Que lo den por “muerto” pidió Nieto Castillo, quien ganó, con su cese, la contienda.
El inesperado cese de Santiago Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por parte del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán -, y el conflicto desatado en el Senado de la República, entre la oposición y el PRI y su aliado el PVEM, dejaron una pista delictiva imborrable:
Se confirmó lo que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, les dijo a los senadores y es el hecho de que la investigación sobre Odebrecht ya estaba concluida y que pronto vendrían las imputaciones penales. Quizá esa fue la verdadera razón por la que renunció días después. Desde Brasil, vinieron graves imputaciones y señalan como principal implicado en la investigación sobre presunta triangulación ilegal de fondos de la empresa Odebrecht a la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto, al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Las versiones sostienen que Lozoya desvió 10.5 millones de dólares de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012.
Pero la decisión de Santiago Nieto Castillo, de no seguir con su proceso de reinstalación en el Senado de la República, lo hace triunfador en esta contienda, pues todo lo que hicieron los senadores del PRI y del PVEM para que no fuera restituido en el cargo, muestra el interés de Peña Nieto de tratar de ocultar todo acto de corrupción que lo involucre.
La salida de Santiago Nieto pone todo en entredicho. Su decisión, irónicamente, le quita tremenda presión y dolor de cabeza a Emilio Gamboa Patrón, jefe de la bancada del PRI en el Senado, quien espera que ahora que Nieto Castillo ya se retiró, con ello le hace un favor a Emilio Lozoya, quien tiene demandado a Nieto.
Pero este caso, no sólo ha generado una crisis política, sino que, sin embargo, ha puesto en el ojo del huracán a una de las instituciones claves para sancionar la trasparencia y equidad en la elección federal del año próximo. No obstante, la discusión mediática generada, no debe fincarse en las facultades que la PGR tiene para determinar el cese de uno de sus funcionarios.
Son muchas voces de adentro y afuera del gobierno federal que aseguran que la salida de Nieto Castillo fue el método para torcer la ley y encubrir al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, durante la elección presidencial de 2012.
El despacho del dos veces ex subprocurador general del país, Javier Coello Trejo, debe estar de plácemes, porque la salida Nieto Castillo será para ellos, no sólo un triunfo enormemente económico, sino que le permitirá asumir su defensa para que se le declare inocente.
De hecho, Javier Coello Zuarth, hijo del exfiscal de hierro, sostuvo que el exfiscal violó principios rectores del sistema penal, como la presunción de inocencia y derecho a la intimidad y privacidad e infringió disposiciones legales, desacató una orden judicial y violó los derechos humanos de su cliente.
Alejandra Barrales, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que este caso es una demostración del por qué “tenemos que sacar al PRI de Los Pinos y cambiar el régimen político, mientras que el panista Ricardo Anaya, manifestó que la remoción de Nieto Castillo resulta “contraria al interés nacional de contar con una procuración de justicia imparcial y objetiva. Es inaceptable que esta destitución se produzca en medio de la profunda investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, durante la campaña presidencial de 2012. Además, esta decisión de la Procuraduría General de la República enrarece el ambiente de cara a la elección presidencial del próximo año, ya que da la impresión de que se pretende tener un titular de la Fepade a modo”.
En los hechos, Santiago Nieto aventó la toalla antes de que llegara el último round, pero ya había ganado la pelea por descalificación.
¿Fue una decisión personal? ¿Hubo negociaciones de alto nivel? ¿Acoso? ¿Amenazas como afirma la oposición? Son preguntas que todavía no tienen respuestas.
Por otra parte, la investigación del fraude del PT con recursos públicos se amplía cada día más y está involucrando a nuevos actores. Además de la esposa de Alberto Anaya, el líder histórico, María Guadalupe Rodríguez Martínez y del dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, la investigación ya ha alcanzado a otros funcionarios del partido y de la organización Tierra y Libertad.
La investigación no es compleja porque en este esquema de lavado de dinero y con absoluta impunidad, los petistas ni siquiera ocultaron demasiado sus huellas. El gobierno de Nuevo León inexplicablemente destinó 100 millones de pesos para unos centros de desarrollo infantil manejados por Tierra y Libertad y el PT. Los depositó directamente en la cuenta personal de la esposa de Alberto Anaya. Ella tomó de ahí 62 millones y los colocó en su cuenta de inversión. El resto lo fue canalizando en distintas partidas hacia Héctor Quiroz en Aguascalientes. Por supuesto que a los Centros de Desarrollo Infantil, no llegó ni un centavo.
Todo se distribuyó en cuentas personales de dirigentes del PT.
El gobierno de Nuevo León es investigado porque es ilegal depositar recursos públicos, en las cuentas personales de alguien, en este caso de la esposa de Anaya. Muchos creen que fue el pago del respaldo legislativo local del PT a El Bronco. López Obrador y el propio Alberto Anaya se han apresurado a decir que son perseguidos porque el PT apoyó a Morena en el Estado de México. En realidad, son perseguidos porque son una bola de ladrones.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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