México
Sin migración, comunidades del río Suchiate mueren
Suchiate.- Con el despliegue de la Guardia Nacional y operativos de la Marina y el Ejército en los límites con Guatemala para contener a migrantes indocumentados, comerciantes de abarrotes de Ciudad Hidalgo, municipio de Suchiate, y otras localidades fronterizas temen que su economía se vea afectada.
La razón es que sus principales clientes son habitantes de Guatemala, quienes no cuentan con documentación legal, pero cruzan todos los días por el río Suchiate para traspasar mercancía de contrabando, productos de la canasta básica en su mayoría, que por el tipo de cambio en territorio nacional son más baratos.
El comerciante de abarrotes, Sergio Brayan Cruz Paz, declaró que a finales de 2018 y principios de 2019, con el arribo de caravanas masivas de migrantes, sus ventas se afectaron por miedo a saqueos y los almacenes cerraron. Hoy, con la presencia de militares, el flujo de clientes en las últimas semanas también disminuyó, menos personas cruzan el río para consumirles.
“Yo sé que los militares vienen a mandar órdenes, pero son para los migrantes, pero van a afectar el mercado porque la gente (de Guatemala) viene a comprar, no vienen a hacer otro daño, pero ellos no tienen papeles para entrar.
“Las caravanas sí nos afectaron a las ventas, el cambio bajó, el comercio se cerraba por lo mismo de los saqueos, sí afectaba a la gente, bajaron las ventas”, manifestó.
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A las orillas del río Suchiate se localizan alrededor de 20 pasos informales por donde transitan día a día decenas de balsas, armadas con tablas y cámaras de grandes neumáticos, que transportan a personas y mercancía que no paga ningún tipo de arancel.
Desde las 6:00 horas, los balseros llegan a los pasos para alistar sus viajes, en los que ciudadanos de México y Guatemala pagan entre 20 y 50 pesos por cruzar de un país a otro para ir a trabajar, también cruzan migrantes centroamericanos, caribeños y transcontinentales.
Alrededor de las 07:00 horas comienzan a llegar los triclicleros con motocicletas adaptadas con una plataforma de carga, llenas de mercancía que traen de las tiendas cercanas al cauce y que pasan de contrabando a Guatemala.
Cajas y paquetes de papel higiénico, frijol, galletas, aceite, cerveza, leche, huevo, refresco, pasta de dientes, chocolate, champú y café, son descargadas de los triciclos y montadas sobre las balsas; en ocasiones se requiere de dos vehículos para cruzar toda la mercancía que llevan los comerciantes guatemaltecos.
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Los cruces más conocidos sobre el Suchiate son El Coyote, Las Hamacas, Palenque, Armadillos, Rojos, Limón y Cruz Blanca, en todos ellos trabajan unos mil balseros y cerca de dos mil 500 tricicleros, de acuerdo con los comerciantes locales.
Sobre las calles Palenque; Central, Primera y Tercera Calle Oriente; Tercera Sur que son paralelas al cauce del río Suchiate se localizan tiendas y almacenes donde los tricicleros surten los productos.
La locataria, Juana del Carmen Romero Solís, manifestó que en los últimos tres meses sus ventas disminuyeron, pues antes sus clientes acudían tres veces por semana y ahora lo hacen una cada semana. Sin embargo, confió en que las autoridades militares entiendan su actividad económica y permitan el libre paso de mercancías.
“En un principio quizá afecte. Son autoridades y tenemos que respetarlas, si ellos nos dicen pues ya no pasamos, pero eso será unos días, ellos van a entender que nosotros no tenemos productos extranjeros, vendemos puros productos mexicanos.
“Ahorita están muy bajas las ventas, pero esperamos que de septiembre a diciembre ya se componga, eso esperamos porque de unos tres meses para acá ha estado bajo”, reiteró Romero Solís.
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También, compartió que los consumidores guatemaltecos llevan por viaje entre 10 y 20 cajas de cada producto de la canasta básica. Comentó que el ingreso depende del tipo de cambio entre las monedas, pues cuando el dólar baja, el quetzal también baja, y aunque el peso tiene ganancia a ellos les perjudica, porque dejan de pasar a comprar mercancías a Chiapas.
Ciudad Hidalgo tienen alrededor de 14 mil habitantes, su principal actividad económica está constituida por comercios, de abarrotes, de alimentos frescos, ropa y calzado. Los negocios son familiares y cada local tiene entre tres y diez trabajadores. Lo que significa una derrama económica para la población.
Manuel de Jesús es un triciclero, lleva mercancías de los locales a las orillas del río. Al día realiza entre 10 y 15 viajes y gana 300 pesos; Manuel tampoco está de acuerdo con la entrada de la Guardia Nacional, pues recuerda que hace un par de años del lado de Guatemala implementaron un operativo en ese país para frenar la mercancía y la economía de las familias de Suchiate sufrió.
“Prácticamente yo ni nadie está de acuerdo que venga la Guardia Nacional acá, ellos (los comerciantes) piensan que van a quitar lo que es trabajo, porque almacenistas, abarroteros, tricicleros, balseros, todo eso es trabajo, es una cadena.
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“Mientras tanto vamos a seguir igual, ya si no se ponen de acuerdo, pues la gente se va a levantar”, expresó Manuel de Jesús.
En este sentido, el pasado 17 de junio, elementos de la Marina intentaron instalar un puesto de vigilancia en las orillas del río Suchiate, sin embargo, ante el rumor de que frenarían el tránsito de mercancía de contrabando, los balseros los confrontaron y los corrieron del lugar.
El aumento de militares en la frontera ha generado incertidumbre entre los habitantes de Ciudad Hidalgo, comerciantes en su mayoría, quienes esperan que sus ventas se estabilicen y su actividad mercantil continúe tal como era antes del arribo de caravanas masivas de migrantes y de las acciones del gobierno para contenerlas.
Al respecto, el catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Abdiel Camargo Martínez, comisionado en el Colegio de la Frontera Sur, explicó que los cambios en la dinámica social y económica a causa de los flujos migratorios, no se debe a la presencia de personas de otras nacionalidades, sino a las gestiones de las autoridades por contenerlos o registrarlos.
“No es por culpa de los migrantes, ni es la presencia de los migrantes lo que provoca cambios, sino la gestión gubernamental y política asociada a la presencia de los migrantes.
“Siempre los flujos migratorios, ya sea de forma clandestina o regular van haciendo que se desenvuelva la economía, ya sea de mala manera, en términos del desarrollo de sistemas de intermediación (coyotaje) y por los servicios beneficiados”, aseveró.
Describió que el impacto a la economía local de la frontera sur de México en el fenómeno migratorio por el que pasa el país, se puede explicar desde la presencia de tres principales grupos: Los centroamericanos, los caribeños y los trasnacionales.
“Los cubanos tomaron la ciudad en el sentido de que eran los que se hospedaban en los hoteles, rentaban cuartos, casas, habitaciones, porque se empezó a prolongar más la estancia, se sabía que tenían muchos más recursos; ahí el derroche para la ciudad es favorable en términos de economía, servicios, alimentación”, comentó.
El académico apuntó que en estos casos también provoca un abuso por parte de las estructuras locales, por ejemplo, los servicios de transporte, alimentación y hospedaje elevan sus precios.
“Los africanos por su lado también empezaban a tomar espacios en la ciudad, pero un poco más precario, básicamente ellos se enfocan a las afueras de la estación migratoria, pero en situaciones más precarias”, expresó.
Por otra parte, señaló que el flujo centroamericano sí representó un gasto para las autoridades locales debido a que fueron contenidos.
“Su intención inicial no era quedarse aquí, al verse bloqueados tienen que comer, alimentarse, servicios de salud, eso ya empezó a tener un gasto, pero no es por los migrantes, es por la acción gubernamental o por la política de gestión que se empezó a aplicar”, aseguró.
Camargo Martínez puntualizó que la migración siempre va a traer derrama económica y generar abuso hacia los extranjeros por parte de los locales. Sin embargo, cuando las autoridades implementan acciones de contención, el impacto negativo a la economía se ve más marcado.
“Deberíamos de tener un poco de memoria, al menos de corto plazo, porque durante décadas pasaban y no representó ninguna situación para la economía, en cambio la política empezó a tener impacto y empezó a generar gasto”, afirmó.
ebv
Ciudad de México.— El inicio de una nueva vida ocurrió fuera de los hospitales en distintos puntos de la Ciudad de México durante 2025, donde la intervención inmediata de policías capitalinos permitió la atención de mujeres en labor de parto en contextos de emergencia.
Atención a partos en espacios no hospitalarios
Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto, de las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés. Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.
Participación de corporaciones de la SSC
Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios. Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos, mientras que efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.
Apoyo vial y traslados médicos
La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud. Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.
Intervención de servicios de urgencias
En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Estas intervenciones se registraron en situaciones que implicaban mayor riesgo para la madre y el bebé, lo que permitió una atención médica especializada en coordinación con los elementos policiales.
Atenciones en la vía pública
En la alcaldía Cuauhtémoc se registraron acciones en espacios abiertos, donde personal de la Policía Auxiliar brindó apoyo a mujeres en labor de parto hasta la llegada de servicios médicos, con el objetivo de preservar la integridad de las madres y de los recién nacidos.
Distribución de apoyos por alcaldía
La alcaldía Cuauhtémoc concentró el mayor número de atenciones, con nueve casos. Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo registraron cinco apoyos cada una. En Iztapalapa y Gustavo A. Madero se auxiliaron a cuatro mujeres en cada demarcación. Venustiano Carranza reportó tres intervenciones. En Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se registró un apoyo en cada alcaldía.
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ebv
Ciudad de México.- El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, alertó sobre el aumento de llamadas de broma durante el Día de los Inocentes.
El funcionario explicó que estas acciones afectaron la atención de emergencias reales y pusieron en tensión a los servicios de auxilio.
Guerrero Chiprés informó que las llamadas de broma y las falsas activaciones de botones de auxilio aumentaron entre 10 y 15 por ciento ese día.
Señaló que los principales responsables fueron menores de edad, aunque también participaron personas adultas que usaron los servicios como “travesura”.
Durante diciembre, el C5 recibió dos mil 486 llamadas de broma. Además, registró 480 llamadas con insultos y 663 relacionadas con acoso sexual.
El titular del C5 explicó que cada activación de un botón de auxilio movilizó una patrulla y activó monitoreo por cámaras. Esa respuesta inmediata dejó de atender otras urgencias reales.
La ciudad cuenta con más de 17 mil botones de auxilio instalados en espacios públicos. Cada uno se diseñó para salvar tiempo en situaciones críticas.
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Guerrero Chiprés recordó que hacer llamadas de broma al 911 o accionar botones de auxilio sin motivo constituyó un delito. El Código Penal local estableció sanciones de hasta dos años de prisión.
Sin embargo, datos abiertos de la Fiscalía General de Justicia capitalina mostraron que, de 2017 a 2024, no se abrió ninguna carpeta de investigación por este delito.
El funcionario subrayó que el problema no fue legal, sino cultural. Llamar en falso normalizó el uso irresponsable de un sistema vital.
En promedio, cuatro mil unidades se movilizaron cada día en la ciudad para atender emergencias médicas, de seguridad y protección civil.
Cuando una unidad acudió a una falsa alarma, otra persona esperó más tiempo ayuda real. Esa diferencia pudo costar una vida.
Menos llamadas falsas, más conciencia ciudadana
Guerrero Chiprés informó que en octubre de 2024, al inicio de la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entre siete y ocho llamadas no fueron emergencias reales.
Ese porcentaje disminuyó en los meses siguientes. En diciembre de 2024, el C5 contabilizó 288 mil 547 llamadas. Hasta el 22 de diciembre, registró 153 mil 278, una reducción de 47 por ciento.
El funcionario atribuyó esta baja a mayor conciencia ciudadana y a una disminución indirecta de accidentes y violencias.
Recordó que, catorce meses atrás, 75 por ciento de las activaciones de botones de auxilio fueron travesuras. Las cámaras mostraron a personas que sólo pasaron y oprimieron el botón.
Identificó principalmente a hombres de entre 35 y 55 años, sobre todo entre miércoles por la noche y la madrugada del sábado.
En el caso del 911, explicó que alrededor de 67 por ciento de las llamadas no reportaron emergencias reales. Muchas fueron bromas o historias inventadas.
Educar para cuidar vidas
Guerrero Chiprés llamó a madres, padres y cuidadores a enseñar desde casa que el 911 no fue un número para jugar.
Pidió a la ciudadanía usar los servicios de emergencia con responsabilidad, especialmente en fechas simbólicas como el Día de los Inocentes.
Respetar una línea de emergencia significó respetar la vida de alguien desconocido. En esa llamada correcta, la ciudad ganó tiempo, humanidad y cuidado colectivo.
ARH
Ciudad de México.— El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el próximo periodo ordinario de sesiones se buscará discutir la minuta que reforma el Código Penal Federal en materia de abuso sexual.
Recordar que el 9 de diciembre de 2025 el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
“El objeto de la iniciativa es reformar en su totalidad el artículo 260 para que el concepto de abuso sexual cuente con una descripción más amplia, clara y acorde a los estándares internacionales, pues incorpora la ausencia del consentimiento como un elemento clave de este tipo penal, además de enfatizar que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no implicarán el consentimiento”, explicó Monreal Ávila.
Agravantes al abuso sexual
Además destacó que, como la modificación al artículo 260 prevé definir la sanción del abuso sexual y los casos en que ésta pueda aumentarse, por tanto, la iniciativa contempla modificar el artículo 266 Bis, mismo que actualmente especifica las agravantes para el abuso sexual y la violación.
Es decir, no se eliminan las particularidades que agravan el delito de abuso sexual, sino que dichos elementos se amplían y clarifican en la reforma al artículo 266 Bis. En específico, se pretende señalar que el abuso sexual puede suceder tanto en el ámbito público como en el privado, subrayó.
Intimidación, engaño, amenazas
De esta forma, el concepto se precisa para entenderlo como un delito que conlleva cualquier acto de naturaleza sexual, su observación o ejecución sobre una tercera persona o sobre el sujeto activo, sin el consentimiento de la víctima y sin que el propósito sea llegar a la cópula. Además de que el forzamiento de la exhibición del cuerpo de la víctima también configurará este delito.
“Con claridad se señala que el consentimiento no podrá presumirse si la voluntad de la persona fue anulada o viciada por la violencia, la intimidación, el engaño, las amenazas, el abuso de confianza o autoridad o situaciones de vulnerabilidad para las víctimas. Tampoco el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física podrán interpretarse como consentimiento para el acto sexual”, afirmó.
El diputado resaltó que la nueva conceptualización amplía la esfera de protección para las víctimas al considerar un acto sexual: “tocamientos, caricias, representaciones sexuales explícitas, etcétera”. Asimismo, destaca que la referencia a su ocurrencia en el ámbito privado conlleva que las víctimas no tengan una carga probatoria adicional.
Prisión y sanción económica
Especificó que la propuesta actualiza la pena de prisión para quedar de tres a siete años, la sanción económica y se adiciona la obligación de que los culpables acudan a talleres de no violencia contra las mujeres o la prestación de servicio social en favor del Estado. Además de llevar a cabo la reparación del daño en el marco de la Ley General de Víctimas.
Hizo énfasis en que la condena por abuso sexual se agravaría si su ejercicio conlleva violencia física, psicológica o moral; ocurre en un lugar despoblado; si el agresor y la víctima tienen o tuvieron un vínculo no sólo de parentesco por consanguinidad o afinidad, sino también por una relación de confianza, sentimental, laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa. Además de que el delito sería perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima.
Por otra parte, abundó, también se considera que la iniciativa permite al Estado cumplir su responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, más aún en contextos de abuso de poder o vulnerabilidad para las víctimas.
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ebv
Ciudad de México.— La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Liliana Ortiz Pérez señaló que la Ley General de Salud reconoce la residencia Médica como modalidad de formación, pero no obliga a las instituciones públicas a garantizar apoyo económico durante dicha etapa; mientras que en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aunque establece principios de apoyo al posgrado, no incluye explícitamente la residencia médica como un campo prioritario o protegido.
Recordó que el artículo 4o. de la Constitución Política reconoce el derecho a la salud y educación, así como la existencia de un sistema nacional de becas; sin embargo, ninguna ley secundaria contempla específicamente a los médicos residentes como sujetos obligatorios de becas.
@acaentrenews Los médicos residentes en #méxico ganan entre $8,000 y $15,000 pesos al mes, pero enfrentan jornadas de 80 horas semanales.😱 ¿Por qué no reciben el salario y los beneficios que merecen? Hablemos de esto #AcaEntreNews con @Laisha Wilkins ♬ sonido original – Acá Entre News
Justicia y dignidad a médicos residentes
Por ello, la panista consideró importante determinar de manera explícita y vinculante el derecho de los médicos residentes a recibir un estímulo que garantice su inclusión como beneficiarios en las leyes que rigen la salud pública y la ciencia y tecnología, dando un paso hacia la justicia, dignidad y profesionalización del personal médico en formación.
Más de 40 mil médicos
La panista estimó que más de 40 mil médicos residentes se forman anualmente en México en áreas como medicina interna, pediatría, anestesiología, cirugía, ginecología, urgencias, entre muchas otras, a través del régimen de residencia médica.
Además, cursan estudios de especialización médica en instituciones de educación superior, principalmente públicas, al tiempo que realizan prácticas clínicas obligatorias en condiciones demandantes y de alta responsabilidad.
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Horarios extenuantes
En ese sentido, la panista aclaró que la residencia médica no es un curso teórico ni un seminario académico, sino una modalidad intensiva de formación que implica una relación práctica, presencial y continua con los pacientes en hospitales públicos, donde los residentes participan en urgencias, quirófanos, visitas médicas, guardias prolongadas, en horarios de 24 o 36 horas continuas, así como en tareas administrativas, enseñanza clínica y protocolos de investigación.
De acuerdo con el tabulador de sueldos para personal base del IMSS 2024 (vigente hasta octubre del 2025) un “médico residente en periodo de adiestramiento” podría obtener entre sueldo mensual y beca los 6 mil 70 pesos hasta los 7 mil 736 pesos de acuerdo al tipo de residente (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8).
Iniciativa para recibir pagos no menores al salario mínimo
Ante ello, la diputada Ortiz Pérez propuso adicionar un párrafo al artículo 95 de la Ley General de Salud para establecer que toda persona que se encuentre en internado de pregrado o en residencia de especialización deberá recibir un pago mensual, durante el periodo de formación profesional, por parte del establecimiento de salud al que haya sido asignada.
Dicho pago no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente, y su retribución deberá ser regular, suficiente y proporcional al tiempo de residencia y a la carga horaria del programa formativo.
La propuesta, enviada a la Comisión de Salud, resalta que con la reforma se busca subsanar un vacío normativo estructural que ha colocado a decenas de miles de médicos residentes en condiciones de precariedad e incertidumbre, a pesar de que su labor es indispensable para el funcionamiento cotidiano de hospitales y clínicas.
@dr.jorge.cardenas.m Cuánto dinero gana un médico? 🇲🇽 #drjorgecardenas #médico #deteccióntemprana #medicina #cirugíaoncológica ♬ sonido original – Dr. Jorge Cárdenas Mariaud
Evitar la deserción
Finalmente, la diputada Ortiz Pérez puntualizó que su iniciativa permitirá brindar certeza jurídica, regularidad y suficiencia a los apoyos que reciban los médicos residentes, evitar la deserción por motivos económicos, dignificar la formación médica especializada y fomentar la equidad territorial e intergeneracional en el acceso a especialidades.
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