México
México, el paraíso de la comida chatarra
México.- Alejandro Calvillo comenzó a recibir mensajes con “spyware” justo cuando reclamaba una subida del impuesto a las bebidas azucaradas en México. Su lucha contra la obesidad se volvió incómoda, como la de quienes pretenden cambiar un sistema de alimentación que acarrea graves problemas de salud en todo el mundo.
Calvillo es director de la asociación El Poder del Consumidor y, junto a otras dos personas, ha sido víctima de ataques personales y de un sistema de espionaje “altamente sofisticado”, cuenta desde su oficina.
México, “el paraíso de la comida chatarra”, como él lo llama, es el país latinoamericano con más consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas.
En 2016, su tasa de obesidad adulta fue del 28.4% (24.3 millones de personas), la tercera más alta de América Latina por detrás de Uruguay (28.9%) y Chile (28.8%), según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
UNA EPIDEMIA MUNDIAL
América Latina y el Caribe, con 105 millones de adultos obesos y 42 millones de hambrientos, reflejan una tendencia global: en el mundo ya hay más personas obesas que pasando hambre.
Según las últimas estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la prevalencia de la obesidad está aumentando en todas las regiones y lo hace a un ritmo más rápido que el sobrepeso. Ambos problemas afectan a unos 2,000 millones de adultos.
En 2017, el índice de masa corporal alto -que define el sobrepeso y la obesidad, y que ha aumentado su nivel en un 127% desde 1990- influyó en la muerte de 4.7 millones de personas.
Ese año, según el estudio “Carga global de enfermedad” del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), una de cada cinco muertes -11 millones en total- estuvo asociada a una dieta pobre, factor que ya mata más que el tabaco y la hipertensión.
Pese a las advertencias, el último Informe de la nutrición global elaborado por un grupo de expertos advirtió que ningún país está avanzando lo suficiente para poner freno a la obesidad adulta y reducir la malnutrición infantil o la anemia en mujeres.
Se aleja así la posibilidad de acabar con todas las formas de malnutrición para 2030, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha pactado la comunidad internacional. Tampoco parece probable que se cumplan otras metas, como la de detener el incremento de la diabetes y la obesidad para 2025, fijada por la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.
Cada vez hay más países en los que coexisten altas tasas de hambre y obesidad. Los que mayor riesgo afrontan suelen ser los más pobres, los que “ven más fácil acceder a alimentos que son económicos, pero no necesariamente los más nutritivos”, apunta el director adjunto de Economía del Desarrollo Agrícola de la FAO, Marco Sánchez Cantillo.
COMIDA BASURA Y BARATA
Es ahí cuando entran en escena los productos altamente procesados, elaborados a partir de ingredientes industriales, en su mayoría aditivos y sin casi ningún alimento natural. Bollería industrial, refrescos, patatas fritas de bolsa, cereales azucarados, embutidos y platos precocinados congelados son solo algunos ejemplos.
Están ampliamente disponibles y, según diversos estudios, se han vuelto relativamente más baratos que los alimentos frescos y nutritivos en los países ricos y en los emergentes.
Ocurre incluso en naciones pobres, donde el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) constató que los ultraprocesados cada vez cuestan menos y los productos sanos son, en general, más caros que los menos nutritivos.
Sin embargo, el consumo de estos últimos puede salir caro a la larga. Análisis realizados en España, Francia y Estados Unidos han llegado a la conclusión de que, cuanto más ultraprocesados se consumen, mayor es la incidencia de enfermedades no transmisibles.
“Ahora mismo lo que te metes en la boca es el factor número uno para contraer una enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer, diabetes tipo 2,… y procede directamente de la comida”, afirma tajante Brent Loken, coautor de un informe de la Comisión EAT, una fundación global sin ánimo de lucro que lo publicó en la revista Lancet.
Importa igualmente lo que uno no ingiere. Tampoco se consumen suficientes verduras, frutas, nueces y legumbres, que aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes necesarios.
Según su receta, para 2050 habrá que duplicar el consumo mundial de los alimentos saludables y reducir en más del 50% el de los menos saludables, como los azúcares añadidos y la carne roja, un mensaje dirigido principalmente a los países desarrollados.
INICIATIVAS DE CHOQUE
La transición a dietas de peor calidad se ha convertido en un proceso global, influido en las últimas décadas por el desarrollo económico, la globalización, el sedentarismo o la urbanización.
Para revertir esa tendencia, México y Chile han tomado la iniciativa con medidas obligatorias que están encontrando ecos en el resto del mundo, aunque la mayoría de gobiernos continúa con políticas más blandas o de carácter voluntario.
El impuesto del 10% a las bebidas azucaradas en México ha reducido ligeramente su consumo. Calvillo insiste en elevarlo al 20 % para que sea más efectivo y, sobre todo, desarrollar políticas integrales “porque una sola medida no va a lograr nada”.
Revalorizar los alimentos frescos y cultivos tradicionales del país sigue siendo una tarea pendiente en un territorio que se ha llenado de tiendas de ultraprocesados al tiempo que han desaparecido muchos mercados locales a los que acudían a vender los pequeños productores.
En Chile, la ley de etiquetado de alimentos fue aprobada en 2011 pero hasta este año no ha entrado “totalmente en vigor”, según uno de sus impulsores, el senador Guido Girardi, del Partido Por la Democracia (centroizquierda).
Desde el principio, Girardi se asoció con los científicos para atacar la publicidad y se valió de estudios como los realizados con niños, que decían entender mejor los sellos negros que otros sistemas de clasificación, como el de los colores del semáforo.
La normativa allí establece que los envases de los alimentos deben llevar etiquetas negras en su parte frontal si superan los límites fijados para la sal, el azúcar, las grasas saturadas y las calorías. Basta uno de esos sellos para que no puedan tener publicidad televisiva, incluir juguetes o venderse en colegios.
La estrategia ha tenido cierto impacto. Según Girardi, los productores han cambiado la composición del 20% de sus alimentos para evitar los sellos, la venta de bebidas gaseosas ha disminuido en un 25% y la de los cereales azucarados en un 20%. Y todos los productos, aún con etiquetas negras, han bajado sus cantidades de sal, azúcar y grasas.
Todo ello pese a la presión “brutal” de algunas grandes empresas que han intentado “sabotear” la ley pagando a figuras públicas para que critiquen la normativa o amenazando con retirar sus fondos y denunciar a Chile ante instancias internacionales, asegura.
La Alianza Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), por el contrario, cree que una campaña basada en restricciones y “desincentivos al consumo” es “alarmista” e “ineficaz”.
Su presidente, Mario Montero, prefiere los “marcos normativos informativos y educativos” y defiende que la industria alimentaria se está adaptando a las “nuevas necesidades nutricionales de la población” ampliando su oferta de alimentos aptos para alérgicos, bajos en azúcares, grasas y sodio, y fortificados con micronutrientes.
UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO
Además de activistas y políticos, los expertos llevan años alzando la voz contra los vicios de la mala alimentación.
Alejandra Girona coordina en Uruguay el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Contribuyó a aportar pruebas que llevaron al presidente Tabaré Vázquez a firmar un decreto de etiquetado frontal como el chileno, el cual comenzará a aplicarse en 2020. Perú y México son los otros dos países latinoamericanos que han adoptado ese sistema.
Lo considera una herramienta que permitirá a la población “estar informada y tomar la elección sobre qué comer”, aunque entre los académicos no haya una postura única al respecto. Descarta haber recibido presiones de la industria, con la que sí han mantenido encuentros partiendo de “intereses diferentes”.
En el país latinoamericano con mayor incidencia de obesidad adulta, Girona habla del cambio de dieta a raíz de la reducción de la pobreza. “Las personas ganaron ingresos y en muy poco tiempo aumentó la oferta de productos listos para consumir. La gente empezó a dejar de cocinar”, dice sobre el paso a la “vida moderna”.
Su recomendación va dirigida al Estado, a dedicar más presupuesto, investigación, evaluación de políticas y trabajo en red para pensar en lo colectivo y facilitar entornos saludables.
“Los gobiernos necesitan darse cuenta de que pueden hacer mucho más para moldear los sistemas alimentarios, dando incentivos a las empresas y concienciando a los consumidores”, opina el director ejecutivo de la Alianza Mundial para mejorar la nutrición (GAIN), Lawrence Haddad, para quien tan importante es gravar el azúcar, mejorar el etiquetado o regular la publicidad como subsidiar la producción de frutas y verduras.
Lo que se busca es un cambio de comportamiento, y para ello es necesario entender mejor a las personas que sufren problemas de nutrición y los motivos que les llevan a consumir ultraprocesados, sostiene la directora del Centro de política alimentaria de la Universidad de la City de Londres, Corinna Hawkes.
Otras opciones son los programas de asistencia alimentaria para los más vulnerables, el suministro de agua potable para reducir el consumo de bebidas azucaradas, la eliminación de grasas ‘trans’ o las compras públicas de alimentos saludables y producidos localmente para distribuir en escuelas y demás instituciones.
Una batería de medidas que ya ensaya Latinoamérica, el laboratorio de la lucha mundial contra la obesidad. (EFE)
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emc
Ciudad de México.— El inicio de una nueva vida ocurrió fuera de los hospitales en distintos puntos de la Ciudad de México durante 2025, donde la intervención inmediata de policías capitalinos permitió la atención de mujeres en labor de parto en contextos de emergencia.
Atención a partos en espacios no hospitalarios
Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto, de las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés. Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.
Participación de corporaciones de la SSC
Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios. Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos, mientras que efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.
Apoyo vial y traslados médicos
La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud. Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.
Intervención de servicios de urgencias
En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Estas intervenciones se registraron en situaciones que implicaban mayor riesgo para la madre y el bebé, lo que permitió una atención médica especializada en coordinación con los elementos policiales.
Atenciones en la vía pública
En la alcaldía Cuauhtémoc se registraron acciones en espacios abiertos, donde personal de la Policía Auxiliar brindó apoyo a mujeres en labor de parto hasta la llegada de servicios médicos, con el objetivo de preservar la integridad de las madres y de los recién nacidos.
Distribución de apoyos por alcaldía
La alcaldía Cuauhtémoc concentró el mayor número de atenciones, con nueve casos. Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo registraron cinco apoyos cada una. En Iztapalapa y Gustavo A. Madero se auxiliaron a cuatro mujeres en cada demarcación. Venustiano Carranza reportó tres intervenciones. En Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se registró un apoyo en cada alcaldía.
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ebv
Ciudad de México.- El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, alertó sobre el aumento de llamadas de broma durante el Día de los Inocentes.
El funcionario explicó que estas acciones afectaron la atención de emergencias reales y pusieron en tensión a los servicios de auxilio.
Guerrero Chiprés informó que las llamadas de broma y las falsas activaciones de botones de auxilio aumentaron entre 10 y 15 por ciento ese día.
Señaló que los principales responsables fueron menores de edad, aunque también participaron personas adultas que usaron los servicios como “travesura”.
Durante diciembre, el C5 recibió dos mil 486 llamadas de broma. Además, registró 480 llamadas con insultos y 663 relacionadas con acoso sexual.
El titular del C5 explicó que cada activación de un botón de auxilio movilizó una patrulla y activó monitoreo por cámaras. Esa respuesta inmediata dejó de atender otras urgencias reales.
La ciudad cuenta con más de 17 mil botones de auxilio instalados en espacios públicos. Cada uno se diseñó para salvar tiempo en situaciones críticas.
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Guerrero Chiprés recordó que hacer llamadas de broma al 911 o accionar botones de auxilio sin motivo constituyó un delito. El Código Penal local estableció sanciones de hasta dos años de prisión.
Sin embargo, datos abiertos de la Fiscalía General de Justicia capitalina mostraron que, de 2017 a 2024, no se abrió ninguna carpeta de investigación por este delito.
El funcionario subrayó que el problema no fue legal, sino cultural. Llamar en falso normalizó el uso irresponsable de un sistema vital.
En promedio, cuatro mil unidades se movilizaron cada día en la ciudad para atender emergencias médicas, de seguridad y protección civil.
Cuando una unidad acudió a una falsa alarma, otra persona esperó más tiempo ayuda real. Esa diferencia pudo costar una vida.
Menos llamadas falsas, más conciencia ciudadana
Guerrero Chiprés informó que en octubre de 2024, al inicio de la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entre siete y ocho llamadas no fueron emergencias reales.
Ese porcentaje disminuyó en los meses siguientes. En diciembre de 2024, el C5 contabilizó 288 mil 547 llamadas. Hasta el 22 de diciembre, registró 153 mil 278, una reducción de 47 por ciento.
El funcionario atribuyó esta baja a mayor conciencia ciudadana y a una disminución indirecta de accidentes y violencias.
Recordó que, catorce meses atrás, 75 por ciento de las activaciones de botones de auxilio fueron travesuras. Las cámaras mostraron a personas que sólo pasaron y oprimieron el botón.
Identificó principalmente a hombres de entre 35 y 55 años, sobre todo entre miércoles por la noche y la madrugada del sábado.
En el caso del 911, explicó que alrededor de 67 por ciento de las llamadas no reportaron emergencias reales. Muchas fueron bromas o historias inventadas.
Educar para cuidar vidas
Guerrero Chiprés llamó a madres, padres y cuidadores a enseñar desde casa que el 911 no fue un número para jugar.
Pidió a la ciudadanía usar los servicios de emergencia con responsabilidad, especialmente en fechas simbólicas como el Día de los Inocentes.
Respetar una línea de emergencia significó respetar la vida de alguien desconocido. En esa llamada correcta, la ciudad ganó tiempo, humanidad y cuidado colectivo.
ARH
Ciudad de México.— El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el próximo periodo ordinario de sesiones se buscará discutir la minuta que reforma el Código Penal Federal en materia de abuso sexual.
Recordar que el 9 de diciembre de 2025 el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
“El objeto de la iniciativa es reformar en su totalidad el artículo 260 para que el concepto de abuso sexual cuente con una descripción más amplia, clara y acorde a los estándares internacionales, pues incorpora la ausencia del consentimiento como un elemento clave de este tipo penal, además de enfatizar que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no implicarán el consentimiento”, explicó Monreal Ávila.
Agravantes al abuso sexual
Además destacó que, como la modificación al artículo 260 prevé definir la sanción del abuso sexual y los casos en que ésta pueda aumentarse, por tanto, la iniciativa contempla modificar el artículo 266 Bis, mismo que actualmente especifica las agravantes para el abuso sexual y la violación.
Es decir, no se eliminan las particularidades que agravan el delito de abuso sexual, sino que dichos elementos se amplían y clarifican en la reforma al artículo 266 Bis. En específico, se pretende señalar que el abuso sexual puede suceder tanto en el ámbito público como en el privado, subrayó.
Intimidación, engaño, amenazas
De esta forma, el concepto se precisa para entenderlo como un delito que conlleva cualquier acto de naturaleza sexual, su observación o ejecución sobre una tercera persona o sobre el sujeto activo, sin el consentimiento de la víctima y sin que el propósito sea llegar a la cópula. Además de que el forzamiento de la exhibición del cuerpo de la víctima también configurará este delito.
“Con claridad se señala que el consentimiento no podrá presumirse si la voluntad de la persona fue anulada o viciada por la violencia, la intimidación, el engaño, las amenazas, el abuso de confianza o autoridad o situaciones de vulnerabilidad para las víctimas. Tampoco el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física podrán interpretarse como consentimiento para el acto sexual”, afirmó.
El diputado resaltó que la nueva conceptualización amplía la esfera de protección para las víctimas al considerar un acto sexual: “tocamientos, caricias, representaciones sexuales explícitas, etcétera”. Asimismo, destaca que la referencia a su ocurrencia en el ámbito privado conlleva que las víctimas no tengan una carga probatoria adicional.
Prisión y sanción económica
Especificó que la propuesta actualiza la pena de prisión para quedar de tres a siete años, la sanción económica y se adiciona la obligación de que los culpables acudan a talleres de no violencia contra las mujeres o la prestación de servicio social en favor del Estado. Además de llevar a cabo la reparación del daño en el marco de la Ley General de Víctimas.
Hizo énfasis en que la condena por abuso sexual se agravaría si su ejercicio conlleva violencia física, psicológica o moral; ocurre en un lugar despoblado; si el agresor y la víctima tienen o tuvieron un vínculo no sólo de parentesco por consanguinidad o afinidad, sino también por una relación de confianza, sentimental, laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa. Además de que el delito sería perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima.
Por otra parte, abundó, también se considera que la iniciativa permite al Estado cumplir su responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, más aún en contextos de abuso de poder o vulnerabilidad para las víctimas.
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Ciudad de México.— La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Liliana Ortiz Pérez señaló que la Ley General de Salud reconoce la residencia Médica como modalidad de formación, pero no obliga a las instituciones públicas a garantizar apoyo económico durante dicha etapa; mientras que en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aunque establece principios de apoyo al posgrado, no incluye explícitamente la residencia médica como un campo prioritario o protegido.
Recordó que el artículo 4o. de la Constitución Política reconoce el derecho a la salud y educación, así como la existencia de un sistema nacional de becas; sin embargo, ninguna ley secundaria contempla específicamente a los médicos residentes como sujetos obligatorios de becas.
@acaentrenews Los médicos residentes en #méxico ganan entre $8,000 y $15,000 pesos al mes, pero enfrentan jornadas de 80 horas semanales.😱 ¿Por qué no reciben el salario y los beneficios que merecen? Hablemos de esto #AcaEntreNews con @Laisha Wilkins ♬ sonido original – Acá Entre News
Justicia y dignidad a médicos residentes
Por ello, la panista consideró importante determinar de manera explícita y vinculante el derecho de los médicos residentes a recibir un estímulo que garantice su inclusión como beneficiarios en las leyes que rigen la salud pública y la ciencia y tecnología, dando un paso hacia la justicia, dignidad y profesionalización del personal médico en formación.
Más de 40 mil médicos
La panista estimó que más de 40 mil médicos residentes se forman anualmente en México en áreas como medicina interna, pediatría, anestesiología, cirugía, ginecología, urgencias, entre muchas otras, a través del régimen de residencia médica.
Además, cursan estudios de especialización médica en instituciones de educación superior, principalmente públicas, al tiempo que realizan prácticas clínicas obligatorias en condiciones demandantes y de alta responsabilidad.
@realidadmedicapodcast Respuesta a @vicente.saezv $$$$ poco pero shi !! #medicina #medico #medicos #medicosdetiktok #medicine #estudiantedemedicina #medical #medicaltiktok #medicalstudent #doctor #doctorlife #residenciamedica #fy #fyp #fypシ #foryou #parati ♬ sonido original – realidadmedicapodcast
Horarios extenuantes
En ese sentido, la panista aclaró que la residencia médica no es un curso teórico ni un seminario académico, sino una modalidad intensiva de formación que implica una relación práctica, presencial y continua con los pacientes en hospitales públicos, donde los residentes participan en urgencias, quirófanos, visitas médicas, guardias prolongadas, en horarios de 24 o 36 horas continuas, así como en tareas administrativas, enseñanza clínica y protocolos de investigación.
De acuerdo con el tabulador de sueldos para personal base del IMSS 2024 (vigente hasta octubre del 2025) un “médico residente en periodo de adiestramiento” podría obtener entre sueldo mensual y beca los 6 mil 70 pesos hasta los 7 mil 736 pesos de acuerdo al tipo de residente (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8).
Iniciativa para recibir pagos no menores al salario mínimo
Ante ello, la diputada Ortiz Pérez propuso adicionar un párrafo al artículo 95 de la Ley General de Salud para establecer que toda persona que se encuentre en internado de pregrado o en residencia de especialización deberá recibir un pago mensual, durante el periodo de formación profesional, por parte del establecimiento de salud al que haya sido asignada.
Dicho pago no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente, y su retribución deberá ser regular, suficiente y proporcional al tiempo de residencia y a la carga horaria del programa formativo.
La propuesta, enviada a la Comisión de Salud, resalta que con la reforma se busca subsanar un vacío normativo estructural que ha colocado a decenas de miles de médicos residentes en condiciones de precariedad e incertidumbre, a pesar de que su labor es indispensable para el funcionamiento cotidiano de hospitales y clínicas.
@dr.jorge.cardenas.m Cuánto dinero gana un médico? 🇲🇽 #drjorgecardenas #médico #deteccióntemprana #medicina #cirugíaoncológica ♬ sonido original – Dr. Jorge Cárdenas Mariaud
Evitar la deserción
Finalmente, la diputada Ortiz Pérez puntualizó que su iniciativa permitirá brindar certeza jurídica, regularidad y suficiencia a los apoyos que reciban los médicos residentes, evitar la deserción por motivos económicos, dignificar la formación médica especializada y fomentar la equidad territorial e intergeneracional en el acceso a especialidades.
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