México.— Noemi de 12 años y migrante ecuatoriana, recorrió más de 6 mil kilómetros desde su hogar con la intención de llegar a Estados Unidos. Pero fue “asegurada” por policías en Chihuahua cuando era trasladada por un “pollero” a la frontera. Su caso ocurrió en marzo del 2014 cuando enfrentó al sistema judicial mexicano, con su burocracia, interrogatorios por parte del Ministerio Público, trabajadoras sociales y psicólogos tanto de la Policía Municipal como de la PGR.
Al final, hostigada, acorralada por preguntas, vista más como delincuente que como una víctima, pidió permiso para ir al baño y se ahorcó. Los exámenes forenses hablaban de un abuso sexual en los días previos a su detención. En agosto del 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a la PGR al determinar que “se encontraron violaciones a la integridad personal, el debido proceso y a una vida libre de violencia, que derivaron en el suicidio de la niña”.
No es un caso aislado. El Gobierno Mexicano mantiene intacto el sistema de los 59 centros de detenciones que son virtuales “cárceles” de las cuales 32 son estaciones migratorias y los demás son provisionales. Cada año alrededor de 40 mil niños centroamericanos son detenidos por semanas o meses como si fueran delincuentes, lo que ha derivado en casos de abusos e incluso sexuales en contra de los menores, suicidios e incluso casos en que son hacinados con personas mayores en penales de estados como Veracruz o incluso menores migrantes detenidos en instalaciones militares en Ensenada.
En julio del 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que en la red de estaciones migratorias persistían situaciones que pueden constituir factores de riesgo en materia de tortura o maltrato. Asimismo se encontraron carencia de alojamiento adecuado para niñas, niños y adolescentes encontexto de migración no acompañados, por el tiempo previo a su canalización al DIF; falta deservicios de traductores o intérpretes; insuficiencia de personal encargado de seguridad y vigilancia, y ausencia de capacitación y supervisión de los servidores públicos responsables de los establecimientos.
Huyendo de la violencia y la pobreza del llamado “Triangulo del Norte”, es decir Honduras, El Salvador y Guatemala, decenas de miles de menores intentan cruzar por México para llegar a la frontera con Estados Unidos con fines de reunirse con sus padres o simplemente sobrevivir ante las amenazas de ser reclutados o muertos por parte de pandilleros en sus países de origen.
En México, la mayoría de los más de 35 mil niños que cada año son detenidos podrían aspirar al asilo por la situación de peligro de la que huyen. Sin embargo, las autoridades mexicanas sólo otorgan ese derecho al 1 por ciento de los solicitantes, el resto son encerrados por meses y después deportados, muchos con una virtual sentencia de muerte, a sus países de origen.
De acuerdo a organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, el Gobierno de México tiene una red de estaciones migratorias que funcionan en los hechos como “cárceles” y son una especie de “embudo” para detener el flujo de migrantes.
Fray Tomas, director del Albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, señaló que existen diversas evidencias del maltrato a niños y adolescentes en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y que incluso hay evidencias de los nexos de algunos funcionarios del instituto con bandas del crimen organizado y de la forma que policías federales realizado allanamientos a albergues de migrantes para menores.
La senadora con licencia, Layda Sansores San Román, indicó que desde 2015 a la fecha se han detenido a 99 mil 319 niños migrantes en México, los cuales terminaron en las estaciones del INM que funcionan como verdaderas “cárceles migratorias”.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que las autoridades migratorias de México detuvieron al menos a 40.637 niñas, niños y adolescentes migrantes centroamericanos no acompañados entre 2014 y 2016.
Estos menores son víctimas de delitos y extorsión por parte de otros migrantes, sus propios guías o las autoridades mexicanas “otros más sufren secuestros, asaltos y agresiones por miembros del crimen organizado, por lo que se les van minando sus sueños y esperanzas”.
Human Rights Watch en el informe “Puertas Cerradas” expone que en total, más de 35.000 niños estaban detenidos en centros de migración en 2015 en México. Más de la mitad de los cuales eran niños no acompañados.
“Incluso aquellos con la suerte de ser transferidos por los agentes del INM a centros del DIF experimentaron alguna forma de detención. En la mayoría de los centros del DIF los niños no asisten a las escuelas locales, no tienen visitas supervisadas a jardines infantiles, parques o iglesias, ni tienen ningún otro tipo de interacción con la comunidad”.
A menos que necesiten atención médica especializada, permanecen dentro de las cuatro paredes del refugio las 24 horas del día, siete días a la semana, durante el tiempo que dure su estancia.
La CNDH, el 15 de enero de este 2018, denunció que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México violó los derechos humanos de 122 indocumentados centroamericanos, incluidos menores de edad, al alojarlos indebidamente en instalaciones en la “Estancia Migratoria Fortín”, antiguamente utilizada como cárcel.
Los ocho menores no acompañados (una niña y siete niños y adolescentes varones) convivieron con adultos de ambos sexos en áreas de alojamiento muy sucias y parecidas a celdas, indicó la oficina del ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez.
· Reforma de papel: Diputados “congelan” prohibir cárceles migratorias para niños
En la segunda quincena de abril de este 2018, el Senado de la República aprobó una reforma a las leyes de Migración, y de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a fin de armonizarlas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La reforma prohíbe el alojamiento de los menores en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración y mandata a registrar a todo menor como visitante por razones humanitarias. Con ello, se obliga al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a recibir y albergar a los menores migrantes que sean detenidos en el país.
“En esos lugares, precisa la reforma, se les proporcionará la protección y asistencia adecuadas en algunos de los albergues para la infancia, públicos o privados autorizados por el DIF, para su salvaguarda, mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le convengan”, destaca la reforma.
Sin embargo, a pesar de la recomendación y exhorto de la el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (Unicef) a la Cámara de Diputados para aprobar esta reforma que de alguna forma prohíbe la cárceles migratorias para niños, los 500 diputados federales decidieron “congelar” la reforma e irse de vacaciones o realizar campaña en favor de sus candidatos.
Christian Skoog, representante de UNICEF, dijo que los principales beneficiados de los cambios legislativos serían los “miles de niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México”.
Las reformas permitirían “la extensión de la visión de protección a toda la infancia migrante, no únicamente la no acompañada”, así como darles estatus de “visitantes por razones humanitarias” a todos los menores migrantes “a fin de evitar su retorno expedito y garantizar que puedan ver cumplidos sus derechos básicos”.
También se dará aviso de inmediato al consulado de su país de aquellas niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados que se encuentren en una estación migratoria.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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