En Sonora, hablar de seguridad pública es adentrarse en un ecosistema de factores interconectados, donde cada acción y cada decisión impactan profundamente la vida de la comunidad. La seguridad no se define solo por la presencia de cuerpos policiales o medidas de fuerza; se encuentra enraizada en un entramado social que se ve afectado por la falta de oportunidades, el rezago en infraestructura y una ubicación geográfica compleja que amplifica los desafíos. Estos elementos crean un entorno de tensiones y carencias que no pueden resolverse únicamente con enfoques de control, sino que exigen soluciones que profundicen en las causas sociales, fomenten valores esenciales y fortalezcan la economía desde el individuo hacia la comunidad.

La resiliencia comunitaria, entendida como la capacidad de una sociedad para adaptarse, resistir y recuperarse ante adversidades, se convierte aquí en el pilar fundamental. Construir un Sonora seguro requiere la activación y el empoderamiento de los ciudadanos, promoviendo una participación donde cada persona, familia y sector asuma un rol en la creación de paz social. Este proceso debe sustentarse en valores sólidos y en la responsabilidad compartida, donde la prevención y la cohesión social sean las fuerzas que lleven a la autosuficiencia de las comunidades.

Los patronatos de policía representan una dimensión de compromiso y participación que va más allá de la vigilancia; son espacios donde la ciudadanía y las instituciones trabajan juntas para cultivar una cultura de respeto, responsabilidad y protección mutua. Aquí, la educación y el trabajo colaborativo emergen como herramientas esenciales. Pero esta reconfiguración del sistema no puede sostenerse sin una integración de todos los factores clave: el empleo digno, los valores familiares, la educación integral, la seguridad patrimonial y el cuidado del medio ambiente. Estos son los cimientos sobre los cuales se debe edificar una región capaz de hacer frente a los desafíos de seguridad.

El concepto de cubo de la resiliencia de tomarse en seis pilares interdependientes: identificar, proponer, actuar, prevenir, mitigar y analizar. Debe tratarse como lo que es, un fenómeno perturbador socio organizativo, es decir con la visión de la gestión integral de riesgos de desastres. Esta estructura reconoce que cada elemento es parte de un sistema mayor, donde nada funciona de manera aislada y cada pieza sostiene a las demás. No basta una sola iniciativa; todos los componentes deben articularse para generar el impacto necesario. En esta visión integral, el trabajo digno y el ingreso estable son cruciales para combatir la vulnerabilidad económica, mientras que los valores, cultivados en el hogar y reforzados en la comunidad, funcionan como un escudo social que previene la desintegración.

La educación debe ser la plataforma que permita a cada ciudadano desarrollar una conciencia activa sobre su entorno, mientras que la seguridad patrimonial protege el esfuerzo de las familias y asegura que su bienestar no sea vulnerado. Y en el centro de todo, el medio ambiente necesita ser protegido y revitalizado, ya que es el marco en el cual toda esta dinámica social y económica se desenvuelve. Este enfoque sistémico de seguridad busca reequilibrar las dinámicas de poder en las comunidades, reduciendo la dependencia económica y alejando las amenazas que genera el crimen.

En última instancia, enfrentar los problemas de seguridad en Sonora implica redefinir el mismo concepto de paz. Este objetivo demanda la participación activa de cada sector: desde los ciudadanos y sus familias, hasta los líderes empresariales y las instituciones educativas. La paz, entendida como un producto del compromiso compartido, no es algo que se otorgue desde afuera, sino que se construye desde adentro, a partir de una red de valores y principios compartidos. Solo así, con cada actor cumpliendo su rol y aportando su esfuerzo, se podrá ver emerger un Sonora fuerte, resiliente y próspero, donde el desarrollo económico y la paz social sean los pilares de un bienestar que perdure y se transmita a las futuras generaciones.

Este esfuerzo conjunto se parece al vuelo coordinado de las aves en una migración: una sola golondrina no hace verano, pero el movimiento armonioso de todas puede transformar el paisaje. Así, Sonora será un reflejo de una sociedad cohesionada, donde el trabajo, los valores, la educación, el cuidado del entorno y el compromiso compartido crean un entorno seguro y esperanzador para todos sus habitantes.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
incide.guillermo@gmail.com

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Por la cantidad de factores acumulados no existen muchas maneras para calificar la burda imposición en la reelección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y seguro muchos analistas escudriñarán todas las presiones, abusos, subterfugios y artimañas utilizadas para haber hecho posible lo más indeseable. Sin embargo, el problema no está ya en el pasado sino en el porvenir.

Hay una fabulilla de Italo Calvino sobre cierta “oveja negra” en un pueblo de ladrones. Una persona que, a pesar de que en el pueblo estaba normalizado el robo de lo ajeno, decidió no hacerlo. La mera existencia de una persona honrada en un pueblo donde lo normal y esperado era robar, supone un cambio drástico de todas las estructuras de organización del pueblo aunque difícilmente de las actitudes de sus habitantes. Calvino concluye que, con el tiempo, las formas de normalizar la realidad cambiaron aunque en el fondo, “todos seguían siendo ladrones”.

La historia es pesimista, pero por lo menos auxilió en su tiempo a pensar en una solución: No importa cómo sean los pueblos, siempre terminará imponiéndose cierta estabilidad desde un poder normado (aunque sea criminal) y por eso, la persona honesta no sólo debe poner ejemplo per se sino que debe velar por que la norma del actuar correcto alcance a las instituciones, a las regulaciones, y no sólo a sus vecinos.

Esta fabulilla parece relevante hoy porque ¿no es ese el papel interinstitucional –de actuar como el resto no lo hace– del defensor de derechos humanos en un país donde se violenta la dignidad humana de mil formas y bajo mil estructuras distintas? ¿No el ombudsman de los derechos humanos debería ser esa persona que, en contracorriente a la sistematización y normalización de la violación de los derechos de las personas cometidos desde las estructuras de poder y sumisión, debería poner un ejemplo de audaz discrepancia? De lo contrario: ¿Qué sucede cuando la representación de la salvaguarda de la dignidad y los derechos humanos no sólo pertenece al empíreo del privilegio del poder sino que le debe a aquel su única calidad moral?

El problema, además del origen viciado de la forzada entronización, radica en la inutilidad de poder cooperar hacia adelante con las instancias correctas para defender, promover y proteger los derechos de las personas vulneradas. Derechos que, por cierto, no fueron limitados por individuos sino justamente por esas estructuras que, a la mala, colocaron al epítome del nepotismo inútil en el dique que debería hacer contención de los abusos.

La solución al entuerto en el que ha caído la CNDH es incapaz ya de satisfacer a nadie, porque como ejemplifica el ‘dilema del prisionero’ las partes que no confían entre sí sólo mediante el interés egoísta pueden nuevamente aportar a una potencial colaboración. Y en el mejor de los escenarios, a la neutralidad. Pero, ¿podemos ser neutrales cuando instancias del poder legal o institucional se salen con la suya violentando derechos humanos, relativizando la dignidad humana por sus condiciones sociales, económicas, culturales, etarias o de desarrollo y autonomía?

La única potencial colaboración positiva bajo esas condiciones de mutua desconfianza es aquella terrible neutralidad y eso produciría un único equilibrio razonable: que todo continúe igual. Lo que para el caso de nuestro país, significa que las instancias del poder puedan obrar desde la impunidad; escondidas detrás de retórica del buenismo ético, pero regentando en la práctica los alcances de la dignidad de los que no tienen voz, de los más vulnerables, de los descartables por los valores del mercado o de la ideología de ocasión.

Hoy se encuentra roto el acuerdo interinstitucional en el que el poder permite los medios para su evaluación y que, al mismo tiempo, faculta a las instancias defensoras de derechos a contar con herramientas por lo menos declarativas de denuncia y crítica ante las agresiones y omisiones contra los derechos humanos cometidas por las instancias de poder.

No se ha reparado que, con los actos ya cometidos, se ha erosionado la confianza pública y aunque puedan venir acuerdos parciales que puedan parecer valiosos para la dignidad humana, la estabilidad perniciosa de complicidad indica que, el interés de supervivencia de las cúpulas de poder será más relevante que la salvaguarda de los derechos más fundamentales.

¿Qué es lo peor que podría pasar? El escenario más funesto es que la probabilidad de que el escenario de crisis en los derechos humanos del país tome el tobogán hacia más oscuros derroteros. Puesto que, más que conflictos maduros e institucionales para poder cooperar progresivamente y ofrecer respuestas conducentes a reivindicar la dignidad infinita del ser humano mediante la salvaguarda de sus derechos fundamentales, se ha caído en una interdependencia nociva donde los beneficios sólo provienen de un equilibrio donde las condiciones de bienestar son para los organismos y las administraciones, pero no para la vida cotidiana de las personas simples.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

Triunfa Donald Trump en su campaña para volver a ser presidente de los Estados Unidos. Logra el resultado de lujo que él quería tener. Ahora es, no solo presidente de los EE. UU. sino que tiene, además, mayoría en ambas cámaras del Congreso, sin contar con que ya en su gestión anterior había nombrado a varios jueces de la Suprema Corte. Con lo cual, él se encuentra en una situación donde no tiene prácticamente contrapesos que le puedan impedir cumplir todas sus promesas de campaña.

A nivel mundial, algunas consecuencias que se pueden esperar son: un freno importante a los esfuerzos para reducir el calentamiento global. Por otro lado, el remedio a los daños que se le están haciendo a la ecología, no va a ocurrir de manera rápida, de manera que vale la pena empezar lo antes posible a reducir esos impactos. Contrariamente a lo que propone Trump.

Habrá efectos importantes para las alianzas de los Estados Unidos, sobre todo con la Organización de Tratado del Atlántico Norte, (OTAN), a la cual propone el señor Trump dejar con muy pocos fondos para su operación. Lo cual debilitará o impedirá el apoyo a Ucrania, que ya estaba teniendo resultados importantes en su defensa frente a Rusia. Pero no solo es el caso de Ucrania: están en riesgo la situación de Taiwán, que ha sufrido algunos intentos de amendrentarlos por parte de China, la situación de Corea del Sur y, por supuesto, los aspectos que tienen que ver con el apoyo a Israel.

Esto, por otro lado, también tiene consecuencias para la industria del armamento, que realmente ha sido la beneficiaria de muchos de esos apoyos de los Estados Unidos a sus aliados estratégicos, tanto en el tema nuclear como en el tema del armamento tradicional.

A nivel de los Estados Unidos, se reducirán los frenos que se ha dado al armamentismo de la población civil. Se dice que en Estados Unidos hay mayor número de armas en manos de civiles, que de habitantes. Y buena parte de esas armas terminan en manos de los traficantes de drogas en México y de otros países. Lo cual hace más difícil el control de dichas mafias que ha propuesto el presidente Trump y que le está exigiendo al Gobierno de México.

A otros niveles, se propone un proteccionismo interno, y la expulsión de inmigrantes, lo cual tiene resultados difíciles de medir. Entre estas consecuencias, su propuesta causará un problema de crecimiento económico. Ciertamente, es creíble que, al tener menor importación, la industria local va a crecer. Pero también es un hecho que los acuerdos y las inversiones requeridos, no ocurren de manera inmediata. De modo que sí habría dificultades por ese freno a la economía.

Si se cumple con la expulsión que se ha prometido de muchos millones de inmigrantes ilegales, habrá, en consecuencia, un aumento importante en el costo de los alimentos. Porque una buena parte de esos inmigrantes se dedican a labores del campo, que ahora no son absorbidos por la población local y a los que habría que pagar salarios sustancialmente mayores que a los inmigrantes ilegales.

En cuanto a México, claramente tenemos dificultades con varios de los ofrecimientos que hace el señor Trump. La expulsión de un número importante de mexicanos traerá consecuencias inmediatas con las remesas, que es una de las fuentes de ingreso más importantes que tiene en este momento el país. Porque, generalmente, los que hacen estas remesas son, precisamente, los inmigrantes ilegales que le están mandando fondos a sus familias que están viviendo todavía en México. Aquellos que ya tienen una situación legal, tienen la posibilidad de tener con ellos a su familia y por lo tanto no tienen necesidad de enviar remesas.

Por otro lado, tenemos que temer y esperar una reducción fuerte en las exportaciones mexicanas, porque Trump ha ofrecido reducirlas. Se exigirán medidas al gobierno mexicano muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, reducir la exportación de drogas a cambio de no recibir castigos en la reducción de ingresos por exportaciones. Igualmente, es difícil tener rápidamente una reducción de la inmigración ilegal. Si los EE.UU., con su potencial económico, no ha logrado evitar esa inmigración, no es creíble que México, con una capacidad económica mucho menor, pueda lograrlo.

Además, lo que propone el señor Trump es la muerte del famoso concepto de Next Shore. En los noventa se crea el concepto de Off Shore, que quería decir una maquila en países lejanos los Estados Unidos. Después, recientemente, se creó el concepto de Next Shore: seguir maquilando partes importantes de la producción de Estados Unidos, pero en países cercanos, para reducir costos de supervisión y de logística. La propuesta de Trump podría llamarse el No Shore, o sea, no tener producción basada en maquila fuera los EE. UU. Esta, que es una de las grandes esperanzas que tiene México, casi seguramente no ocurrirá.

La idea de Trump es que México puede evitar fácilmente la emigración. Pero, si se expulsan a gran una cantidad de inmigrantes mexicanos, y se colocan castigos a las exportaciones de los productos mexicanos, van a bajar los ingresos del país, habrá mayor pobreza y, por lo tanto, habrá mayor incentivo para emigrar. Las medidas propuestas por la administración Trump, tendrían un efecto contraproducente. Y por supuesto, para poder evitar realmente la emigración, sólo podría hacerse en un plazo corto mediante olvidar el respeto a los derechos humanos de quienes quieren emigrar.

Las consecuencias de largo plazo son muy difíciles de evaluar. Ya tenemos dificultades para sostener un sistema democrático. Un problema que, además, no es solamente mexicano: está ocurriendo en muchos otros países. A largo plazo, la solución para el mundo entero, es un cambio en la política. El sistema de partidos, que es la base del modelo de democracia que hemos intentado en muchos países, está prácticamente agotado. El problema fundamental hoy en día es: ¿cómo lograrán los países que están intentando tener una democracia plena, tener los ingresos suficientes para poder sostener su situación frente a estas condiciones durísimas que está proponiendo el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Este 11 de noviembre comienzó la 117 Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano con la participación de más de 150 obispos provenientes de todos los rincones del país. A lo largo de la semana, los líderes católicos vivirán unas intensas elecciones para renovar 61 cargos de servicio nacional, evaluarán los trabajos del último trienio y recibirán a las representaciones del poder federal y el gobierno del Estado de México que, por vez primera en la historia, recaen sólo en mujeres.

Lo que sin duda marcará un punto de inflexión en la asamblea será el “supermartes electoral” en el que se decidirán los seis cargos del Consejo de Presidencia (presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero y dos vocales) así como los 19 representantes para el Consejo Permanente (titulares y suplentes de las Provincias Eclesiásticas) y, finalmente, los titulares de Comisiones y Dimensiones episcopales. A pesar de la gran cantidad de cargos a elegir, renovar o refrendar, algunos obispos consultados aseguran que desean vivir un proceso concienzudo, respetando a cabalidad tanto los estatutos como el reglamento interno de la CEM pues de lo contrario, reconocen, estaría en cuestionamiento su estatura moral frente a los complejos procesos electivos que se avecinan en el país.

Todo parece indicar que, en general, hay bastante consenso para la elección del próximo representante de los obispos mexicanos. La mayoría de obispos mexicanos parece que se decantará por Jaime Calderón Calderón (58 años), michoacano de “donde se oculta el sol” quien apenas el pasado 19 de agosto tomó posesión de una de las más potentes, tradicionales e importantes sedes diocesanas en el corazón del Bajío mexicano después de servir seis años en medio del COVID y la crisis migratoria en la frontera chiapaneca.

Con un doctorado en filosofía y aproximaciones a las corrientes liberadoras de Paulo Freire y Xavier Zubiri, Calderón ha sido no sólo una voz audaz y comprometida ante la complejidad del fenómeno migratorio en el sureste del país, también es un disciplinado estructurador de orientaciones pastorales y un convencido de que la Iglesia debe enfocarse auténticamente en generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores sociales con una misión central: “anunciar y construir la dignidad humana”. Prácticamente no hay expresiones de reservas respecto a su persona o su trayectoria para llevar al episcopado mexicano a la antesala de la celebración del medio milenio del Acontecimiento Guadalupano.

Hay, sin embargo, mucha más inquietud respecto al próximo secretario general del organismo. Se trata de una posición clave porque funge como un auténtico articulador y operador de tiempo completo: vincula organismos eclesiales nacionales e intercontinentales, así como instituciones gubernamentales con las estructuras episcopales; debe integrar y resguardar la visión jurídica, política e histórica del episcopado; y, por si fuera poco, debe responder con naturalidad, disponibilidad y generosidad ante la responsabilidad de la vocería episcopal.

El secretario saliente, Ramón Castro Castro, realizó un trabajo realmente sacrificado para intentar conjugar sus obligaciones diocesanas en Morelos con las minucias operativas, protocolares y hasta burocráticas que exige la secretaría. Como le consta al clero y a los fieles morelenses, Castro no dejó de atender la demandante labor pastoral en el estado y sin contar con un obispo auxiliar que le apoyara en el terreno.

Es probable que la asamblea episcopal voltee al “bullpen” de obispos auxiliares para un recambio en la secretaría general; sería lo ideal contar con un encargado de tiempo completo, con experiencia en las gestiones episcopales pero también con una buena capacidad de interacción nacional e internacional, un desapasionado analista y con talento ante los medios de comunicación.

Por si le faltara emoción a esta asamblea, se tiene programado que el miércoles por la mañana, los obispos tengan su primer encuentro con Claudia Sheinbaum ya como presidenta de México; la recibieron en abril pasado para escuchar sus propuestas de campaña y de gobierno. Ahora quizá se hagan preguntas y planteamientos más serios, especialmente después de haberse encontrado con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social, Clara Luz Flores.

Sin duda una herida fresca que acrecienta las preocupaciones episcopales sobre la seguridad en el país ha sido el artero asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, quien fue ultimado tras una larga persecución en su contra tanto por parte de criminales como de corrompidas autoridades legales. Más que reclamos, los obispos llevan a la mesa su parte de participación en los proyectos de Diálogos por la Paz con los que, junto a las congregaciones religiosas y otros sectores sociales, pretenden reconstruir el tejido social.

Otros temas que quizá broten en el diálogo serán las políticas públicas ante el drama migratorio y los efectos que el triunfo de Trump pueda conllevar en la materia. También las preocupaciones sobre la reforma judicial federal y las recientes legislaciones locales que redefinen los alcances del respeto a la dignidad de la vida humana.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe