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Van contra jueces que ampararon a exgobernadores

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Ciudad de México.— Diputados federales presentaron una solicitud de juicio político en contra de jueces que otorgaron amparos a exgobernadores acusados de corrupción y otros delitos.

La denuncia de juicio político es en contra de Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, Jueza Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León; Sandra Leticia Robledo Magaña, Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México y Ciro Carrera Santiago, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, explicó que los jueces mencionados han beneficiado a los exmandatarios Javier Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge y César Duarte, lo que pone en duda la impartición de justicia.

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El legislador señaló que jueces federales han suspendido órdenes de aprehensión giradas contra exgobernadores envueltos en escándalos de corrupción “la suspensión de dichas órdenes de aprehensión contra los exgobernadores podrían facilitar su evasión de la justicia mexicana, lo cual afecta al estado de derecho y a la sociedad en general”, dijo.

Acompañado por legisladores de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maynez detalló que cada uno de los jueces actuó en favor de la evasión de la justicia.

Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León con sede en Monterrey concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 55/2017 en favor del exgobernador Rodrigo Medina, contra actos del Juez de Control, para el efecto de que el no fuera detenido ni privado de su libertad.

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El diputado dio a conocer parte de lo que la denuncia argumenta como es que el 14 de febrero, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León otorgó un amparo, con número de expediente 569/2016, a Rodrigo Medina de la Cruz, ordenando reponer en su totalidad el caso por el que el exmandatario había sido vinculado en 2016 por ejercicio indebido de funciones.

Mientras, el 27 de junio del presente año se llevó a cabo una audiencia en la Ciudad de Guatemala donde el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó ser extraditado a México para enfrentar diversos cargos del fuero común.

Durante el desarrollo de la audiencia, se hizo público que Duarte enfrentaba dos órdenes de aprehensión por delitos del fuero común; la primera de ellas fue emitida el 9 de marzo de 2017, dentro del proceso 38/2017, por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, Veracruz, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias al usar un helicóptero propiedad del gobierno del estado cuando ya no era funcionario público.

La segunda de ellas, del 30 de marzo del 2017 dentro del proceso 56/2017, fue emitida igualmente por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y coalición, por el desvío de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua de Veracruz.

El 17 de julio de 2017, Javier Duarte de Ochoa llegó a México y fue trasladado al Reclusorio Norte. A partir de ese día, asumió su defensa el abogado Marco Antonio del Toro, conocido por haber defendido en su momento a la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo.

El propio 17 de julio, el equipo legal de Javier Duarte presentó una demanda de garantías, que fue admitida a trámite por Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México con el número de expediente 614/2017.

El 17 de julio, la Juez ordenó la suspensión provisional de dos órdenes de aprehensión giradas contra Javier Duarte por un juez del fuero común en Veracruz, contenidas en las causas penales 38/2017 y 56/2017. Ambas habían sido emitidas por jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

La Juez decretó la suspensión provisional contra dichas órdenes de captura bajo el argumento de que, al no tratarse de delitos graves, no ameritan prisión preventiva de oficio. Para conservar dicha medida, la juez fijó como garantía el pago de la cantidad de 6 mil pesos.

El 18 de julio del presente año, Ciro Carrera Santiago, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo concedió una suspensión provisional en favor de Rodrigo Borge para cualquier orden de aprehensión o presentación que se emita en su contra. Como condición para el otorgamiento de dicha suspensión provisional, se le solicitó a Borge el pago de 59 mil pesos.

Para el otorgamiento de una suspensión, los juzgadores están obligados a sopesar y realizar un estudio simultáneo de la apariencia de buen derecho con la posible afectación al interés social o al orden público que puedan derivarse de la suspensión del acto reclamado. Lo que se estaría buscando con ello es que las suspensiones otorgadas no causen más perjuicios sociales que beneficios para los exgobernadores.

ebv

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La calle como sala de parto: atención policial en emergencias obstétricas

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La calle como sala de parto: atención policial en emergencias obstétricas
Foto Policía de la Ciudad de Méxco

Ciudad de México.— El inicio de una nueva vida ocurrió fuera de los hospitales en distintos puntos de la Ciudad de México durante 2025, donde la intervención inmediata de policías capitalinos permitió la atención de mujeres en labor de parto en contextos de emergencia.

Atención a partos en espacios no hospitalarios

Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto, de las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés. Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.

Participación de corporaciones de la SSC

Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios. Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos, mientras que efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.

Apoyo vial y traslados médicos

La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud. Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.

Intervención de servicios de urgencias

En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Estas intervenciones se registraron en situaciones que implicaban mayor riesgo para la madre y el bebé, lo que permitió una atención médica especializada en coordinación con los elementos policiales.

Atenciones en la vía pública

En la alcaldía Cuauhtémoc se registraron acciones en espacios abiertos, donde personal de la Policía Auxiliar brindó apoyo a mujeres en labor de parto hasta la llegada de servicios médicos, con el objetivo de preservar la integridad de las madres y de los recién nacidos.

Distribución de apoyos por alcaldía

La alcaldía Cuauhtémoc concentró el mayor número de atenciones, con nueve casos. Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo registraron cinco apoyos cada una. En Iztapalapa y Gustavo A. Madero se auxiliaron a cuatro mujeres en cada demarcación. Venustiano Carranza reportó tres intervenciones. En Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se registró un apoyo en cada alcaldía.

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Broma al 911 puede quitar tiempo a quien lucha por vivir y queda en espera

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Ciudad de México.- El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, alertó sobre el aumento de llamadas de broma durante el Día de los Inocentes.

El funcionario explicó que estas acciones afectaron la atención de emergencias reales y pusieron en tensión a los servicios de auxilio.

Guerrero Chiprés informó que las llamadas de broma y las falsas activaciones de botones de auxilio aumentaron entre 10 y 15 por ciento ese día.

Señaló que los principales responsables fueron menores de edad, aunque también participaron personas adultas que usaron los servicios como “travesura”.

Durante diciembre, el C5 recibió dos mil 486 llamadas de broma. Además, registró 480 llamadas con insultos y 663 relacionadas con acoso sexual.

El titular del C5 explicó que cada activación de un botón de auxilio movilizó una patrulla y activó monitoreo por cámaras. Esa respuesta inmediata dejó de atender otras urgencias reales.

La ciudad cuenta con más de 17 mil botones de auxilio instalados en espacios públicos. Cada uno se diseñó para salvar tiempo en situaciones críticas.

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Guerrero Chiprés recordó que hacer llamadas de broma al 911 o accionar botones de auxilio sin motivo constituyó un delito. El Código Penal local estableció sanciones de hasta dos años de prisión.

Sin embargo, datos abiertos de la Fiscalía General de Justicia capitalina mostraron que, de 2017 a 2024, no se abrió ninguna carpeta de investigación por este delito.

El funcionario subrayó que el problema no fue legal, sino cultural. Llamar en falso normalizó el uso irresponsable de un sistema vital.

En promedio, cuatro mil unidades se movilizaron cada día en la ciudad para atender emergencias médicas, de seguridad y protección civil.

Cuando una unidad acudió a una falsa alarma, otra persona esperó más tiempo ayuda real. Esa diferencia pudo costar una vida.

@guerrerochipres

🚨¡Ni en el Día de los Inocentes las llamadas de broma a líneas de emergencia dejan de ser un delito! 🚨 Utiliza con responsabilidad el 911CDMX, que opera en el @C5 Ciudad de México #diadelosinocentes #broma #chiste #911 #c5

♬ sonido original – Dr. Salvador Guerrero Chiprés

Menos llamadas falsas, más conciencia ciudadana

Guerrero Chiprés informó que en octubre de 2024, al inicio de la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entre siete y ocho llamadas no fueron emergencias reales.

Ese porcentaje disminuyó en los meses siguientes. En diciembre de 2024, el C5 contabilizó 288 mil 547 llamadas. Hasta el 22 de diciembre, registró 153 mil 278, una reducción de 47 por ciento.

El funcionario atribuyó esta baja a mayor conciencia ciudadana y a una disminución indirecta de accidentes y violencias.

Recordó que, catorce meses atrás, 75 por ciento de las activaciones de botones de auxilio fueron travesuras. Las cámaras mostraron a personas que sólo pasaron y oprimieron el botón.

Identificó principalmente a hombres de entre 35 y 55 años, sobre todo entre miércoles por la noche y la madrugada del sábado.

En el caso del 911, explicó que alrededor de 67 por ciento de las llamadas no reportaron emergencias reales. Muchas fueron bromas o historias inventadas.

Educar para cuidar vidas

Guerrero Chiprés llamó a madres, padres y cuidadores a enseñar desde casa que el 911 no fue un número para jugar.

Pidió a la ciudadanía usar los servicios de emergencia con responsabilidad, especialmente en fechas simbólicas como el Día de los Inocentes.

Respetar una línea de emergencia significó respetar la vida de alguien desconocido. En esa llamada correcta, la ciudad ganó tiempo, humanidad y cuidado colectivo.

ARH

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“Silencio no es consentimiento”: esto dice la reforma al delito de abuso sexual

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“Silencio no es consentimiento”: esto dice la reforma al delito de abuso sexual
Foto Pixabay

Ciudad de México.— El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el próximo periodo ordinario de sesiones se buscará discutir la minuta que reforma el Código Penal Federal en materia de abuso sexual.

Recordar que el 9 de diciembre de 2025 el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.

“El objeto de la iniciativa es reformar en su totalidad el artículo 260 para que el concepto de abuso sexual cuente con una descripción más amplia, clara y acorde a los estándares internacionales, pues incorpora la ausencia del consentimiento como un elemento clave de este tipo penal, además de enfatizar que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no implicarán el consentimiento”, explicó Monreal Ávila.

Agravantes al abuso sexual

Además destacó que, como la modificación al artículo 260 prevé definir la sanción del abuso sexual y los casos en que ésta pueda aumentarse, por tanto, la iniciativa contempla modificar el artículo 266 Bis, mismo que actualmente especifica las agravantes para el abuso sexual y la violación.

Es decir, no se eliminan las particularidades que agravan el delito de abuso sexual, sino que dichos elementos se amplían y clarifican en la reforma al artículo 266 Bis. En específico, se pretende señalar que el abuso sexual puede suceder tanto en el ámbito público como en el privado, subrayó.

Intimidación, engaño, amenazas

De esta forma, el concepto se precisa para entenderlo como un delito que conlleva cualquier acto de naturaleza sexual, su observación o ejecución sobre una tercera persona o sobre el sujeto activo, sin el consentimiento de la víctima y sin que el propósito sea llegar a la cópula. Además de que el forzamiento de la exhibición del cuerpo de la víctima también configurará este delito.

“Con claridad se señala que el consentimiento no podrá presumirse si la voluntad de la persona fue anulada o viciada por la violencia, la intimidación, el engaño, las amenazas, el abuso de confianza o autoridad o situaciones de vulnerabilidad para las víctimas. Tampoco el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física podrán interpretarse como consentimiento para el acto sexual”, afirmó.

El diputado resaltó que la nueva conceptualización amplía la esfera de protección para las víctimas al considerar un acto sexual: “tocamientos, caricias, representaciones sexuales explícitas, etcétera”. Asimismo, destaca que la referencia a su ocurrencia en el ámbito privado conlleva que las víctimas no tengan una carga probatoria adicional.

Prisión y sanción económica

Especificó que la propuesta actualiza la pena de prisión para quedar de tres a siete años, la sanción económica y se adiciona la obligación de que los culpables acudan a talleres de no violencia contra las mujeres o la prestación de servicio social en favor del Estado. Además de llevar a cabo la reparación del daño en el marco de la Ley General de Víctimas.

Hizo énfasis en que la condena por abuso sexual se agravaría si su ejercicio conlleva violencia física, psicológica o moral; ocurre en un lugar despoblado; si el agresor y la víctima tienen o tuvieron un vínculo no sólo de parentesco por consanguinidad o afinidad, sino también por una relación de confianza, sentimental, laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa. Además de que el delito sería perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima.

Por otra parte, abundó, también se considera que la iniciativa permite al Estado cumplir su responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, más aún en contextos de abuso de poder o vulnerabilidad para las víctimas.

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Médicos residentes sostienen atención hospitalaria ¿Cuánto ganan en México?

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Médicos residentes sostienen atención hospitalaria ¿Cuánto ganan en México?
Foto Cuartoscuro

Ciudad de México.— La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Liliana Ortiz Pérez señaló que la Ley General de Salud reconoce la residencia Médica como modalidad de formación, pero no obliga a las instituciones públicas a garantizar apoyo económico durante dicha etapa; mientras que en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aunque establece principios de apoyo al posgrado, no incluye explícitamente la residencia médica como un campo prioritario o protegido.

Recordó que el artículo 4o. de la Constitución Política reconoce el derecho a la salud y educación, así como la existencia de un sistema nacional de becas; sin embargo, ninguna ley secundaria contempla específicamente a los médicos residentes como sujetos obligatorios de becas.

@acaentrenews Los médicos residentes en #méxico ganan entre $8,000 y $15,000 pesos al mes, pero enfrentan jornadas de 80 horas semanales.😱 ¿Por qué no reciben el salario y los beneficios que merecen? Hablemos de esto #AcaEntreNews con @Laisha Wilkins ♬ sonido original – Acá Entre News

Justicia y dignidad a médicos residentes

Por ello, la panista consideró importante determinar de manera explícita y vinculante el derecho de los médicos residentes a recibir un estímulo que garantice su inclusión como beneficiarios en las leyes que rigen la salud pública y la ciencia y tecnología, dando un paso hacia la justicia, dignidad y profesionalización del personal médico en formación.

Más de 40 mil médicos

La panista estimó que más de 40 mil médicos residentes se forman anualmente en México en áreas como medicina interna, pediatría, anestesiología, cirugía, ginecología, urgencias, entre muchas otras, a través del régimen de residencia médica.

Además, cursan estudios de especialización médica en instituciones de educación superior, principalmente públicas, al tiempo que realizan prácticas clínicas obligatorias en condiciones demandantes y de alta responsabilidad.

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Horarios extenuantes

En ese sentido, la panista aclaró que la residencia médica no es un curso teórico ni un seminario académico, sino una modalidad intensiva de formación que implica una relación práctica, presencial y continua con los pacientes en hospitales públicos, donde los residentes participan en urgencias, quirófanos, visitas médicas, guardias prolongadas, en horarios de 24 o 36 horas continuas, así como en tareas administrativas, enseñanza clínica y protocolos de investigación.

De acuerdo con el tabulador de sueldos para personal base del IMSS 2024 (vigente hasta octubre del 2025) un “médico residente en periodo de adiestramiento” podría obtener entre sueldo mensual y beca los 6 mil 70 pesos hasta los 7 mil 736 pesos de acuerdo al tipo de residente (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8).

Iniciativa para recibir pagos no menores al salario mínimo

Ante ello, la diputada Ortiz Pérez propuso adicionar un párrafo al artículo 95 de la Ley General de Salud para establecer que toda persona que se encuentre en internado de pregrado o en residencia de especialización deberá recibir un pago mensual, durante el periodo de formación profesional, por parte del establecimiento de salud al que haya sido asignada.

Dicho pago no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente, y su retribución deberá ser regular, suficiente y proporcional al tiempo de residencia y a la carga horaria del programa formativo.

La propuesta, enviada a la Comisión de Salud, resalta que con la reforma se busca subsanar un vacío normativo estructural que ha colocado a decenas de miles de médicos residentes en condiciones de precariedad e incertidumbre, a pesar de que su labor es indispensable para el funcionamiento cotidiano de hospitales y clínicas.

@dr.jorge.cardenas.m Cuánto dinero gana un médico? 🇲🇽 #drjorgecardenas #médico #deteccióntemprana #medicina #cirugíaoncológica ♬ sonido original – Dr. Jorge Cárdenas Mariaud

Evitar la deserción

Finalmente, la diputada Ortiz Pérez puntualizó que su iniciativa permitirá brindar certeza jurídica, regularidad y suficiencia a los apoyos que reciban los médicos residentes, evitar la deserción por motivos económicos, dignificar la formación médica especializada y fomentar la equidad territorial e intergeneracional en el acceso a especialidades.

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