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Existe la preocupación de que grupos vandálicos nuevamente aprovechen las movilizaciones

Felipe Monroy

Felipe Monroy

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Ciudad de México.— Desde hace algunas manifestaciones en las calles de la Ciudad de México, los destrozos y los desmanes realizados por personas encapuchadas o milicianos de insignias ideológicas han arrebatado -por vía de la violencia- el protagonismo de las causas originalmente convocadas.

La convicción de las autoridades capitalinas por no reprimir la libre manifestación de las ideas ha abierto por desgracia la puerta a que sospechosos grupos de choque intimiden a la ciudadanía y ejecuten una incendiaria (literal y figurativamente) táctica de furia y violencia. Resulta además gravísimo que las demandas -más o menos legítimas o coherentes- de colectivos sociales sean pisoteadas y ultrajadas ante la irracionalidad de la destrucción de dichos grupos.

La inquietud persistente entre la ciudadanía es saber si estos grupos de choque son espontáneos o patrocinados; aunque en el fondo, ambas posibilidades son gravísimas. Si es que hay intereses económicos que financian la destrucción, es claro que los destinatarios son las autoridades que son desafiadas y provocadas con oscuros propósitos; pero si acaso la irracional destrucción es producto de un desconocido fenómeno social, estaríamos frente a síntomas de una cultura ética o una convivencia social completamente decadente.

En cualquiera de los casos, la crisis está en las instituciones de representación del poder político; pero también en las instituciones de formación ética y moral. Traigo a cuenta esto porque el colectivo denominado ‘Marea Verde’, un movimiento cuya única aparente demanda es el ‘aborto legal’, convocó a una acción global fijando el punto de reunión en el histórico y persistentemente desacralizado y vandalizado atrio de la parroquia de San Francisco El Grande, en el Centro Histórico de la ciudad.

Hay que recordar que la desamortización de bienes eclesiásticos, la lotificación de los terrenos y conventos religiosos, el conflicto revolucionario y la persecución religiosa, prácticamente despellejaron la identidad religiosa de este histórico rincón de la vida nacional. En la única portada sobreviviente del que fuera el primero y más extenso complejo conventual en México lucen desvergonzadas las agresiones contra la fe y el arte religioso: medallones de santos pulverizados, monogramas rasurados y capillas secularizadas.

Superemos y asumamos el pasado; sin embargo, existe la razonable preocupación de que grupos vandálicos nuevamente aprovechen las movilizaciones para martirizar aún más los recintos históricos y culturales. No es una inquietud alarmista, los actos de ‘Marea Verde’ suelen también apiñar demandas del neofeminismo supremacista, legalización del aborto y ecologismo radicales. Si a estos colectivos se infiltran nuevamente los grupos de choque y las autoridades continúan con políticas muy limitadas de disuasión, como ocurrió el 17 de agosto pasado, será inevitable la violencia y la destrucción.

Pero hay un problema añadido: Si las autoridades legítima y legalmente electas para preservar la paz social no asumen sus responsabilidades, dan oportunidad a otros colectivos ciudadanos a buscar el orden público incluso por encima de la ley. El miedo a los destrozos cotidianos de las movilizaciones ha orillado a pseudoliderazgos carismáticos a convocar hacia cruzadas de defensa o forzosa pacificación.

Es el caso de la movilización en San Francisco El Grande; algunos personajes identificados como católicos, llamaron a los creyentes a una “Defensa de los Templos” y a “Defender tu parroquia”. No han pedido a las autoridades a que resguarden el templo de San Francisco, prefirieron convocar a una cruzada de tintes exaltados y, por supuesto, emulando el discurso martirial de los cristianos perseguidos hace 100 años en México.

Ni la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ni el arzobispo capitalino, Carlos Aguiar, han expresado con claridad cómo querrían coadyuvar a atemperar los incordios y a prevenir las desgracias. Sólo la carta de un vicariato de la Arquidiócesis de México se deslinda de la cruzada defensiva y asegura que “no existe proyecto para convocar a campaña alguna” que altere la convivencia pacífica.

En resumen, las recientes manifestaciones sociales en la ciudad han dejado una estela de destrucción tal que, para desgracia de los legítimos reclamos, polarizan al absurdo a la sociedad entera. La ausencia de intervención de autoridades formales y morales ya ha propiciado la alteración de la convivencia pacífica y, aunque es positivo no abonar a la confrontación, hay un mensaje que nadie institucionalmente se ha atrevido a expresar: los bienes históricos y culturales son de la Nación y las autoridades están obligadas a preservarlas y protegerlas aún bajo la custodia de asociaciones religiosas u otras instituciones.

En efecto, los daños materiales son incomparables frente a la integridad de la vida humana; ésta es infinitamente superior en dignidad que cualquier monumento o palacio. Y si tras los disturbios del 26 de septiembre se limpió y restauró la fachada del Palacio Nacional; hay daños en las personas y en su cultura que no podrán ser restaurados. Hay heridas que forjarán larga y dolorosamente el carácter de las próximas generaciones de mexicanos.

Es una pena que ciertos grupos piensen que los espacios son de su propiedad exclusiva y hagan lo que se les antoje en ellos. Los verdaderos responsables están ausentes de estas tensiones y sus silencios o sus omisiones serán juzgados más pronto de lo que imaginan.

@monroyfelipe

[La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx]