Ciudad de México.— Este lunes fueron aprobados los artículos 1o, 2o y 3o de la Constitución Política de la Ciudad de México, en los que destaca la adopción de la dignidad humana como principio supremo de la Carta Magna y sustento de los derechos humanos, y el reconocimiento de las figuras de democracia representativa, directa y participativa para el ejercicio del poder público. Asimismo, se hace explícito el carácter pluricultural de la metrópoli, con una composición plurilingüe y pluricultural sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios, y en sus comunidades indígenas.

La Asamblea Constituyente aprobó también la forma de gobierno republicana, democrática, representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social. Además, se establece que el ejercicio de la función pública estará apegado a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de gestión y evaluación.

El artículo 1 de la primera Constitución de la Ciudad de México, correspondiente a Principios Generales, fue aprobado por 74 legisladores a favor, 18 en contra y una abstención, en el Pleno de la Asamblea Constituyente.

El primer artículo de la Constitución de la Ciudad de México quedó integrado por 8 numerales y fue defendido desde la tribuna por Dolores Padierna, Santiago Creel y Eduardo Escobedo, mientras que Jaime Cárdenas y Bernardo Bátiz, del Partido Morena, se manifestaron en contra.

El primer numeral refiere que la Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

El segundo numeral establece que “en la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

En el tercer numeral señala que la ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación social.

Precisa el numeral cuarto que “la Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa”.

Como numeral quinto se resalta que las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta constitución.

El numeral sexto establece que para la construcción del futuro la ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber.

“La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y prosperidad”, expone el numeral siete.

Y en el numeral octavo se indica que el territorio de la ciudad es el que actualmente tiene de conformidad con el artículo 44 de la Constitución federal, y sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión.

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO

Al abrirse el debate sobre el artículo 2º, el constituyente Cárdenas Gracia se pronunció en contra de lo dictaminado. Indicó que el reconocimiento de la naturaleza intercultural de la ciudad no incluye el carácter pluriétnico de la misma que, desde su punto de vista, es fundamental. “Queríamos incorporar la autonomía territorial y organizacional de las comunidades originarias -argumentó- Queríamos que se incluyera una categoría de mexicanos que no hemos reconocido: a los afromexicanos. Por otro lado, se reconoce en el dictamen que esta ciudad es de tránsito, destino y retorno de la migración nacional, y el derecho de las personas extranjeras a recibir asilo”, pero no se incluyen los derechos de los desplazados como un grupo que, “desgraciadamente, conforman grandes conglomerados de paisanos”.

Su compañero de partido, el diputado Aristeo López, también rechazó el dictamen: “Es importante rescatar el término pluriétnico, porque garantiza a los residentes la ejecución de nuestros derechos. El concepto de pluricultural es eurocéntrico”.

En favor, la perredista Cecilia Soto explicó por qué se suprimió lo relativo al carácter pluriétnico de la Ciudad de México: “El concepto multiétnico es obsoleto, ya no se usa en los tratados internacionales. El concepto de etnia fue sustituido por el de cultura”. El diputado panista Carlos Gelista se pronunció en el mismo sentido.

Después se dio paso a la discusión de las reservas. El diputado perredista Isidro Cisneros planteó al Pleno que el concepto intercultural era “confuso” y que el término multiétnico era más adecuado. Propuso que en el artículo se reconociera la naturaleza pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la ciudad. Esta reserva fue aceptada para su discusión.

Al presentar su reserva, la diputada Mayela Delgadillo, de Morena, dijo que el desplazamiento interno por conflictos religiosos, proyectos de desarrollo, desastres naturales, crimen organizado o guerra contra el narcotráfico involucra a grandes grupos sociales. “Pedimos que la Constitución lo reconozca explícitamente y se incorporen los protocolos necesarios. En el articulado, le damos cobertura a extranjeros, pero no a los desplazados internos”, apuntó.

La legisladora propuso que en uno de los numerales del artículo se incluyera: “La Ciudad de México es un espacio abierto a las personas internamente desplazadas y personas extranjeras a las que el Estado mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político la o la protección complementaria”. La reserva se puso a consideración del Pleno y se integró al dictamen por 82 votos en favor, ninguno en contra y una abstención.

El artículo 2º constitucional, con adiciones y cambios, fue aprobado con 79 votos en favor, cuatro en contra y una abstención.

APROBACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO

En el inicio de la discusión sobre el artículo 3º, el diputado Cárdenas Gracia se manifestó, en lo general, contra lo dictaminado. Criticó que sólo se hiciera explícito el respeto a la propiedad privada. “Hay que reconocer todas las modalidades de propiedad que prevé el artículo 27 de la Constitución federal, la propiedad pública y la propiedad social”, puntualizó. El diputado Bernardo Bátiz, también de Morena, consideró que el dictamen significa un retroceso de los principios constitucionales, “rechaza la propiedad social y pública, y sólo protege la propiedad privada”.

El diputado panista Ernesto Cordero se manifestó en favor del dictamen. Sostuvo que se establecen principios rectores como el respeto a los derechos humanos, la inclusión del principio de ciudad solidaria y con viabilidad en el futuro, lo cual otorga certeza jurídica para generar prosperidad y mejorar condiciones de vida en la ciudad. La propiedad privada, subrayó, se reconoce como derecho humano; sin éste todos los demás derechos son vulnerables.

Por su parte, la diputada perredista Cecilia Soto, propuso reconocer la propiedad pública y social y presentó la siguiente redacción para incluirla en el artículo 3o: “Se reconoce la propiedad de la ciudad sobre sus bienes de dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal”. El Pleno aprobó incluir la reserva.

La diputada panista Mariana Gómez del Campo, por su parte, hizo una propuesta para añadir un nuevo numeral al artículo 3º y prohibir y sancionar toda práctica clientelar o corporativa en la prestación o gestión de servicios públicos y programas sociales. Asimismo, consideró que debe quedar prohibida la creación de programas sociales en tiempo electoral. Dijo que lo que planteaba había sido aprobado ya en la Comisión de Principios Generales. El presidente de este organismo, el priísta Jackson Ramírez, pidió que de aprobarse lo propuesto tendría que buscarse “un lugar adecuado” en la Constitución y de ello se encargaría la Conferencia de Armonización.

Los diputados perredistas Dolores Padierna, Jesús Ortega y Jesús Valencia manifestaron que de ningún modo pueden suspenderse los programas sociales en la Ciudad de México por consideraciones políticas.

El artículo 3º se aprobó por mayoría calificada y se acordó turnar la reserva de Gómez del Campo a la Conferencia de Armonización, para reubicarla, y que las comisiones de Buen Gobierno y Principios Generales elaboren una nueva propuesta que recoja la discusión en el Pleno.

Finalmente, el artículo 3º fue aprobado por 71 votos en favor, dos en contra y 11 abstenciones.

ebv