México.— Noemi de 12 años y migrante ecuatoriana, recorrió más de 6 mil kilómetros desde su hogar con la intención de llegar a Estados Unidos. Pero fue “asegurada” por policías en Chihuahua cuando era trasladada por un “pollero” a la frontera. Su caso ocurrió en marzo del 2014 cuando enfrentó al sistema judicial mexicano, con su burocracia, interrogatorios por parte del Ministerio Público, trabajadoras sociales y psicólogos tanto de la Policía Municipal como de la PGR.

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Al final, hostigada, acorralada por preguntas, vista más como delincuente que como una víctima, pidió permiso para ir al baño y se ahorcó. Los exámenes forenses hablaban de un abuso sexual en los días previos a su detención.  En agosto del 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a la PGR al determinar que “se encontraron violaciones a la integridad personal, el debido proceso y a una vida libre de violencia, que derivaron en el suicidio de la niña”.

No es un caso aislado. El Gobierno Mexicano mantiene intacto el sistema de los 59 centros de detenciones que son virtuales “cárceles” de las cuales 32  son estaciones migratorias y los demás son provisionales. Cada año alrededor de 40 mil niños centroamericanos son detenidos por semanas o  meses como si fueran delincuentes, lo que ha derivado en casos de abusos e incluso sexuales en contra de los menores, suicidios e incluso casos en que son hacinados con personas mayores en penales de estados como Veracruz o incluso menores migrantes detenidos en instalaciones militares en Ensenada.

En julio del 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que en la red de estaciones migratorias persistían situaciones que pueden constituir factores de riesgo en materia de tortura o maltrato. Asimismo se encontraron carencia de alojamiento adecuado para niñas, niños y adolescentes encontexto de migración no acompañados, por el tiempo previo a su canalización al DIF; falta deservicios de traductores o intérpretes; insuficiencia de personal encargado de seguridad y vigilancia, y ausencia de capacitación y supervisión de los servidores públicos responsables de los establecimientos.

Huyendo de la violencia y la pobreza del llamado “Triangulo del Norte”, es decir Honduras, El Salvador y Guatemala, decenas de miles de menores intentan cruzar por México para llegar a la frontera con Estados Unidos con fines de reunirse con sus padres o simplemente sobrevivir ante las amenazas de ser reclutados o muertos por parte de pandilleros en sus países de origen.

En México, la mayoría de los más de 35 mil niños que cada año son detenidos podrían aspirar al asilo por la situación de peligro de la que huyen. Sin embargo, las autoridades mexicanas sólo otorgan ese derecho al 1 por ciento de los solicitantes, el resto son encerrados por meses y después deportados, muchos con una virtual sentencia de muerte, a sus países de origen.

De acuerdo a organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, el Gobierno de México tiene una red de estaciones migratorias que funcionan en los hechos como “cárceles” y son una especie de “embudo” para detener el flujo de migrantes.

Fray Tomas, director del Albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, señaló que existen diversas evidencias del maltrato a niños y adolescentes en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y que incluso hay evidencias de los nexos de algunos funcionarios del instituto con bandas del crimen organizado y de la forma que policías federales realizado allanamientos a albergues de migrantes para menores.

La senadora con licencia, Layda Sansores San Román, indicó que desde 2015 a la fecha se han detenido a 99 mil 319 niños migrantes en México, los cuales terminaron en las estaciones del INM que funcionan como verdaderas “cárceles migratorias”.

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que las autoridades migratorias de México detuvieron al menos a 40.637 niñas, niños y adolescentes migrantes centroamericanos no acompañados entre 2014 y 2016.

Estos  menores son víctimas de delitos y extorsión por parte de otros migrantes, sus propios guías o las autoridades mexicanas “otros más sufren secuestros, asaltos y agresiones por miembros del crimen organizado, por lo que se les van minando sus sueños y esperanzas”.

Human Rights Watch en el informe “Puertas Cerradas” expone que en total, más de 35.000 niños estaban detenidos en centros de migración en 2015 en México. Más de la mitad de los cuales eran niños no acompañados.

“Incluso aquellos con la suerte de ser transferidos por los agentes del INM a centros del DIF experimentaron alguna forma de detención. En la mayoría de los centros del DIF los niños no asisten a las escuelas locales, no tienen visitas supervisadas a jardines infantiles, parques o iglesias, ni tienen ningún otro tipo de interacción con la comunidad”.

A menos que necesiten atención médica especializada, permanecen dentro de las cuatro paredes del refugio las 24 horas del día, siete días a la semana, durante el tiempo que dure su estancia.

La CNDH, el 15 de enero de este 2018, denunció que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México violó los derechos humanos de 122 indocumentados centroamericanos, incluidos menores de edad, al alojarlos indebidamente en instalaciones en la “Estancia Migratoria Fortín”, antiguamente utilizada como cárcel.

Los ocho menores no acompañados (una niña y siete niños y adolescentes varones) convivieron con adultos de ambos sexos en áreas de alojamiento muy sucias y parecidas a celdas, indicó la oficina del ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez.

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En la segunda quincena de abril de este 2018, el Senado de la República aprobó una reforma a las leyes de Migración, y de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a fin de armonizarlas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La reforma prohíbe el alojamiento de los menores en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración y mandata a registrar a todo menor como visitante por razones humanitarias. Con ello, se obliga al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a recibir y albergar a los menores migrantes que sean detenidos en el país.

“En esos lugares, precisa la reforma, se les proporcionará la protección y asistencia adecuadas en algunos de los albergues para la infancia, públicos o privados autorizados por el DIF, para su salvaguarda, mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le convengan”, destaca la reforma.

Sin embargo, a pesar de la recomendación y exhorto de la el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (Unicef) a la Cámara de Diputados para aprobar esta reforma que de alguna forma  prohíbe la cárceles migratorias para niños, los 500 diputados federales decidieron “congelar” la reforma e irse de vacaciones o realizar campaña en favor de sus candidatos.

Christian Skoog, representante de UNICEF, dijo que los principales beneficiados de los cambios legislativos serían los “miles de niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México”.

Las reformas permitirían “la extensión de la visión de protección a toda la infancia migrante, no únicamente la no acompañada”, así como darles estatus de “visitantes por razones humanitarias” a todos los menores migrantes “a fin de evitar su retorno expedito y garantizar que puedan ver cumplidos sus derechos básicos”.

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También se dará aviso de inmediato al consulado de su país de aquellas niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados que se encuentren en una estación migratoria.

agch