Más de 110 políticos han sido asesinados estas elecciones

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Este proceso electoral está marcado por enconos, guerra sucia y más descalificaciones en lugar de propuestas viables y concretas que den un rumbo cierto al inexorable futuro en el que, lo más preocupante es el restablecimiento de la paz, orden y seguridad para una democracia que parece inestable y bajo fuego, especialmente cuando enemigos invisibles intervienen directamente en el juego de los comicios marcando con sangre su territorio y afianzando su presencia.

Más de 110 políticos han sido asesinados. Cerca de 380 agresiones se han consumado contra quienes ejercen el oficio de la política. Las causas son diversas y convergen en un punto. El poder del crimen es tal que es capaz de desmantelar a las instituciones para imponer su mandato violento.

Llama la atención dónde se han dado estos crímenes, estados convulsos tocados por el debilitamiento del Estado de Derecho causando tales fracturas que es difícil cualquier reconciliación viendo con preocupación cómo el tejido social viene carcomiéndose hasta un punto al parecer sin retorno.

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Efectivamente, son entidades diezmadas por la pobreza de la que se vale la corrupción. Guerrero, con más de 24 políticos asesinados, es territorio fragmentado donde grupos delincuenciales mantienen un dominio que rivaliza con la autoridad. La narcopolítica es forma de legitimar ese poder ilegal. La violencia se constituye como método político deformador de la democracia, el miedo, recurso paralizante para el cual no parece haber medicina efectiva.

La solución ofrecida por los autoridades es reforzamiento de perímetros de los candidatos “para evitar” la repetición de un capítulo que el país vivió con dolor en marzo de 1994. Sin embargo, el problema no es únicamente delimitar la seguridad de cualquier aspirante especialmente a la presidencia de la República.

El punto en el que nos encontramos soporta la mismísima descomposición política que no empezó en este proceso electoral. Tiene detrás un historial criminal que el Estado permitió. El 15 de junio, durante un foro organizado en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicaba cuáles eran algunas de las causas de esta violencia política.

Para el jurisconsulto, el Estado, por mucho tiempo, “administró la delincuencia y razonablemente la administraba. Tenía controles sobre la delincuencia y tenía razonablemente un monopolio de violencia que nos podía aplicar. Mi impresión es que la delincuencia fue creciendo a tales magnitudes que acabó por ir permeando, quedándose con ciertas partes del Estado”.

Mientras la debilidad del Estado institucional vino a más, el poder del narco ocupó el vacío para tener este monopolio al punto del control electoral. Hay porciones en México que son regiones políticamente fallidas cuando, procesos democráticos o el simple estilo de vida de cualquier ciudadano, tienen pauta por amenazas, violencia y asesinatos. El desplazamiento de la razón civilizada da paso al fincamiento de la barbarie sobre los escombros de la entidad política.

La situación por lo tanto no tiene vías sencillas de composición. Mientras el proceso electoral avanzó, pocas veces se dio a conocer cómo otros candidatos deponían sus aspiraciones por carecer de elementos mínimos para garantizar su seguridad.

Casi un millar se bajaron de la campaña anteponiendo el bien más valioso que tienen, la vida propia poniendo la moral de la competencia a la baja porque no hay muchos con la suficiente temeridad para apostar sus fichas al juego electoral cuando el narco impone las cláusulas para el ejercicio del poder.

Poco se ha conocido sobre las eventuales sustituciones, arreglos y cómo la autoridad electoral ha respondido para desactivar los focos rojos encendidos como nunca, ni siquiera en el proceso 2012 cuando México exigía de los candidatos la paz que no llega.

Al acercarse el 1 de julio, la ciudadanía, particularmente en esas regiones convulsas, no sabe a quién votará ni qué intereses representa. Una cosa es clara, la ausencia del gobierno puso en charola de plata el poder para placer de grupos que apuntalan una lesiva narcodemocracia que podría asestar golpes igual de duros después de saber a quiénes favoreció el voto popular.

 

 

[La opinión refleja el punto de vista del autor y no necesariamente el de Siete24.mx]