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México

Defensa de Robles va contra juez

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Ciudad de México.— El equipo de abogados de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, interpondrá un recurso jurídico para modificar la prisión preventiva justificada impuesta, según ellos, de manera ilegal a su representada y pueda enfrentar el proceso penal en libertad.

Anunciaron también que en breve presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Federal, contra el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que a decir de los defensores resolvió fuera de todo contexto jurídico, además de sus comentarios despectivos, de género y ofensivos hechos durante las audiencias.

Acusaron que el actuar del impartidor de justicia resulta contrario a la carta magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

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Calificaron su decisión de parcial y, en consecuencia ilícita, por parte del “juez” de Control y exigieron que se respeten los derechos humanos y constitucionales de la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso de la exfuncionaria de la pasada administración.

Los litigantes reiteraron su respeto a la independencia y autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su titular, a quienes les ratificaron su voluntad de colaborar en las investigaciones relacionadas con Robles Berlanga y la denominada “Estafa Maestra”.

No obstante, los defensores de Robles Berlanga manifestaron también su confianza en el Poder Judicial de la Federación “y estamos convencidos de que en su seno se difiere del criterio aislado e ilegal del juez de Control”.

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Por ello, informaron que ya trabajan en los recursos legales para que su representada pueda enfrentar su proceso en libertad y, en consecuencia, se respete su Presunción de Inocencia y Debido Proceso, tal y como lo señalan la Constitución, los Tratados Internacionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Ahora bien, es público y notorio que dicho juzgador al resolver indebidamente respecto a la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía, presumiblemente lo hizo atendiendo a razonamientos políticos y personales”, subrayaron.

Advirtieron que no respetó los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales de manera categórica han sostenido que la prisión preventiva tiene que ser excepcional.

De lo contrario, agregaron, la imposición de la misma violenta la Presunción de Inocencia de un imputado que no ha recibido Sentencia Condenatoria por un tribunal competente, tal y como acontece con su defendida.

Además, la carta magna, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, imponen como obligación a los jueces mantener en prisión preventiva a las personas imputadas por alguno de los delitos que señala el artículo 19 Constitucional, es decir, los delitos de prisión preventiva oficiosa, entre los que no se encuentra el delito por el que se vinculó independientemente a proceso a Rosario Robles.

Afirmaron que su defendida y equipo de abogados se sienten ofendidos por la parcialidad con la que actuó el juez Delgadillo Padierna.

Por último, reiteraron que están convencidos de la inocencia de Rosario Robles Berlanga, lo que acreditarán mediante un proceso justo y ajustado a derecho.

(Notimex)

ebv



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Estados

Responden especialistas a Olga Sánchez Cordero: los padres deben elegir cómo educan a sus hijos, no el gobierno

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Ciudad de México.- Especialistas en materia educativa se pronunciaron en contra del exhorto emitido de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el que manifiesta que las reformas a las leyes de Educación en estados del país “despojan al Estado de su rectoría para definir” contenidos educativos.

Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), dijo que “en un sistema dictatorial los hijos son propiedad del estado y los puede adoctrinar como le de su regalada gana. En nuestro país no.”

García Camarena, quien también es vicepresidente nacional del Frente Nacional por la Familia (FNF), se opuso a que se fomente la ideología de género “que promueve el aborto y la liberación de la sexualidad en menores sin consecuencias jurídicas para nadie”.

Rechazó que esto ocurra tanto en los libros de texto, así como en cualquier espacio “pagado con los impuestos de todos los mexicanos”.

“A nuestros hijos los educamos nosotros”

A su vez, Paulina Amozurrutia, dirigente de las organizaciones Unión Mujer y Seamos Héroes, indicó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José consagran “el derecho inalienable a los padres de familia de educar a sus hijos bajo sus valores y principios”.

“Ningún gobierno en turno tiene la facultad de quitarnos este derecho. Paso a paso están reduciendo a los padres  el derecho a decidir sobre la educación de nuestros hijos de forma totalmente arbitraria e impositiva. Que quede claro: a nuestros hijos, los educamos nosotros, sus padres”, aseguró.

Morena va contra la educación privada

Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, consideró que se trata de un tema preocupante porque el derecho a decidir el tipo de educación para la infancia y juventud es de los padres de familia.

A su decir, el Estado, más que atentar contra este derecho, está obligado a protegerlo. Además, se unió al llamado de escuelas, organizaciones y padres de familia, para ir en contra de lo que calificó como un “atentado contra la educación”.

Landero señaló que “desde la llegada de Morena al gobierno federal y a los estados que hoy gobiernan, comenzaron con la modificación del Artículo 3 de la Constitución Política del país y siguieron con la modificación de la Ley General de Educación”.

“De ahí ya hay varios estados, como es claramente el caso de Puebla, en los que se están metiendo más allá de lo que se podría permitir, rebasando e invadiendo facultades y derechos protegidos en la Carta Magna”, finalizó.

Lo que afirma la Segob es falso: ConParticipación

El dirigente de la organización regiomontana ConParticipación, Marcial Padilla, señaló que lo dicho por la Segob es falso, pues “ni siquiera se ha votado en comisiones lo que asegura la dependencia”.

La iniciativa propuesta por el diputado Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, busca incluir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Los que se oponen dicen que es inconstitucional y que vulnera al Estado laico, pero para Padilla esto no es cierto.

“Quienes se oponen a la ley lo hacen porque quieren forzar a los hijos a recibir ciertos contenidos tal como los dicta el gobierno, lo que va en contra de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño, que son acuerdos vinculantes para México”, concluyó Padilla.

jcm

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México

El gobierno debe educar sexualidad de niños, no los padres de familia: Segob

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Cuartoscuro
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México.— La Secretaría de Gobernación afirmó que “las reformas a la Constitución y Ley de Educación locales que incluyen un veto o ‘pin parental’ sobre los contenidos educativos, despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos.”

El señalamiento, publicado por la Segob, ocurre en medio de la crisis nacional por la epidemia de Coronavirus, de la cual Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, se ha mantenido al margen.

Por medio de un comunicado, la Segob dijo que la iniciativa presentada en Nuevo León
“afectan el Interés Superior de la Niñez al restringir los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación sexual y el derecho a la educación laica”.

La normatividad propuesta en Nuevo León es para que los padres en defensa de sus hijos pueden tener derecho a dar consentimiento previo al contenido de clases, actividades, talleres y charlas “que se impartan en centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales y o religiosas”.

En contraste, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

La iniciativa propuesta en Nuevo León va acorde con lo establecido por Naciones Unidas y el exhorto de la Segob contraviene esta perspectiva.

“Uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos”, dice Segob al tratar de impedir la ley a favor de los niños y niñas en Nuevo León.

Desde hace tiempo, Olga Sánchez Cordero es una reconocida promotora del aborto en cualquier circunstancia. Como ministra de la Suprema Corte de Justicia mantuvo esta postura en distintos casos que analizó el Máximo Tribunal.

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