Ciudad de México.— La activista por los derechos de las mujeres, Alejandra Yánez Rubio, expresó su profunda decepción ante la reciente aprobación de la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de redes sociales, Yánez Rubio, aseguró que todos los partidos políticos han fallado a la sociedad mexicana, mostrando una preocupante falta de amor a la patria.

La activista fue contundente al señalar que el principal problema de la política mexicana radica en los antecedentes de corrupción y otros “delitos” que caracterizan a gran parte de la clase política.

“Cuando se trata de conseguir votos para reformas constitucionales, los poderosos doblan voluntades”, afirmó, refiriéndose a la fragilidad de las convicciones de algunos legisladores.

Yánez Rubio también recordó lo sucedido en el Senado, donde Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, declararon que el PAN no los doblegaría. Sin embargo, la activista subrayó que fue Morena quien finalmente los venció: “Prefirieron resolver sus problemas y mantener sus privilegios sobre el bien de la nación”.

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En su opinión, los Yunes no traicionaron sus principios, ya que “sus principios siempre han sido ellos mismos”.

Además, criticó duramente a Marko Cortés, a quien considera “el peor dirigente que ha tenido el PAN”, por asegurar candidaturas plurinominales para su círculo cercano. “Consiguió una pluri para su secretaria y una diputación para su hermano”, acusó, calificando la situación como “inverosímil”.

Yánez Rubio también expuso el caso del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, cuyo padre fue arrestado de manera arbitraria, lo que provocó su ausencia en una votación clave (la Reforma Judicial).

La activista lamentó que, aunque la situación familiar era grave, el deber del legislador era estar presente en el Senado: “Si no están dispuestos a sacrificar, que no se postulen”, señaló.

Finalmente, criticó la rapidez con la que se ratificó la Reforma Judicial en varios congresos estatales, apenas horas después de su aprobación en el Senado. Para Yánez Rubio, este proceso sólo sirve para “politizar un poder que no debe ser político”.

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Ciudad de México.- Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación confirmaron que el paro de labores no será levantado, luego de que el Senado de la República aprobara la reforma judicial la noche del martes.

La reforma, que contempla la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, ha generado gran controversia en el sector.

En un comunicado frente al Senado, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, anunció que recurrirán a organismos internacionales para frenar la implementación de la reforma.

“Es momento de resistir y usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia judicial”, expresó.

Además, destacó que la lucha va más allá de los intereses personales, buscando preservar un sistema de justicia sólido para las futuras generaciones.

Asimismo, Fuentes Velázquez mencionó que presentarán quejas ante instancias como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No nos quedaremos en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial”, reiteró.

El Senado aprobó la reforma con 86 votos a favor y 41 en contra, logrando los dos tercios necesarios para realizar cambios constitucionales.

Sin embargo, la sesión se vio interrumpida por protestas de jueces, estudiantes de Derecho y trabajadores del Poder Judicial, quienes lograron irrumpir en el Pleno, lo que llevó a los legisladores a trasladarse a la antigua Casona de Xicoténcatl para continuar la votación.

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Las tensiones aumentaron cuando manifestantes denunciaron el uso de gas por parte de la policía capitalina para dispersarlos.

Además, surgieron acusaciones de presiones y negociaciones detrás de la aprobación de la reforma, particularmente sobre un presunto acuerdo entre el senador Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN) y Morena a cambio de protección judicial.

El panorama para el Poder Judicial es incierto, con un paro indefinido y una creciente confrontación con el Ejecutivo y el Legislativo.

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Ciudad de México.— El Colectivo de Mujeres Libres y Soberanas expresó su rechazo a la reciente reforma al Poder Judicial en México, al considerar que las modificaciones comprometen la imparcialidad y autonomía.

Voceras del colectivo, aunque reconocen que el Poder Judicial enfrenta problemas y deficiencias graves, la solución no pasa por la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Alison González, vocera del grupo, destacó que “la deuda de justicia hacia las mujeres mexicanas recaerá ahora en un ‘nuevo’ poder judicial, impuesto por el partido en el poder”.

En este contexto, cuestionó cómo se garantizará la justicia para las mujeres y sus hijos, y si las violaciones, desapariciones y asesinatos podrán resolverse bajo esta nueva estructura judicial.

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Por su parte, Pilar Vázquez Calva subrayó que los derechos humanos de mujeres y niños no pueden quedar en manos de un poder judicial contaminado por influencias políticas.

Según Vázquez, “para proteger estos derechos, se necesitan personas capacitadas y con experiencia, atributos que no se logran con una elección popular”.

Angélica Pérez del Valle advirtió sobre las implicaciones de la reforma en los casos de mujeres desaparecidas, violadas y asesinadas.

Señaló que, con jueces menos capacitados y serviles a intereses políticos, las mujeres y niñas se encuentran aún más vulnerables en el contexto de crisis institucional que atraviesa México.

Paulina Mendoza, otra de las voceras, expresó su indignación ante lo que considera un panorama de chantajes y negociaciones políticas que priorizan intereses personales sobre las necesidades sociales del país.

Denunció que algunos legisladores señalados por delitos graves ahora tienen la responsabilidad de representar a la sociedad.

El colectivo finalizó con un llamado a las mujeres de México a continuar luchando por una justicia real y a estar informadas sobre las repercusiones de esta reforma, en medio de lo que consideran un distanciamiento creciente del gobierno hacia las causas sociales más urgentes del país.

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Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, la reforma al Poder Judicial, tras horas de análisis y protestas.

El dictamen la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes.

Además, se prevé la desaparición del Consejo de la Judicatura para sustituirlo con un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.

Con el voto a favor de Miguel Yunes y la ausencia del emecista Daniel Barreda, Morena logró la mayoría calificada de 86 votos a favor. En tanto, la oposición logró 41 en contra.

Ante la falta de tablero electrónico, se hizo la votación con el pase de lista de cada uno de los 127 senadores presentes.

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Entre los cambios, está el bajar de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La duración de su encargo será de 12 años, tres años menos que la fórmula actual.

También, se busca eliminar las dos salas en las que está dividida actualmente para dejar su operación sólo en sesiones plenarias.

La reforma al Poder Judicial propone que para aprobar sentencias sean necesarios seis votos.

La propuesta más polémica es que se busca cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito sean elegidos por el pueblo.

Estados deberán replicar sistema de Poder Judicial

La moción también establece que las entidades federativas tendrán que reformar su legislación local para “garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía”, además de la creación de órganos independientes para su administración y disciplina.

Los estados tendrán 180 días tras la promulgación de la reforma para realizar los cambios pertinentes.

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JAHA