México
Niños mexicanos desde mendigos hasta sicarios
Ciudad de México.— Con una edad de entre nueve y 10 años, una menor se arrastra entre los vagones del Metro, su ropa está desteñida y sucia, una y otra vez con un pequeño trapo trata de limpiar los zapatos de los pasajeros.
A cambio espera una moneda, pero la mayoría de las veces sólo recibe indiferencia o desprecio. Cansada después horas de arrastrarse por el suelo, prosigue su andanza de mendicidad forzada.
No es el único caso. Descalzo y con ropa desgastada, un pequeño campesino de seis o siete años de edad que se comunica en su idioma reparte volantes que dicen: “Venimos de la Sierra Norte de Puebla, somos muy pobres y por eso nos vemos obligados a pedir su ayuda”.
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Ellos son apenas dos ejemplos de los 3.2 millones de niños de cinco a 17 años que trabajan en México, de acuerdo a la medición 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esto ubica al país como el segundo en América Latina con más infantes laborando expuestos a riesgos mecánicos, biológicos, físicos, químicos o relacionados con prostitución, y hasta cooptados por la delincuencia organizada.
El trabajo infantil trasciende el ámbito familiar porque se da por una problemática estructural, donde la desigualdad y la pobreza juegan un papel sumamente importante, señalaron investigadores entrevistados por Notimex.
De los 3.2 millones de menores que laboran, 2.1 millones trabaja en actividades que no están permitidas, y el restante (1.4 millones) lo hace en labores domésticas no adecuadas, informó el doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Sánchez Castañeda.
El también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que los menores realizan largas jornadas de trabajo y al menos 50 por ciento no recibe salario, situación que se agrava porque tampoco tienen prestaciones ni derechos laborales.
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Agregó que un factor fundamental es la pobreza, pues más de la mitad de estos menores necesita aportar económicamente a la familia o para sufragar sus actividades cotidianas.
Para más detalles, señaló que de 29 millones de niños entre cinco y 17 años, hay 2.1 millones que no va a la escuela; asimismo, hay 70 mil menores sujetos a explotación sexual.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la labor infantil es cualquier actividad que atenta contra el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes, explica Carmen Gabriela Ruiz Serrano.
La doctora en Trabajo Social por la UNAM explicó que el trabajo infantil tiene como características que es peligroso, interviene contra la escolarización y atenta contra derechos como la recreación, el libre esparcimiento y el disfrute de espacios libres de violencia.
Si bien, dijo, hay que diferenciar entre las actividades de cooperación en labores que tienen que ver con el contexto familiar o comunitario, lo cierto es que los niños están siendo incorporados a actividades que son muy visibles, pero al mismo tiempo son muy opacas y sólo provocan la indiferencia social, como es la mendicidad forzada.
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Objeto de este tipo de “empleos” son los niños franeleros o limpia-parabrisas, quienes por su vulnerabilidad son fácilmente enganchados por la delincuencia organizada para vender droga o prostituirlos.
Ruiz Serrano consideró que la inclusión de menores en actividades ilícitas, como podrían ser los niños sicarios o las adolescentes prostituidas, por ley deben mirarse como víctimas de trata de personas y de actividades que flagelan la dignidad humana.
Estos menores no deben ser criminalizados, porque muchos provienen de familias donde hay violencia, no cuentan con condiciones económicas para su sustento, manutención, cuidado y crianza, de tal manera que los grupos criminales aprovechan su vulnerabilidad.
La especialista no está de acuerdo en bajar la edad penal a los 16 años, porque se criminalizaría a este sector y de acuerdo a las neurociencias, el cerebro termina de desarrollarse hasta los 20 o 21 años.
Sobre la condición de infantes indígenas, mencionó que la situación todavía es más grave porque nueve de cada 10 no logra satisfacer sus necesidades fundamentales, además, en las personas del rango de cero a menos de 18 años, una de cada dos ha sufrido violencia psicológica.
En México está prohibida la contratación de menores de 15 años, aunque ya se reconoce el derecho al trabajo a partir de los 16, sin necesidad de recibir algún permiso de padre, madre o tutor, dice la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Carmen Macías Vázquez.
Sin embargo, es común ver a los menores en labores del campo ayudando a la economía familiar o, dado que no tienen reconocimiento legal, incorporándose a la informalidad como vendedores ambulantes o vagoneros en el Metro.
Según datos del Inegi, se estima que 30.5 por ciento de los infantes trabajan en el sector agropecuario, 25.9 por ciento en el comercio, y 24.6 por ciento en el sector servicios.
Al referirse a los infantes que trabajan en la calle, Macías Vázquez dijo que están expuestos a ser atropellados, lastimados o ser víctimas de abuso y explotación.
Lo que es peor, insistió, es que al salir solos a la calle a trabajar pueden caer en las manos de los delincuentes, cooptándolos para servir como “halcones” o “burreros”, es decir, traficando enervantes, e incluso, llegar al extremo de convertirse en niños sicarios.
La también especialista en Derecho Social y al Trabajo declaró que existen redes que se dedican a obtener beneficios por los servicios de los niños, sin importar su seguridad, pues además de ser fácilmente manipulables, su minoría de edad les da cierta protección ante la ley.
Expuso que al carecer de la suficiente conciencia y los valores necesarios para discernir entre lo bueno y lo malo, los niños carecen de voluntad propia y por su estado de vulnerabilidad, pueden ser abusados en todos los sentidos por adultos que se aprovechan de estas circunstancias.
Aquí se da otro problema, porque al verse en la necesidad de trabajar casi siempre dejan la escuela y se quedan con un nivel de educación muy bajo, ya que existe una alta deserción entre los menores que laboran, porque al ocuparse en otras actividades, ya no llenan los espacios en las escuelas.
Mencionó que son pequeños que trabajan más de ocho horas, en condiciones inhumanas, como es el caso de los niños que por muchas horas deambulan por los vagones del Metro, donde sufren un enorme desgaste físico y por ello, cuando llegan a tener oportunidad, ya no pueden rendir en la escuela.
De acuerdo con datos oficiales de 2018 en la pasada administración del gobierno capitalino, sólo en la Ciudad de México casi 85 mil niños se emplean en diversas ocupaciones. Además, de los menores que trabajan, aproximadamente 60 mil son niñas, quienes sufren mayor explotación que los varones.
También hay casi 500 niños que trabajan prácticamente todo el día en las líneas del Metro, situación que como sociedad no se puede permitir y el Estado está obligado a atender para garantizar su educación, alimentación y su derecho a la salud, sobre todo por la vulnerabilidad en el que se encuentran.
(Notimex)
ebv
Ciudad de México.— El consumo de sustancias en México ofrece una paradoja que atraviesa hogares, escuelas y servicios de salud. Mientras el uso de algunas drogas disminuye entre adolescentes, la vulnerabilidad en salud mental crece y se expresa en ideación, planeación e intentos de suicidio con mayor frecuencia que en la población adulta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat).
Generación con menos drogas, pero mayor fragilidad emocional
La Encodat confirma que el consumo experimental de drogas ilegales en adolescentes pasó de 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025. El descenso se observa en cannabis, alucinógenos y estimulantes de tipo anfetamínico. En contraste, los adultos registraron un aumento al pasar de 10.6 a 14.6 por ciento en el mismo periodo.
El dato adquiere otra dimensión cuando se cruza con los indicadores de salud mental. La población de 12 a 17 años concentra mayores niveles de malestar psicológico, comportamiento suicida y exposición a la violencia. La encuesta advierte que la ideación suicida en adolescentes alcanzó 3.3 por ciento en los últimos 12 meses, casi el doble que en adultos. La planeación y el intento también se presentan con mayor frecuencia en menores, con especial incidencia en mujeres adolescentes.
Medicamentos, una puerta temprana al riesgo
El estudio incorpora un foco de atención sobre el uso indebido de medicamentos. El consumo de opioides aumentó de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, aunque se mantiene en niveles bajos. En este contexto, las autoridades sanitarias señalaron la relevancia de regular la venta de Tramadol, ahora con receta médica, debido a su asociación con el inicio en drogas ilegales.
En el caso del fentanilo, la encuesta reporta una prevalencia muy baja de consumo no médico, de 0.2 por ciento alguna vez y 0.1 por ciento en el último año, resultado que se vincula con campañas preventivas sostenidas en escuelas y medios de comunicación.
Alcohol y nicotina: cambios de patrón
El consumo de alcohol muestra un comportamiento diferenciado. Entre adolescentes, el porcentaje de quienes bebieron en el último año bajó de 28 a 17.8 por ciento, y el consumo excesivo descendió de 8.3 a 2.6 por ciento. En adultos, la proporción de personas que alguna vez han consumido alcohol aumentó ligeramente, con un crecimiento más marcado entre mujeres.
En tabaco, la prevalencia general disminuyó, pero el uso de cigarro electrónico pasó de 1.1 a 2.6 por ciento. Las autoridades sanitarias reiteraron que la venta de vapeadores permanece prohibida y que el calentamiento de estos dispositivos genera sustancias cancerígenas, por lo que se reforzarán campañas educativas dirigidas a adolescentes.
Cannabis y drogas ilegales: la brecha entre edades
El cannabis se mantiene como la principal droga ilegal en el país. En adultos, su consumo experimental subió de 9.3 a 13.3 por ciento entre 2016 y 2025. En adolescentes, el indicador descendió de 5.3 a 3.7 por ciento. Los alucinógenos y los estimulantes anfetamínicos siguieron una tendencia similar, con aumentos en adultos y estabilidad o descenso en menores.
Las autoridades de salud subrayaron que estos resultados reflejan el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención temprana y que la estrategia de intervención desde la adolescencia resulta clave para contener el avance del consumo en edades posteriores.
Violencia, apuestas y entorno digital
La encuesta documenta que 18.1 por ciento de los adolescentes reportó haber sufrido algún tipo de violencia en el último año, cifra superior a la observada en adultos. También identifica una mayor presencia de conductas de riesgo vinculadas al juego con apuestas y al uso intensivo de videojuegos, con 6.9 por ciento de adolescentes en posibles comportamientos patológicos, frente a 3.9 por ciento en adultos.
Diagnóstico para la política pública
La Encodat 2025 se elaboró a partir de una muestra de 19 mil 200 personas de 12 a 65 años, con participación de la Secretaría de Salud, Conasama, el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. El documento analiza patrones de consumo, percepción de riesgo, acceso, regulación y determinantes sociales, además de su vínculo con la salud mental.
Los resultados trazan una línea clara para la acción pública: aunque la reducción del consumo de drogas en adolescentes muestra avances, la carga emocional, la violencia y el comportamiento suicida revelan un desafío de mayor profundidad.
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Ciudad de México.— Para miles de jóvenes en México, ingresar al mercado laboral implica enfrentar la paradoja de la experiencia exigida, salarios iniciales limitados y descuentos fiscales inmediatos que reducen su ingreso desde la primera nómina, en una etapa donde la estabilidad aún no existe.
Primer empleo
El acceso al primer empleo formal continúa como uno de los principales desafíos para la juventud en México. La falta de experiencia laboral, la escasez de vacantes de entrada y las obligaciones fiscales configuran un escenario complejo para quienes inician su vida productiva.
Dificultades para incorporarse al mercado laboral
El diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, planteó que los jóvenes enfrentan obstáculos para ingresar al mercado laboral debido a la exigencia de experiencia previa y a la limitada oferta de empleos iniciales. Señaló que este sector de la población encuentra pocas oportunidades formales y que existe un entorno social con escasa empatía hacia sus condiciones laborales.
También refirió que la delincuencia organizada mantiene esquemas de reclutamiento dirigidos a jóvenes, con ofertas de ingresos elevados, lo que incrementa los riesgos para este grupo de edad.
Aplicación del ISR en salarios iniciales
El legislador explicó que el Impuesto Sobre la Renta se aplica a los trabajadores por el hecho de desempeñar una actividad laboral. El Servicio de Administración Tributaria realiza la retención correspondiente conforme a las tablas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin distinción del régimen fiscal del empleado.
De acuerdo con el planteamiento expuesto, esta retención reduce de forma significativa el ingreso disponible de las personas jóvenes, lo que limita su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o vestido durante los primeros años de empleo.
Propuesta de exención fiscal para el primer empleo
Ante esta situación, el panista impulsa una iniciativa para reformar y adicionar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de exentar del pago de ISR a los trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en su primer empleo. La propuesta contempla una exención total durante los primeros tres años laborales, sin establecer un límite de monto.
La iniciativa precisa que esta medida no modifica las disposiciones vigentes relacionadas con gratificaciones, primas vacacionales ni con la participación de los trabajadores en las utilidades.
Modificaciones legales planteadas
El proyecto legislativo propone cambios a los artículos 93, 96 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De aprobarse, no se efectuaría la retención del impuesto a las personas beneficiarias durante el periodo señalado.
Datos sobre juventud y empleo en México
En la exposición de motivos se incorporan cifras del primer trimestre de 2025. En ese periodo, la población de 15 años y más ascendió a 102.3 millones de personas, de las cuales 60.5 millones integraron la población económicamente activa.
Del total de la PEA, 15.9 millones correspondieron a jóvenes, lo que representó 26.3 por ciento. De este grupo, 39.6 por ciento fueron mujeres y 60.4 por ciento hombres. La tasa de informalidad entre la población de 15 a 29 años se ubicó en 58.8 por ciento.
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Ciudad de México.— La historia de muchos niños y adolescentes en México comienza en el hogar y la escuela, pero en algunos territorios el trayecto se interrumpe pronto por la violencia.
Delito sin nombre en la ley
La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Ana Isabel González González advierte que en la legislación mexicana no existe una tipificación concreta del delito de reclutamiento y explotación de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales. Esta omisión, dijo, coloca a este grupo poblacional en una situación de vulnerabilidad permanente, ya que impide contar con herramientas jurídicas claras para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.
Desde su perspectiva, resulta necesario modificar el Código Penal Federal para incorporar este delito de forma expresa y convertir la ley en un instrumento preventivo frente al uso de menores en actividades criminales. El planteamiento incluye también una reforma a la Ley General en la materia para corregir la ausencia normativa que persiste a nivel nacional.
Cifras que revelan una emergencia social
Organizaciones de la sociedad civil han documentado que al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes ya han sido reclutados por el crimen organizado en México. A esta cifra se suma una población estimada de hasta 250 mil menores que se encuentran en riesgo de ser captados. Los datos reflejan una problemática que no se limita a un solo estado ni a un contexto aislado.
A este factor se añaden condiciones estructurales como la pobreza, la marginalidad de familias asentadas en zonas con alta incidencia delictiva, la deserción escolar y la insuficiente provisión de servicios públicos. Estos elementos configuran un entorno donde la infancia queda expuesta a redes criminales que suplen, de manera ilegal, la ausencia de oportunidades.
Violencia que alcanza a los menores
La violencia que atraviesa el país ha impactado de forma directa a personas menores de edad. Casos recientes han evidenciado cómo adolescentes son utilizados como ejecutores de delitos de alto impacto. A inicios de noviembre, en la Ciudad de México, un joven disparó por la nuca a un vigilante y huyó del lugar, un hecho que evidenció la participación de menores en actos letales.
Otro episodio ocurrió en Uruapan, Michoacán, durante un evento público del Día de Muertos, cuando fue asesinado el alcalde Carlos Manzo tras recibir siete impactos de bala. Las investigaciones señalaron como responsable material a un joven de 17 años, cuya familia informó sobre su adicción a la metanfetamina. Ambos casos muestran cómo la combinación de violencia, adicciones y captación criminal termina por involucrar a adolescentes en escenarios extremos.
La propuesta legislativa en curso
Ante este panorama, la diputada Ana Isabel González González, integrante del PRI, impulsa una reforma que busca definir legalmente la explotación de personas como la acción de reclutar, coaccionar, obligar, trasladar o retener a alguien para involucrarlo en actividades ilegales de grupos delictivos u organizaciones criminales mediante violencia, amenazas, fraude, engaños o cualquier circunstancia que genere vulnerabilidad.
La iniciativa contempla un agravante cuando la víctima sea menor de edad, persona indígena, con discapacidad, migrante o en situación de calle, con un incremento de la pena de hasta 50 por ciento. La propuesta adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis legislativo.
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Ciudad de México.— La formación artística en la educación básica y media superior es un componente que incide en la manera de pensar, convivir y participar en la vida colectiva, con efectos que trascienden el ámbito escolar y alcanzan a las familias y a la comunidad.
Arte como derecho educativo
La educación artística se plantea como un derecho vinculado al desarrollo integral de las personas. Desde esta perspectiva, crear, interpretar y apreciar manifestaciones artísticas forma parte de un proceso educativo que favorece la libertad de pensamiento y la construcción de vínculos sociales. La enseñanza del arte se incorpora así a la lógica de una educación que busca preparar a niñas, niños y jóvenes para la vida pública y comunitaria.
Evidencia pedagógica y respaldo internacional
Diversos estudios pedagógicos, científicos y neurocientíficos documentan que la educación artística fortalece procesos cognitivos, emocionales y sociales. Estos hallazgos coinciden con evaluaciones de organismos internacionales. La UNESCO ha señalado que los sistemas educativos que integran las artes registran mayores índices de permanencia escolar, reducción de conductas violentas y fortalecimiento del pensamiento crítico y creativo, elementos que inciden en la trayectoria educativa de los estudiantes.
Impacto social y convivencia comunitaria
La presencia del arte en la escuela también cumple una función social. Las actividades artísticas favorecen la cohesión comunitaria y la convivencia pacífica, además de contribuir a la prevención de la violencia. El reconocimiento de la diversidad cultural y el sentido de pertenencia encuentran en el arte un espacio de expresión compartida que se extiende a entornos familiares y comunitarios.
Formación artística y desarrollo económico
La educación artística guarda relación con el desarrollo económico y laboral. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que el sector cultural aporta un porcentaje relevante del Producto Interno Bruto y genera un número significativo de empleos directos. La formación desde etapas tempranas incide en la consolidación de capacidades que más tarde se reflejan en actividades productivas vinculadas a la cultura y las industrias creativas.
Propuesta legislativa
En este contexto, el diputado José Antonio López Ruiz, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación. La propuesta modifica la denominación del Capítulo V y los artículos 52 y 53 con el objetivo de establecer que el Estado y las autoridades educativas garanticen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo artístico, además de reconocer de manera explícita a la educación artística como parte de los fines y objetivos del Sistema Educativo
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