México.— El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el Gobierno federal se ha propuesto lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación, sin embargo, consideró irresponsable prometer que en seis meses se acabará con la violencia.
Durante su comparecencia en el Senado de la República para presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sostuvo que en los primeros tres años del sexenio del presidente López Obrador, buscarán lograr niveles razonables de paz y tranquilidad, y aprovecharán los tres años restantes del sexenio para consolidar los resultados y entregar, en 2024 un país estable y en paz.
Padecemos una inseguridad crónica e histórica en el país, señaló Durazo Montaño, quien subrayó que las fallas estructurales del sistema político, económico y social se expresan en la inseguridad.
Son las consecuencias de un modelo económico sectario y excluyente”.
El secretario de Seguridad aseguró que es prioridad el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, entre ellos extorsión, robo, secuestro, homicidio, feminicidio y el tráfico de personas.
Expuso que la Estrategia no sólo persigue la captura de objetivos criminales, sino desmontar sus estructuras basadas en el flujo millonario de recursos y armamento, por lo que incluye a la Unidad de Inteligencia Financiera para atacar paralelamente esquemas financieros y la persecución de líderes de las organizaciones criminales.
Propuso una reforma radical del sistema de seguridad pública y reorientar parcialmente los recursos de las Fuerzas Armadas para destinarlos, prioritariamente, a la seguridad pública, y participen en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, dijo.
Añadió que este año esperan que la Guardia esté conformada por 82 mil elementos; en 2021, por 120 mil; y al año siguiente, por 150 mil efectivos. Explicó que 2019 iniciará operaciones en 150 regiones del país; 200 en 2020 y 265 para 2021.
En cuanto al combate a las drogas, dijo que es necesario reformularlo, porque la prohibición, por ejemplo, de la marihuana es insostenible e ineficaz desde el punto de vista de salud pública.
Indicó que la medida no sería suficiente por sí misma ni resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas, aunque la regulación de algunos estupefacientes prohibidos, permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia y la inseguridad.
En otro rubro, señaló que la Estrategia plantea recuperar y dignificar las cárceles. El Gobierno Federal se propone recuperar el control en los penales, combatir la corrupción de sus autoridades, separar a imputados de sentenciados y garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres.
Durazo Montaño subrayó que en unos cuantos años, la tasa nacional de homicidios pasó de 13 a 23 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que el costo de la espiral de violencia ascendió a 5.6 billones en 2018. Es decir, 24 por ciento del PIB, según el Instituto de Economía y Paz de México, y 21.6 por ciento según el Foro Económico Mundial.
El senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, señaló al funcionario federal que desde noviembre del año pasado en el Senado han sido meses de debates intensos y acuerdos que han derivado en reformas sobre seguridad pública, como: el catálogo de delitos graves, extinción de dominio en casos de corrupción, ampliación de responsabilidades penales del Presidente de la República y los legisladores del Congreso de la Unión y la creación de la Guardia Nacional.
Ahora estamos iniciando el debate de la legislación secundaria, indispensable para que ese instrumento de protección ciudadana, paz y seguridad sea eficiente en la lucha contra al delincuencia y respetuoso de los derechos humanos”
El senador Batres ofreció al secretario el apoyo del Senado de la República para que haya éxito en su tarea. “Confiamos en usted, en su honestidad, trayectoria, profesionalismo y preparación. Estamos seguros que estará al altura de la grave responsabilidad que le toca”.
Al término de la exposición, los grupos parlamentarios posicionaron al respecto. El senador Higinio Martínez Miranda, en nombre de la bancada de Morena, dijo que la actual administración asumió la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los mexicanos. En ese sentido, invitó a las fracciones parlamentarias a sumar esfuerzos y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, tema donde no cabe la disputa política ni los intereses partidistas.
A pregunta expresa, Durazo Montaño respondió que no le corresponde juzgar a las administraciones pasadas. Además, reconoció que esos gobiernos trataron de hacer su mejor esfuerzo. No lo lograron, preciso, pues basaron su estrategia sólo en el uso de la fuerza policial y militar.
“No somos responsables de la inseguridad que vive el país, pero sí de regresar la paz y tranquilidad a los mexicanos. Lo vamos a hacer sin regateos”, respondió Durazo Montaño.
Aseguró que no está en su ánimo echarse la bolita a las administraciones pasadas.
El senador Ismael García Cabeza de Vaca, del PAN, advirtió que la promesa de amnistía, el cese en el combate frontal al crimen organizado y la caída estrepitosa en la incautación de narcóticos y armas, generan “una atmósfera de permisividad e impunidad que ha envalentonado a los grupos criminales”.
Su compañera de bancada, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román preguntó: ¿Cuáles son las acciones que realiza el Ejecutivo Federal en coordinación con el gobierno de Veracruz en materia de seguridad?
Durazo Montaño afirmó que se respetará puntualmente la letra y el espíritu de la Guardia Nacional aprobada por unanimidad en el Congreso. Dijo que lo elementos del Ejército y de la Marina pasarán comisionados a la nueva institución, conservarán su vinculación administrativa porque presupuestalmente “no tiene vida todavía”.
Dijo que en Veracruz, el Ejecutivo respeta la autonomía del Fiscal General de Veracruz y éste no está obligado a asistir a las reuniones en materia de seguridad que realiza el gobierno del estado.
Del PRI, la senadora Claudia Anaya Mota, reprochó declaraciones sobre inseguridad como asunto heredado. Es falso que la demanda de paz sea de los conservadores, es una demanda social, dijo.
Su correligionaria, Verónica Martínez García, preguntó por qué han caído los decomisos de drogas, y sobre la fecha para conocer avances y resultados.
En su respuesta, Durazo Montaño negó la caída de decomisos. “Lo que sucede es que no hemos convertido estos resultados en un espectáculo mediático”. Luego aseguró que en un año tendrá que notarse un cambio y será en el Senado donde rinda cuentas. “Tengo la certeza plena, de que estas cuentas dejarán satisfecha a esta Asamblea”, afirmó.
Dijo entonces que la violencia es un problema estructural, crónico e histórico. Tenemos que asumirlo con una perspectiva de mediano plazo, cuando menos, pero “aplicarnos desde ya, sin regateos, aportar a su solución y sin limitaciones de carácter político–ideológico”.
Dante Delgado, a su vez, aseguró que la crisis de inseguridad es el problema más urgente a atender. El Presidente tiene la enorme responsabilidad de terminar con la violencia y nosotros la obligación de permitir construir la estrategia. Sin embargo, no estamos convencidos con la ampliación de las causales de prisión preventiva oficiosa, indicó.
Por el PT, la senadora Nancy De la Sierra Arámburo manifestó que la inseguridad ha llegado a niveles insoportables e insostenibles. “No importa quién tiene la culpa o quién no. No es momento de encontrar culpables. Es momento de buscar soluciones. El Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y el Congreso de la Unión no podemos fallarle a México”.
Luego, el secretario informó que las divisiones de investigación y científica de la Policía Federal pasarán a la Guardia Nacional en un plazo máximo de 18 meses. Confirmó que la nueva corporación realizará tareas de ciberseguridad para resguardar al Sistema de Seguridad Pública, las instalaciones estratégicas del gobierno mexicano y aquellas del sector privado
Sobre las cifras de criminalidad señaló: “hay diferencias entre unas cifras y otras, porque una es diaria y la otra se emite mensualmente, y en ese periodo, hay una reclasificación jurídica de las carpetas de investigación”. Precisó que en la estadística de homicidios del día no se cuantifican los cuerpos hallados en fosas clandestinas. Esa cifra se incorpora en los datos mensuales del Secretariado.
Por el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa indicó que confían en que los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se cumplan, porque, dijo, es de ustedes, de los servidores públicos del Gobierno Federal, toda la responsabilidad de que se logre, funcione y rendir buenas cuentas.
Señaló que en 2015, con el Sistema Penal Acusatorio, más de 70 mil personas salieron de las prisiones, lo que generó las condiciones que tenemos hoy de inseguridad, y preguntó si ya lo tenían previsto.
Durazo Montaño respondió que sí.
Elvia Marcela Mora Arellano, legisladora del PES, cuestionó: ¿Los elementos de la Guardia Nacional serán certificados por la ONU? ¿Cómo se informará a la ciudadanía sobre las evaluaciones y cumplimiento de estándares internacionales?
El secretario aseguró que, en virtud del acuerdo firmado con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la ONU, los acompañará en estas tareas. En el segundo caso, dijo que todos los elementos serán certificados para garantizar niveles de confianza, y la información de certificación, añadió, será abierta a la ciudadanía. “Se publicará en las páginas que en su momento se habiliten para ello”.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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