Ciudad de México.— En recientes días se ha compartido la idea –desde distintas trincheras políticas– de la posibilidad inminente de un “Golpe de Estado” en México, lo cual lleva a preguntarnos qué es un golpe de Estado y si la nación mexicana se encuentra en riesgo de vivirlo.
Las respuestas no son tan simples como parecen, porque por un lado se argumenta que, con la reforma judicial aprobada por el Congreso y publicada en los últimos días del sexenio del anterior gobierno del Ejecutivo Federal, se ha concretado una vulneración al equilibrio federalista de los tres poderes de la unión (legislativo, ejecutivo y judicial) y eso en sí, constituye un ‘nuevo Estado’. Y, por otro lado, se acusa a la cúpula del Poder Judicial de contravenir las facultades constitucionales del Legislativo y el Ejecutivo para modificar la constitución basados en cierto derecho legítimo de la democracia representativa; y llaman a eso “golpe de Estado técnico”.
Carlos Bartolomé Ruiz, doctor en Filosofía y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, Violencia y Gobernanza Unesco-Unisinos, considera que un auténtico “Golpe de Estado” emana de tres factores: “La necesidad (la urgencia y emergencia) para legitimar el golpe de Estado; la violencia como táctica más conveniente; y la teatralización como estrategia para alcanzar la aceptación popular y social”.
Bajo estos criterios, los diferendos políticos en México están muy lejanos a un “Golpe de Estado”; en el fondo sólo representan la tensión natural que debe existir entre los poderes de la unión, entre los partidos e ideologías políticas así como entre la diversidad apreciativa de la ciudadanía ante lo que considere urgente y lo que valora apenas como contingente.
Para Ruiz un golpe de Estado es “la toma repentina y violenta del poder político, generalmente es realizada por un grupo militar o una facción dentro del propio gobierno”. El académico explica que, la acción golpista “implica una ruptura en el orden constitucional establecido”. ¿En México se ha visto una ruptura en el orden constitucional establecido? En nuestros días, dos sectores políticos –aunque opuestos– consideran que sí: para unos el orden constitucional fue pervertido con la aprobación de la reforma judicial; y para otros el orden constitucional está en riesgo si el poder judicial cancela las facultades del poder legislativo (hacer y modificar leyes).
¿Qué pasa con la libertad ante un golpe de Estado?
Un golpe de Estado no sólo es un acto político sino esencialmente ideológico que justifica la ruptura del status previo porque se priorizan ciertos intereses (orden, legalidad, pacificación, control, preservación, etc.) sobre el orden democrático cuya naturaleza es conflictiva, argumentativa y negociante.
Un golpe de Estado, para Ruiz, siempre debe manifestar violencia u opresión; pero dicha agresividad (muchas veces motivada por los golpistas a través de fuerzas armadas o policiales) siempre es “justificada” como un medio para restaurar o proteger al Estado. Es decir, que “en nombre del Estado” se pueden incluso realizar acciones violentas e inhumanas con tal de preservar un status que es operativo para sus principios ideológicos.
Los golpes de Estado nunca vienen aislados; siempre forman parte de contextos históricos que influyen en su concreción:
Los golpistas consideran que el entorno político es inestable. Aseguran que el gobierno en funciones carece de legitimidad, abusa de la corrupción y es incapaz de resolver las necesidades sociales más apremiantes.
Los golpistas motivan o incentivan a las fuerzas militares o a grupos armados complejos para “tomar el poder” bajo el único propósito de “retornar a un orden correcto de las cosas”.
Los golpistas suelen apelar a sentimientos nacionalistas y militaristas; se distinguen del separatista porque su visión es ‘nacional’ y no ‘regional’ porque esto último casi siempre deriva en pensamientos o acciones orientadas a la escisión del país o del territorio nacional.
En todo caso, un golpe de Estado siempre afecta los márgenes de libertad y autodeterminación de los pueblos a los que gobierna la nación.
El académico también considera importante la estabilidad precedente del Estado en cuestión. Es decir, si no tiene registros recientes de golpes de Estado, los nuevos golpistas quizá no consideren que ese recurso sea exitoso; también, si los golpistas enfrentaron consecuencias severas por su intento de control, esto puede alentar o desalentar a otros a intentar un golpe.
¿Hay otros tipos de vulneración al Estado?
Sí. Ruiz asegura que en las últimas décadas relucen otros factores más relevantes que impulsan los golpes de Estado: las crisis económicas, la inflación, el desempleo y la influencia de actores externos como agencias internacionales, organismos supranacionales o potencias extranjeras que apoyan a la oposición para articular un golpe de Estado contra el gobierno en turno.
Casi siempre se intenta someter a toda una nación y a su aparato político (no importa si son monarquías, repúblicas, tiranías o democracias) mediante estrategias de control, sumisión, préstamos o calificaciones internacionales. Esas imposiciones se realizan a través de aparatos diplomáticos o controles de mercado donde se imponen regulaciones a la salud, las dinámicas poblacionales y el bienestar social.
Ruiz recuerda esas incursiones en la soberanía y autonomía de los pueblos se realiza esencialmente para controlar a la población a través de medidas drásticas (confinamientos, vacunaciones, políticas de aborto, esterilización, etcétera); también se imponen nuevos modelos de orden social a través de nuevas estrategias de vigilancia y control (monitoreo de movilidad, restricción de libertades por condiciones sociales; e incluso se llega a controles a través de políticas económicas (privatización de la seguridad social, recortes a sanidad, etcétera); finalmente, los intereses supranacionales también pueden buscar controlar la legitimación de la exclusión, especialmente con los pobres, los migrantes o los grupos religiosos.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
Negocioshace 2 días
