Piden Comisión Especial para investigar “La Estafa Maestra”

Ciudad de México.— El grupo parlamentario del PRD solicitó la creación la Comisión Especial para la investigación de los casos de corrupción expuestos en el reportaje “La Estafa Maestra”, así como de las ramificaciones que pudieron tener durante el período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2017.

A través de un punto de acuerdo, el PRD en el Senado solicitó la comparecencia del Auditor Superior de la Federación, a fin de que explique el seguimiento que se ha realizado a los resultados de las auditorías realizadas a las dependencias, entidades y órganos involucrados en los hechos descritos en el reportaje “La Estafa Maestra”, y explique si las conductas se han mantenido.

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Asimismo, pidieron la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, para que explique detalladamente los resultados de las funciones legales con que cuentan los órganos internos de control sobre los hechos de corrupción descritos en dicho reportaje, para fortalecer el combate preventivo a este tipo de conductas.

Recordaron que el día 4 de septiembre fue revelado por el portal de noticias Animal Político, en colaboración con la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que once dependencias federales en colusión con ocho universidades públicas practicaron un esquema con el que desaparecieron 3 mil 433 millones de pesos.

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Lo anterior, indicaron los legisladores perredistas, ocurrió a través de la firma de contratos por un valor de 7 mil 670 millones de pesos, que le fueron entregados a 186 empresas, de las que 128 nunca debieron recibir recursos públicos.

Los perredistas subrayaron que estos actos de corrupción no son nuevos, lo que habla de la incapacidad y/o desinterés de las autoridades para perseguir los crímenes que ahora se revelan, los cuales no solo eran del conocimiento de quienes se encargan de la fiscalización de la Cuenta Pública, sino que la información que derivó en esta investigación era pública.

“No es solo que más de cincuenta funcionarios públicos estuvieran involucrados en esta trama corrupta, sino que varios de estos ocupaban, al momento de cometer estos crímenes, en varios de los cargos más importantes de la Administración Pública Federal, de los cuales varios continúan en sus cargos y otros obtuvieron nuevos cargos”, aseguraron.

Los legisladores perredistas mencionaron que la investigación periodística reveló algunas de las dependencias federales que tuvieron convenios ilegales como SEDESOL, PEMEX, FOVISSSTE, INEA, SEP, BANOBRAS, SE, SAGARPA y la SCT, entre otras.

Además, señalaron que cuentan con el cobijo de las autoridades cuya tarea es perseguir la corrupción.

“Lo que se observa es que todas las secretarías de Estado involucradas siguieron un modo de operación igual, en el que se triangularon recursos a través de universidades públicas determinadas, es decir, las fallas en identificar y castigar estas conductas ilegales deben ser investigadas en su totalidad, pues podría ser que hay colusión y obstrucción de la justicia por parte de otros servidores públicos”.

Insistieron en que el trabajo de supervisión que el Presidente Enrique Peña Nieto no hace respecto a sus subordinados y el nivel de corrupción que exhiben estas dependencias públicas y los secretarios que las controlan son directamente responsabilidad de del Ejecutivo.

En este sentido destacaron que la ASF señaló que notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal las acciones correspondientes para atender y solventar dichas observaciones, además de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició las acciones para que las dependencias involucradas proporcionaran información a la ASF.

Los legisladores del PRD pidieron al procurador General de la República informe sobre el estado que guardan las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por los hechos expuestos.

ebv