incluso, y sin afán de exagerar, pudiera llegar a cambiar la política energética del país y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Y es que los planes de que Sonora se posicione como la punta de lanza de un ambicioso proyecto, no sólo se ciñen al litio, sino a ser un referente de energías limpias en el país para cumplir con el nuevo y ambicioso compromiso del gobierno federal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 35 por ciento para 2030.

Para muestra está que el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera etapa de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, que será una central con capacidad de generación en corriente alterna de hasta 457.211 MW, con una producción anual de energía eléctrica de 1041.74 GWH.

Y es que en resumen el proyecto busca crear parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía eléctrica a California y otros estados de la Unión Americana, es decir, está pensado como un motor de desarrollo para México.

Pero no sólo eso, el Plan Sonora pretende -además de destacar la actividad minera con énfasis en la producción de litio y generar energía fotovoltaica- la licuefacción de gas para la exportación, la modernización del Puerto Guaymas como infraestructura de soporte para el hub de transporte vía marítima y la construcción de plantas automotrices para vehículos eléctricos.

Como puede verse, Sonora está destinado a convertirse en un motor del país en el que están puestas muchas esperanzas que, hay que decirlo, están acordes a las políticas ambientales a nivel mundial.

Si al Gobierno federal se le ha criticado mucho en el pasado por su resistencia a dejar las fuentes de energía contaminantes, esta vez hay que reconocerle que el proyecto que impulsa en Sonora para meterse entre los países que apuestan por las nuevas tecnologías, es sumamente ambicioso y da muestra del interés que tiene por no quedarse en el pasado.

Es mucho el trabajo que falta, pero las condiciones están dadas, se tiene un plan y ahora toca desarrollarlo. Ya veremos cómo avanza en la ejecución, pero por lo pronto, podemos quedarnos con las buenas nuevas.

Twitter @campudia

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre las ventajas que supone para México el nearshoring, o hablando en cristiano, el interés de inversionistas de relocalizar sus inversiones de otros países en México, tomando en cuenta las ventajas que ofrece el país por el precio y calidad de su mano de obra, ubicación geográfica, similitudes horarias con Estados Unidos, etc.

Sin embargo, el tema no es nuevo, a lo largo de los años ha habido diferentes coyunturas en las que México ha podido sacar provecho de la llegada de inversiones extranjeras, aunque no siempre se ha sabido sacar provecho de ello.

Y es menester en este momento tocar del tema de la Inversión Extranjera en México en 2022, pues en el primer semestre del año pasado presentó un volumen de 28 mil 700 millones de dólares, pero para el segundo semestre solamente hubo 6 mil 700 millones, ¿acaso es una oportunidad que se está desperdiciando?

No del todo, porque la razón de que no hayan aumentado proporcionalmente los indicadores de IED en 2022, es multifactorial, sin embargo sí hay situaciones que el Gobierno de México debe atender, como lo son los problemas en el ámbito energético, pues es de todos conocido que Tesla tenía ya echado el ojo A Nuevo León para la instalación de una planta de la armadora, pero al parecer la falta de garantías de suministro eléctrico obligó a la empresa a un replanteamiento de dónde construir la planta y hasta el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador candidateó a Hidalgo, gobernado por Morena, para la construcción de la misma.

Otro de los temas que el Gobierno federal debe tener muy presentes debe ser la falta de seguridad, pues ello representa irremediablemente mayores costos para los inversionistas, desde la protección de sus mercancías, hasta el pago de protección para el crimen organizado y como ejemplo están las empresas mineras canadienses en Guerrero que pidieron protección del crimen organizado en esa región, petición que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló y dijo que su gobierno ya atiende.

La certeza jurídica es también un pilar para la llegada de inversiones en un país, pues sin garantías de que su dinero puede estar seguro, los inversionistas difícilmente voltearán a ver a México. Aquí vale la pena hacer una pausa para reflexionar, por ejemplo, sobre el monopolio de la generación de energía que pretende reponer el gobierno mexicano a la CFE, en detrimento de inversiones privadas, lo que en definitiva no ayuda a captar divisas extranjeras y lo que es peor, pone al país en escenarios internacionales para dirimir diferencias incluso con socios comerciales.

Como se ve, son un cúmulo de condiciones las que se deben cumplir para que los indicadores de IED se incrementen y se aproveche esta coyuntura en que la tensión de las relaciones China-Estados Unidos, las ventajas comerciales que supone el T-MEC con EU y Canadá e instaurar cadenas de suministro rápidas y seguras, entre otros factores, terminen por impulsar la captación de dinero.

Insisto en que esto no ha sido exclusivo de un sexenio o gobernante, en su momento al ex Presidente Felipe Calderón también se le criticó porque el alza de sueldos en China, y por consecuencia de la mano de obra asiática, no se aprovechó en México para la llegada de nuevos inversionistas.

Sin embargo, este trabajo es conjunto y así lo entiende incluso la Iniciativa Privada en México. Como ejemplo está la banca de inversión, como Actinver, que ofrece servicios financieros especializados y enfocados a las necesidades de residentes foráneos en México.

Las condiciones para el nearshoring están dadas, pero ¿podrá este gobierno establecer este cúmulo de garantías y condiciones para cambiar el perfil económico de México? Ya se verá…

Cristian Ampudia @campudia

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el fin de semana el Informe General de la Cuenta Pública 2019, el cual audita el primer año de la actual administración y en donde se encontraron irregularidades por 67 mil 498 millones de pesos.

Los señalamientos fueron en todos sentidos: desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que costará, al menos, 331,996.5 millones de pesos (más del triple de los 100,000 millones de pesos estimados por el actual Gobierno Federal), pasando por la reticencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al proceso de fiscalización, hasta la evidente corrupción que existe en uno de los programas estrella del Gobierno federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Pero como era de esperarse, desde Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el trabajo de la ASF con un simple “Yo tengo otros datos”. Es decir que no importa lo que diga el órgano fiscalizador, el discurso no cambió un ápice: “Ya se acabó eso de robar”, “no somos iguales”, “están enojados nuestros adversarios”, “ya no es como antes”…

Es así que López Obrador simplemente prometió dar sus datos y después volvió a lo que es su costumbre, el ataque a adversarios y medios de comunicación.

“Exageran y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí y ojalá lo hagan ellos los de la Auditoría Superior de la Federación porque le están dando mala información a nuestros adversarios, y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”, fue la respuesta para después arremeter contra un articulista.

Sin embargo, como parte del proceso de la auditoría, ahora tocará al Gobierno federal responder a las irregularidades señaladas, aunque no dejan de ser descorcentantes las formas que adopta la 4T para evadir responsabilidades, pues a la respuesta del Presidente, se suma el reporte de la ASF que explica cómo en la SFP experimentó resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a las instalaciones y archivos de la Secretaría, además de que sus servidores públicos se negaron a comparecer ante el órgano fiscalizador.

Más de uno levantó las cejas al leer el documento de la ASF que también señala, entre muchas otras irregularidades, que la dependencia ocultó información sobre el estado patrimonial de un líder sindical, además de indicar que hay discrecionalidad en las investigación que realiza la SFP.

Y qué decir del programa  “Jóvenes Construyendo el Futuro” en el que la Auditoría detectó que hubo otorgamiento de becas a “Servidores de la Nación”, centros de trabajo “fantasma” y bases de datos poco confiables en las que figuran hasta nombres de personas muertas que “recibían” dinero proveniente del erario público.

Cristian Ampudia
@campudia

emc

“Si algo puede salir mal, saldrá muy mal”, reza la Ley de Murphy, atribuida a un ingeniero aeroespacial de Estados Unidos llamado Edward A. Murphy, quien trabajaba para la Fuerza Aérea estadounidense y formuló su ley en 1949 tras descubrir que estaban mal conectados todos los electrodos de un arnés para medir los efectos de la aceleración y deceleración en pilotos.

Esa ley parece que aplica para el Gobierno federal de la 4T en el manejo de la pandemia por Covid 19. Cosa de ver que el más reciente informe de la Secretaría de Salud revela que hasta ayer en México se confirmaron un millón 869 mil 708 casos totales y 159 mil 100 defunciones por el virus.

El tan señalado subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell estimó el 4 de junio del año pasado que un escenario catastrófico de muertes para México sería de 60 mil muertes, hoy hablamos de 159 mil 100 defunciones según las cifras oficiales.

“El número mínimo de muertes estimadas era 6 mil, otro escenario contemplaba 8 mil, uno más 12 mil 500 […] teníamos así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 mil, incluso un escenario muy catastrófico que pudiera llegar a 60 mil″, dijo ese día López-Gatell.

De sobra está decir lo lejos que ha quedado esa cifra debido al catastrófico escenario que hoy se nos presenta. México se convirtió el jueves en el tercer país en el mundo con mayor cantidad de muertes relacionadas con el coronavirus, al reportar un total de 155 mil 145. Con ello, superó a la India y se quedó por detrás de Estados Unidos y Brasil.

No olvidemos que cada vida cuenta, que una muerte por Covid 19 equivale a dejar una familia incompleta, mutilada, un profundo dolor del que se requieren duelos inimaginables y ya ni hablar de las familias que han perdido a más de un miembro, en muchos casos, personas que son el sostén de la misma familia. La tragedia es de proporciones épicas, pese a que el discurso oficial se quede solamente en las cifras. Las historias que se pueden consumir en noticiarios, periódicos y revistas son escalofriantes.

Pero eso sólo es el principio, la delicada situación puede ser peor.

Según el Inegi, la economía nacional tuvo el año pasado la mayor contracción en nueve décadas, pues el PIB se desplomó 8.5 por ciento… ¡8.5 por ciento! Pero tenemos más cifras de las cuales preocuparnos: la pandemia dejó 647 mil 710 empleos perdidos en 2020, de los cuales 560 mil 473 eran formales y 87 mil 237 eran eventuales, según cifras de enero del IMSS.

Pero allí no paran las malas noticias, como si no fueran suficientes las afectaciones derivadas de la pandemia, el gobierno de la 4T pretende dar un golpe devastador a la IP en México con la nueva ley que pretende regular el outsourcing. La Iniciativa Privada y órganos internacionales advierten del peligro que representa la eliminación o limitantes que puedan imponerse al outsourcing, pero el discurso oficial es simple: el outsourcing es dañino porque se pierden plazas laborales. Nada más alejado de la realidad.

Actualmente hay algo así como 4.5 millones de empleados contratados bajo el esquema del outsourcing, de limitarse ese esquema en México, existen aproximaciones (como la del Centro de Estudios del Empleo Formal) de que probablemente 3 millones de empleados deberán resignarse con entrar a la informalidad.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador resultó contagiado de Covid 19 en medio de una polémica por su reticencia por usar cubrebocas y una serie de dichos que hacen evidente que desde Palacio Nacional no se ha tomado con la seriedad que merece una pandemia mundial, e incluso se ha politizado el tema, tanto por la 4T, como por opositores…

Pfizer anunció el retraso en el envío de vacunas a México, independientemente de la causa, ello también implica un duro golpe a la recuperación económica en México que está ligada al mayor número de personas vacunadas en el país, que hasta la semana pasada había 657 mil 842 personas vacunadas, que representaban el ¡0.52 por ciento del total de la población nacional! Por dar un ejemplo, Estados Unidos ha vacunado a 27.3 millones de sus ciudadanos lo que representa el 8.31 por ciento del total de su población.