No siempre hay convergencia de opiniones en la extensa, plural y diversa Iglesia católica mexicana; y, sin embargo, en esta ocasión hay una coincidencia absoluta respecto al posicionamiento que las instituciones eclesiales han tomado en las últimas décadas en materia de construcción de paz y de denuncia de la corrupción, cultura de muerte y violencia en México.

Varios obispos y superiores de congregaciones religiosas coinciden en que la Iglesia católica mexicana ha expresado frecuentemente sus preocupaciones a las diferentes autoridades civiles por los errores, faltas de juicio o franca connivencia del poder político con la corrupción y con sectores del crimen organizado.

En efecto, desde el año 2000 ha habido mensajes audaces, respetuosos y diplomáticos que la Iglesia en México ha dirigido al poder político y a la sociedad en general donde se denuncian actos o modos de vivir que afectan el bien común, la justicia, la democracia y la seguridad.

Por ejemplo, en la Carta Pastoral ‘Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos’ del año 2000, los obispos denunciaron sin tapujos la existencia de “estructuras antidemocráticas y fraudulentas, obsoletas e injustas, deterioradas por la corrupción” y alertaron incluso la “posibilidad de una regresión autoritaria”.

Los pastores católicos criticaron “la impunidad y el autoritarismo” y “los privilegios de unos cuantos” durante los últimos meses de la administración de Ernesto Zedillo. Ya en el sexenio de Vicente Fox, los obispos confirmaron que persistía “la inseguridad, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la pobreza extrema… el racismo, la marginación y violencia contra la mujer; [los] cacicazgos…”.

Tras la última visita del papa Juan Pablo II, los obispos se metieron de lleno en la crisis política de la administración foxista y señalaron en su mensaje ‘Participación solidaria para afianzar la transición democrática’ que en México había “quienes están decididos a frenar la marcha del país y a dejar la puerta abierta a la riesgosa aventura de la anarquía”.

En el sexenio de Calderón, la Iglesia mexicana también declaró graves preocupaciones por la conducción del país: “Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades… Esto tiene como efecto la impunidad… Se ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad”.

En el documento ‘Que en Cristo Nuestra Paz México tenga Vida Digna’ de 2010, la Iglesia advertía al gobierno que no tenía derecho “a ceder porciones del territorio nacional a grupos criminales” e hizo llamados para “superar definitivamente la anticultura del fraude”; a Calderón, los obispos le manifestaron la preocupación de la ciudadanía por la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado pues “provoca incertidumbre en la población”, pidieron adecuaciones a la ‘estrategia’ del combate al crimen organizado y exigieron al gobierno que atendiera el problema de la seguridad como un asunto de ‘salud pública’.

Fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando muchas organizaciones de la Iglesia católica no sólo fueron críticos frente a la estrategia de seguridad priísta sino incluso marcharon junto a diversos sectores sociales víctimas de un modelo que acallaba a la prensa y escondía bajo oropeles de mercadotecnia la crisis de violencia en el país.

Destacan las fuertes denuncias del finado obispo de Apatzingán, Miguel Patiño: “El Ejército y el gobierno han caído en el descrédito porque en lugar de perseguir a los criminales agreden a las personas que se defienden de ellos”. No fue el único, voces semejantes se escucharon desde otros rincones del país.

También, tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el episcopado mexicano lanzó su primer ‘¡Basta ya!’ de violencia, inseguridad y corrupción en el país en 2014: “Muchas personas viven sometidas por el miedo, la desconfianza al encontrarse indefensas ante la amenaza de grupos criminales y, en algunos casos, la lamentable corrupción de las autoridades”. En aquel mensaje, los obispos lamentaron que la inseguridad en el país no sólo había empeorado sino que había llegado a una verdadera crisis nacional.

La Iglesia católica no sólo ha manifestado con palabras su preocupación por los errores o las corrupciones en la conducción del país; también ha dado pasos concretos a favor de la reconstrucción del tejido social, de la asistencia de las víctimas de las violencias y de la formación de ciudadanía participativa y corresponsable con la paz y el bien común. Hay muchos centros de atención a víctimas y organismos de promoción y justicia social de inspiración cristiana. Los centros de asistencia humanitaria para poblaciones desplazadas, migrantes, perseguidas y empobrecidas son siempre oasis en los áridos páramos de localidades sin ley y sujetos al crimen o a la corrupción.

En esta ocasión, las palabras del presidente López Obrador contra los liderazgos católicos (contra la población creyente en realidad) son un grave error; llamar ‘hipócritas’ a quienes han auxiliado a cientos de desplazados y afectados por políticas ineficientes de seguridad en los últimos sexenios es jugar con fuego. Y, sin embargo, los obispos y las congregaciones religiosas estarán ‘ofreciendo la otra mejilla’. No es que preparen una ‘cachetada con guante blanco’ sino que, en el mejor ánimo de seguir contribuyendo a la paz darán un paso adelante para fortalecer la obra social que lucha por la justicia, la paz y la reconciliación. Veremos.

Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

Tuvo razón el finado Javier Valdez y todos quienes se le han sumado en esta terrible cuenta de cadáveres: “Sobran los temas, pero todos los senderos, escoltados de plantas con espinas, conducen a la pólvora incendiada… las calles sólo conducen a un humo caliente, que se levanta y baila con el viento, después del disparo”.

La violencia en México parece esperarnos a la vuelta de la esquina, en una mañana o un atardecer, sobre la tierra yerma o frente a un sagrario. Nada, en realidad, ha cambiado en las miradas de quienes sostienen las armas y las usan contra su prójimo.

Hubo confianza, sí, en que un cambio de estrategia mejoraría nuestras vidas. La fórmula y ruta nos pareció simple: Un gobierno legítimo por los cuatro costados construiría un Estado fuerte que combatiría la corrupción desde dentro, trabajaría por la desmilitarización del territorio para ciudadanizar la seguridad y, en un honesto compromiso por los últimos, acercaría más oportunidades educativas y laborales para los jóvenes más vulnerables y primeros destinatarios de la cultura criminal. Esa ruta haría un viraje radical de nuestra loca carrera hacia el barranco que comenzó hace tres sexenios.

Nada, por desgracia, ha cambiado. La legitimidad, en lugar de unidad, trajo polarización y descrédito; el combate a la corrupción, si existe, es imperceptible por la ignominiosa impunidad; el sueño de la desmilitarización se ha esfumado; y los jóvenes, con o sin becas, siguen apostando a la cultura de muerte gracias al peculio inmediato y a la ominosa incertidumbre.

Los crímenes contra los sacerdotes jesuitas de la sierra tarahumara (junto con el resto de asesinatos de Cerocahui) pintan de cuerpo entero el ‘conflictus scaena’ de nuestra realidad mexicana: Un extenso escenario donde el dominio material y simbólico es controlado por la trasgresión, la fechoría y la impunidad; el pueblo es víctima del pueblo; la sangre palpita en la impaciente mano del sicario o se escurre emanando de un cadáver.

Mientras, la gente de bien se resiste a tal determinismo y busca nuevos caminos que no conduzcan a trágicos finales pero, como les pasó a los rarámuri durante las primeras invasiones, ellos cedieron palmo a palmo sus tierras hasta que ya no hubo a dónde ir.

Y, si ya no hay senderos, habrá que crearlos. Pero ¿cómo? ¿Con qué fuerzas?

Hoy, una indignación de grado indómito recorre las venas de los testigos de la muerte y el llanto, revela hartazgo pero también deseos de cambio. Sobre esta tierra, absorta y muda, que nada mira y a nadie atiende, esa indignación quiere ser protesta y advertencia, sí; pero también coraje y esperanza.

Al pueblo mexicano nos urgen nuevos senderos de paz; pero no aquellos que están sembrados de armas, insignias y billetes. Urgen caminos que pasen por la justicia social, el cuidado de la creación, la defensa de los pueblos, el reconocimiento de los abusos, la protección de los débiles, la promoción de la paz, la escuela de reconciliación y la búsqueda del bien común.

Más el camino -como dijo el clásico- está en el andar; está en el trabajo, no en el privilegio ni en la comodidad. El camino se marca con muchos pasos y sin egoísmos, compartiendo la senda donde puedan ir todos, sin discriminaciones ni prejuicios; una vía donde los padres enseñen a su prole a extender la mirada antes que la mano, a desterrar los sentimientos de avaricia o insaciabilidad.

Siguen siendo proféticas las palabras que el papa Francisco dijo en el Palacio Nacional ante la élite de liderazgos políticos, sociales, económicos y religiosos de México: “Cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”.

El filósofo de Güémez diría que “las cosas son como son hasta que dejan de serlo”. Y dejarán de serlo cuando en verdad seamos capaces de actuar. Es imperdonable que autoridades y liderazgos políticos mantengan todavía hoy su posición de autosuficiencia, autopreservación y privilegio; es más triste aún que muchos otros, en lugar de caminar, quieran encaramarse a ese trono de palo hueco. Ya lo advierte el rarámuri: ‘Arigá caponi, si’néamica ripá moba jábaso…’ Al final, (la vara) se quebró cuando se pararon todos encima.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe