México.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó en lo general y en lo particular, con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2021, que estima ingresos por un total de 6 billones 262 mil 736.2 millones de pesos.
El dictamen, avalado con 18 votos a favor, once en contra y cero abstenciones, se remitió a la Mesa Directiva para efectos de la programación legislativa.
La presidenta de la Comisión, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) indicó que se estipula una recaudación federal participable por 3 billones 351 mil 759.7 millones de pesos.
Asimismo, dijo que se adicionó una fracción octava al artículo 16, para otorgar un estímulo fiscal consistente en una deducción por el ISR del ocho por ciento del costo de los libros, periódicos y revistas adquiridos por personas físicas y morales residentes en México, cuyos ingresos de la enajenación de tales productos representen al menos el 90 por ciento de total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior y el total de ingresos no exceda de 6 millones de pesos.
Respecto al destino de los recursos de la Lotería Nacional, Terrazas Baca mencionó que se incorpora una disposición transitoria que permita dar viabilidad operativa a lo establecido en el artículo décimo cuarto del Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.
El propósito, añadió, es facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para destinar los recursos que sean enterados a la Tesorería de la Federación, a programas que permitan contribuir a la asistencia pública y social, así como prestar servicios de salud.
Sobre el Fondo de Salud para el Bienestar, comentó que la iniciativa del Ejecutivo en el artículo Décimo Transitorio establece que el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo para que a más tardar el primero de abril de 2021 concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso.
Por lo que se considera que dicha disposición transitoria contraviene lo previsto en el artículo 77Bis de la Ley General de Salud, ante lo que se propone ajustar la carátula del artículo primero de la Ley para eliminar un monto de 33 mil millones de pesos dado que no corresponde con una estimación de montos futuros, sino con un monto que ya se encuentra en el fondo antes referido.
Por otra parte, se aceptó la propuesta del diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) para eliminar el trigésimo cuarto transitorio y recorrer los siguientes numerales para ajustar el orden que corresponda, para quedar como sigue: “Esta Comisión que dictamina estima que la medida planteada en el artículo transitorio décimo tercero, requiere de un mayor análisis, discusión y consenso”.
Planteamientos del dictamen
El documento señala que se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal del próximo año, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.
Se establece que el Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.
El dictamen precisa que para el ejercicio fiscal de 2021, el gasto de inversión del Gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto.
Se estima que en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación, previsto en las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de mil 570.6 millones de pesos.
La aplicación de dichos recursos se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2021.
El gasto de inversión se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión, de acuerdo al artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, la SHCP deberá reportar la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal de 2021, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Durante el siguiente ejercicio fiscal, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda y hasta de 42.12 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el decreto de PEF 2021.
A fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo, la SHCP, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.
El dictamen plantea que el producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos se destinará, en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones y se destinarán a restituir al Gobierno federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados.
Se otorgarán estímulos fiscales a las personas, que realicen actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente en maquinaria en general, excepto vehículos.
Indica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de uno hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Los recursos que durante el ejercicio fiscal 2021 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que se instrumenten para potenciar los recursos de dicho fondo, de acuerdo a lo dispuesto por la SHCP.
Refiere que hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y se cumpla con los destinos establecidos para cada fondo en la Ley de Coordinación Fiscal, sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local.
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emc
Ciudad de México.- El autismo es una condición que transforma la dinámica familiar cuando se diagnostica en uno de sus integrantes. Además de los retos en la atención del paciente, impacta en la salud mental de los padres o cuidadores, quienes suelen experimentar ansiedad, estrés y depresión. Un cuidado integral que contemple tanto al paciente como a su entorno familiar puede marcar la diferencia en su calidad de vida.
El autismo y su impacto en la familia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un grupo de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro. Se caracteriza por patrones inusuales de comportamiento que dificultan la interacción social y la comunicación.
La OMS estima que aproximadamente uno de cada 100 niños en el mundo tiene un trastorno dentro de este espectro, y en México la cifra supera los 400,000 casos infantiles.
Juan Francisco Lozano, pediatra del desarrollo y comportamiento en el Hospital Zambrano Hellion y director de la Clínica de Síndrome de Down en el Instituto de Pediatría de TecSalud, destaca que una alternativa para ofrecer una atención integral es el cuidado centrado en la familia.
Este modelo fomenta la colaboración entre proveedores clínicos y promueve el acompañamiento en salud mental para padres y la capacitación para intervenciones en casa.
El modelo de cuidado centrado en la familia busca mejorar la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. Se basa en respetar las necesidades y objetivos de cada familia, diseñando estrategias personalizadas que incluyan factores socioeconómicos, culturales y de estilo de vida.
“A veces recomendamos una intervención para desarrollar el lenguaje o el manejo de conductas, pero la familia puede tener una necesidad distinta, como problemas sensoriales o dificultades con rutinas diarias. Si no se involucra a la familia en las recomendaciones terapéuticas, no se estará brindando una atención adecuada”, explica Lozano.
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El diseño de intervenciones efectivas considera la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS, que abarca habilidades diarias, integración escolar y social.
Además, el modelo incluye sesiones de psicoeducación para que los padres comprendan el diagnóstico y reciban apoyo psicológico, tanatológico y de duelo.
Estudios han demostrado que los cuidadores de personas con TEA pueden experimentar ansiedad, culpa y sensación de aislamiento. La falta de apoyo puede deteriorar su salud mental, afectando la calidad de la atención que brindan a sus hijos.
El proceso de aceptación del diagnóstico puede tardar meses o incluso años, generando incertidumbre y ansiedad.
Según Lozano, este ciclo de emociones se repite en distintas etapas del desarrollo del niño, como el ingreso a la escuela o la transición a la vida adulta. Esto puede ocasionar depresión en algunos familiares.
“Si los padres presentan ansiedad, pueden ser más o menos reactivos, distantes o menos tolerantes ante la frustración de sus hijos. Un padre deprimido tendrá menos energía para llevarlo a terapia o jugar con él, lo que impacta directamente en el desarrollo del niño”, explica el especialista.
Para mejorar la calidad de vida, es fundamental que los padres reciban acompañamiento psicológico y capacitación para implementar estrategias terapéuticas en casa.
La OMS ofrece guías y cursos en línea gratuitos para el desarrollo de habilidades de cuidado en personas con TEA.
La ruta hacia un cuidado familiar.
Ante la sospecha de autismo, el primer paso es acudir con el pediatra, quien conoce el historial del niño y puede orientar a la familia. Existen pruebas de tamizaje, como el M-CHAT, que ayudan a determinar si es necesaria una evaluación con especialistas en neurología, psiquiatría o psicología infantil.
Pese a la existencia de terapias eficaces, Lozano señala que muchas de estas tienen costos elevados y están concentradas en zonas de nivel socioeconómico alto. “El autismo no respeta estatus social. Hay una población que necesita estos servicios y enfrenta dificultades para acceder a ellos”, concluyó el especialista.
ARH
Ciudad de México.— La senadora del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para garantizar el acceso gratuito al transporte público para sectores prioritarios: niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores y personas con discapacidad, con el objeto de combatir la desigualdad, reducir la discriminación y asegurar el derecho a la movilidad para quienes más lo necesitan.
La iniciativa plantea agregar un sexto párrafo al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo la exención total del pago de tarifas para personas en situación de vulnerabilidad, previa identificación oficial vigente y que sea emitida por instituciones que acrediten dicha condición.
La senadora argumentó que el acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Actualmente en nuestro país, más de 18 millones de adultos mayores, 5 millones de niñas y niños menores de cinco años y 6 millones de personas con discapacidad enfrentan obstáculos para movilizarse libremente.
“En las zonas más marginadas del país, donde el costo del transporte es elevado, las personas en situación de vulnerabilidad enfrentan serios obstáculos como la discriminación, la falta de accesibilidad y la escasa infraestructura, lo que limita su derecho a la movilidad”, alertó la legisladora.
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Por otra parte, Corona Nakamura explicó que, aunque algunas ciudades del país ofrecen descuentos o gratuidad en ciertos medios de transporte, no existe una política nacional que garantice este beneficio de forma uniforme en todas las modalidades de transporte público operado por la administración pública.
A esto se suman cientos de horas perdidas en traslados y los altos costos del pasaje. De acuerdo con el IMCO, las pérdidas económicas derivadas de la congestión en el transporte público ascienden a 94 mil millones de pesos al año, afectando principalmente a quienes menos recursos tienen.
“El transporte no debe ser un privilegio, sino un derecho. México necesita un sistema verdaderamente incluyente, que garantice el acceso pleno a los sectores más vulnerables”, finalizó la senadora.
ebv
Ciudad de México.- En un hecho sin precedentes, México entra en una nueva fase electoral con el arranque de las campañas para elegir a jueces y magistrados, votación que tendrá lugar el próximo 1 de junio.
Esta nueva Reforma al Poder Judicial, aprobada en varias etapas durante septiembre de 2024, permite que los ciudadanos elijan directamente a quienes ocuparán cargos clave en la impartición de justicia desde los tribunales.
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Antes de aprobarse la Reforma, los jueces y magistrados en México eran designados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, con base en propuestas y evaluaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura.
Así será el proceso electoral
Las campañas para la elección judicial federal arrancan el próximo domingo 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, es decir tres días antes de la elección que será el 1 de junio.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en este proceso electoral extraordinario, el primero de su naturaleza que se lleva a cabo en México, se elegirán diversos cargos del Poder Judicial de la Federación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación (TEPJF), magistraturas y juzgados de distrito.
El número de cargos a elegir en el proceso electoral son los siguientes:
- – 9 cargos para Ministras y Ministros de la SCJN.
- – 2 cargos para Magistraturas de las Salas Superior del TEPJF.
- – 15 cargos para Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.
- – 5 cargos para Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
- – 464 cargos para Magistraturas de Circuito.
- – 386 cargos para personas juzgadoras de Distrito.
Los retos de la elección
El proceso electoral para elegir a jueces y magistrados en México enfrenta varios retos, pero hay tres desafíos que son neurálgicos.
1.- Información y transparencia. Es importante que los ciudadanos cuenten con información clara y accesible acerca de cada uno de los candidatos, su experiencia, trayectoria y propuestas.
2.- Independencia judicial. Se ha generado un debate sobre si la elección popular podría afectar la imparcialidad de los jueces, al estar sujetos a campañas políticas y financiamiento externo.
3.- Participación ciudadana. Motivar la participación de la ciudadanía en estos comicios será fundamental y un referente para el éxito de las elecciones de jueces, porque hasta ahora ha sido un tema de poco interés para la población.
Propuestas de los candidatos
A través de sus distintas plataformas, los aspirantes a jueces y magistrados en México han ido presentando algunas de sus propuestas, previo al inicio oficial de las campañas electorales el próximo 30 de marzo.
Entre las principales propuestas de los candidatos, destacan las siguientes:
- – Combatir a la corrupción, para garantizar un sistema de justicia transparente.
- – Facilitar los procedimientos judiciales y eliminar la burocracia.
- – Asegurar que los fallos judiciales respeten los principios de equidad y protección de los derechos humanos.
El objetivo primordial de jueces y magistrados es darle una profunda transformación al Poder Judicial, pero la moneda aún está en el aire, pues aunque se espera una mayor rendición de cuentas a la ciudadanía, también hay preocupación por el uso de los cargos con fines partidistas.
Conforme se vayan desarrollando las campañas de cada uno de los candidatos a los distintos cargos, será fundamental que los ciudadanos se informen y participen de manera activa, para garantizar que en México la justicia sea un pilar de la democracia.
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GDH
Ciudad de México.— El reloj avanza y el tiempo apremia. A pocos días de que venza el plazo, miles de ciudadanos aún no han recogido su Credencial para Votar, el documento que les permitirá participar en las elecciones judiciales del 1 de junio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que el 31 de marzo es la fecha límite para acudir a los Módulos de Atención Ciudadana y obtener la credencial solicitada. Este trámite es crucial para quienes se inscribieron recientemente en el Padrón Electoral, notificaron un cambio de domicilio o gestionaron una reposición.
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Para muchas personas , esta credencial representa más que un simple requisito electoral. Es el acceso a la toma de decisiones en un proceso que definirá el rumbo del sistema judicial del país. Sin ella, el derecho al voto se esfuma.
Los documentos que no sean recogidos permanecerán bajo resguardo y podrán ser entregados hasta el 2 de junio. Sin embargo, quienes no los obtengan antes de la jornada electoral perderán la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio.
ebv
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