México
Que lo den por “muerto” pidió Nieto Castillo
CONTEXTO
Que lo den por “muerto” pidió Nieto Castillo, quien ganó, con su cese, la contienda.
El inesperado cese de Santiago Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por parte del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán -, y el conflicto desatado en el Senado de la República, entre la oposición y el PRI y su aliado el PVEM, dejaron una pista delictiva imborrable:
Se confirmó lo que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, les dijo a los senadores y es el hecho de que la investigación sobre Odebrecht ya estaba concluida y que pronto vendrían las imputaciones penales. Quizá esa fue la verdadera razón por la que renunció días después. Desde Brasil, vinieron graves imputaciones y señalan como principal implicado en la investigación sobre presunta triangulación ilegal de fondos de la empresa Odebrecht a la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto, al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Las versiones sostienen que Lozoya desvió 10.5 millones de dólares de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012.
Pero la decisión de Santiago Nieto Castillo, de no seguir con su proceso de reinstalación en el Senado de la República, lo hace triunfador en esta contienda, pues todo lo que hicieron los senadores del PRI y del PVEM para que no fuera restituido en el cargo, muestra el interés de Peña Nieto de tratar de ocultar todo acto de corrupción que lo involucre.
La salida de Santiago Nieto pone todo en entredicho. Su decisión, irónicamente, le quita tremenda presión y dolor de cabeza a Emilio Gamboa Patrón, jefe de la bancada del PRI en el Senado, quien espera que ahora que Nieto Castillo ya se retiró, con ello le hace un favor a Emilio Lozoya, quien tiene demandado a Nieto.
Pero este caso, no sólo ha generado una crisis política, sino que, sin embargo, ha puesto en el ojo del huracán a una de las instituciones claves para sancionar la trasparencia y equidad en la elección federal del año próximo. No obstante, la discusión mediática generada, no debe fincarse en las facultades que la PGR tiene para determinar el cese de uno de sus funcionarios.
Son muchas voces de adentro y afuera del gobierno federal que aseguran que la salida de Nieto Castillo fue el método para torcer la ley y encubrir al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, durante la elección presidencial de 2012.
El despacho del dos veces ex subprocurador general del país, Javier Coello Trejo, debe estar de plácemes, porque la salida Nieto Castillo será para ellos, no sólo un triunfo enormemente económico, sino que le permitirá asumir su defensa para que se le declare inocente.
De hecho, Javier Coello Zuarth, hijo del exfiscal de hierro, sostuvo que el exfiscal violó principios rectores del sistema penal, como la presunción de inocencia y derecho a la intimidad y privacidad e infringió disposiciones legales, desacató una orden judicial y violó los derechos humanos de su cliente.
Alejandra Barrales, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que este caso es una demostración del por qué “tenemos que sacar al PRI de Los Pinos y cambiar el régimen político, mientras que el panista Ricardo Anaya, manifestó que la remoción de Nieto Castillo resulta “contraria al interés nacional de contar con una procuración de justicia imparcial y objetiva. Es inaceptable que esta destitución se produzca en medio de la profunda investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, durante la campaña presidencial de 2012. Además, esta decisión de la Procuraduría General de la República enrarece el ambiente de cara a la elección presidencial del próximo año, ya que da la impresión de que se pretende tener un titular de la Fepade a modo”.
En los hechos, Santiago Nieto aventó la toalla antes de que llegara el último round, pero ya había ganado la pelea por descalificación.
¿Fue una decisión personal? ¿Hubo negociaciones de alto nivel? ¿Acoso? ¿Amenazas como afirma la oposición? Son preguntas que todavía no tienen respuestas.
Por otra parte, la investigación del fraude del PT con recursos públicos se amplía cada día más y está involucrando a nuevos actores. Además de la esposa de Alberto Anaya, el líder histórico, María Guadalupe Rodríguez Martínez y del dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, la investigación ya ha alcanzado a otros funcionarios del partido y de la organización Tierra y Libertad.
La investigación no es compleja porque en este esquema de lavado de dinero y con absoluta impunidad, los petistas ni siquiera ocultaron demasiado sus huellas. El gobierno de Nuevo León inexplicablemente destinó 100 millones de pesos para unos centros de desarrollo infantil manejados por Tierra y Libertad y el PT. Los depositó directamente en la cuenta personal de la esposa de Alberto Anaya. Ella tomó de ahí 62 millones y los colocó en su cuenta de inversión. El resto lo fue canalizando en distintas partidas hacia Héctor Quiroz en Aguascalientes. Por supuesto que a los Centros de Desarrollo Infantil, no llegó ni un centavo.
Todo se distribuyó en cuentas personales de dirigentes del PT.
El gobierno de Nuevo León es investigado porque es ilegal depositar recursos públicos, en las cuentas personales de alguien, en este caso de la esposa de Anaya. Muchos creen que fue el pago del respaldo legislativo local del PT a El Bronco. López Obrador y el propio Alberto Anaya se han apresurado a decir que son perseguidos porque el PT apoyó a Morena en el Estado de México. En realidad, son perseguidos porque son una bola de ladrones.
ebv
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Monterrey.— Integrantes de grupos juveniles de la Arquidiócesis de Monterrey se reunieron en un evento en San Pedro Garza García, donde tuvieron la oportunidad de reflexionar y dialogar con sacerdotes, así como de interactuar con Mons. Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
El fin de semana pasado, el colegio Irlandés en San Pedro Garza García fue el escenario de un significativo encuentro para los jóvenes de la Arquidiócesis de Monterrey. En este evento, organizado por la Pastoral Juvenil, se congregaron integrantes de grupos parroquiales, movimientos, ministerios y pastorales juveniles.
Durante el evento, los jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en reflexiones, meditaciones y momentos de oración guiados por diversos sacerdotes expositores, entre ellos el padre David Jasso, el padre Julio Muñoz, el padre Rorro y el padre Borre.
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Más de 4 mil jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar y dialogar con Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey. Durante esta sesión de preguntas y respuestas, los jóvenes abordaron temas como el amor a Dios, el crecimiento espiritual, el perdón, la felicidad y el noviazgo, entre otros.
El evento, que celebra 20 años de tradición, tiene como objetivo principal proporcionar un espacio para que los jóvenes expresen sus inquietudes y reciban orientación en temas relevantes para la sociedad actual.
Mons. Rogelio Cabrera animó a los jóvenes a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios, fomentando una actitud de perdón y servicio que pueda servir como ejemplo en la sociedad.
Este encuentro refleja el compromiso de la Iglesia con la juventud, ofreciendo espacios de reflexión y diálogo para su crecimiento espiritual y desarrollo personal.
ebv
Ciudad de México.— Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) llevaron a cabo una protesta en el Senado de la República, colocando una manta con una imagen que ha generado debate.
La manta reproducía una publicación reciente del partido Morena en sus redes sociales, donde se mostraba una playera con la inscripción: “Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador”, junto a la figura de la Santa Muerte.
Durante la protesta, la senadora del PAN, Lilly Téllez, fue fotografiada sosteniendo un rosario en la mano como signo de protesta y rechazo hacia la imagen promovida por Morena.
FALTA DE RESPETO
En el pleno del Senado, Téllez recordó las declaraciones del presidente López Obrador, quien defendió la Santa Muerte como una figura benigna.
“El presidente López Obrador defendió lo que adoran los asesinos, porque en la conferencia mañanera el presidente dijo que la santa muerte es santa, pero en realidad es diabólica”, dijo.
La senadora exigió respeto al estado laico y criticó la enaltecimiento de símbolos que considera diabólicos.
Por ello señalo que es una falta de respeto hacia los cristianos y una muestra de desprecio hacia la fe.
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Asimismo, la senadora instó a López Obrador a justificar su apoyo a la Santa Muerte, alegando que es un símbolo asociado con el mal y la muerte.
También pidió a los candidatos de Morena que dejen de hablar de temas relacionados con Satanás.
Finalmente, Téllez expresó su preocupación por la convocatoria de candidata a diputada local por Morena en Guaymas, Sonora María de Jesús Delgado Grajeola, a unirse a Satanás para derrotar a la oposición.
COINCIDE CON OBISPOS
Josefina Vázquez Mota exhibió en el pleno el video de los obispos de México donde externaron su preocupación por el aumento en la implementación de la cultura de la muerte y violencia a través de la narco cultura y a los cultos disociados como el de la Santa muerte.
Vázquez Mota defendió el estado laico y como muchas otras voces de otras religiones, coincidió que la propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales y erosionando el tejido social.
“No a la apología de la muerte”, enfatizó.
MORENA ENALTECEN A LA SANTA MUERTE
Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso dijo que mientras México sufre de violencia, en Morena enaltecen a la Santa Muerte.
“Como senadora y como católica les digo que es una falta de respeto (…) mi pacto sí es con Dios y al que le pido que salve a México al que le pido por la vida, por la verdad y por la libertad”, señaló.
FE Y RAZÓN SON COMPLEMENTO
Senador José Alfredo Botello Montes se refirió a la importancia de la defensa del Estado laico, dijo que la fe y la razón son complemento.
“No creo en la Santa Muerte como la mayoría del pueblo de México. Yo creo en Dios y creo en la Virgen de Guadalupe y No únicamente por politiquería”.
ebv
Ciudad de México.— Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reiteró la preocupación de los obispos de México respecto a la creciente influencia de la narcocultura en la sociedad.
Destacó que existe un signo preocupante que intenta afianzar esta cultura, haciendo hincapié en la utilización de la figura de la Santa Muerte por parte del narcotráfico.
El también obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro explicó que la Santa Muerte no constituye una entidad religiosa por sí misma, sino más bien un elemento que ha sido adoptado por el narcotráfico como intermediario para llevar a cabo sus acciones delictivas.
Esta tendencia, según el obispo, contribuye a fortalecer una narcocultura, caracterizada por el uso de símbolos particulares que se arraigan cada vez más en la sociedad mexicana.
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IMAGEN DE LA SANTA MUERTE EN APOYO AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR
La Iglesia católica expresó su preocupación por lo que denominó “cultos distorsionados”, especialmente en referencia a la figura de la Santa Muerte.
Esta preocupación surgió tras la viralización en redes sociales de una camiseta con la imagen de la Santa Muerte en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los videos virales mostraba a Jenaro Villamil, titular del Sistema Nacional de Radiodifusión del Estado Mexicano, luciendo la controvertida camiseta. Ante esto, Monseñor Ramón Castro instó a reflexionar sobre quién y dónde se elaboraron estos objetos, señalando que una persona como figura con influencia en las autoridades (sin mencionar a Jenaro Villamil) al utilizar esos objetos da a entender muchas cosas.
“Eso preocupa porque no es cualquier cosa que debe pasar desapercibida”, dijo.
ADVERTENCIA SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE ALTARES CON IMÁGENES DE LA SANTA MUERTE
En relación a la proliferación de altares con imágenes de la Santa Muerte, el secretario de la CEM consideró que esto es resultado de una subcultura que gana terreno en la sociedad mexicana.
No obstante, enfatizó en la necesidad de advertir que este fenómeno proviene del mal y no debe ser visto como una expresión legítima de espiritualidad.
NECESIDAD DE UNA MAYOR FORMACIÓN CATÓLICA
Por último, Monseñor Ramón Castro reconoció la falta de evangelización y formación dentro de la comunidad católica.
En este sentido, destacó la importancia de implementar proyectos pastorales que contribuyan a una formación más sólida de los católicos, como un medio para contrarrestar la influencia de la narcocultura y los cultos distorsionados.
ebv
México
Senadores de Morena “descubren” ambigüedades en dictamen de terapias de conversión, revela activista
Ciudad de México.— Esta semana las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron el proyecto de decreto para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).
En ese sentido, la activista Alejandra Yánez Rubio señaló la importancia de esta discusión, resaltando la necesidad de abordar de manera efectiva el tema de las “terapias de conversión”.
A través de redes sociales, Yánez Rubio dio a conocer que logró establecer contacto con el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a quien proporcionó información detallada respaldada por sólidos argumentos, con el apoyo del director de ConParticipación, Marcial Padilla.
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Coincidentemente, tras recibir y analizar la información, el senador de Morena representante del estado de Chihuahua, Espino de la Peña, adelantó que presentará una reserva en el Pleno para modificar la redacción en la tipificación del delito, argumentando que esta presentaba ambigüedades que podrían llevar a una aplicación injusta de la ley.
“Creo que éste se puede mejorar bastante, pues se puede criminalizar a ciertos actores por la forma en la que está redactado el tipo penal”, acotó.
A su vez, el también senador de Morena, Reyes Flores Hurtado, de Coahuila, expresó su preocupación por la ambigüedad extrema en la redacción del tipo penal propuesto, advirtiendo sobre posibles implicaciones para la patria potestad de los padres de familia.
Sin embargo, la activista, señaló que las senadoras morenistas Patricia Mercado, Citlalli Hernández y Olga Sánchez Cordero, promotoras de la iniciativa, rechazaron cualquier intento de modificación, proponiendo que la iniciativa se aprobara sin cambios.
En comisiones, la iniciativa de reforma recibió el respaldo de 13 senadores, mientras que 9 de ellos apoyaron la reserva propuesta por el senador Espino. Esto implica que tanto la propuesta original como la reserva serán sometidas a votación en el pleno del Senado.
La activista Alejandra Yánez denunció que la senadora Patricia Mercado amenazó con hacer todo lo necesario para evitar que la reserva fuera votada en pleno, lo que refleja la determinación del grupo promotor de la iniciativa en su afán por mantener la propuesta original.
INICIATIVA
La propuesta establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
El proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, indica que se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez, puntualiza el documento.
Cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
Además, bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere, establece el proyecto de decreto.
ebv
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