Ciudad de México.— A prácticamente dos meses de que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se cumple el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, uno de los hechos más trágicos de los que se tenga memoria en la historia reciente de México.
Transcurren los últimos días del sexenio, sin respuestas claras en torno a este caso, que se ha convertido en un emblema de colusión y corrupción de autoridades con la delincuencia organizada. Con un presidente de la República insistente en defender la versión oficial en el sentido de que los jóvenes normalistas fueron incinerados y esparcidas sus cenizas en el Río Cocula, y, por otra parte, con pruebas que ponen en duda las declaraciones de decenas de detenidos señalados como responsables de estos abominables hechos, pues al parecer fueron obtenidas con tortura de por medio.
Tanto los familiares de los normalistas como organismos internacionales de derechos humanos, han señalado la poca voluntad del actual gobierno federal para esclarecer el caso, por lo que no hay más remedio que pasar la estafeta al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá que demostrar con contundencia, su voluntad para tomar el caso en sus manos y crear las condiciones necesarias para cambiar el rumbo y asegurar la tan ansiada verdad y justicia para las familias de las víctimas.
Los hechos
• Los días 25 y 26 de septiembre, previos a la marcha por el 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco, que se llevaría a cabo el 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos de Guerrero, secuestraron varios autobuses de pasajeros para trasladarse a la capital del país.
• Ya con los autobuses en su poder, los normalistas se dirigieron hacia la Normal de Ayotzinapa, sin embargo, la policía municipal, bajo el mando del entonces alcalde de Iguala del PRD, José Luis Abarca, involucrado con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, detectaron la maniobra de los estudiantes y los persiguieron en busca de frenarlos y recuperar los autobuses.
• El enfrentamiento entre normalistas y policías presuntamente coludidos con el grupo delincuencia de los Guerreros Unidos dejó un saldo al menos tres estudiantes muertos y varios heridos, así como la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
• El entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, anunció que luego de ser detenidos los 43 normalistas, fueron entregados, por instrucciones del alcalde José Luis Abarca, a policías municipales de Cocula, quienes a su vez los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos.
• Posteriormente se anunció también la verdad oficial, la llamada “verdad histórica”, que señalaba que los 43 normalistas fueron asesinados y sus cuerpos fueron incinerados y esparcidos en el río Cocula.
• La desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa trascendió fronteras y comenzó una reacción generalizada de rechazo a estos acontecimientos en decenas de ciudades a nivel nacional e internacional.
• Organismos de la sociedad civil, de derechos humanos, medios comunicación y organismos internacionales, manifestaron su repudio contra este hecho.
• A un mes de los hechos, ante el enrarecimiento del clima político, vino la renuncia y fuga del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
• Prácticamente de inmediato, el gobernador de Guerrero por el PRD, Ángel Aguirre Rivero, solicitó también licencia para separarse de su cargo, con el fin de dejar el camino libre para favorecer las investigaciones.
• El 4 de noviembre se logró la captura de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, señalada por sus vínculos con el narcotráfico y los grupos criminales que controlaban a la policía municipal de varias regiones guerrerenses.
• En septiembre de 2015, luego de varios meses de investigaciones, fue presentado el Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
• A prácticamente un año de la desaparición, vino una tajante embestida contra la verdad histórica del gobierno del presidente Peña Nieto, pues se presentaron pruebas científicas que contradecían esta Verdad presentada por la PGR.
• Aportando nuevas evidencias, el GIEI planteó nuevas líneas de investigación, lo que puso en jaque al gobierno federal, perdiendo credibilidad y cayendo en un profundo descrédito.
• Organismos independientes de investigación han sugerido en varios momentos investigar a fin de esclarecer el papel que jugó el Ejército mexicano en estos hechos. Situación a la que las fuerzas armadas se han negado en reiteradas ocasiones.
• Recientemente un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que se señala que la indagatoria realizada por la PGR no fue independiente ni imparcial.
• Los representantes del Poder Judicial resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
• En consecuencia, los magistrados ordenaron reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
• El Protocolo de Estambul es un manual internacional de investigación sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que busca documentar si en las investigaciones realizadas y en las declaraciones obtenidas en casos específicos, hubo tortura de por medio.
• A cuatro años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, sigue sin haber una respuesta satisfactoria para los padres que aún exigen justicia a las autoridades.
• El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha prometido una Comisión de la Verdad sobre el caso.
• Este miércoles 26 de septiembre, a 4 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas se reunirán con el presidente electo.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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