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Senadores de Morena “descubren” ambigüedades en dictamen de terapias de conversión, revela activista

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Ciudad de México.— Esta semana las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron el proyecto de decreto para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

En ese sentido, la activista Alejandra Yánez Rubio señaló la importancia de esta discusión, resaltando la necesidad de abordar de manera efectiva el tema de las “terapias de conversión”.

A través de redes sociales, Yánez Rubio dio a conocer que logró establecer contacto con el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a quien proporcionó información detallada respaldada por sólidos argumentos, con el apoyo del director de ConParticipación, Marcial Padilla.

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Coincidentemente, tras recibir y analizar la información, el senador de Morena representante del estado de Chihuahua, Espino de la Peña, adelantó que presentará una reserva en el Pleno para modificar la redacción en la tipificación del delito, argumentando que esta presentaba ambigüedades que podrían llevar a una aplicación injusta de la ley.

“Creo que éste se puede mejorar bastante, pues se puede criminalizar a ciertos actores por la forma en la que está redactado el tipo penal”, acotó.

A su vez, el también senador de Morena, Reyes Flores Hurtado, de Coahuila, expresó su preocupación por la ambigüedad extrema en la redacción del tipo penal propuesto, advirtiendo sobre posibles implicaciones para la patria potestad de los padres de familia.

Sin embargo, la activista, señaló que las senadoras morenistas Patricia Mercado, Citlalli Hernández y Olga Sánchez Cordero, promotoras de la iniciativa, rechazaron cualquier intento de modificación, proponiendo que la iniciativa se aprobara sin cambios.

En comisiones, la iniciativa de reforma recibió el respaldo de 13 senadores, mientras que 9 de ellos apoyaron la reserva propuesta por el senador Espino. Esto implica que tanto la propuesta original como la reserva serán sometidas a votación en el pleno del Senado.

La activista Alejandra Yánez denunció que la senadora Patricia Mercado amenazó con hacer todo lo necesario para evitar que la reserva fuera votada en pleno, lo que refleja la determinación del grupo promotor de la iniciativa en su afán por mantener la propuesta original.

INICIATIVA

La propuesta establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

El proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, indica que se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez, puntualiza el documento.

Cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

Además, bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere, establece el proyecto de decreto.

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ebv

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