Por Antonio Maza Pereda

A veces la ciudadanía espera demasiado de los gobiernos. Partimos de un sofisma: que tenemos un gobierno rico. Y, por lo tanto, podemos seguir exigiendo cada vez más del Estado. Continuando el argumento, decimos que el ciudadano ya no puede dar más al gobierno. Claramente, no estamos dispuestos a contribuir en mayor medida. La realidad es que al gobierno no le alcanza para pagar lo que la sociedad le requiere. Aun en el supuesto caso de que se pudiera reducir la corrupción drásticamente. Lo cual requeriría mucho tiempo. Vamos a pensar en algunos temas que preocupan al ciudadano:

• Tenemos una educación deficiente. Las mediciones internacionales nos señalan que ocupamos un lugar muy bajo en las mediciones de la educación entre los diversos países. Si queremos mejorar nuestra capacidad educativa, hay que hacer un gran esfuerzo para capacitar a centenares de miles de profesores y mejorarles sus sueldos, para que no necesiten trabajos adicionales, sea en el sector educativo o en otros sectores, para poder cubrir sus gastos. Equipar las escuelas y mejorar sus instalaciones. Pagar a los profesores el tiempo fuera del aula, para que se actualicen, preparen sus clases, rediseñen y califiquen los exámenes, de modo que requieran al alumno pensar con mayor profundidad, en vez de tener evaluaciones por opción múltiple o similares, que requieren poco tiempo del maestro. Eso, en cuanto a gasto en dinero.

• Otros gastos: los padres y madres de familia deben gastar tiempo en colaborar con los profesores y supervisar la labor de sus hijos. Lo cual les reduciría su tiempo laboral, y disminuiría su ingreso, o acortaría su descanso, lo que les limitaría su productividad y, a mediano plazo, sus ingresos. Además, el gobierno debe pagar a especialistas en educación que diseñen y supervisen nuevos métodos de enseñanza. Y nada de eso es gratis.

• Otro ejemplo: el asunto de la seguridad ciudadana. Tenemos un número muy bajo de policías. Japón, uno de los países con más alto sentido cívico y respeto por el Estado de derecho, tiene 2.1 agentes por cada mil habitantes, mientras que, en México, donde no podemos presumir de respeto por la ley, tenemos solo 0.8 policías por cada mil habitantes, menos de la mitad por persona que en Japón. Eso, solamente en el número de elementos. Hay que considerar el equipamiento, entrenamiento e instalaciones de la policía, más su remuneración, que hace que cada agente pueda ser más eficaz. Y todo eso, por supuesto, cuesta. Al ciudadano le cuesta el tiempo y esfuerzo dedicado a denunciar las transgresiones a la ley y colaborar con los agentes del orden. Además del esfuerzo de vigilancia y auditoría ciudadana, que cuesta en tiempo y preparación del ciudadano. De nuevo, eso no es barato.

• El asunto de la salud: otro campo donde tenemos deficiencia. Hay un severo déficit de especialistas qué ha hecho que, en ocasiones, se inauguren hospitales y después no se puedan operar por no tener el personal necesario. Poner al día la infraestructura es un tema recurrente. El costo de medicamentos más avanzados, que todavía no se usan en México, es otra área. Otros aspectos como la logística de abastecimiento, el personal de apoyo de enfermería y mantenimiento de las instalaciones, deficiente en muchos casos, hacen que no haya una actividad eficaz. Además de la programación de cirugías que, en ocasiones, es excesivamente tardada. Por otro lado, es necesario que la población contribuya con hábitos de higiene, prevención de las enfermedades y apego a los tratamientos, para que la labor del médico pueda ser eficaz.

Se podría continuar con más ejemplos. Todos ellos tienen algo en común: nada es gratis. Todo va a costar en términos de recursos gubernamentales y también en esfuerzo de la población. Si, como ciudadanos, no estamos conscientes de esto, nos vamos a encontrar con que no hay recursos suficientes para dar atención mínima a la población. Desgraciadamente, es muy difícil que se mejore la situación en estos y otros temas sin una reforma fiscal y un cambio de fondo en la actuación de los gobiernos, apoyada por una participación mucho más activa de los ciudadanos.

Curiosamente, como lo vimos en las campañas electorales recientes, ninguno de los candidatos quiso tratar el asunto de que el gobierno requiere de mayores recursos, tanto en dinero como en apoyo ciudadano. Por un lado, los políticos no quieren dar un papel más importante a la ciudadanía, más allá de su participación con el voto. Por el otro, ninguno se arriesga a volverse impopular al dejar claro el hecho de que se necesitan, y se seguirán necesitando, mayores recursos.

Ustedes y yo, ciudadanos, ¿estamos dispuestos a tomar la iniciativa de exigir más, pero también estar dispuestos a dar más? ¿Estamos preparados para pasar de una actitud de adolescente, que siempre está dispuesto a pedir algo más, pero poco dispuesto a tomar sus responsabilidades, para pasar a una actitud de adultos? Claramente, estamos en el momento de hacernos responsables, en mucha mayor medida, de las necesidades de nuestro país. Si no estamos dispuestos a hacerlo, no tendremos derecho a quejarnos.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

Por Antonio Maza Pereda

La rama legislativa de nuestro Gobierno tiene una rara percepción de la realidad. Para ellos su modo de resolver problemas o dificultades, consiste en legislar. Lo cual está bien, para eso los hemos elegido. Lo que no es claro es que, para ellos, con tener una ley ya basta: si el Ejecutivo la promulga y la aplica, el problema ya está resuelto. Para la Sociedad solamente nos queda obedecer. ¿Qué podría salir mal?

La realidad es que eso no es así. Muchas leyes no se cumplen. Hay quien dice que, si la mitad de las leyes que tenemos se cumplieran, seríamos un país de los más avanzados. Cuando una de las leyes que nos obsequia el legislativo no se está cumpliendo, la solución de esos padres y madres de la patria es aumentar la penalidad. Y de esto abundan los ejemplos: a los casos de feminicidios, violaciones y otros tipos de violencia hacia la mujer, les han venido aumentando la penalidad. Lo triste es que no hay una relación entre esos aumentos de penalidad y la reducción de la violencia contra la mujer. Las penas son cada vez más largas, en tal manera que muy pronto esas penalidades serán irrelevantes, porque sobrepasan la esperanza de vida de la población.

Pero tal parece que nuestros representantes se consideran omnipotentes, de algún modo. Basta con que prohíban algún comportamiento indeseable, para que el asunto quede resuelto. Está faltando entender a fondo las situaciones delictivas. Las leyes, ¿realmente concuerdan con los requerimientos, con las necesidades de la Sociedad? Porque si se prohíben comportamientos que la Sociedad no condena, es extraordinariamente difícil hacerlos exigibles. La población no estará inclinada a colaborar ni a denunciar esas conductas. Y luego, está el problema de tener la capacidad de aplicarlas, capturando y condenando a quien delinque. Un tema en el cual no se le ha invertido por décadas: mientras que aumenta el número de leyes, no ha crecido al mismo ritmo la inversión en el personal encargado de hacerlas cumplir. Una inversión, tanto en el número de agentes de la ley como en su capacitación y equipamiento. Cada vez que se establece una nueva ley, debería hacerse el estudio de cuál va a ser el costo de hacerla cumplir. Y de eso, no se preocupan nuestros representantes. En su omnipotencia, piensan que basta con que exista el ordenamiento, para que la situación se haya resuelto.

Han habido algunos asuntos menores donde se actuó de una manera diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México se estableció un reglamento que prohibía tener saleros en las mesas de las fondas y restaurantes. Ello con el loable propósito de contribuir a reducir el número de los hipertensos y, por consecuencia, reducir la mortalidad por enfermedades cardíacas y el costo de atender a los afectados. A los pocos días de promulgar ese ordenamiento, fue claro que no había la posibilidad de hacerlo cumplir. Sencillamente, no hay el número de inspectores que pudieran ejercer una vigilancia adecuada en todos y cada una de las fondas y restaurantes. Se canceló el reglamento y se trabajó con las organizaciones gremiales de estos negocios para que, de modo voluntario, retiraran los saleros de las mesas y se entreguen únicamente a petición de los parroquianos. El resultado es importantísimo: se está cumpliendo el propósito qué tenía el reglamento sin necesidad de tener inspectores que lo hagan cumplir.

En estos últimos días se está discutiendo en el Congreso un reglamento para que las futbolistas profesionales reciban el mismo salario que el que reciben los hombres. Es muy claro que nuestros representantes no entienden la economía del fútbol profesional. Los ingresos de los clubes deportivos no dependen de la voluntad de esas organizaciones. Ese dinero depende de la asistencia del público a los estadios, los cuales tienen un límite. Además, dependiendo de la cantidad de personas que ven los partidos a través de los medios, esos clubes reciben una parte muy sustancial de sus ingresos, en ocasiones muy superiores a lo que reciben por la asistencia a los estadios. En la medida que haya muchos espectadores en dichos medios, las compañías que transmiten los partidos pueden cobrar por su tiempo, en proporción al número de telespectadores. Y esto no es todo: los jugadores y los equipos ofrecen a las compañías la posibilidad de tener su publicidad en los uniformes de los jugadores, con lo cual hay otros ingresos. Y todavía puede haber ingresos adicionales cuando los jugadores recomiendan productos o servicios. En algunos países hay consultores qué ofrecen multiplicar por 10 los ingresos de los jugadores de los deportes de exhibición, a través de diferentes medios publicitarios. Claro, pidiendo un 30% de comisión por esos ingresos adicionales.

Esto se ha ido creando a lo largo de los años en el negocio del fútbol profesional. El fútbol femenino profesional aún no llega a desarrollar estos tipos de ingresos de manera que pudieran permitir realmente una paridad en los ingresos de las jugadoras. En cierto modo la solución está en nosotros, en el público. En la medida en que asistamos a los estadios, aumentemos el número de horas que dedicamos a ver los juegos de las jugadoras profesionales, se podrá cobrar más a las televisoras y se podrán obtener ingresos fuertes por la publicidad.

Estoy seguro de que es de justicia que las futbolistas profesionales ganen tanto o más que los hombres. Pero la solución no está en las leyes. Nada de esto se ha tomado en cuenta en ese ordenamiento. Creo que es un ejemplo de qué los congresistas no analizan a fondo los temas en los que están estableciendo nuevas leyes y reglamentos. No se trata de que nuestros senadores y diputados se vuelvan expertos en todo, pero la rama legislativa recibe ingresos muy sustanciales de los cuales se podría pagar la investigación necesaria para poder tener leyes que puedan cumplirse. Y de esto, al parecer, no se habla.

No basta con tener leyes. Algo nos está fallando. Se necesita entender los problemas de fondo, diseñar los ordenamientos que de veras resuelvan. Hay que convencer a la población de la necesidad de esa ley, hay que instrumentarla para que pueda cumplirse y poner los medios necesarios para que su aplicación sea exitosa.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Por Ignacio Anaya

La relación del fútbol mexicano con su afición es lo que muchos podrían describir como un amor apache. En su sentido más simple, representa una mezcla de amor y odio entre ambas partes. Un día, la gente puede estar entonando con orgullo el himno nacional en un estadio lleno cuando la selección juega y, al siguiente, exigiendo la renuncia del director técnico y la salida de los jugadores. Es una ironía, pero es la realidad, que un país con tanta pasión por este deporte dé, en el mejor de los casos, una presentación mediocre.

El fútbol es una de las principales instituciones de entretenimiento e identidad de la sociedad mexicana; el estadio Azteca se considera un templo sagrado para muchos aficionados.

La dinámica del fútbol en México puede entenderse a través de la idea propuesta por el sociólogo Eric Dunning de la “figuración social”, un concepto que describe cómo diferentes grupos e individuos interactúan en una red de relaciones interdependientes. En este esquema, encontramos a los jugadores, entrenadores, administradores del club, árbitros y, por supuesto, aficionados. Todos estos actores tienen roles distintos, pero están inextricablemente vinculados en la trama de este deporte.

Por un lado, están los jugadores y entrenadores, cuyo objetivo es ganar partidos y campeonatos. Pero esta meta no es solo una cuestión de habilidad técnica o estrategia táctica; también está profundamente influenciada por las presiones y expectativas de los demás actores en la figuración. Los administradores del club, por ejemplo, pueden priorizar la rentabilidad económica sobre la calidad deportiva, una de las principales quejas de la afición mexicana, imponiendo restricciones en los recursos disponibles para mejorar el rendimiento futbolístico. Igualmente, no hay que negar la existencia de nepotismo e influencia dentro de este entorno.

Por otro lado, los aficionados, con un amor innegable por el fútbol y con expectativas altas y a veces inalcanzables, se ven influenciados por los medios y su tendencia a ensalzar a la Selección Nacional. Hay que ser honestos, el equipo no estaba en ninguna condición de vencer a Argentina en Catar 2022; la afición mexicana creamos ilusoriamente una rivalidad futbolística inexistente que reflejaba cierta competitividad de identidades entre los dos países. En el núcleo de esta dinámica se encuentra la creencia de que el fútbol puede ser un vehículo de la identidad nacional, para la afirmación de los valores y las aspiraciones de la sociedad mexicana. Asimismo, los altibajos del fútbol no son simplemente una cuestión de victorias y derrotas en el campo, sino un reflejo de las carencias del país.

Resulta interesante observar a quienes se dirigen las frustraciones durante los últimos malos desempeños. Además de los jugadores, las críticas van hacia los dueños, empresarios y directivos nacionales, lo cual refleja juicios más profundos sobre lo que se deja ver en la cancha.

En este sentido, la correlación del aficionado con el fútbol es paradójicamente tanto de amor como de frustración. La gente espera ver a su equipo ganar siempre y se siente profundamente desilusionada cuando esto no sucede.

Estas tensiones y contradicciones se hacen aún más agudas en el contexto de la creciente profesionalización y comercialización del fútbol. La presión por el rendimiento y el éxito, la demanda constante de resultados y la explotación comercial del deporte como un producto de entretenimiento han exacerbado la intensidad y la seriedad de la competición.

La relación entre el fútbol y su afición en México es, sin duda, compleja y llena de contradicciones. Pero también refleja una dinámica social más amplia, en un mundo donde convergen, negocian y luchan distintas corrientes, desde la pasión por el deporte hasta los intereses económicos.

Resulta preciso señalar que la pasión indiscutible por el deporte a menudo se ve ensombrecida por una gran variedad de factores, alimentados por la creencia de que el fútbol da más de lo que realmente es. Sin embargo, esta interacción está influenciada por tensiones inherentes al sistema, la profesionalización y la comercialización del balompié, así como las presiones por el rendimiento y el éxito. Además, la afición también refleja críticas profundas dirigidas a los aspectos socioeconómicos del país, con sus descontentos apuntando hacia las altas jerarquías. ¿Se podrá romper algún día esta relación? Hay mucho camino por recorrer para lograrlo.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

En las últimas semanas algunos sucesos en la Iglesia católica pasaron ligeramente desapercibidos debido a la preocupación por la salud del pontífice Francisco, de 86 años y ya con dos años continuos de recurrente atención hospitalaria. Sin embargo, los sucesos comienzan a reflejar los efectos de la reforma de las actitudes emprendida por el Papa argentino y comenzada incluso años atrás en un proceso de adecuación de las instituciones eclesiásticas al siglo veintiuno. Al empezar el tercer milenio, una de las ‘actualizaciones’ de la Iglesia exige que ésta sea “nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones”. Y por lo menos dos hechos advierten que el camino marcha; lento, pero marcha”.

El primero de ellos se originó en Francia donde los obispos locales aprobaron en su Asamblea Plenaria de marzo pasado un nuevo documento de identificación y un sistema de información actualizable digitalizado para todos los ministros ordenados de la Iglesia francesa.

El documento en cuestión se llama ‘celebret’ y es una especie de tarjeta, credencial o documento de identidad para obispos, sacerdotes, religiosos y diáconos residentes, incardinados o afiliados a alguna institución religiosa de origen francés. Es cierto que en muchas diócesis del mundo ha habido una credencialización de sus ministros para evitar casos de falsos sacerdotes, nulidades sacramentales y otro tipo de estafas a los fieles.

Pero la novedad es que este documento es nacional (no sólo diocesano o regional), abarca a curas diocesanos y religiosos, es obligatorio y en permanente actualización de los casi de 17 mil ministros de culto con un código QR que puede –y debe– ser escaneado por párrocos, rectores, obispos, sacristanes y sí, fieles en general, para conocer el estatus canónico del ministro de culto. Es decir, a través de un semáforo (verde, amarillo, rojo) se puede alertar a la comunidad si el ministro cuenta con plenas licencias para administrar los sacramentos o para ejercer algún tipo de acompañamiento pastoral o espiritual.

El color verde indica que el ministro cuenta con plenas facultades; el amarillo, advierte de alguna irregularidad y pide prudencia para hacerlo partícipe de alguna actividad litúrgica, y el rojo, claramente evidencia que el ministro no debe ser admitido ni para actividades celebrativas ni para atención pastoral. Por su parte, los diáconos (facultados para bendecir, bautizar, casar, dar la comunión, llevar el viático a los moribundos, predicar el Evangelio, presidir funerales y ceremonias de sepultura) tienen el color azul para poder realizar estas actividades pero, como regula su oficio, no están facultados para celebrar sacramentos como la Reconciliación (confesar), la Eucaristía (misa) ni la Unción de Enfermos.

Este nuevo mecanismo es producto de los compromisos que la Iglesia católica en Francia hizo tras los escándalos de abuso sexual y los recurrentes errores de encubrimiento que se permitieron en las instituciones religiosas. Ahora, este ‘celebret’ quiere ser un método que haga más partícipe a la grey y a las instituciones para prevenir excesos, abusos o ilícitos dentro de la Iglesia.

El segundo evento es el nombramiento del nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, y el lenguaje que ha venido utilizando en sus primeros días de pastor electo. Ante una cadena radiofónica, Cobo compartió varias reflexiones teológicas con un lenguaje cotidiano, incluso popular-matritense: “Dios no es Harry Potter… Cuando estamos chungos, él se queda ahí cuando se va todo el mundo se va”; pero también hizo una comparación de su responsabilidad ante el arzobispado de Madrid con el famoso programa de televisión: “Más que Juego de Tronos esto es una familia… cada uno tenemos nuestra pedrá”.

Llama la atención ver que, en el Reino de España, quizá una de las últimas naciones del mundo emparentada con el Vaticano a través de rigurosas formas y lenguajes centenarias, uno de los máximos referentes de la Iglesia católica deja los rigorismos y formalismos para acercarse a otras realidades, a nuevos destinatarios, mediante nuevas expresiones.

Cobo será el primer arzobispo de Madrid en 60 años que no ha sido trasladado desde otro arzobispado mayor. Es decir, los últimos cinco arzobispos madrileños ya habían sido arzobispos en otras sedes metropolitanas mayúsculas: como Santiago de Compostela, Zaragoza, Valencia o del primado de Toledo. Todavía más, Cobo hasta ahora no ha sido obispo titular residencial, sino un obispo auxiliar colaborador.

Ya antes, Francisco hizo cardenal a un obispo auxiliar (al salvadoreño Gregorio Rosa Chávez) y con estos gestos reivindica la función del lenguaje, la actitud y el ejemplo más que de los formalismos (o formulismos) con los que algunos planean seguir conduciendo la Iglesia. El pontificado de Francisco, hay que reconocer, se encuentra ya ante el escenario de transición; y, sin embargo, estas dos audacias, la del carnet digital y el lenguaje sencillo, reflejan que quizá algo de la actitud bergogliana habrá de permanecer un poco más.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe