México.— En los últimos 20 años, la negociación del Presupuesto en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, se caracterizó por la inexperiencia, la escasa profesionalización, el desinterés de los legisladores y el clientelismo, lo que dio lugar a una industria del cohecho, del soborno “o de los moches”.
Así lo explicó Luis Carlos Ugalde, director de general de la consultora Integralia, al presentar en el Senado de la República el libro “La Negociación Política del Presupuesto 1997-2018”.
Expuso que el patrón que observado durante este periodo es que la Secretaría de Hacienda, con frecuencia, subestimaba ingresos y partidas de gasto; el Congreso ajustaba el proyecto de presupuesto y los legisladores se dedicaban a etiquetar proyectos.
Además, agregó, existió falta de interés para dar seguimiento a la ejecución del gasto, lo que ocasionó que porciones relevantes del Presupuesto generaran un gasto ineficaz, dispendió y en ocasiones fenómenos de corrupción.
Refirió que entre 2000 y 2012, cuando el PAN ocupaba la presidencia de la República, los Ejecutivos encontraron un modelo de negociación, a través del PRI y sus gobernadores:
Se inauguró una suerte de intercambio clientelar, donde los gobernadores se volvieron el centro de la negociación”
Fue entonces cuando los gobiernos entraron en una negociación bilateral. A cambio, los gobernadores propiciaban la disciplina de sus legisladores y comenzó a darse un gasto muy importante en los rubros de “gran atractivo político”.
Luis Carlos Ugalde dijo que con ello inició una fase que dañó la lógica de la negociación del presupuesto; la llamada etiquetación, que posteriormente dio lugar a la industria del soborno o “los moches”.
Indicó que fue una tendencia creciente, en la Cámara de Diputados, porque los legisladores encontraron en la etiquetación del dinero y de algunos programas, un modus operandi que les daba apoyo político, y en ocasiones, se daba lugar a comisiones o “moches”.
Esto es una realidad que sucedió, después se institucionalizó en los últimos años en el Ramo 23, donde se crearon fondos específicos que los grupos parlamentarios asignaban de manera directa, subrayó.
Dijo desconocer cómo se integrará el paquete económico en el nuevo gobierno, pero para esta administración la eliminación de los moches es un asunto estratégico, subrayó.
El consultor informó que la evolución del gasto público de 1997 a 2018 pasó de 2.6 billones de pesos a 5.2 billones, es decir se multiplicó el presupuesto.
Mencionó que durante los gobiernos de Acción Nacional, el Congreso influyó más en la negociación del presupuesto, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
También comentó que en estos años hubo rubros irreductibles que “no se tocaban”, como los salarios, nóminas y pensiones, “algo que va a cambiar con el PEF 2019, porque el nuevo gobierno ha propuesto una serie de recortes a gastos personales, así como al tamaño y nivel de la nómina”.
Por último, recomendó a los legisladores eliminar la etiquetación de recursos y evaluar la eficacia del gasto para designar partidas. Propuso, además, que la Cámara de Diputados haga una labor de seguimiento y control en la ejecución del gasto.
En opinión de la senadora Vanessa Rubio Márquez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Ramo 23 no debe eliminarse, sino hacerlo “menos discrecional” y más transparente para “que todo el mundo vea en qué se está gastando”.
La senadora del PRI dijo que “los moches” representan un mecanismo discrecional para el desvío de recursos. Son sin duda, actos reprochables en el ejercicio presupuestal, por lo que es necesario aspirar a transparentar la asignación y ejecución del gasto federal.
El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda, mencionó que el presupuesto es el instrumento más importante para el desarrollo y a justicia social, pero que fue utilizado para institucionalizar el saqueo en el país,
Señaló que es una prioridad cuidar y planificar los aspectos macroeconómicos con mucha precisión, pero, aclaró, el Estado mexicano tiene la obligación de compensar a los segmentos de la población más desfavorecidos.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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Negocioshace 2 días
