México
Irresponsable afirmar que en seis meses se acabará la violencia
México.— El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el Gobierno federal se ha propuesto lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación, sin embargo, consideró irresponsable prometer que en seis meses se acabará con la violencia.
Durante su comparecencia en el Senado de la República para presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sostuvo que en los primeros tres años del sexenio del presidente López Obrador, buscarán lograr niveles razonables de paz y tranquilidad, y aprovecharán los tres años restantes del sexenio para consolidar los resultados y entregar, en 2024 un país estable y en paz.
Padecemos una inseguridad crónica e histórica en el país, señaló Durazo Montaño, quien subrayó que las fallas estructurales del sistema político, económico y social se expresan en la inseguridad.
Son las consecuencias de un modelo económico sectario y excluyente”.
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El secretario de Seguridad aseguró que es prioridad el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, entre ellos extorsión, robo, secuestro, homicidio, feminicidio y el tráfico de personas.
Expuso que la Estrategia no sólo persigue la captura de objetivos criminales, sino desmontar sus estructuras basadas en el flujo millonario de recursos y armamento, por lo que incluye a la Unidad de Inteligencia Financiera para atacar paralelamente esquemas financieros y la persecución de líderes de las organizaciones criminales.
Propuso una reforma radical del sistema de seguridad pública y reorientar parcialmente los recursos de las Fuerzas Armadas para destinarlos, prioritariamente, a la seguridad pública, y participen en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, dijo.
Añadió que este año esperan que la Guardia esté conformada por 82 mil elementos; en 2021, por 120 mil; y al año siguiente, por 150 mil efectivos. Explicó que 2019 iniciará operaciones en 150 regiones del país; 200 en 2020 y 265 para 2021.
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En cuanto al combate a las drogas, dijo que es necesario reformularlo, porque la prohibición, por ejemplo, de la marihuana es insostenible e ineficaz desde el punto de vista de salud pública.
Indicó que la medida no sería suficiente por sí misma ni resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas, aunque la regulación de algunos estupefacientes prohibidos, permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia y la inseguridad.
En otro rubro, señaló que la Estrategia plantea recuperar y dignificar las cárceles. El Gobierno Federal se propone recuperar el control en los penales, combatir la corrupción de sus autoridades, separar a imputados de sentenciados y garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres.
Durazo Montaño subrayó que en unos cuantos años, la tasa nacional de homicidios pasó de 13 a 23 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que el costo de la espiral de violencia ascendió a 5.6 billones en 2018. Es decir, 24 por ciento del PIB, según el Instituto de Economía y Paz de México, y 21.6 por ciento según el Foro Económico Mundial.
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El senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, señaló al funcionario federal que desde noviembre del año pasado en el Senado han sido meses de debates intensos y acuerdos que han derivado en reformas sobre seguridad pública, como: el catálogo de delitos graves, extinción de dominio en casos de corrupción, ampliación de responsabilidades penales del Presidente de la República y los legisladores del Congreso de la Unión y la creación de la Guardia Nacional.
Ahora estamos iniciando el debate de la legislación secundaria, indispensable para que ese instrumento de protección ciudadana, paz y seguridad sea eficiente en la lucha contra al delincuencia y respetuoso de los derechos humanos”
El senador Batres ofreció al secretario el apoyo del Senado de la República para que haya éxito en su tarea. “Confiamos en usted, en su honestidad, trayectoria, profesionalismo y preparación. Estamos seguros que estará al altura de la grave responsabilidad que le toca”.
Al término de la exposición, los grupos parlamentarios posicionaron al respecto. El senador Higinio Martínez Miranda, en nombre de la bancada de Morena, dijo que la actual administración asumió la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los mexicanos. En ese sentido, invitó a las fracciones parlamentarias a sumar esfuerzos y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, tema donde no cabe la disputa política ni los intereses partidistas.
A pregunta expresa, Durazo Montaño respondió que no le corresponde juzgar a las administraciones pasadas. Además, reconoció que esos gobiernos trataron de hacer su mejor esfuerzo. No lo lograron, preciso, pues basaron su estrategia sólo en el uso de la fuerza policial y militar.
“No somos responsables de la inseguridad que vive el país, pero sí de regresar la paz y tranquilidad a los mexicanos. Lo vamos a hacer sin regateos”, respondió Durazo Montaño.
Aseguró que no está en su ánimo echarse la bolita a las administraciones pasadas.
El senador Ismael García Cabeza de Vaca, del PAN, advirtió que la promesa de amnistía, el cese en el combate frontal al crimen organizado y la caída estrepitosa en la incautación de narcóticos y armas, generan “una atmósfera de permisividad e impunidad que ha envalentonado a los grupos criminales”.
Su compañera de bancada, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román preguntó: ¿Cuáles son las acciones que realiza el Ejecutivo Federal en coordinación con el gobierno de Veracruz en materia de seguridad?
Durazo Montaño afirmó que se respetará puntualmente la letra y el espíritu de la Guardia Nacional aprobada por unanimidad en el Congreso. Dijo que lo elementos del Ejército y de la Marina pasarán comisionados a la nueva institución, conservarán su vinculación administrativa porque presupuestalmente “no tiene vida todavía”.
Dijo que en Veracruz, el Ejecutivo respeta la autonomía del Fiscal General de Veracruz y éste no está obligado a asistir a las reuniones en materia de seguridad que realiza el gobierno del estado.
Del PRI, la senadora Claudia Anaya Mota, reprochó declaraciones sobre inseguridad como asunto heredado. Es falso que la demanda de paz sea de los conservadores, es una demanda social, dijo.
Su correligionaria, Verónica Martínez García, preguntó por qué han caído los decomisos de drogas, y sobre la fecha para conocer avances y resultados.
En su respuesta, Durazo Montaño negó la caída de decomisos. “Lo que sucede es que no hemos convertido estos resultados en un espectáculo mediático”. Luego aseguró que en un año tendrá que notarse un cambio y será en el Senado donde rinda cuentas. “Tengo la certeza plena, de que estas cuentas dejarán satisfecha a esta Asamblea”, afirmó.
Dijo entonces que la violencia es un problema estructural, crónico e histórico. Tenemos que asumirlo con una perspectiva de mediano plazo, cuando menos, pero “aplicarnos desde ya, sin regateos, aportar a su solución y sin limitaciones de carácter político–ideológico”.
Dante Delgado, a su vez, aseguró que la crisis de inseguridad es el problema más urgente a atender. El Presidente tiene la enorme responsabilidad de terminar con la violencia y nosotros la obligación de permitir construir la estrategia. Sin embargo, no estamos convencidos con la ampliación de las causales de prisión preventiva oficiosa, indicó.
Por el PT, la senadora Nancy De la Sierra Arámburo manifestó que la inseguridad ha llegado a niveles insoportables e insostenibles. “No importa quién tiene la culpa o quién no. No es momento de encontrar culpables. Es momento de buscar soluciones. El Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y el Congreso de la Unión no podemos fallarle a México”.
Luego, el secretario informó que las divisiones de investigación y científica de la Policía Federal pasarán a la Guardia Nacional en un plazo máximo de 18 meses. Confirmó que la nueva corporación realizará tareas de ciberseguridad para resguardar al Sistema de Seguridad Pública, las instalaciones estratégicas del gobierno mexicano y aquellas del sector privado
Sobre las cifras de criminalidad señaló: “hay diferencias entre unas cifras y otras, porque una es diaria y la otra se emite mensualmente, y en ese periodo, hay una reclasificación jurídica de las carpetas de investigación”. Precisó que en la estadística de homicidios del día no se cuantifican los cuerpos hallados en fosas clandestinas. Esa cifra se incorpora en los datos mensuales del Secretariado.
Por el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa indicó que confían en que los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se cumplan, porque, dijo, es de ustedes, de los servidores públicos del Gobierno Federal, toda la responsabilidad de que se logre, funcione y rendir buenas cuentas.
Señaló que en 2015, con el Sistema Penal Acusatorio, más de 70 mil personas salieron de las prisiones, lo que generó las condiciones que tenemos hoy de inseguridad, y preguntó si ya lo tenían previsto.
Durazo Montaño respondió que sí.
Elvia Marcela Mora Arellano, legisladora del PES, cuestionó: ¿Los elementos de la Guardia Nacional serán certificados por la ONU? ¿Cómo se informará a la ciudadanía sobre las evaluaciones y cumplimiento de estándares internacionales?
El secretario aseguró que, en virtud del acuerdo firmado con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la ONU, los acompañará en estas tareas. En el segundo caso, dijo que todos los elementos serán certificados para garantizar niveles de confianza, y la información de certificación, añadió, será abierta a la ciudadanía. “Se publicará en las páginas que en su momento se habiliten para ello”.
México
La calle como sala de parto: atención policial en emergencias obstétricas
Ciudad de México.— El inicio de una nueva vida ocurrió fuera de los hospitales en distintos puntos de la Ciudad de México durante 2025, donde la intervención inmediata de policías capitalinos permitió la atención de mujeres en labor de parto en contextos de emergencia.

Atención a partos en espacios no hospitalarios
Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto, de las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés. Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.
Participación de corporaciones de la SSC
Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios. Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos, mientras que efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.
Apoyo vial y traslados médicos
La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud. Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.
Intervención de servicios de urgencias
En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Estas intervenciones se registraron en situaciones que implicaban mayor riesgo para la madre y el bebé, lo que permitió una atención médica especializada en coordinación con los elementos policiales.
Atenciones en la vía pública
En la alcaldía Cuauhtémoc se registraron acciones en espacios abiertos, donde personal de la Policía Auxiliar brindó apoyo a mujeres en labor de parto hasta la llegada de servicios médicos, con el objetivo de preservar la integridad de las madres y de los recién nacidos.
Distribución de apoyos por alcaldía
La alcaldía Cuauhtémoc concentró el mayor número de atenciones, con nueve casos. Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo registraron cinco apoyos cada una. En Iztapalapa y Gustavo A. Madero se auxiliaron a cuatro mujeres en cada demarcación. Venustiano Carranza reportó tres intervenciones. En Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se registró un apoyo en cada alcaldía.
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México
Broma al 911 puede quitar tiempo a quien lucha por vivir y queda en espera
Ciudad de México.- El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, alertó sobre el aumento de llamadas de broma durante el Día de los Inocentes.
El funcionario explicó que estas acciones afectaron la atención de emergencias reales y pusieron en tensión a los servicios de auxilio.
Guerrero Chiprés informó que las llamadas de broma y las falsas activaciones de botones de auxilio aumentaron entre 10 y 15 por ciento ese día.

Señaló que los principales responsables fueron menores de edad, aunque también participaron personas adultas que usaron los servicios como “travesura”.
Durante diciembre, el C5 recibió dos mil 486 llamadas de broma. Además, registró 480 llamadas con insultos y 663 relacionadas con acoso sexual.
El titular del C5 explicó que cada activación de un botón de auxilio movilizó una patrulla y activó monitoreo por cámaras. Esa respuesta inmediata dejó de atender otras urgencias reales.
La ciudad cuenta con más de 17 mil botones de auxilio instalados en espacios públicos. Cada uno se diseñó para salvar tiempo en situaciones críticas.
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Guerrero Chiprés recordó que hacer llamadas de broma al 911 o accionar botones de auxilio sin motivo constituyó un delito. El Código Penal local estableció sanciones de hasta dos años de prisión.

Sin embargo, datos abiertos de la Fiscalía General de Justicia capitalina mostraron que, de 2017 a 2024, no se abrió ninguna carpeta de investigación por este delito.
El funcionario subrayó que el problema no fue legal, sino cultural. Llamar en falso normalizó el uso irresponsable de un sistema vital.
En promedio, cuatro mil unidades se movilizaron cada día en la ciudad para atender emergencias médicas, de seguridad y protección civil.

Cuando una unidad acudió a una falsa alarma, otra persona esperó más tiempo ayuda real. Esa diferencia pudo costar una vida.
Menos llamadas falsas, más conciencia ciudadana
Guerrero Chiprés informó que en octubre de 2024, al inicio de la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entre siete y ocho llamadas no fueron emergencias reales.
Ese porcentaje disminuyó en los meses siguientes. En diciembre de 2024, el C5 contabilizó 288 mil 547 llamadas. Hasta el 22 de diciembre, registró 153 mil 278, una reducción de 47 por ciento.
El funcionario atribuyó esta baja a mayor conciencia ciudadana y a una disminución indirecta de accidentes y violencias.
Recordó que, catorce meses atrás, 75 por ciento de las activaciones de botones de auxilio fueron travesuras. Las cámaras mostraron a personas que sólo pasaron y oprimieron el botón.
Identificó principalmente a hombres de entre 35 y 55 años, sobre todo entre miércoles por la noche y la madrugada del sábado.

En el caso del 911, explicó que alrededor de 67 por ciento de las llamadas no reportaron emergencias reales. Muchas fueron bromas o historias inventadas.
Educar para cuidar vidas
Guerrero Chiprés llamó a madres, padres y cuidadores a enseñar desde casa que el 911 no fue un número para jugar.
Pidió a la ciudadanía usar los servicios de emergencia con responsabilidad, especialmente en fechas simbólicas como el Día de los Inocentes.
Respetar una línea de emergencia significó respetar la vida de alguien desconocido. En esa llamada correcta, la ciudad ganó tiempo, humanidad y cuidado colectivo.
ARH
México
“Silencio no es consentimiento”: esto dice la reforma al delito de abuso sexual
Ciudad de México.— El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el próximo periodo ordinario de sesiones se buscará discutir la minuta que reforma el Código Penal Federal en materia de abuso sexual.
Recordar que el 9 de diciembre de 2025 el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
“El objeto de la iniciativa es reformar en su totalidad el artículo 260 para que el concepto de abuso sexual cuente con una descripción más amplia, clara y acorde a los estándares internacionales, pues incorpora la ausencia del consentimiento como un elemento clave de este tipo penal, además de enfatizar que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no implicarán el consentimiento”, explicó Monreal Ávila.
Agravantes al abuso sexual
Además destacó que, como la modificación al artículo 260 prevé definir la sanción del abuso sexual y los casos en que ésta pueda aumentarse, por tanto, la iniciativa contempla modificar el artículo 266 Bis, mismo que actualmente especifica las agravantes para el abuso sexual y la violación.
Es decir, no se eliminan las particularidades que agravan el delito de abuso sexual, sino que dichos elementos se amplían y clarifican en la reforma al artículo 266 Bis. En específico, se pretende señalar que el abuso sexual puede suceder tanto en el ámbito público como en el privado, subrayó.
Intimidación, engaño, amenazas
De esta forma, el concepto se precisa para entenderlo como un delito que conlleva cualquier acto de naturaleza sexual, su observación o ejecución sobre una tercera persona o sobre el sujeto activo, sin el consentimiento de la víctima y sin que el propósito sea llegar a la cópula. Además de que el forzamiento de la exhibición del cuerpo de la víctima también configurará este delito.
“Con claridad se señala que el consentimiento no podrá presumirse si la voluntad de la persona fue anulada o viciada por la violencia, la intimidación, el engaño, las amenazas, el abuso de confianza o autoridad o situaciones de vulnerabilidad para las víctimas. Tampoco el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física podrán interpretarse como consentimiento para el acto sexual”, afirmó.
El diputado resaltó que la nueva conceptualización amplía la esfera de protección para las víctimas al considerar un acto sexual: “tocamientos, caricias, representaciones sexuales explícitas, etcétera”. Asimismo, destaca que la referencia a su ocurrencia en el ámbito privado conlleva que las víctimas no tengan una carga probatoria adicional.
Prisión y sanción económica
Especificó que la propuesta actualiza la pena de prisión para quedar de tres a siete años, la sanción económica y se adiciona la obligación de que los culpables acudan a talleres de no violencia contra las mujeres o la prestación de servicio social en favor del Estado. Además de llevar a cabo la reparación del daño en el marco de la Ley General de Víctimas.
Hizo énfasis en que la condena por abuso sexual se agravaría si su ejercicio conlleva violencia física, psicológica o moral; ocurre en un lugar despoblado; si el agresor y la víctima tienen o tuvieron un vínculo no sólo de parentesco por consanguinidad o afinidad, sino también por una relación de confianza, sentimental, laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa. Además de que el delito sería perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima.
Por otra parte, abundó, también se considera que la iniciativa permite al Estado cumplir su responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, más aún en contextos de abuso de poder o vulnerabilidad para las víctimas.
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México
Médicos residentes sostienen atención hospitalaria ¿Cuánto ganan en México?
Ciudad de México.— La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Liliana Ortiz Pérez señaló que la Ley General de Salud reconoce la residencia Médica como modalidad de formación, pero no obliga a las instituciones públicas a garantizar apoyo económico durante dicha etapa; mientras que en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aunque establece principios de apoyo al posgrado, no incluye explícitamente la residencia médica como un campo prioritario o protegido.
Recordó que el artículo 4o. de la Constitución Política reconoce el derecho a la salud y educación, así como la existencia de un sistema nacional de becas; sin embargo, ninguna ley secundaria contempla específicamente a los médicos residentes como sujetos obligatorios de becas.
@acaentrenews Los médicos residentes en #méxico ganan entre $8,000 y $15,000 pesos al mes, pero enfrentan jornadas de 80 horas semanales.😱 ¿Por qué no reciben el salario y los beneficios que merecen? Hablemos de esto #AcaEntreNews con @Laisha Wilkins ♬ sonido original – Acá Entre News
Justicia y dignidad a médicos residentes
Por ello, la panista consideró importante determinar de manera explícita y vinculante el derecho de los médicos residentes a recibir un estímulo que garantice su inclusión como beneficiarios en las leyes que rigen la salud pública y la ciencia y tecnología, dando un paso hacia la justicia, dignidad y profesionalización del personal médico en formación.
Más de 40 mil médicos
La panista estimó que más de 40 mil médicos residentes se forman anualmente en México en áreas como medicina interna, pediatría, anestesiología, cirugía, ginecología, urgencias, entre muchas otras, a través del régimen de residencia médica.
Además, cursan estudios de especialización médica en instituciones de educación superior, principalmente públicas, al tiempo que realizan prácticas clínicas obligatorias en condiciones demandantes y de alta responsabilidad.
@realidadmedicapodcast Respuesta a @vicente.saezv $$$$ poco pero shi !! #medicina #medico #medicos #medicosdetiktok #medicine #estudiantedemedicina #medical #medicaltiktok #medicalstudent #doctor #doctorlife #residenciamedica #fy #fyp #fypシ #foryou #parati ♬ sonido original – realidadmedicapodcast
Horarios extenuantes
En ese sentido, la panista aclaró que la residencia médica no es un curso teórico ni un seminario académico, sino una modalidad intensiva de formación que implica una relación práctica, presencial y continua con los pacientes en hospitales públicos, donde los residentes participan en urgencias, quirófanos, visitas médicas, guardias prolongadas, en horarios de 24 o 36 horas continuas, así como en tareas administrativas, enseñanza clínica y protocolos de investigación.
De acuerdo con el tabulador de sueldos para personal base del IMSS 2024 (vigente hasta octubre del 2025) un “médico residente en periodo de adiestramiento” podría obtener entre sueldo mensual y beca los 6 mil 70 pesos hasta los 7 mil 736 pesos de acuerdo al tipo de residente (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8).

Iniciativa para recibir pagos no menores al salario mínimo
Ante ello, la diputada Ortiz Pérez propuso adicionar un párrafo al artículo 95 de la Ley General de Salud para establecer que toda persona que se encuentre en internado de pregrado o en residencia de especialización deberá recibir un pago mensual, durante el periodo de formación profesional, por parte del establecimiento de salud al que haya sido asignada.
Dicho pago no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente, y su retribución deberá ser regular, suficiente y proporcional al tiempo de residencia y a la carga horaria del programa formativo.
La propuesta, enviada a la Comisión de Salud, resalta que con la reforma se busca subsanar un vacío normativo estructural que ha colocado a decenas de miles de médicos residentes en condiciones de precariedad e incertidumbre, a pesar de que su labor es indispensable para el funcionamiento cotidiano de hospitales y clínicas.
@dr.jorge.cardenas.m Cuánto dinero gana un médico? 🇲🇽 #drjorgecardenas #médico #deteccióntemprana #medicina #cirugíaoncológica ♬ sonido original – Dr. Jorge Cárdenas Mariaud
Evitar la deserción
Finalmente, la diputada Ortiz Pérez puntualizó que su iniciativa permitirá brindar certeza jurídica, regularidad y suficiencia a los apoyos que reciban los médicos residentes, evitar la deserción por motivos económicos, dignificar la formación médica especializada y fomentar la equidad territorial e intergeneracional en el acceso a especialidades.
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