Chihuahua.— El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) EN Chihuahua, Carlos Olson San Vicente, rechazó las acusaciones realizadas por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Irlanda Márquez, quien lo señaló de haberla agredido física y verbalmente en el edificio del Congreso del Estado.

En ese sentido, Olson San Vicente presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), específicamente en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Dignidad de las Personas, contra Irlanda Márquez por difamación y calumnias.

Según el legislador, las denuncias de la diputada petista son parte de una estrategia de la “izquierda radical” para silenciarlo debido a su postura en temas como la familia, la vida y las libertades fundamentales.

“Se trata de un chantaje por parte de quienes no han podido ganar el debate público. Como no tienen argumentos, recurren a descalificaciones y denuncias falsas. Sin embargo, conmigo no van a poder”, declaró Olson, quien reiteró su compromiso de seguir defendiendo sus ideales.

Por su parte, la diputada Irlanda Márquez denunció presuntos actos de violencia de género en su contra. Durante una sesión del Congreso, pidió que se le reubique en otra área de curules para garantizar su seguridad. Según Márquez, el incidente ocurrió en la cafetería del recinto legislativo y representa una amenaza a su integridad.

Ante ello, Carlos Olson calificó las acusaciones como infundadas y señaló que organizaciones promotoras de la ideología de género y diversidad sexual están detrás de los ataques.

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“Les hemos ganado en los debates. En chihuahua le estamos poniendo un alto a la agenda Woke. Esto los tiene completamente desquiciados”, expresó el legislador.

Además, afirmó que continuará con lo que denominó una “batalla cultural” en defensa de los valores tradicionales y aseguró que las acciones legales demostrarán la verdad de los hechos. “La verdad siempre sale a la luz, y en los tribunales se esclarecerá quién tiene la razón”, concluyó.

Cabe destacara que organizaciones de la Sociedad Civil se solidarizó con el diputado Olsen al reconocer que la izquierda trabaja en base a manipulación, engaños o chantajes, para buscar un beneficio propio, partidista o de un grupo minoritario, y cuando eso no funciona, recurren a las amenazas, intimidación y agresiones legales, para lograr sus fines e imponer sus ideologías.

Lanzaron el recordatorio a grupos partidistas que existe el derecho a la libertad de expresión, y que la voluntad del pueblo debe prevalecer.

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Ciudad de México.— Tras las acusaciones en redes sociales del colectivo feminista Adax Digitales, respecto a que la Fiscalía de Querétaro pretende encarcelar a una menor de edad que presuntamente fue víctima de abuso sexual y un aborto, el Fiscal General de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, aclaró que la institución no judicializa casos de aborto.

Hernández detalló que el caso involucra el fallecimiento de un bebé de más de ocho meses de gestación, cuya muerte fue clasificada como homicidio por estrangulamiento, lo cual motivó la intervención de la Fiscalía.

“Es importante aclarar que en la Fiscalía General del Estado no judicializamos asuntos que involucren un tema de aborto. Aquellas conductas que pudiesen encuadrar en la hipótesis de aborto no están siendo judicializadas en Querétaro, justamente para respetar los derechos de las mujeres y sobre todo su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su sexualidad”, explicó Hernández.

En entrevista el fiscal dijo que la fiscalía no está en un proceso de aborto. “Lo que nosotros tenemos técnica y científicamente sustentado es que hubo un nacimiento, un bebé del sexo masculino nacido, respiró, Nosotros adoptamos el procedimiento técnico y científico correspondiente para poder acreditar esta situación, y lo que sabemos es que la causa de la muerte fue la asfixia ocasionada por un estrangulamiento”.

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En ese sentido, detalló que los dictámenes periciales realizados por especialistas de la Fiscalía confirmaron que el bebé nació con vida y respiró, y la causa de la muerte fue el estrangulamiento.

“Es importante generar una aclaración: tuvo una gestación de más de 36 semanas y un peso de 3 kilos 300 gramos. Estos datos son relevantes”, enfatizó.

Víctor Antonio de Jesús Hernández puntualizó que las instituciones de salud informaron el fallecimiento de una persona recién nacida. “Entonces, a partir de esa situación, nosotros tenemos oficiosamente que iniciar las investigaciones, poder constatar cuál es el origen de la muerte, es decir, conocer las causas específicas por las cuales hay un fallecimiento”.

Respecto a las especulaciones de abuso sexual en contra de la madre, una menor de 14 años, el Fiscal aseguró que no existe evidencia que lo acredite. “La defensa no ha hecho ningún planteamiento de violación. En ninguna etapa o audiencia se ha señalado ese tema, y no existe denuncia de la responsable al respecto”, aclaró.

La Fiscalía indicó que, al iniciar la investigación, se abrió una carpeta por presunto abuso sexual, pero no se obtuvieron pruebas suficientes para sostener esta acusación. “Desde enero de 2024 se resolvió que no había elementos para acreditar la violación y se notificó a la representación legal de la menor. No hubo ninguna inconformidad”, puntualizó Hernández.

En este caso, el proceso que se sigue es bajo el sistema de justicia integral para adolescentes, dada la edad de la implicada. Hernández señaló que se cumplen todos los protocolos necesarios, incluyendo la perspectiva de género y la atención especializada para menores.

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Ciudad de México.- La situación de violencia e inseguridad en Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciada por las recientes cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Las percepciones de inseguridad en ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez reflejan un desasosiego profundo entre la población.

Con un 91.9 % de los habitantes de Tapachula sintiendo que su entorno es peligroso, la crisis de seguridad se vuelve innegable y plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad en el estado.

La violencia no es un fenómeno nuevo en Chiapas.

Como señaló la doctora Carla Beatriz Zamora Lomelí en una entrevista para la radiodifusora IMER, la región ha sido históricamente afectada por diversas formas de violencia, incluidas las secuelas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.

Sin embargo, el actual incremento en los niveles de criminalidad se relaciona directamente con la incursión de cárteles de la droga, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que luchan por el control territorial y el tráfico de migrantes.

Este cambio de dinámica ha puesto a la población civil en el centro de un conflicto que no pidieron ni buscaron.

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Impacto en migrantes y comunidades locales.

La violencia afecta de manera desproporcionada a los migrantes, quienes históricamente han utilizado Chiapas como ruta hacia el norte.

El contexto de inseguridad ha convertido el estado en un territorio donde extorsiones, secuestros y agresiones son prácticas comunes, haciendo que la travesía sea aún más peligrosa.

La falta de protección para estos grupos vulnerables es alarmante, ya que se enfrentan a la hostilidad de grupos criminales que no solo atacan a los migrantes, sino que también amenazan a la comunidad local.

El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, un líder comunitario que brindaba apoyo a los más necesitados, subraya la fragilidad de la situación.

Su muerte no solo afecta a quienes buscaban guía espiritual, sino que también representa un ataque directo a los esfuerzos humanitarios en una región ya golpeada por la violencia.

Esto resalta la intersección entre la inseguridad y la labor de quienes intentan ayudar en medio del caos.

La necesidad de acciones efectivas.

La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno estatal para abordar esta crisis es un punto crítico. A pesar de la inversión de recursos destinados a la recomposición del tejido social, los resultados son escasos y la corrupción se cierne como un obstáculo constante.

Este panorama se complica aún más por la percepción de impunidad que reina en el estado, lo que desanima a la población a confiar en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.

Chiapas necesita una estrategia integral que no solo aborde la violencia desde una perspectiva de fuerza, sino que también reconozca las raíces sociales y económicas del problema. La implementación de políticas que fortalezcan las comunidades y protejan a los migrantes es esencial para restaurar la confianza de los ciudadanos en su entorno.

La crisis de violencia e inseguridad en Chiapas es un reflejo de problemas más profundos que han sido ignorados durante años de acuerdo con los especialistas.

Con una población local que se siente cada vez más amenazada y un número creciente de migrantes en peligro, la situación exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.

Sin un compromiso real y sostenible, Chiapas corre el riesgo de convertirse en un polvorín de violencia que no solo afectará a sus habitantes, sino que también tendrá repercusiones en toda la región.

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Guadalajara.— El Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, aseguró que el matrimonio y la familia son espacios fundamentales para preservar los valores humanos y proteger el don sagrado de la vida.

A través de sus redes sociales, Robles Ortega subrayó que los problemas que afectan a estos pilares de la sociedad se deben a la cerrazón de los corazones humanos, que rechazan aceptar el proyecto de Dios en torno a la familia y el matrimonio.

El Cardenal insistió en que la libertad malentendida ha sido utilizada como justificación para alejarse de los principios divinos.

Robles Ortega, explicó que muchas personas argumentan que tienen el derecho de hacer lo que deseen, sin considerar las consecuencias que sus decisiones pueden tener en la humanidad. En este sentido, el prelado lamentó que este concepto de libertad esté propiciando un ambiente de desorden en las estructuras familiares.

En referencia a la reciente aprobación de la despenalización del aborto en Jalisco, que se ha convertido en la undécima entidad del país en permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Robles Ortega expresó su rechazo a esta medida.

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Despenalización del aborto en Jalisco

El Cardenal Robles Ortega enfatizó que los políticos que impulsan leyes que atentan contra la vida no lo hacen en nombre de una mayor libertad o derechos, sino que actúan desde la dureza de su corazón.

“Cuando gobernantes y legisladores proponen leyes que van contra el valor más sagrado, que es la vida, alentando la muerte de seres inocentes e indefensos, no crean que lo están haciendo como una conquista de libertades”, afirmó.

El prelado católico también advirtió que los responsables de aprobar leyes como la despenalización del aborto deberán rendir cuentas ante Dios. “Un día estarán frente a Él y tendrán que explicar por qué decidieron aprobar una ley destinada a destruir vidas inocentes”, expresó.

Asimismo refirió que gobernantes y legisladores quieren atenuar el aborto al señalar que en las primeras 12 semanas no pasa nada con el nuevo ser, que es posible eliminar el feto, como si ellos no hubieran pasado por esta etapa de gestación en el seno de su madre.

“Cultura de la muerte”

En su mensaje, el Arzobispo de Guadalajara alertó sobre lo que describió como una “cultura de la muerte”, un fenómeno que, en su opinión, está creciendo y manifestándose en diversas formas de violencia. El Cardenal lamentó que la sociedad se sorprenda por los altos índices de asesinatos, desapariciones y actos de extrema violencia, cuando, según él, estas problemáticas están estrechamente vinculadas a la falta de respeto por la vida desde su concepción.

Por ello, para Robles Ortega, la función de los gobernantes debería ser la de proteger la vida, no eliminarla.

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