Tijuana, Baja California.— Llegaron a donde empieza y termina la patria mexicana, en la multicultural Tijuana, con el fin de cruzar hacia Estados Unidos, muchos de ellos después de cruzar, con todos los riesgos que ello implica, hasta siete países y miles de kilómetros. Son el éxodo de haitianos y africanos que huyen de la miseria y de guerras en sus naciones  y que ahora buscan quedarse en México.

En Tijuana se estima que hay alrededor de tres mil migrantes haitianos y congoleños varados, en tanto en Mexicali más de mil 500 de ellos. Todos migraron a esta frontera con la finalidad de cruzar a Estados Unidos a pedir asilo político, pero a finales de 2016 el Gobierno estadunidense les negó el acceso.

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Hoy enfrentan una nueva realidad entre la solidaridad de la población y de organizaciones civiles que los apoyan y el desdén y desprecio lo mismo de autoridades federales, estatales y municipales que empiezan a ver con fastidio esta nueva realidad de la migración en Baja California.

El pasado 19 de mayo, José Luis Hernández Ibarra, delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California, informó que más de 500 haitianos que no han solicitado la regulación de estatus migratorio empezaron a ser desalojados de los albergues gubernamentales.

El Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana denunció una falta de estrategia integral coordinada de los tres órdenes de gobierno para impulsar la inclusión de la población migrante afrodescendiente.

Al mismo tiempo, el organismo civil anunció que ampliara la queja presentada en enero pasado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la violación a los derechos de la comunidad haitiana.

Voceros del Comité señalaron una falta de información puntual sobre sus derechos y posibilidades para los migrantes de Haití que están en Tijuana, “lo que se traduce en complicaciones para poder avanzar y establecerse”.

Recordaron que, a más de un año de las primeras llegadas de migrantes, los siguen atendiendo en 20 albergues en la ciudad.

“En el caso de los haitianos hay una falsa idea que todos están regularizados en el tema migratorio y ya trabajando; eso sería idea, lo que sucede es que hay muchas personas a quienes se les ha negado el CURP  y por lo tanto, su documentación para trabajar, lo que se convierte en una cadena sin fin”, sostiene  el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria.

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“A eso se suma una fantasía que tiene que ver con que los albergues ya no necesitan recursos y que la ayuda por parte del gobierno fue suficiente”, comento, Paulina Olvera, integrante del Comité.

Critico las declaraciones del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California, Guillermo Peñúñuri Yepiz publicadas en prensa en donde reitera que no habrá más apoyo a los haitianos porque, según dice:  tienen que salir adelante por su cuenta.

De acuerdo al funcionario federal, “fue mucho el tiempo de tolerancia, y que lo que tienen que hacer es trabajar y pagar impuestos como los mexicanos”.

Paulina Olvera, destaca que los migrantes tienen meses en Tijuana, y se quedaron porque quienes llegaron a fines del año pasado, ya no pudieron pedir asilo en los Estados Unidos

“Sería interesante que para su sorpresa del delegado, los haitianos coinciden con él, y quieren trabajar, pagar impuestos y tener acceso a sus derechos como trabajadores, y los responsables son las autoridades con tantas trabas”, insiste Paulina Olvera.

Sólo un dato que desmiente las aseveraciones del funcionario de la Sedesol. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya se encuentran trabajando alrededor de 800 haitianos en la industria maquiladora en Tijuana, lo cual muestra que es una población dispuesta a laborar también en áreas como la construcción, servicios y en la agricultura.

En un recuento, el Comité destacó que ha colaborado con las gestiones para aquellas personas que quieren regresar a Brasil, dando un seguimiento puntual al papeleo para evitar que los trámites se queden suspendidos en el limbo.

Adriana Reyna, otra de las activistas, manifestó que “además hemos trabajado en alianza con el sistema educativo estatal, seguimos colaborando con talleres para las mujeres embarazadas y niños, gestionando atención médica”.

“Existe coordinación con grupos de voluntarios y proporcionando información y apoyando a quienes por fortuna, han logrado independizarse y rentar sus espacios propios”, dijo.

“En el Comité sabemos que son más las acciones de empatía que las discriminatorias, pero también hemos visto situaciones muy desafortunadas en donde el prejuicio de raza hace ver a las familias haitianas como amenazas o como que vienen a quitarles beneficios a los migrantes mexicanos”, advierte.

En las últimas semanas el Comité se ha sumado a la iniciativa de Espacio Migrante A.C. para impartir talleres sobre derechos humanos. Encuestas aplicadas en los albergues, arrojan que es una constante para ellos salir adelante, la sed de enterarse de cómo pueden integrarse a la sociedad y un agradecimiento permanente por las acciones de los tijuanenses hacia ellos.

Por otro lado necesitan asesoría, por ejemplo están ansiosos por sacar sus pasaportes, por conocer sus derechos como migrantes y saber cómo funcionan las instituciones mexicanas.

Ahora estamos concentradas en el tema del CURP, comenta Soraya Vázquez, “nos preocupan las omisiones de una estrategia integral coordinada con los tres órdenes de gobierno para impulsar la inclusión de esta población y favorecer el ejercicio de sus derechos humanos”.

Cuestiono también las declaraciones del delegado del Instituto Nacional de Migración, quien señaló que es imposible otorgar el CURP a quienes tienen la condición de visitante por razones humanitarias.

“El Comité cuenta con documentos probatorios de que en otras entidades a personas migrantes en igualdad de circunstancias no sólo se les ha otorgado la CURP sino que ésta consta en la propia tarjeta que expide el Instituto Nacional de Migración”, dijo.

“Es un acto de discriminación hacia la población migrante, sin CURP simplemente no pueden incorporarse al trabajo formal o a la escuela o inscribir a sus hijos en una estancia infantil del Seguro Social”, denuncio.

“La población migrante que tiene el derecho y la voluntad de insertarse en la vida productiva de la ciudad; el Comité presentará una ampliación a la queja presentada en enero pasado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, adelanto.

“El Comité seguirá enfocado en fomentar el trato humanitario a los migrantes y motivar las aportaciones en especie e invitar a profesionistas: médicos, dentistas, abogados, maestras; a que se sumen como voluntarios. Y recordar a quienes puedan ofrecer trabajo a los migrantes o rentar vivienda económica a que contacte a esta agrupación a través de redes sociales”, concluyó.

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