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Análisis y Opinión

Luces y sombras en el futuro minero

Ricardo Homs

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La minería ha sido una importantísima actividad económica para México desde la colonia, cuando se descubrieron los grandes yacimientos de oro y plata en nuestro territorio, pues han sido los metales más preciados alrededor del mundo desde que la humanidad empezó a vivir en sociedad.
A su vez México se ha considerado el productor de plata más importante del planeta.

Sin embargo, la industria minera ha generado grandes escándalos en los últimos tiempos: primeramente por las condiciones inseguras para La minería ha sido una importantísima actividad económica para México desde la colonia, cuando se descubrieron los grandes yacimientos de oro y plata en nuestro territorio, pues han sido los metales más preciados alrededor del mundo desde que la humanidad empezó a vivir en sociedad.

A su vez México se ha considerado el productor de plata más importante del planeta.trabajadores, lo cual ha generado accidentes como el derrumbe en Pasta de Conchos, ocurrido en 2006, con 65 trabajadores fallecidos, pero también, porque se ha descubierto que es una actividad que conlleva riesgos para la salud de los trabajadores, lo cual incide en una vida corta y limitada por la incapacidad física a temprana edad, provocada por enfermedades derivadas de la aspiración de gases tóxicos y polvo, lo cual daña las vías respiratorias y la toxicidad genera algunas variedades de cáncer.

Además de todo esto, en México se ha vivido un contexto sindical complicado en la industria minera, por el control que ha ejercido la familia Gómez desde 1961 cuando se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, bajo el liderazgo de Napoleón Gómez Sada.

Este se convirtió en líder vitalicio del mismo hasta su muerte en 2001 y fue sustituido por su hijo Napoleón Gómez Urrutia, quien desde 2002 y hasta hoy, sigue siendo su dirigente, aún sin haber sido minero nunca, pues es licenciado en economía por la UNAM y posee estudios de posgrado en la Universidad de Oxford.

Pese a tener un proceso judicial en contra por la demanda de los trabajadores mineros que le acusan de malversación de 55 millones de dólares, ha contado con la protección del actual gobierno y del partido MORENA, quien le dio una senaduría plurinominal que le ha garantizado inmunidad.

En abril del 2021 la Junta Especial Número Diez de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó al sindicato minero y al propio Gómez Urrutia, -como obligado solidario-, reintegrar a los trabajadores mineros los 55 millones de dólares que debían haberse repartido con anterioridad y que estos reclaman desde entonces. Sin embargo, el senador y el sindicato se niegan a realizar el pago.

La presencia internacional de Napoleón Gómez Urrutia ante las centrales obreras del exterior le ha representado la protección que le permitió regresar a México y convertirse en un activo estratégico para el presente gobierno.

Mientras tuvo abierto un expediente judicial por dicho reclamo se refugió en Canadá, donde obtuvo la nacionalidad de ese país y desde donde tuvo acceso a múltiples alianzas con sindicatos internacionales.

Gómez Urrutia es representante de México ante la Confederación Sindical Internacional (SCI), organismo al que ha presidido.

Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, mantiene una alianza con gran número de sindicatos extranjeros como son el United Steel Workers (USW), UNITE, así como el denominado Industrial All, entre otros.

Este contexto, donde el poder político respalda los intereses sindicales, define los riesgos futuros para el sindicalismo minero y metalúrgico de nuestro país, primeramente, así como para el resto de los sindicatos de otras industrias.

México tiene un importante potencial y los sindicatos extranjeros ven con interés la oportunidad de tomar la representación laboral de nuestros trabajadores, arrebatando a los organismos nacionales que actualmente los representan, los contratos colectivos.

Evidentemente el actor fundamental de la recomposición del entorno sindical de nuestro país es actualmente y lo será en el futuro, Napoleón Gómez Urrutia, apoyado por el Sindicato Minero y Metalúrgico, el cual a través de sus relaciones internacionales y su influencia en el gobierno federal, podrá convertirse en el enlace que permita la entrada a México de las organizaciones sindicales hasta hoy radicadas en el extranjero.

Dejar en manos de una persona de tanto poder político como el senador Gómez Urrutia, -así como del sindicato minero y metalúrgico que él preside-, el futuro del sindicalismo mexicano representa el riesgo de la pérdida de nuestra soberanía laboral si no se protege esta representación para que sólo pueda seguir siendo realizada por mexicanos.

Los nexos y compromisos que han sido construidos por el senador Gómez Urrutia con centrales obreras extranjeras representan un riesgo latente de intervencionismo del exterior sobre nuestra mano de obra y por derivación, sobre nuestra economía.

¿A usted qué le parece?

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Análisis y Opinión

Equivalentes funcionales, ambigüedad y libertad de expresión

Felipe Monroy

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Ha provocado cierto revuelo la solicitud de sanción que ha pedido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) contra cuatro de cinco ministros de culto acusados de violar la ley durante el pasado proceso electoral federal. Los magistrados explicaron que dos cardenales y dos sacerdotes católicos cometieron delitos electorales por violar los principios de separación Iglesia-Estado al expresar sus opiniones durante las campañas políticas del 2021; también resolvieron que al tercer obispo acusado se le levantara el señalamiento gracias a que el discurso de éste fue básicamente “ambiguo”.

El asunto obliga a varias reflexiones, pero comencemos por el principio. El marco legal mexicano sí especifica que se debe sancionar a las asociaciones religiosas y a los ministros de culto cuando estos participan directamente en actos políticos. Los artículos 14 y el 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público expresan la prohibición y las infracciones que ameritan los ministros de culto al “asociarse con fines políticos” o por “realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política”.

Ahora bien, aunque el TEPJF pidió sancionar a los religiosos bajo este principio, los propios magistrados reconocieron que ninguno de los acusados transgredió literalmente esta ley sino que sus opiniones pueden ser calificadas como “equivalentes funcionales” (sic) a lo que la ley prohíbe.

En segundo lugar, el TEPJF ha eximido a uno de estos acusados bajo este escalofriante argumento: “Sus expresiones son ambiguas […] y ante esa ambigüedad se propone privilegiar la libertad de expresión”. La reflexión es peligrosa porque parece condicionar el derecho de libertad de expresión a las cualidades o a la calidad del discurso.

Es decir, la sanción solicitada contra los ministros de culto está basada en la percepción que los magistrados intuyeron de los discursos emitidos por aquellos y no por los discursos en sí ni por los hechos concretos. ¿Podría ser justa una sentencia que no juzga un delito sino que atribuye a actos no delictivos cierta ‘equivalencia funcional’ ilícita no probada? ¿Es válido que una autoridad limite el derecho humano a la libertad de expresión dependiendo de la calidad gramatical o argumentativa del discurso vertido?

Es claro que la la ley mexicana vigente limita a las iglesias y a sus pastores en varios derechos humanos y ciudadanos (incluidos los de expresión y políticos); también es evidente que estas leyes son herencia centenaria de un conflicto sangriento entre la primacía del Estado y los derechos religiosos sobre los que se construyeron no pocas instituciones nacionales. No sólo para los ideólogos de un laicismo acérrimo es imprescindible la frontera entre el Estado y la pluralidad de las diversas iglesias presentes en México; muchos ministros de culto están conscientes de las muchas ventajas y bondades de estos límites. Pero no se puede confundir esta distancia formal con una tensión irreconciliable o con la perpetuación de una desconfianza mutua.

Hay que reconocer que, en estos años, ha habido casos específicos en los que con absoluta claridad algunos ministros de culto (no sólo católicos) utilizan su investidura y prelación para literalmente ‘hacer campaña’ a favor de ciertos candidatos o miembros de sus particulares congregaciones y en contra de personajes o grupos políticos presuntamente adversos.

Este fenómeno, que ocurre con más frecuencia en comunidades evangélicas más pequeñas y horizontales, suele provocar más escándalo cuando un líder católico expresa su preferencia o rechazo a candidatos o fuerzas políticas concretas.

Valdría la pena hacer estudios concretos sobre estos casos pues, parece que la ciudadanía continúa ejerciendo sus derechos ciudadanos con plena libertad y sin tomar con sustancial relevancia la instrucción política de sus líderes religiosos o pastores. Es decir, cabe la posibilidad de que la ciudadanía haya alcanzado cierta madurez democrática en el ejercicio de sus derechos electorales; por lo que ni las presiones ni las recomendaciones de otros órdenes de influencia (partidos, gobiernos, iglesias, sindicatos, medios, etcétera) influye determinantemente en la toma de decisiones del ciudadano.

En todo caso, no hay que confundir este alboroto con un tema de libertad religiosa; es un conflicto llano de libertad de expresión. Es sumamente riesgoso que una instancia política o un gobierno sancione (siquiera con una amonestación) a ciudadanos por expresiones que no son ilícitas pero que arbitrariamente se califiquen como ‘equivalencias funcionales’; también es inquietante que la libertad de expresión sea sólo garantizada tras la validación de las cualidades del discurso. Esto nos debe inquietar a todos; ya lo dijo Benjamin Franklin: “Quien quiera derrocar la libertad de una nación, debe comenzar subyugando la libertad de expresión”.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

El derecho de nacer

Columna Invitada

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Conforme pasan los años las marchas a favor de la vida se vuelven más frecuentes, numerosas y organizadas. Basta recordar que en nuestro México marcharon hace apenas 4 meses más de un millón de personas en las principales ciudades del País, destacando Guadalajara y la CDMX, donde se reunieron más de 600 mil personas a favor de la mujer y la Vida.

El origen de estas marchas está ligado a la despenalización del aborto, que tras millonarias campañas de manipulación y propaganda se ha logrado en procesos turbios en algunos países del globo.

De los 193 países que hay en el mundo en 67, se han despenalizado el aborto, en el resto de los países, es un delito. Algunos países como Reino Unido o México tienen lo que se conoce como una despenalización parcial porque solo en algunas zonas o territorios no es penalizado.

La práctica del aborto no es nueva, fueron la Rusia de Stalin en 1920 y la Alemania Nazi los primeros países del mundo en legalizarlo. En América Latina el primer país que lo hizo fue la isla de Cuba en el año 1965.

Estados Unidos ha sido pionera en las marchas a favor de la vida, justo el pasado viernes 21 salieron a las calles como lo hacen desde hace 48 años, cientos de miles de norteamericanos pidiendo poner fin a la práctica del aborto en el mundo.

La primera marcha en usa, el 22 de enero del año 1974, fue pidiendo a la Corte la revocación del caso Roe Vs Wade, sentencia que con el paso del tiempo se empieza a ver como un fraude plagado de mentiras y engaños a los entonces ministros.

La historia fue la siguiente: una mujer joven llamada Norma Mc Corvey, usando el nombre de Jane Roe, víctima de su adicción al alcohol y la droga, fue manipulada por un par de abogadas que la llevaron a plantear el caso ante la Suprema Corte de Justicia porque el fiscal de Dallas, de apellido Wade, no le permitía abortar dado que las leyes de Texas lo tenían prohibido. Manipulando información los grupos proaborto lograron su objetivo.

Sin embargo, con el paso del tiempo las cosas se empezaron a acomodar y en 1994, McCorvey publicó su autobiografía, I Am Roe su arrepentimiento sobre su participación en el caso Roe Vs. Wade, a lo que llamó “el mayor error de su vida”, llegando a afirmar incluso, “dedico mi vida a deshacer una ley que lleva mi nombre”.

Quienes marchan cada año por la vida en diversos países – Australia, Canadá, Chile, Francia, Irlanda, Israel, Sudáfrica, solo por citar algunos- están optimistas y piensan que habrá un retroceso en las leyes que despenalizan el aborto porque con el paso del tiempo va quedando de manifiesto que se dieron en un entorno turbio y mentiroso, como se dio en el caso Roe V. Wade.

Hay quienes afirman que la millonaria campaña internacional para promover el aborto en el mundo entrará pronto en punto muerto porque la gente es cada vez es menos manipulable y tiene los ojos más abiertos. Es una batalla cultural y espiritual que, como suele suceder en la historia ganan siempre quienes se colocan del lado de la verdad y no hay nada más verdadero que la vida.

Prueba de ello es la creación del Día internacional del Niño por Nacer, que se celebra ya en muchos países del mundo, cada 25 de marzo y que busca conmemorar, promover y defender la vida humana desde la concepción en el vientre de la madre.

@pablomieryteran

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