Ciudad de México.— La posible reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha generado un amplio debate en diversos sectores de la sociedad civil.

Mientras algunos apuntan a la necesidad de fortalecer la institución, otros consideran que el Senado debe designar a una nueva figura más autónoma y comprometida con las víctimas.

Para muchos defensores de los derechos humanos, la actual administración de Piedra Ibarra ha mostrado carencias significativas. María Sirvent Bravo Ahuja, de Documenta A.C., subraya la urgencia de contar con una persona independiente que coloque en el centro a las personas afectadas, garantice una justicia efectiva y emprenda investigaciones profundas. “Las violaciones a los derechos humanos no son cosa del pasado”, afirma, al destacar la necesidad de renovar la conducción de la CNDH.

Santiago Aguirre Espinoza, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, coincide con esta perspectiva. “Es necesario un liderazgo proactivo, concentrado y autónomo”. En es ese sentido, rechaza la idea de la reelección de la actual titular no por cuestiones personales, sino porque el organismo requiere un contrapeso efectivo ante el poder.

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La urgencia de una CNDH independiente también señala Pedro Cárdenas Casillas de Artículo 19, es fundamental para que el próximo titular del organismo no tenga vínculos partidistas. Según Cárdenas, el nuevo perfil debe tener claro que la libertad de expresión es un pilar democrático y que debe enfrentarse la impunidad y violencia que sufren los periodistas en México.

Desde otra perspectiva, Carlos Flores Guillén, de Mexiutipic, hace énfasis en la necesidad de un perfil combativo. El próximo titular, sostiene, no debe temer cuestionar a la autoridad para hacer valer los derechos humanos, ya que la CNDH debe ser el primer defensor de las víctimas.

Finalmente, Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), recalca que quien asuma la titularidad de la Comisión debe reconocer la importancia de la niñez y adolescencia en la construcción del país. Además, considera esencial que el próximo presidente de la CNDH no tenga filiación partidista, para asegurar la verdadera autonomía del organismo.

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Ciudad de México.— El derecho a la educación es un atributo individual y posee una dimensión social que impulsa el crecimiento de las capacidades humanas, los derechos fundamentales y los valores democráticos.

Luis Raúl González Pérez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirmó que la educación debe ser un vehículo para la dignidad y que su enseñanza debe caracterizarse por la accesibilidad, adaptabilidad y excelencia, como lo señala la Constitución.

La educación pública, subrayó, debe contar con un blindaje jurídico que preserve su autonomía institucional. Este concepto, que incluye la libertad de cátedra, investigación y difusión cultural, debe ser resguardado de injerencias externas, ya que podría verse vulnerado si algún partido político o dependencia gubernamental intentara intervenir sin el consenso de la comunidad universitaria.

La autonomía es el oxígeno que respiran los universitarios

Por su parte, Jorge Carlos Herrera Lizcano, de la Universidad Autónoma de Yucatán, resaltó la importancia de la autonomía universitaria para la democracia. Citando a Sergio García Ramírez, afirmó que “la autonomía es el oxígeno que respiramos los universitarios”, un derecho social que garantiza el cumplimiento de la labor académica. En este sentido, propuso la incorporación de mecanismos legales que aseguren su protección constitucional.

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Precarización laboral

Marisol Luna Leal, de la Universidad Veracruzana, señaló que la educación superior enfrenta una crisis debido a la precarización laboral, el desajuste entre el aumento de la matrícula y los subsidios federales, y la falta de recursos estatales. Esta situación, dijo, pone en riesgo la estabilidad de diversas instituciones educativas.

Constitución, educación y autonomía

Fernando Serrano Migallón, también de la UNAM, enfatizó que los conceptos de Constitución, educación y autonomía son esenciales para el desarrollo del país. Recordó que la Universidad Nacional ha sido un referente de libertad de cátedra e investigación, lo que ha permitido que los beneficios de la cultura lleguen a toda la población.

Riesgos de globalización

Finalmente, Rafael Sánchez Vázquez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, señaló la estrecha relación entre pobreza, desarrollo y educación superior, advirtiendo sobre los riesgos de aceptar la globalización sin un análisis crítico.

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CDMX.- La Ciudad de México se enfrenta a un debate crucial sobre la vida y la salud de sus habitantes, tras la presentación de una iniciativa de ley por parte de la diputada Yuriri Ayala, que busca despenalizar el aborto hasta los 9 meses de gestación.

Esta propuesta ha sido recibida con un fuerte rechazo por parte del Colectivo de Mujeres, quienes la consideran un atentado directo contra la vida de los bebés y un riesgo para la salud de las madres.

Expresaron su preocupación por las implicaciones que tendría esta iniciativa.

La Dra. Rosario Laris, experta en Bioética y Salud Pública, enfatizó que estudios recientes demuestran que despenalizar el aborto en estas condiciones incrementa en un 2,233% el riesgo de muerte para las madres.

 “Las principales causas de muerte durante abortos tardíos son complicaciones de anestesia, infecciones y hemorragias”, alertó Laris.

El colectivo también destacó que los abortos tardíos conllevan un mayor riesgo de complicaciones graves, como perforaciones uterinas y hemorragias severas, lo que pone en grave peligro la salud de las mujeres.

“Permitir el aborto hasta el nacimiento no solo expone a las mujeres a riesgos médicos graves, sino que contradice los principios de salud pública que buscan proteger la vida y el bienestar de las personas”, afirmó la Dra. Laris.

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Por su parte Paulina Mendieta, otra vocera del colectivo, condenó la iniciativa como un “infanticidio” y presentó un video que refleja la inconformidad de la sociedad ante esta propuesta.

“Con ello, las activistas consideran que se muestra la oposición pública hacia la legalización del aborto tardío”.

“La iniciativa dejaría a las mujeres más pobres de la Ciudad en una situación de mayor riesgo y desprotección, especialmente en términos de salud pública”, advirtió Mendieta.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indican que el 37.4% de las mujeres en situación de pobreza en la Ciudad de México enfrentan carencias en el acceso a servicios básicos de salud.

Lo que trae como consecuencia la limitación de su capacidad para recibir atención médica adecuada en situaciones críticas.

Para Alison González, también quien es vocera del colectivo y madre embarazada, subrayó que permitir el aborto hasta el nacimiento podría aumentar la demanda de servicios médicos, afectando aún más los recursos ya limitados del sistema de salud pública.

“La Ciudad de México ocupa el lugar 26 en salud materna en los últimos 10 años, con una tasa alarmante de 48.7 muertes por cada 100 mil habitantes”, enfatizó.

Por su parte, Pilar Rebollo, otra portavoz del colectivo, afirmó que esta despenalización violaría principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos.

“Colocaría a México en una posición contraria a los derechos fundamentales, afectando nuestra reputación en el ámbito internacional”, afirmó Rebollo.

En un llamado a la acción, las voces del Colectivo “Mujeres de México” instaron a los diputados del Congreso de la Ciudad de México a rechazar esta iniciativa.

Mismas que advirtiendo que “está en sus manos proteger la vida de muchos bebés y reducir los riesgos para sus madres”.

Con un mensaje claro, enfatizaron que “hoy más que nunca, deben evitar manchar sus manos y nuestra ciudad con la sangre de niñas y niños inocentes e indefensos”.

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Ciudad de México.— Expertos en materia judicial coinciden en que la protección de los derechos fundamentales y la defensa de la democracia son esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

En un contexto de incertidumbre global, es indispensable fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la división de poderes y promover un constitucionalismo que se adapte a las nuevas realidades sin perder de vista los principios que sustentan la dignidad humana.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que la defensa de los derechos fundamentales y el respeto a la división de poderes son elementos clave para garantizar la paz y el desarrollo.

Lomelí Vanegas subrayó la importancia de contar con democracias inclusivas y resilientes, ante los desafíos que enfrentan muchas regiones del mundo, donde fenómenos políticos amenazan con debilitar las instituciones democráticas.

En este contexto, las universidades y los centros de investigación jurídica juegan un papel determinante, ya que son espacios donde convergen ideas y pensamientos críticos, indispensables para encontrar soluciones a los problemas más complejos de la actualidad.

“Hoy, el Derecho Constitucional enfrenta el reto de adaptarse a nuevas realidades sociales, políticas y culturales. La globalización, las crisis económicas, la emergencia climática, la brecha de género y el avance tecnológico han puesto a prueba nuestras normatividades. No obstante, es crucial modernizarlas sin renunciar a los principios fundamentales del Estado de derecho”, enfatizó el rector de la máxima casa de estudios.

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Constitucionalismo en riesgo

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la democracia constitucional tanto en México como en el mundo.

Piña Hernández, dijo que la existencia de una Constitución no garantiza por sí sola que un Estado sea constitucional, ya que este sistema requiere la preservación de elementos como el respeto a la democracia, el Estado de derecho, la división de poderes y la independencia judicial.

La ministra destacó que, en las últimas semanas, diversos pronunciamientos han puesto en el centro del debate la reforma judicial en México. Estos han subrayado la necesidad de un análisis profundo sobre los impactos que dicha reforma podría tener en el futuro del país. En su opinión, el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón que amenazan su estabilidad.

Desafíos para la democracia

Por su parte, Mónica González Contró, directora del IIJ de la UNAM, lamentó que la ciudadanía mexicana muestre un creciente desapego hacia la democracia. Diversas encuestas reflejan un aumento en el apoyo a medidas autoritarias, lo cual se debe, en gran parte, a la incapacidad del sistema actual para garantizar seguridad y reducir significativamente las desigualdades. Esto, señaló, ha dificultado la creación de un verdadero Estado de bienestar.

González Contró hizo un llamado a reformar el sistema político para lograr una ciudadanía más incluyente, que comprenda sus derechos políticos más allá del ámbito electoral. Para ella, es fundamental garantizar un sistema democrático robusto que responda a las necesidades y preocupaciones de toda la población.

Posdemocracia y posconstitucionalismo: amenazas emergentes

Diego Valadés Ríos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e investigador emérito de la UNAM, alertó sobre los riesgos que enfrentan las instituciones en el contexto actual. En muchas naciones, las instituciones están siendo sometidas a un estrés constante debido al acoso de fenómenos como la posverdad, la posdemocracia y el posconstitucionalismo.

Valadés dijo que la posdemocracia implica el uso de las instituciones democráticas para concentrar poder, en lugar de promover la libertad, la igualdad y el pluralismo. Mientras tanto, el posconstitucionalismo se refiere a un sistema que, aunque mantiene las apariencias formales de un Estado constitucional, en realidad esconde prácticas contrarias a los principios que deberían regirlo.

“El Estado constitucional es un sistema de equilibrios, donde las reglas están diseñadas para armonizar las fuerzas en juego. La pérdida de estos equilibrios puede generar tensiones que lleven a la ingobernabilidad”, advirtió Valadés, quien remarcó que la construcción de una agenda de trabajo para proteger y fortalecer el Estado de derecho es más urgente que nunca.

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