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Hay que distinguir tres clases de contribuyentes beneficiados por la gracia institucional

Felipe Monroy

Felipe Monroy

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Ciudad de México.— El muy esperado, pero no por eso menos indignante, episodio de contribuyentes a los que los sexenios anteriores les condonaron impuestos desvela el secreto peor guardado de los gobiernos tecnócratas: la operación administrativa siempre ha estado sujeta a intereses políticos discrecionales. Los cálculos, las previsiones, la eficiencia y el control de procesos son apenas la falaz prestidigitación que oculta las verdaderas pasiones del poder como el clientelismo, el influyentismo o el orden de los privilegiados.

Tal como se ha reconocido, la condonación de impuestos no es un delito, se encuentra en el marco legal fiscal bajo la premisa de recuperar a deudores históricos para “ponerlos al corriente” y, principalmente, para aquellas empresas cuyas cargas impositivas podrían afectar dinámicas con terceros proveedores, a sus trabajadores o a sus beneficios laborales.

Sin embargo, en todo este asunto hay que distinguir tres clases de contribuyentes beneficiados por la gracia institucional: Las compañías del Estado, las empresas de inversión privada y las personas físicas. Por supuesto, también vale una reflexión sobre aquellos que, esperando no ser evidenciados mediáticamente, interpusieron recursos legales contra la divulgación de sus identidades.

Vamos por partes. Según la información divulgada por Fundar, las compañías del Estado recibieron las condonaciones más voluminosas por parte del Sistema de Administración Tributaria. La Compañía Federal de Electricidad, por ejemplo, dejó de pagar más de 14 mil millones de pesos en impuestos en sexenio y medio. Es claro que estas condonaciones favorecen los balances financieros anuales y quizá -sólo quizá- habrían podido apoyar proyectos de reinversión para alcanzar servicios imprescindibles a barrios, pueblos y ciudades marginales.

Pero hay una trampa en ello: los recursos de una entidad productiva del Estado están fijados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual es aprobado por los representantes de la ciudadanía. Si la Secretaría de Hacienda, como instrumento del Poder Ejecutivo, condona los impuestos a las empresas del Estado, en el fondo “autoriza” discrecionalmente un presupuesto al margen del conocimiento de los legisladores y, por tanto, de la ciudadanía. Y, como vemos, no es un presupuesto despreciable.

En segundo lugar, están las personas físicas a las que se les perdonaron impuestos. En algunos casos, son condonaciones millonarias que ofenden infinitamente a todos aquellos contribuyentes que reciben políticas de terror cuando faltan -por ignorancia o desidia- a sus obligaciones fiscales.

No importa el mecanismo por el cual estas personas recibieron este privilegio; se trata en el fondo de una prerrogativa de muy difícil acceso para contribuyentes promedio. Y, como ha sido evidenciado, todo un sistema contable con el que la ingeniería fiscal indulta con desconocidos fines a muy particulares perfiles ciudadanos. Aquí no importan ideologías, filiaciones o fidelidades; los verdaderos ‘fifís’ (y no los pobres pretenciosos) han sabido usufructuar su relación con un poder corrupto y a forjar un cuestionable vínculo de complicidad.

Finalmente están las empresas particulares. Representan el más complejo de los casos. Sin duda tienen la obligación de pagar impuestos por sus actividades; mantener sanas relaciones con proveedores y clientes; y, de tenerlos, garantizar los plenos derechos laborales a sus empleados. Si estas empresas han tenido problemas con el fisco -evidentemente por pésimas prácticas en la gestión, ambición excesiva o indudables omisiones- es claro que deben hacerse responsables. En ese panorama sólo habría una buena razón para condonarles impuestos y esa sería custodiar el bienestar ulterior de los trabajadores y de sus familias.

Pero aun cuando estas empresas hayan estado en esa situación, sería pernicioso que la condonación de impuestos se vuelva una práctica recurrente o parte de una política de chantaje. Son extensamente conocidos los casos de administraciones que ‘regalan’ terrenos, derechos de uso de suelo o facilidades tributarias a empresas con ideas comerciales; y aunque fueran estas prácticas un incentivo para la creación de empleos o desarrollo, son también vías rápidas hacia la más nociva corrupción.

Por todo ello, la condonación de impuestos como un mecanismo discrecional que privilegia sólo a algunos contribuyentes es un verdadero ultraje a la nación. Es imponderable que, al menos en el caso de las empresas del Estado y las personas físicas, se cancelen absolutamente; y que, para las compañías privadas se exija una revisión pública y exhaustiva de la condonación traducida en beneficios directos a los trabajadores o a la obra social concreta y que no puedan acceder a tal mecanismo más de una vez cada diez años, por ejemplo. En conclusión: Sí, es imprescindible que la sociedad conozca los nombres, los montos y las razones por las cuales el Estado consideró más importante condonar que recaudar esos impuestos cuyo destino, idealmente, es el bienestar y el servicio a la población más necesitada.

@monroyfelipe

[La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx]