Ciudad de México.— El nacimiento de un negocio suele parecerse al de una familia: una decisión tomada con esperanza, ahorro y trabajo diario, pensada para sostener la vida y ofrecer futuro. Hoy, en muchas regiones del país, ese inicio se ve amenazado por una violencia que se infiltra en la rutina y altera la manera de vivir, trabajar y convivir, una violencia que ya no se limita a episodios aislados y que tiene nombre propio: extorsión.

Inquietud social en espacios productivos

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, señaló que en mercados, corredores industriales y zonas fronterizas se percibe una preocupación constante entre comerciantes y emprendedores. Esta inquietud, dijo, se manifiesta en decisiones como el cierre anticipado de negocios o la modificación de rutinas familiares, derivadas del temor asociado a la violencia. La extorsión se presenta como un factor que altera la forma de trabajar y de habitar los territorios.

Violencia con efectos comunitarios

De acuerdo con Sierra Álvarez, la violencia alcanzó una dimensión que supera episodios aislados y se refleja en la percepción de vulnerabilidad en distintos sectores de la población. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, expuso el impacto social de estos hechos y la preocupación que se extiende entre diversas profesiones, edades y regiones del país.

Datos oficiales sobre extorsión

En 2025, México registró 8,585 víctimas de extorsión, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representa un incremento de 5.2 por ciento respecto al año anterior. En los 43 municipios fronterizos, el crecimiento fue de 15.2 por ciento. Estas cifras no contemplan los casos que no se denuncian, conocidos como cifra negra, asociados al miedo o a la desconfianza en las autoridades.

Afectaciones a negocios y familias

Sierra Álvarez indicó que la extorsión impacta a micro, pequeñas y medianas empresas en distintos puntos del país. Este delito incide en personas que desarrollan actividades económicas desde sus hogares, en emprendimientos familiares, talleres, comercios y unidades de producción agrícola. Las mipymes concentran alrededor del 70 por ciento del empleo nacional y enfrentan pérdidas económicas, cierre de operaciones y afectaciones a patrimonios construidos a lo largo de varios años.

Control territorial y desplazamiento

Además del daño económico, la extorsión influye en decisiones relacionadas con la permanencia en ciertos territorios. Sierra Álvarez indicó que este delito interviene en la posibilidad de abrir o mantener negocios, modifica dinámicas de mercado y genera el abandono de proyectos productivos. En algunos casos, deriva en el desplazamiento de familias y comerciantes hacia otras regiones.

Experiencias locales de atención

Existen regiones donde se han registrado avances en la atención de la violencia. Sierra Álvarez mencionó el caso de Tijuana, donde la participación de sectores productivos, la colaboración social y la respuesta institucional permitieron enfrentar periodos de alta incidencia delictiva. Estas experiencias se observan como referencias para otras zonas del país.

Necesidad de coordinación institucional

Para atender la extorsión, se plantea la necesidad de una estrategia de alcance nacional que articule a corporaciones estatales y municipales, fortalezca a las fiscalías, combata redes de corrupción e incremente las capacidades de inteligencia financiera. Sierra Álvarez subrayó que la efectividad depende de contar con corporaciones capacitadas, con recursos suficientes y presencia territorial.

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ebv

Ciudad de México.- Salir a comer en la esquina, pedir tacos o resolver la comida del día en una fonda fue más caro durante todo 2025.

Los datos oficiales confirman que los precios en loncherías, fondas, torterías y taquerías se mantuvieron por arriba de 8% anual, casi el doble de la inflación general del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este grupo de servicios nunca salió del listado de genéricos con mayor incidencia inflacionaria.

En la primera quincena de diciembre, el incremento anual fue de 8.66%, en un contexto donde la inflación general avanzó a un ritmo sensiblemente menor, precisó el INEGI a través de un comunicado, en su más reciente reporte.

Los servicios alimentarios representan alrededor del 26% del gasto de los hogares mexicanos, lo que convierte cualquier ajuste en un impacto directo al bolsillo de millones de familias.

Los precios que no bajan en la comida diaria

Las cifras muestran que el fenómeno no es reciente. Desde finales de 2021, los precios en taquerías, fondas y restaurantes acumulan un aumento de 42.54%, reflejando una presión persistente que no ha cedido tras la pandemia.

El INEGI advirtió que estos establecimientos enfrentan incrementos constantes en insumos clave para la preparación de alimentos, lo que termina trasladándose al consumidor final.

La presión se mantuvo durante los 12 meses de 2025, sin periodos de alivio claros.

“Tenemos amplia información de tipo anecdotario que apunta a que no sólo es un factor importante, sino creciente, de tal forma que contribuye al proceso inflacionario que enfrentamos”, comentó Jonathan Health en entrevista para Imagen Radio.

Inseguridad y costos ocultos en el precio final

Además del encarecimiento de mercancías, el sector enfrenta un entorno complejo.

Heath explicó que, aunque no existen cifras duras suficientes, la inseguridad también juega un papel relevante.

“Sabemos que contribuye a explicar la persistencia actual de la inflación y creemos que está más presente en los precios de los servicios”, afirmó.

Esta situación impacta especialmente a pequeños negocios de comida, que operan con márgenes reducidos y dependen del consumo diario.

El resultado es una resistencia de los precios a descender, incluso cuando otros componentes de la inflación muestran señales de moderación.

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GDH

Ciudad de México.- El costo de la canasta básica alimentaria alcanza un promedio de 2,020.47 pesos al cierre de 2025, una señal clara del reto cotidiano para millones de familias mexicanas.

La cifra representa un aumento promedio de 16.05 pesos y una variación al alza de 0.80%, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

El dato no solo refleja inflación. Muestra cómo el consumo básico sigue bajo presión y por qué hablar de salud financiera resulta indispensable antes de iniciar 2026.

La ANPEC informó que realizó un estudio de mercado en los 32 estados del país, enfocado en 44 productos de la canasta básica alimentaria.

El levantamiento se efectuó entre noviembre y en la primera quincena de diciembre de 2025, con una muestra aleatoria, domiciliada y ambulatoria, en más de 200 puntos de venta.

El análisis consideró tres niveles de consumo: alto, medio y popular, lo que permitió observar el impacto generalizado del alza de precios en distintos hogares.

Entre los productos que más incrementaron su precio destacaron alimentos esenciales para la dieta diaria:

Jitomate subió 7.56%, al pasar de 26.00 a 27.97 pesos.

Chile jalapeño aumentó 6.27%, de 36.71 a 39.01 pesos.

Chiles en escabeche crecieron 6.44%, de 24.75 a 26.34 pesos.

Tomate verde avanzó 5.06%, de 37.70 a 39.61 pesos.

Frijol se encareció 4.24%, de 40.50 a 42.22 pesos.

Estos incrementos impactaron directamente la mesa de las familias, en especial aquellas que destinan la mayor parte de su ingreso a la alimentación.

La ANPEC señala que 2025 resultó especialmente complejo para los pequeños comercios del país.

Las inclemencias del clima, como sequías prolongadas, lluvias intensas e inundaciones, afectaron las cadenas de abasto. Estas condiciones elevaron los costos de transporte y provocaron mermas en productos del campo.

El efecto no quedó en la producción. Llegó al mostrador y al consumidor final, que enfrenta precios más altos en alimentos básicos.

Este contexto importa porque evidencia la vulnerabilidad del ingreso familiar ante factores externos.

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Además, recuerda que la estabilidad económica del hogar depende, cada vez más, de una planeación consciente del gasto.

Salud financiera: una herramienta clave rumbo a 2026

Hablar de salud financiera no significa tener grandes ingresos. Es tomar decisiones informadas frente a un entorno económico cambiante.

Asimismo, la experiencia de 2025 muestra que pequeños aumentos acumulados impactan de forma constante el presupuesto familiar.

Además, especialistas en educación financiera insisten en la importancia de registrar gastos, priorizar necesidades básicas y evitar endeudamientos innecesarios al iniciar un nuevo año.

Fortalecer la salud financiera permite enfrentar mejor la inflación, cuidar la alimentación y reducir el estrés económico en los hogares.

ARH

Ciudad de México.— La importación ilegal y a bajo costo de bicicletas de origen asiático hacia México ponen en riesgo la estabilidad de los fabricantes nacionales, frenan las inversiones y en consecuencia se podrían perder miles de empleos, aseguró Karol Viazcan Villanueva, directora operativa de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, A.C. (Anafabi).

Destacó que, desde la Anafabi, que agrupa a las más importantes empresas fabricantes del país, y representa en conjunto el 75% de la producción nacional, se ha detectado la entrada de bicicletas a precios por debajo de su valor normal, las cuales se comercializan tanto en el comercio informal como a través de distintos canales de venta, sin que en todos los casos se acredite el cumplimiento de las normas de calidad aplicables, lo que podría representar un riesgo para los usuarios.

Bicicletas para niños

Las medidas adoptadas por el gobierno federal de imponer cuotas compensatorias a las importaciones de diversos productos, entre ellos las bicicletas para niños, las cuales a partir del 9 de octubre del 2025, mediante resolución preliminar emitida en el Diario Oficial de la Federación tuvo incremento de 13.12 dólares a 57.19 dólares por pieza, representan un respiro para esta industria, ya que las importaciones tan solo entre 2023 y 2024 se incrementaron en 48%, al pasar de 416 mil 316 a 617 mil 290 unidades, y se espera que al cierre de 2025 esta cifra se incremente, pero confía en que una vez que entró en vigor esta medida ese nivel vaya disminuyendo paulatinamente.

Se espera que con este nuevo ajuste en la cuota compensatoria se logre reducir la brecha que impide una competencia sana y justa, en donde las importaciones cumplan con las normas y el pago de impuestos real y que sean los compradores quienes decidan la calidad del producto que quieren adquirir, ya que actualmente entran bicicletas de 180 pesos al país, que terminan ofertándose en el mercado informal hasta en mil 500 pesos, lo que afectan las ventas nacionales sobre todo en esta temporada decembrina y de Día de Reyes.

Origen chino

Karol Viazcan aseguró que, de lograr la resolución definitiva para la aplicación de la cuota compensatoria para la importación de bicicletas de niños originarias de China, permitiría a la industria fomentar la competitividad de la producción local, fortaleciendo las cadenas de suministro nacionales y reducir la dependencia de las importaciones.

“Ha sido un año de avances importantes para la asociación y buscamos dar continuidad a estos logros. Para el próximo año se espera la resolución definitiva para la imposición de la cuota compensatoria a las bicicletas infantiles, así como el inicio del examen de vigencia para su permanencia por cinco años más”, dijo.

Asimismo, se impulsará la aplicación de una cuota compensatoria a las bicicletas para adultos, cuyas importaciones se han incrementado de manera significativa en los últimos años, particularmente las de origen chino, afectando a la industria nacional.

Empleos familias

Actualmente las empresas agremiadas a Anafabi producen alrededor de un millón de bicicletas anuales en todas sus variedades -montaña, juvenil, infantil, de ruta y de carga-, generando más de 12 mil empleos entre directos e indirectos, lo que habla de su importancia en la economía del país.

Finalmente, la Anafabi reiteró su disposición para seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades federales en el diseño y aplicación de políticas que garanticen un piso parejo, impulsen la producción nacional y protejan el empleo, la inversión y la seguridad de los consumidores mexicanos, en un entorno de competencia sana, justa y transparente.

“Creemos en la competencia, siempre que sea sana, justa, leal y en igualdad de condiciones”, concluyó.

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