México
México, el paraíso de la comida chatarra
México.- Alejandro Calvillo comenzó a recibir mensajes con “spyware” justo cuando reclamaba una subida del impuesto a las bebidas azucaradas en México. Su lucha contra la obesidad se volvió incómoda, como la de quienes pretenden cambiar un sistema de alimentación que acarrea graves problemas de salud en todo el mundo.
Calvillo es director de la asociación El Poder del Consumidor y, junto a otras dos personas, ha sido víctima de ataques personales y de un sistema de espionaje “altamente sofisticado”, cuenta desde su oficina.
México, “el paraíso de la comida chatarra”, como él lo llama, es el país latinoamericano con más consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas.
En 2016, su tasa de obesidad adulta fue del 28.4% (24.3 millones de personas), la tercera más alta de América Latina por detrás de Uruguay (28.9%) y Chile (28.8%), según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
UNA EPIDEMIA MUNDIAL
América Latina y el Caribe, con 105 millones de adultos obesos y 42 millones de hambrientos, reflejan una tendencia global: en el mundo ya hay más personas obesas que pasando hambre.
Según las últimas estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la prevalencia de la obesidad está aumentando en todas las regiones y lo hace a un ritmo más rápido que el sobrepeso. Ambos problemas afectan a unos 2,000 millones de adultos.
En 2017, el índice de masa corporal alto -que define el sobrepeso y la obesidad, y que ha aumentado su nivel en un 127% desde 1990- influyó en la muerte de 4.7 millones de personas.
Ese año, según el estudio “Carga global de enfermedad” del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), una de cada cinco muertes -11 millones en total- estuvo asociada a una dieta pobre, factor que ya mata más que el tabaco y la hipertensión.
Pese a las advertencias, el último Informe de la nutrición global elaborado por un grupo de expertos advirtió que ningún país está avanzando lo suficiente para poner freno a la obesidad adulta y reducir la malnutrición infantil o la anemia en mujeres.
Se aleja así la posibilidad de acabar con todas las formas de malnutrición para 2030, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha pactado la comunidad internacional. Tampoco parece probable que se cumplan otras metas, como la de detener el incremento de la diabetes y la obesidad para 2025, fijada por la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.
Cada vez hay más países en los que coexisten altas tasas de hambre y obesidad. Los que mayor riesgo afrontan suelen ser los más pobres, los que “ven más fácil acceder a alimentos que son económicos, pero no necesariamente los más nutritivos”, apunta el director adjunto de Economía del Desarrollo Agrícola de la FAO, Marco Sánchez Cantillo.
COMIDA BASURA Y BARATA
Es ahí cuando entran en escena los productos altamente procesados, elaborados a partir de ingredientes industriales, en su mayoría aditivos y sin casi ningún alimento natural. Bollería industrial, refrescos, patatas fritas de bolsa, cereales azucarados, embutidos y platos precocinados congelados son solo algunos ejemplos.
Están ampliamente disponibles y, según diversos estudios, se han vuelto relativamente más baratos que los alimentos frescos y nutritivos en los países ricos y en los emergentes.
Ocurre incluso en naciones pobres, donde el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) constató que los ultraprocesados cada vez cuestan menos y los productos sanos son, en general, más caros que los menos nutritivos.
Sin embargo, el consumo de estos últimos puede salir caro a la larga. Análisis realizados en España, Francia y Estados Unidos han llegado a la conclusión de que, cuanto más ultraprocesados se consumen, mayor es la incidencia de enfermedades no transmisibles.
“Ahora mismo lo que te metes en la boca es el factor número uno para contraer una enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer, diabetes tipo 2,… y procede directamente de la comida”, afirma tajante Brent Loken, coautor de un informe de la Comisión EAT, una fundación global sin ánimo de lucro que lo publicó en la revista Lancet.
Importa igualmente lo que uno no ingiere. Tampoco se consumen suficientes verduras, frutas, nueces y legumbres, que aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes necesarios.
Según su receta, para 2050 habrá que duplicar el consumo mundial de los alimentos saludables y reducir en más del 50% el de los menos saludables, como los azúcares añadidos y la carne roja, un mensaje dirigido principalmente a los países desarrollados.
INICIATIVAS DE CHOQUE
La transición a dietas de peor calidad se ha convertido en un proceso global, influido en las últimas décadas por el desarrollo económico, la globalización, el sedentarismo o la urbanización.
Para revertir esa tendencia, México y Chile han tomado la iniciativa con medidas obligatorias que están encontrando ecos en el resto del mundo, aunque la mayoría de gobiernos continúa con políticas más blandas o de carácter voluntario.
El impuesto del 10% a las bebidas azucaradas en México ha reducido ligeramente su consumo. Calvillo insiste en elevarlo al 20 % para que sea más efectivo y, sobre todo, desarrollar políticas integrales “porque una sola medida no va a lograr nada”.
Revalorizar los alimentos frescos y cultivos tradicionales del país sigue siendo una tarea pendiente en un territorio que se ha llenado de tiendas de ultraprocesados al tiempo que han desaparecido muchos mercados locales a los que acudían a vender los pequeños productores.
En Chile, la ley de etiquetado de alimentos fue aprobada en 2011 pero hasta este año no ha entrado “totalmente en vigor”, según uno de sus impulsores, el senador Guido Girardi, del Partido Por la Democracia (centroizquierda).
Desde el principio, Girardi se asoció con los científicos para atacar la publicidad y se valió de estudios como los realizados con niños, que decían entender mejor los sellos negros que otros sistemas de clasificación, como el de los colores del semáforo.
La normativa allí establece que los envases de los alimentos deben llevar etiquetas negras en su parte frontal si superan los límites fijados para la sal, el azúcar, las grasas saturadas y las calorías. Basta uno de esos sellos para que no puedan tener publicidad televisiva, incluir juguetes o venderse en colegios.
La estrategia ha tenido cierto impacto. Según Girardi, los productores han cambiado la composición del 20% de sus alimentos para evitar los sellos, la venta de bebidas gaseosas ha disminuido en un 25% y la de los cereales azucarados en un 20%. Y todos los productos, aún con etiquetas negras, han bajado sus cantidades de sal, azúcar y grasas.
Todo ello pese a la presión “brutal” de algunas grandes empresas que han intentado “sabotear” la ley pagando a figuras públicas para que critiquen la normativa o amenazando con retirar sus fondos y denunciar a Chile ante instancias internacionales, asegura.
La Alianza Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), por el contrario, cree que una campaña basada en restricciones y “desincentivos al consumo” es “alarmista” e “ineficaz”.
Su presidente, Mario Montero, prefiere los “marcos normativos informativos y educativos” y defiende que la industria alimentaria se está adaptando a las “nuevas necesidades nutricionales de la población” ampliando su oferta de alimentos aptos para alérgicos, bajos en azúcares, grasas y sodio, y fortificados con micronutrientes.
UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO
Además de activistas y políticos, los expertos llevan años alzando la voz contra los vicios de la mala alimentación.
Alejandra Girona coordina en Uruguay el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Contribuyó a aportar pruebas que llevaron al presidente Tabaré Vázquez a firmar un decreto de etiquetado frontal como el chileno, el cual comenzará a aplicarse en 2020. Perú y México son los otros dos países latinoamericanos que han adoptado ese sistema.
Lo considera una herramienta que permitirá a la población “estar informada y tomar la elección sobre qué comer”, aunque entre los académicos no haya una postura única al respecto. Descarta haber recibido presiones de la industria, con la que sí han mantenido encuentros partiendo de “intereses diferentes”.
En el país latinoamericano con mayor incidencia de obesidad adulta, Girona habla del cambio de dieta a raíz de la reducción de la pobreza. “Las personas ganaron ingresos y en muy poco tiempo aumentó la oferta de productos listos para consumir. La gente empezó a dejar de cocinar”, dice sobre el paso a la “vida moderna”.
Su recomendación va dirigida al Estado, a dedicar más presupuesto, investigación, evaluación de políticas y trabajo en red para pensar en lo colectivo y facilitar entornos saludables.
“Los gobiernos necesitan darse cuenta de que pueden hacer mucho más para moldear los sistemas alimentarios, dando incentivos a las empresas y concienciando a los consumidores”, opina el director ejecutivo de la Alianza Mundial para mejorar la nutrición (GAIN), Lawrence Haddad, para quien tan importante es gravar el azúcar, mejorar el etiquetado o regular la publicidad como subsidiar la producción de frutas y verduras.
Lo que se busca es un cambio de comportamiento, y para ello es necesario entender mejor a las personas que sufren problemas de nutrición y los motivos que les llevan a consumir ultraprocesados, sostiene la directora del Centro de política alimentaria de la Universidad de la City de Londres, Corinna Hawkes.
Otras opciones son los programas de asistencia alimentaria para los más vulnerables, el suministro de agua potable para reducir el consumo de bebidas azucaradas, la eliminación de grasas ‘trans’ o las compras públicas de alimentos saludables y producidos localmente para distribuir en escuelas y demás instituciones.
Una batería de medidas que ya ensaya Latinoamérica, el laboratorio de la lucha mundial contra la obesidad. (EFE)
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emc
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Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica.
De esta forma se extinguen siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ante ello el Pleno del INAI lamentó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de decreto de reforma constitucional que desaparece este Instituto autónomo y reasigna sus funciones a una dependencia del Poder Ejecutivo y a otras instancias del Estado.
Dijo que el acceso a la información y la protección de datos personales son conquistas sociales ganadas a pulso por generaciones de mexicanas y mexicanos.
“La reforma aprobada en la Cámara de Diputados implica una regresión para la garantía de estos derechos humanos y los controles democráticos”, refirió.
En ese sentido, alertó que sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el INAI.
“Con esta reforma, el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte en materia de transparencia y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de todas y todos”, refirió.
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Señaló que esta reforma también extingue al Sistema Nacional de Transparencia, indispensable para homologar a nivel nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
El acceso a la información y la protección de datos personales son piedras angulares de la vida social y democrática de México, por lo que el Pleno del INAI hizo un llamado a los legisladores del Senado a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos.
Finalmente, manifestó su disposición para seguir trabajando en el mejor diseño institucional posible para garantizar la progresividad de los mismos, “aún hay tiempo”.
ebv
Ciudad de México.— En el marco del mes de la eliminación de la violencia por razón de género y para cerrar su estudio más reciente sobre Violencia por razón de género en Instituciones de Educación Superior (DIVIGE), Unión Mujer identificó alarmantes datos relacionados con la violencia y los retos que enfrentan estudiantes, docentes y autoridades para erradicar este grave problema.
Los resultados del estudio fueron presentados durante el Panel “Violencia por Razón de Género: perspectivas para su análisis, prevención y erradicación” ante estudiantes, docentes y administrativos de Instituciones de Educación Superior del país.
Con 6,883 encuestados a nivel nacional se encontró que la percepción de seguridad dentro y fuera de las instalaciones muestra una dualidad que subraya la necesidad de fortalecer, tanto las medidas internas, como externas para un entorno seguro para las comunidades educativas, pues mientras el 85% de los encuestados se siente seguro dentro de las instalaciones de su Instituciones de Educación Superior (IES), fuera de ellas el panorama cambia significativamente, ya que un 38.7% expresó sentirse inseguro.
En cuanto a la prevalencia y tipos de violencia, casi la mitad de los encuestados (49.4%) afirmó haber presenciado algún tipo de violencia dentro de la IES. Los tipos más reportados incluyen:
Violencia verbal: burlas (38.2%), lenguaje insultante (34.8%) y chistes sexuales incómodos (30.4%).
Psicológica o emocional: exclusión de actividades (23.5%) y humillaciones (21.3%).
Violencia social: rechazo generalizado (33%) y avergonzar en público (19.2%).
Violencia física: Aunque menos común, se reportaron acercamientos no consentidos (9%) y golpes o jaloneos (8.7%).
Para la Coordinadora del Estudio, la Dra. Leticia España, el que 3 de cada 10 de las personas encuestadas haya confirmado haber sufrido violencia, exige fundamental consolidar acciones efectivas que humanicen los procesos de prevención, atención, sanción y reparación del daño y se incluya la opinión de los alumnos, de tal manera que las IES cuenten con ambientes equitativos y respetuosos.
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“A pesar de la existencia de protocolos y diversas acciones implementadas por las instituciones, los jóvenes no se sienten conectados con ellas. Esto podría mejorarse mediante una comunicación más clara y efectiva entre las estrategias de las IES y los estudiantes, garantizando que el mensaje llegue de manera adecuada. De esta forma, al preguntarles sobre los protocolos a seguir en casos de violencia, los estudiantes estarían más informados y conscientes de su existencia”, afirmó la Dra. España.
Por otro lado, el estudio (DIVIGE) también evidenció que la violencia en las IES está relacionada con dinámicas de poder, pues son los alumnos quienes están más vulnerables, y destaca la importancia de actuar en varios frentes:
Fomentar la prevención de tal manera que se dote a alumnos y docentes de las herramientas necesarias para identificar situaciones de violencia.
Fortalecer los procesos de la atención y acompañamiento a los casos reportados.
Garantizar que los protocolos institucionales sean claros, accesibles y efectivos.
Trabajar desde un enfoque humano para evitar la revictimización y proporcionar la atención necesaria o canalizar con redes de apoyo a víctimas y familiares de las víctimas.
Mantener un proceso de seguimiento continuo con las personas que son víctimas de violencia.
“Desde Unión Mujer, realizamos este llamado buscando inspirar una reflexión profunda y acciones concretas para construir espacios seguros, inclusivos y respetuosos en nuestras Instituciones de Educación Superior. El compromiso de toda la comunidad es esencial para erradicar la violencia y garantizar un entorno de aprendizaje pleno para todos”, la fundadora y directora general de Unión Mujer, Paulina Amozurrutia.
ebv
Edomex
“Están preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”, colectivo de mujeres acusa a legisladores del Edomex
Toluca.— La comisión de equidad de género del Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, una propuesta de iniciativa para despenalizar el aborto en esa entidad, con el fin de que este documento sea puesto a consideración del pleno legislativo el lunes 25 de noviembre y ahí se vote por “urgente”.
Ante ello, el Colectivo Mujeres de México lamentó las decisiones de los diputados del Estado de México que se enfocan en iniciativas como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, en lugar de atender problemáticas urgentes que afectan a las mujeres mexiquenses, como la inseguridad y la falta de oportunidades laborales.
Condenaron que los legisladores “estén más preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”.
Refirió que de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2024, el Estado de México reportó más de 200 asesinatos de mujeres, colocándose en el primer lugar nacional en este rubro. En cuanto a homicidios dolosos de mujeres, la entidad sumó 216 casos, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.
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Salud materna
Asimismo, refirió que según un estudio de Melisa Institute, el Estado de México está entre los siete estados con más muertes maternas, con una tasa de 48.9 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos vivos. Factores como la insuficiencia de atención obstétrica de emergencia y la falta de acceso a servicios profesionales durante el parto han perpetuado esta problemática, con la hemorragia como segunda causa principal de muerte materna durante la última década.
Además, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 reveló que el 32.5% de las mujeres mexiquenses han enfrentado maltrato en la atención obstétrica, evidenciando una deficiencia sistemática en el trato y cuidado médico.
Pobreza y carencias estructurales
El Colectivo subrayó que las mujeres en situación de pobreza enfrentan serias barreras para acceder a servicios de salud básicos. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cinco de los quince municipios con mayor pobreza a nivel nacional pertenecen al Estado de México. Esta situación limita la capacidad de las mujeres para recibir atención adecuada, incluso en casos de complicaciones médicas derivadas de procedimientos como el aborto.
Aborto no es prioridad
El Colectivo argumentó que legalizar el aborto hasta las 12 semanas no aborda las verdaderas prioridades de las mujeres en el Estado de México y desvía la atención de las políticas públicas necesarias para resolver problemáticas estructurales. “Las mujeres requieren seguridad, educación, empleo digno y servicios de salud materna. El aborto no soluciona estas carencias, sino que añade riesgos para la salud y la vida de las mujeres”, afirmaron.
El grupo hizo un llamado a los legisladores para que prioricen las necesidades reales de las mujeres mexiquenses y advierten que el aborto, legal o ilegal, siempre tiene consecuencias físicas y psicológicas.
Concluyeron que “el aborto nunca es, ni será seguro, porque siempre se elimina la vida de un ser indefenso o de una mujer asustada que no sabía qué hacer. Además de que las mujeres tienen consecuencias médicas y psicológicas”.
ebv
Ciudad de México.- En recientes días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el proyecto de egresos de 2025, en el que consideró una reducción del presupuesto entre el 2% y el 14% a todas las instituciones de educación superior que reciben fondos federales, entre ellas la UNAM y el IPN.
La propuesta de recorte presupuestal a instituciones de renombre desató una serie de reacciones en cadena y confusiones, pues en el paquete económico se establecía una reducción de 5 mil millones de pesos para la Universidad Nacional Autónoma de México y alrededor de 2 mil 190 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional.
En el transcurso de la semana, han ido saliendo a la luz diversas versiones en el ámbito político, que hasta ahora generan más dudas con relación al presupuesto al sistema educativo en México: ¿se incrementa o se reduce?
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A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que había un error en el proyecto de egresos y aclaró que el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) consideraba un incremento en 11 mil 869 millones de pesos, destinado a becas y otros subsidios y destacó que la UNAM y el IPN también tendrán un incremento presupuestario, algo que no sucedería con el resto de las instituciones educativas de gran relevancia.
Un vistazo al recorte presupuestal en cada institución
De acuerdo con información de la revista Proceso, así sería el “tijerazo” para las siguientes instituciones:
- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): mil 300 millones de pesos, 14% del presupuesto que recibió en 2024.
- Tecnológico Nacional de México: mil 681 millones de pesos, 7% del presupuesto que recibió en 2024.
- Universidad Pedagógica Nacional: 88 millones de pesos, 8% del presupuesto que se le otorgó en 2024.
- Universidad Abierta y a Distancia de México: 30 millones de pesos, 10% menos de su presupuesto en 2024.
- Colegio de Bachilleres: 110 millones de pesos, es decir, 5% menos que en 2024.
- Colegio de México: 46 millones de pesos, 6% menos que su presupuesto en 2024.
- Centro de Enseñanza Técnica Industrial: 40 millones de pesos, equivalente a un 10% menos que su presupuesto en 2024.
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro: 107 millones de pesos, es decir, 9% menos que en 2024.
Así defiende Sheinbaum a Universidades del Bienestar
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para 2025 a la SEP se le asignaron 450 mil 887 millones 888 mil 417 pesos, es decir, 5.90% más que en 2024.
Del total del paquete económico asignado a las instituciones educativas, resaltó que las Universidades del Bienestar serían de las más beneficiadas, con un aumento en el presupuesto, por lo que el ex rector de la UNAM, José Narro Robles las calificó de “fraude educativo”.
Pese a los dichos de Narro Robles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de las Universidades del Bienestar, argumentando que la educación superior debe ser accesible para todos y en respuesta al ex rector de la UNAM dijo que “es muy ignorante el que diga que es fraude”.
“Estos son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las Universidades Benito Juárez son universidades consolidadas, que tienen un sistema educativo distinto y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento”, destacó Sheinbaum Pardo.
Sistema educativo ¿al “quirófano”?
Tras darse a conocer el paquete económico 2025 en la Cámara de Diputados el pasado 15 de noviembre y que contempla un recorte presupuestal a la educación en México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que le harán una “cirugía” al presupuesto, para revertir esta situación.
“Estamos viendo eso para reasignar. Por eso creo que va a ser una cirugía mayor. Es una misma cobija, hablando en términos campiranos si le jalas de un lado descobijas otro, pero es un mismo presupuesto, y estamos haciendo un uso de creatividad, de tal suerte que en estos principales rubros que son -repito- educación, universidades, salud, campo mexicano, cultura, infraestructura carretera y Fuerzas Armadas, no reciban menos de lo que el año pasado recibieron”, detalló Monreal.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro aclaró que se logró aclarar a tiempo el “error” sobre una reducción del 10% a la UNAM y al IPN, entre otras universidades, por lo que se evitó una crisis con estudiantes y docentes del país.
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