Opinión
Tiempo de definiciones
Durante los gobiernos neoliberales cada vez que se presentaba una crisis, la manera de enfrentarla era atendiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, contratando más créditos, rescatando a grandes empresas y bancos, convirtiendo deudas privadas de unos pocos en deuda pública; estableciendo privilegios fiscales, aumentando precios de combustibles y de los servicios públicos, disminuyendo salarios, despidiendo trabajadores, eliminando o reduciendo la seguridad social. Y todo ello, envuelto en la figura de un gran pacto o acuerdo nacional.
El PRIAN siempre utilizó a la oposición y en particular a la izquierda representada en el PRD para legitimar sus planes de rescate, bajo el discurso de que no había de otra, y era lo mejor que se podía hacer.
Así sucedió en 1994-1995 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Conocida como el “error de diciembre”, el país vio como en cosa de nada, el peso se devaluaba en más de un 100 por ciento, las reservas internacionales se esfumaban, producto de que altos funcionarios de Hacienda informaron a empresarios de la inminente devaluación, así que en cuestión de horas saquearon al erario, los bancos y empresas quebraron y se despidieron a cientos de miles de trabajadores.
La salida de la crisis llevó años y se recargó en las espaldas de los más pobres, bajo el eufemístico nombre de “Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica”. Fue muy simple, el gobierno de Bill Clinton prestó al gobierno de México 20 mil millones de dólares para garantizar que los acreedores (empresarios mexicanos) pudieran cubrir sus compromisos financieros. Esa deuda, evidentemente privada, se cargo a la deuda pública para pagarla entre todos.
Se trató del mismo esquema que nos aplicaron unos pocos años después, con el FOBAPROA, denunciado como el robo del siglo. En 1998 el PRIAN aprobó convertir la deuda de un puñado de banqueros en deuda pública. Llevamos 22 años pagando y se estima que por los intereses crecientes se terminará de pagar en el año 2070.
Con Felipe Calderón se tuvo otra crisis en 2008-2009. El costo de esa recesión fue nuevamente una devaluación del peso en 50 por ciento, el saqueo de 20 mil millones de dólares de las reservas internacionales por parte de “empresarios avispados”, el quiebre de cientos de empresas y el despido de más de 700 mil trabajadores. Se aumentó el IVA del 15 al 16 por ciento, y se crearon 2 nuevos impuestos, el IETU y el IDE. El Banco Mundial acudió presto al auxilio y otorgó un crédito por 205 millones de dólares al gobierno mexicano.
En enero de 2009, Calderón anunció el «Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor», con el objetivo de atenuar las consecuencias de las crisis en las empresas y en los ciudadanos. Nuevamente el costo de la crisis se recargó en la espalda de los trabajadores y el resultado fue una creciente desigualdad social y el compromiso de pagar entre todos, la deuda que solo benefició a unos cuantos.
Afirmaban:
- El Pacto por México es un acuerdo
político, económico y social para impulsar el crecimiento, construir una
sociedad de derechos, eliminar prácticas clientelares y disminuir la
pobreza y la desigualdad social.
- El Pacto por México tiene tres ejes:
Fortalecimiento del Estado mexicano, democratización de la economía y la
política, y participación ciudadana en el proceso de las políticas
públicas.
- El Pacto contiene cinco acuerdos: Sociedad de Derechos y Libertades; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática.
Mentira. Todos sabemos en lo que terminó. Una historia de saqueo, corrupción e impunidad. En todos estos casos siempre fue el mismo esquema. El eje de los acuerdos era el presidente de la república, se ponían de acuerdo los “líderes” de los partidos PRI, PAN y PRD, los empresarios consentidos a través de las cámaras, una buena batería de “jilgueros” en los medios y mucho dinero para aceitar la maquinaria.
Así se hicieron de plataformas petroleras, minas, playas, luego de realizar el saqueo como servidores públicos, terminaron en los consejos de administración de las grandes empresas que beneficiaron. Realizando no solo un acto de corrupción sino de falta de ética total. Eso es lo que la Cuarta Transformación decidió terminar.
La emergencia sanitaria del COVID viene acompañada de una severa crisis económica. La paralización de todas las actividades por tiempo prolongado ha repercutido en el empleo y en los ingresos de la mayoría de la población. El gobierno de la república ha marcado con puntualidad las directrices a seguir en los dos temas; salud y economía.
En materia de salud, se decidió que fueran los especialistas los encargados de trazar la estrategia a seguir. El 31 de marzo sesionó el Consejo de Salubridad General, ahí se presentó el “Acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional en la lucha contra el Covid-19” al que se sumaron los 30 gobernadores, la gobernadora, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Ha sido esta instancia la que ha marcado la pauta en el manejo de la pandemia y hasta ahora el objetivo principal de salvar vidas y evitar el colapso del sistema de salud va resultando.
En lo económico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de abril el Plan para la Recuperación Económica, donde por primera vez, no serán los marginados de siempre, quienes carguen con los costos de la crisis. No serán ellos los que tengan que apretarse el cinturón, como se hacía con los neoliberales.
En palabras del Presidente, “el plan de recuperación económica no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista. Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las llamadas medidas contracíclicas que solo profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos. La fórmula que estamos aplicando para remontar la crisis transitoria, repito, es la suma de tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social; empleo pleno, y honestidad y austeridad republicana.
Para financiar este plan sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos se recurrirá a utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos. También nos apoyaremos en la banca de desarrollo, pero, sobre todo, se seguirá con la misma política de liberar recursos porque continuará, incluso con mayor rigor, el Plan de Austeridad Republicana”.
En este tiempo, diversas representaciones económicas y políticas han propuesto la construcción de un gran Acuerdo Nacional para superar la crisis, al viejo estilo como se hacía antes y prácticamente con las mismas recetas.
Por ejemplo, el 2 de mayo, los partidos PAN, PRI y PRD, le pidieron al Presidente “retirar su Plan por considerarlo insuficiente y dar paso a un Acuerdo Nacional para superar la crisis de salud y económica por la que atraviesa México”. Hasta ahora el Presidente no ha hecho ningún comentario a esta propuesta.
El 6 de mayo, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su presidente Carlos Salazar Lomelí, presentó 68 recomendaciones con las cuales buscan lograr un Acuerdo Nacional para combatir la crisis generada por el coronavirus en México. Las recomendaciones, según el sector empresarial, incluyen acciones inmediatas para solventar la crisis, reabrir la economía y detonar el crecimiento en el mediano y largo plazo. El presidente las turnó a la secretaria de Economía para su conocimiento.
El 4 de abril, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar propuso firmar un acuerdo por la Unidad y Solidaridad Nacional para hacer frente al COVID-19 que contemple el endeudamiento gubernamental y el diferimiento del pago de cuotas obrero-patronales. Ambas medidas han sido rechazadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es claro que el Presidente tiene definido el proyecto a seguir. Sin él, ningún “acuerdo nacional” tiene sentido. Incluso ha reforzado su postura al plantear públicamente que vivimos tiempos de definiciones. O se está con lo que representa la Cuarta Transformación o no se está.
Su postura se resume en una frase, “Ahora ya no es la misma receta; ahora, primero es el bienestar del pueblo y después lo mismo, el bienestar del pueblo, y nunca jamás los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad. Somos optimistas”.
AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO
*Político
[La opinión es expresamente del autor y no necesariamente la de Siete24.mx]
Dejanos un comentario:
Columna Invitada
Seven: Un Incendio de Película
Reflexiones sobre la Falta de Resiliencia del Gobierno de California
Ante la reciente tragedia en California, es imposible no solidarizarnos con quienes han perdido tanto en este devastador incendio. Estos eventos nos recuerdan la fragilidad de nuestras sociedades frente a los desastres que pudieron preverse y la necesidad urgente de fortalecer nuestra resiliencia. Aunque es evidente que la falta de preparación y previsión contribuyó a agravar las consecuencias, es justo reconocer el esfuerzo titánico que las autoridades están realizando al brindar ayuda oportuna.
California ha sido escenario recurrente de desastres: incendios forestales, sequías extremas y sismos. Sin embargo, más allá de la falta de recursos, el verdadero problema se encuentra en la falta de acción y previsión por parte de su gobierno y sociedad en su conjunto. A pesar de su enorme riqueza y avances tecnológicos, el estado sigue siendo un ejemplo paradigmático de lo que ocurre cuando la indolencia, la soberbia y la negligencia sistémica se imponen sobre la resiliencia y la preparación.
- Avaricia: El Desarrollo sin Conciencia
California, el estado con la economía más grande de los Estados Unidos, ha sido víctima de su propia avaricia. La obsesión por maximizar ganancias ha llevado a una urbanización desmesurada y una sobreexplotación de los recursos naturales. El deseo de crecimiento ha eclipsado la necesidad de garantizar infraestructuras resilientes que protejan a las comunidades de los riesgos expuestos y conocidos. Mientras se destinaban miles de millones a megaproyectos tecnológicos y de infraestructura de alto impacto, se ignoraban las advertencias sobre la vulnerabilidad de ciertas zonas del estado. En lugar de invertir en la adaptación de sus infraestructuras a las realidades cambiantes del clima, se optó por la construcción incontrolada, creando más riesgos que soluciones.
- Soberbia: La Arrogancia de la Invulnerabilidad
Alimentado por su riqueza, su innovación tecnológica y su estatus de líder en sostenibilidad, llevó a un sentido falso de invulnerabilidad. Las autoridades estatales creyeron que, debido a su nivel de desarrollo, nada podría quebrantar su resiliencia frente a desastres. Sin embargo, esta arrogancia institucional resultó ser su talón de Aquiles. A pesar de la abundancia de información sobre riesgos y vulnerabilidades, las autoridades no tomaron las acciones necesarias para preparar adecuadamente a la población ni ajustar los códigos de construcción (sobre todo seguir permitiendo construcciones de madera) o desarrollo urbano ante la realidad. La realidad superó a la ficción.
- Pereza: La Negligencia ante los Riesgos Anunciados y Recurrentes
California mostró una pereza institucional alarmante. La planificación de medidas preventivas y la implementación de políticas de mitigación fueron insuficientes, incluso cuando las señales de advertencia eran claras. Los planes de contingencia fueron desestimados, los sistemas de alerta insuficientes y, lo peor de todo, la ciudadanía no fue adecuadamente educada sobre cómo reaccionar ante los riesgos.
- Gula: El Consumo Desmedido de Recursos
La gula se manifiesta en el agotamiento sin medida de los recursos naturales. California ha sido un modelo de desarrollo económico, pero también un ejemplo de consumo desmedido. La sobreexplotación de sus recursos hídricos, la urbanización descontrolada en zonas vulnerables y la eliminación de barreras naturales, como bosques y humedales, han creado un caldo de cultivo perfecto para los desastres. Este modelo de desarrollo insostenible ha contribuido de manera significativa a la fragilidad del estado frente a los desastres.
- Envidia: La Competencia por el Progreso a Cualquier Costo
En su afán por ser la región más avanzada y la más innovadora, se ha alimentado una envidia competitiva que ha llevado a decisiones a corto plazo que sacrifican la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La carrera por destacarse a nivel global ha llevado a un crecimiento urbano sin considerar la adaptabilidad de las infraestructuras a los riesgos naturales, sin preocuparse por las necesidades estructurales de las comunidades vulnerables y no por su economía, sino por sus sistemas constructivos.
- Ira: La Desconexión Social y la Desatención a las Comunidades Vulnerables
La ira institucional se ha manifestado en el desprecio por las comunidades vulnerables (y no necesariamente marginadas económicamente) y la falta de atención a las voces que alertaban sobre los riesgos. Durante años fueron ignoradas en términos de medidas preventivas y políticas de resiliencia. Mientras los grandes proyectos recibían atención, las comunidades expuestas a los mayores riesgos fueron desatendidas. Este desprecio por el equilibrio social y el mal manejo de los conflictos ha incrementado la desigualdad y el costo humano de los desastres.
- Lujuria: El Espejismo del Progreso Vacío
La lujuria por el progreso llevó a un crecimiento urbano desmesurado y a una desconexión total con las necesidades reales de las personas. En lugar de construir ciudades resilientes y sostenibles, se priorizó la expansión a toda costa, sin considerar las amenazas del entorno natural o al menos la creación de acciones que mitigaran el daño al que estaban expuestos. La obsesión por el avance rápido y el desarrollo sin límites creó un espejismo de progreso que, al final, resultó ser vacío e insostenible. Las ciudades crecieron sin pensar en los riesgos inherentes, y los habitantes, desinformados y desprotegidos, fueron los más afectados por la tragedia, esperemos los seguros dan cabal cumplimiento a las pérdidas económicas y materiales y el gobierno empiece una reconstrucción inmediata, pero no con madera.
Conclusión: La Realidad Supera la Ficción
Lo ocurrido en California es un recordatorio brutal de que, incluso en las sociedades más avanzadas, la falta de previsión y la acumulación de estos “pecados capitales” pueden conducir a una tragedia que, aunque parezca sacada de una película, es más real de lo que nos gustaría admitir. El gobierno de California y sus habitantes, ya que no todo te lo tiene que decir el gobierno, es decir, el sentido común o al menos hacer caso a tantas y tantas películas de diversos desastres que alertan a la sociedad que esos riesgos están presentes, al igual que los personajes de Seven, se encuentran atrapados en un guion preestablecido, incapaz de romper el ciclo de errores y negligencias.
En este contexto, es fundamental no solo reflexionar sobre las condiciones que llevaron a esta tragedia, sino también aprender de ellas para construir un futuro más resiliente y sostenible. Aplaudimos la solidaridad mostrada por las autoridades mexicanas y la comunidad internacional, que han respondido con prontitud y eficacia para mitigar el sufrimiento de los afectados. Estas acciones deben servir de inspiración para redoblar los esfuerzos en la planificación y prevención de riesgos, evitando que tragedias como esta se conviertan en un ciclo recurrente. La verdadera fortaleza radica en transformar el dolor en aprendizaje y el apoyo en acciones concretas hacia un cambio duradero.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
incide.guillermo@gmail.com
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Observatorios ciudadanos
En estas páginas se han propuesto, como medio de participación apartidista de la ciudadanía, crear observatorios de la acción del gobierno y de las situaciones de nuestra Sociedad.
Hay ventajas al crear observatorios. No requieren de un gran número de miembros, como lo requeriría un partido. Pueden establecerse muy rápidamente y empezar con un grupo relativamente pequeño de participantes, debidamente cualificados para lo que se está haciendo, con un costo relativamente bajo, porque no se requiere tener una estructura importante como la podrían tener algunos organismos gubernamentales.
Pueden empezar en pequeño y ser fácilmente escalables; hacerlos crecer conforme se va desarrollando el tema. Y también establecerlos por área. Por poner un ejemplo: un observatorio de la situación económica, podría empezar con un observatorio de los precios del aguacate. Algo relativamente fácil de llevar a cabo con un grupo relativamente limitado de personas. Después, irlo escalando conforme se va aumentando el número de participantes, llevarlo a otras áreas donde se puede hacer la misma observación sin un costo sustancialmente mayor. Por ejemplo, el precio de los limones.
Hay que considerar que los observatorios reflejan la opinión pública. Aquí habría que hacer una distinción. Estamos hablando de auténtica opinión pública. Hoy en día se habla de que los medios, los periódicos, las cadenas de televisión, son opinión pública. La realidad es que no siempre la reflejan, Y por ello se habla que no es información pública, sino la información publicada. Que es algo muy diferente. Esta es fácilmente manipulable y, de hecho, puede responder a las ideas o a intereses de quienes publican.
Mientras que, en un observatorio ciudadano, tenemos una opinión pública que es más difícil de manipular. Aunque también hay que considerar que, si la oposición puede crear este tipo de observatorios, también el gobierno puede crear los suyos y salir con el argumento de que “tienen otros datos”.
Habría que definir el alcance de estos observatorios. Y tener una idea de que es necesario validar tanto el contenido, como su independencia. Lo que uno esperaría es que fuera el propio público el que validara lo que se está publicando. Y hay que generar también un esquema para ello.
Ya se han comentado aquí algunos temas de observación. Sin pretender ser exhaustivo, estas son otras posibilidades:
• Mortalidad y morbilidad de diferentes padecimientos. Entendiendo la morbilidad como la frecuencia con la que ocurre un padecimiento en la población, y la mortalidad por la posibilidad de morir, una vez que uno adquiere la enfermedad.
• Abasto de medicamentos, tanto al sector público como al privado. Que tan frecuentemente se encuentra escasez de determinados medicamentos, como ocurrió durante la pandemia, en la que fue muy visible una reducción importante de los medicamentos y de la atención para los niños con cáncer.
• Retrasos en las citas, para poder acceder a los servicios de salud de segundo o de tercer nivel.
• Cómo cambia la esperanza de vida. Conocer las opiniones sobre las razones por las cuales esto ocurre y medir la cantidad de enfermedades prevenibles que se están dando.
• Educación, tanto pública como privada. ¿Qué tan disponible está para el público en general, así como la calidad de la enseñanza que el alumnado recibe?
• La empleabilidad de los egresados de los distintos niveles, visto desde el ángulo de los empleadores, cuál es la necesidad de cursos remediales, para poner en condiciones de llevar a cabo un empleo en los que están siendo contratados.
• Remuneración, tanto de los docentes como de los egresados.
• Derechos humanos: ¿cuántos hechos denunciados han requerido de llevar a cabo protestas o manifestaciones para lograr ser atendidos por los funcionarios públicos que tienen la obligación de resolverlos? ¿Qué tanto las recomendaciones de derechos humanos, pueden hacerse obligatorias para el gobernante?
Lo importante es tener conciencia de asuntos que requieren de una observación del ciudadano, para poder validar la acción del gobernante. Es de esperar que los gobiernos no acepten este tipo de vigilancia, porque están buscando la gobernabilidad y, para la clase política, esta procede de que no los cuestionen. De manera que es muy difícil lograr que un gobierno pueda hacer este tipo de observación de modo imparcial. La validación de los observatorios ciudadanos, entonces, debería darse por la propia ciudadanía.
Siempre habrá discrepancias con los gobiernos cuando se establezcan observatorios. Ahí está precisamente la demostración de que son necesarios. Y nos urge tener, verdaderamente, otro tipo de información que la que el gobierno nos permite conocer.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Felipe Monroy
Renuncias y sucesiones episcopales
El 2025 será un año intenso para los obispos mexicanos
Este 2025 será un año intenso para los obispos de México. En primer lugar estarán sumergidos en las actividades que implican el Año Jubilar Ordinario; también estarán adecuando acentos pastorales para dar seguimiento al Proyecto Global de Pastoral 2031+2033; y, finalmente, entrarán en un periodo reflexivo respecto a los grandes temas que supone el recambio generacional episcopal que definirá los perfiles del futuro de la Iglesia mexicana.
Sobre el Jubileo 2025. A pesar de centrarse en la peregrinación de católicos a Roma, los obispos locales también han tenido oportunidad de que las puertas del perdón sean abiertas en sus catedrales diocesanas, más cercanas a los fieles, para que estos alcancen las indulgencias que ofrece la Iglesia cada cuarto de siglo. Sólo eso requiere proyectos de formación, catequesis y celebración para compartir a los creyentes la importancia de este momento jubilar.
Respecto a los acentos pastorales; se sabe que el cambio en la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dará seguimiento al proyecto pastoral aprobado por el pleno hace casi una década; sin embargo, también es claro que habrá ajustes en algunas prioridades. Al final del XXV Encuentro de Vicarios de Pastoral se puso enfoque en la sinodalidad y la misión profética de la Iglesia mexicana, lo cual anticipa análisis sobre el estilo de gobierno y operación al interior de las instituciones religiosas, al mismo tiempo de reforzar el ‘anuncio y la denuncia’ evangélica en medio de la realidad social.
Sin embargo, uno de los temas más acuciantes para el futuro de la Iglesia mexicana pasa por el recambio generacional de los perfiles episcopales. De hecho ha sido simbólico y muy significativo que, sólo arrancando el 2025, el cardenal arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, haya cumplido la edad canónica de retiro y que, por lo tanto, ha debido enviar su carta de renuncia al papa Francisco. Por supuesto, este es un procedimiento ordinario al que deben someterse todos los clérigos para poner a consideración de su superior el destino de su servicio y labor. No obstante, el acto en sí es simbólico porque obliga a imaginar los liderazgos eclesiales del segundo tercio del siglo.
Tras cumplir los 75 años de edad, el cardenal Aguiar entra por tanto en esa ‘sala de espera’ en la que la Santa Sede valora si el nombramiento de su sucesor es apremiante o no. Se suma a media docena de obispos y un cardenal que ya presentaron su renuncia al papa Francisco y que también aguardan el momento de su aceptación y el potencial nombramiento de su sucesor.
Los obispos que superan la edad canónica de retiro estos momentos son: el obispo de Xochimilco, Andrés Vargas Peña; el obispo de Tepic, Luis Artemio Flores Calzada; el obispo de Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas; el obispo de Zamora, Javier Navarro Rodríguez; y el propio cardenal arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. Por ello, el cardenal Aguiar declaró que espera que el pontífice argentino le conceda por lo menos la misma extensión de tiempo en el gobierno como lo ha aplicado con otros obispos del país.
Pero el 2025 apenas comienza, antes de la asamblea plenaria de obispos del próximo otoño, ya habrán presentado su renuncia otros siete pastores, incluidos tres arzobispos metropolitanos (Puebla, Víctor Sánchez Espinoza; Antequera-Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos; y Acapulco, Leopoldo González González); y en enero del 2026, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos; y el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López.
Por si fuera poco, hasta ahora el papa Francisco no ha designado pastores para la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y las diócesis de Ecatepec, Nuevo Casas Grandes, Nuevo Laredo, Nogales, Tapachula y El Nayar.
Se trata, por tanto, de ocho de diecinueve grandes circunscripciones eclesiásticas de referencia e importancia simbólica que analizan los perfiles de los obispos en funciones (que tengan alrededor de una década de experiencia episcopal) para ser elevados a arzobispos metropolitanos; y de casi una veintena de diócesis para las que la Nunciatura apostólica, la Santa Sede y México también estarán valorando perfiles de sacerdotes u obispos auxiliares para tomar las riendas no sólo de su porción de fieles sino de los grandes proyectos que están en desarrollo en la Iglesia mexicana rumbo a la celebración de los 500 años del Acontecimiento Guadalupano: vocaciones y ministerios, transmisión de la fe, cambio cultural, sinodalidad y reestructuración integral, construcción de paz, promoción de la dignidad humana y pastoral social.
Para el recambio generacional, los obispos de la ‘Era Francisco’ (casi todos auxiliares aún) ya han manifestado su papel e importancia para el futuro de la Iglesia mexicana; de entre ellos no sólo saldrán los obispos que dirigirán las diócesis después de que los obispos creados por Juan Pablo II y Benedicto XVI lleguen al retiro; también emergerán los nuevos referentes teológico-pastorales para una Iglesia que se aproxima a los 2000 años de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe
Columna Invitada
CASO 992: Las novias justicieras que trascienden ideologías
Por Alejandra Yáñez Rubio
El 31 de octubre de 2024, el periódico del Vaticano denominado “L´Osservatore Romano” reconoció el arduo trabajo de CASO 992 a favor de las madres abandonadas víctimas de violencia. En un artículo escrito por Marta Rodríguez, se busca incentivar el estudio y el abordaje del tema de la violencia contra las mujeres por parte de universidades y organizaciones católicas, ya que, ante la ausencia de una perspectiva cristiana en la materia, se carece de diagnósticos y propuestas más completas y humanistas para resolver este grave problema. El artículo pone como ejemplo a este colectivo, el cual “lucha por un cambio en el marco jurídico nacional sobre este tema” bajo una perspectiva claramente humanista.
Uno de los pasos necesarios para lograr incidir con propuestas eficientes ante una problemática social, es el análisis del mismo. El tema de la violencia contra las mujeres ha sido tema recurrente en la izquierda, pero en los grupos de derecha no se ha abordado con la misma frecuencia. Incluso platicando con integrantes de grupos religiosos, el tema es evadido en ocasiones, ya que se cree que este es un tema que ha sido secuestrado por los grupos feministas, y no quieren ser etiquetados como tales. Sin embargo, el problema de la violencia contra las niñas/mujeres existe y es constante a lo largo y ancho de nuestro país.
Por esta razón, me congratulo de la existencia de un colectivo como CASO 992. Su fundadora es una gran abogada constitucionalista, con especialidad en derecho electoral, que ha hecho muchísimo trabajo a favor de la vida y la familia. Ingrid es mujer, madre y abogada, pero también es una férrea defensora del derecho a vivir en toda etapa de desarrollo, promotora de la familia y las libertades, además de encabezar otras causas importantes: la denuncia de la explotación reproductiva a través de los vientres subrogados y la violencia vicaria (forma de violencia por interpósita persona, por la que un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre).
A pesar de ser una mujer preparada y con conocimientos amplios en muchísimos temas, ella misma ha sido víctima de violencia por parte de su exesposo. Por esta razón fundó CASO 992, el cual es un colectivo que busca ayudar a las mujeres abandonadas, y a sus hijos, a través de propuestas de reformas legales y litigios estratégicos, para lograr un marco normativo que facilite a las madres e hijos abandonados exigir una pensión alimenticia. CASO 992 está integrado por mujeres y hombres que queremos apoyar esta noble causa. Hay madres abandonadas, hijos abandonados, de todo un poco. Cuando un padre abandona a una madre, condena a sus hijos a una DOBLE ORFANDAD, ya que la madre debe conseguir hasta dos trabajos para poder salir adelante.
Por esta razón, como integrante de una comunidad conservadora y religiosa, te pido encarecidamente hablemos de los problemas comunes a toda la sociedad. La violencia contra las mujeres existe, y debemos contribuir con análisis y propuestas, para romper barreras ideológicas y lograr construir soluciones verdaderas.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
-
CDMXhace 3 días
“QRishing”: La nueva estafa cibernética que afecta a clientes de restaurantes en CDMX
-
CDMXhace 1 día
Transportistas modifican movilizaciones de este viernes
-
Méxicohace 2 días
Robo de camiones dispara costos y limita aseguradoras en México
-
Columna Invitadahace 2 días
Seven: Un Incendio de Película