México.— De las 64 lenguas indígenas existentes en el país, 31 están en serio riesgo de desaparecer. Las causas son múltiples y van desde el difícil, y a veces imposible acceso a las comunidades por falta de caminos, hasta la integración de planes de estudios incluyentes y mentores capacitados.
La senadora Xóchilt Gálvez Ruiz, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas subrayó la necesidad y urgencia de fortalecer las políticas públicas que atienden a las diversas etnias del país, pues de 2018 a la fecha se ha registrado una sensible reducción del presupuesto destinado al rescate de las lenguas originales, mismo que a la fecha asciende a sólo 66 millones de pesos.
Durante una reunión de trabajo entre los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República que preside la senadora Leonor Noyola, con diversos funcionarios federales del ramo, se enfatizó que, si bien se han creado instancias de apoyo para el desarrollo de nuestras etnias, como la nueva Ley Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, los recursos no fluyen como es deseado.
En este sentido el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adolfo Regino Montes, urgió a la necesaria coordinación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo para dar celeridad a las demandas de poco más de 16 millones de mexicanos, que hasta ahora sólo han sido considerados en el discurso y no en los hechos.
El funcionario federal explicó, a respuesta de los cuestionamientos de los legisladores, que se trabaja en cuatro líneas de acción, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, dado a conocer recientemente por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que se centran en dotación de infraestructura, educación, fomento a la producción y un amplio programa de respeto a los derechos indígenas.
Ante los integrantes de la Cámara Alta, Regino Montes explicó que el programa más importante se desarrolló en Oaxaca, donde se ubican 560 municipios, de los cuales 200 son indígenas, y presentan un alto nivel de marginación. Así, se han construido 50 caminos de acceso a diversas cabeceras que concentran el mayor número de habitantes.
El titular del INPI enfatizó que se debe trabajar más para que la población indígena sea sujeta de derecho público, en el reconocimiento de su patrimonio cultural y la propiedad intelectual. Debemos, dijo, reconocerlos en la Constitución, más allá del discurso oficial.
La senadora Gálvez, de la bancada de Acción Nacional, dijo al funcionario que no hay recursos en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para la construcción de caminos y conectar a las poblaciones indígenas.
El funcionario reconoció que hay 2 mil 300 municipios y indígenas, pero los que se ubican en Oaxaca son los que tienen mayor nivel de marginación, además de que hay diversos grados de organización en sus comunidades.
De esta manera, el Programa de Infraestructura Indígenas se abocará a ellos. Pero ciertamente, a lo largo de anteriores administraciones se privilegiaron los negocios y se dejó en el olvido a las poblaciones indígenas.
En su oportunidad Juan Gregorio Regino, director del Instituto de Lenguas Indígenas se pronunció por dejar atrás políticas segracionistas, y se manifestó por la necesidad de difundir, divulgar y expandir la riqueza de las lenguas originales. Reconoció, sin embargo, que no hay dinero ni infraestructura.
Advirtió entonces que dicha situación pone en riesgo de desaparecer a 31 lenguas maternas de las 64 existentes en el país.
Señaló la necesidad de negociar con los gobiernos estatales los apoyos necesarios, ya que “nuestro presupuesto para el rescate de nuestras lenguas es risible”. Pidió a los legisladores ayuda para gestionar los recursos necesarios para los diversos programas.
Rosalina Garza, subsecretaria de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública se pronunció por la gestión de más y mejores capacidades educativas para las comunidades indígenas.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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