México
Pederastia clerical en México: la alianza impensable
De todos los cambios que el cardenal Carlos Aguiar Retes ha manifestado interés de implementar en la Arquidiócesis de México, el convenio de colaboración con la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) es, sin lugar a dudas el más audaz y el que más rompe con el estilo de trabajo y convicciones de su predecesor, el cardenal Norberto Rivera Carrera.
Para los cambios en la formación de nuevos sacerdotes, Aguiar ordenó un cambio radical en el modelo educativo del Seminario Conciliar de México; para renovar el trabajo de los párrocos en la megalópolis, el cardenal anima a los sacerdotes a asumir nuevas estructuras de cooperación intradiocesana; para reordenar la administración económica de una de las iglesias más grandes del planeta, el arzobispo primado lleva a cabo una especie de auditoría a las instituciones eclesiales de la mano de la prestigiada firma de servicios empresariales Ernest&Young.
Y, para atender los crímenes de pederastia clerical (uno de los más dolorosos problemas en los que se ha enfrascado la Iglesia católica en las últimas décadas), la Arquidiócesis de la era Aguiar ha decidido establecer una alianza con la organización que, desde Estados Unidos, ha logrado poner bajo los reflectores del mundo, los casos de abuso sexual cometidos por ministros religiosos –especialmente aquellos contra menores de edad- y ha denunciado a más de un centenar de obispos católicos por “encubrimiento o protección” a sus sacerdotes acusados.
SNAP cumple 30 años este 2018; la organización nació en Chicago con apenas un puñado de miembros y hoy tiene presencia en más de 60 ciudades con más de 20 mil asociados. Como parte de su lucha legislativa por visibilizar este crimen, en México lograron que la pederastia fuera calificada como delito grave; además, como parte de sus litigios, SNAP ha demandado a cientos de sacerdotes y obispos, incluida a la Santa Sede, y no pocas diócesis han llegado a arreglos económicos extrajudiciales con los abogados de las víctimas al tiempo que han forzado a varias diócesis del mundo a adoptar medidas de prevención y acción contra sacerdotes criminales. Con todo, la Red SNAP también ha sido obligada a pedir perdón a obispos, diócesis y a sacerdotes injustamente acusados como sucedió apenas en noviembre pasado en la Arquidiócesis de St. Louis donde el sacerdote acusado, Joseph Jiang, demandó a SNAP por difamación y ésta debió pedir disculpas públicas “por acusar con negligencia, irresponsabilidad y faltando a la verdad”.
En la Ciudad de México, las denuncias de SNAP comenzaron directamente contra el entonces arzobispo de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera. Se le acusó de encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar en contubernio con el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahoney. La arquidiócesis de México acusó a SNAP y al demandante (Joaquín Aguilar, hoy representante de SNAP México) de sólo perseguir intereses económicos y, tras largos entretelones de la primera denuncia SNAP vs Rivera, los abogados de la Red de Sobrevivientes volverían a demandar a Rivera por un segundo caso de encubrimiento. Y, aunque los dos casos se dirimieron en instancias judiciales y Rivera fue revelado en la Arquidiócesis en febrero, el tema no ha quedado en el pasado, SNAP ha declarado que aún persigue 200 casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes en México y ha adelantado que su interés es responsabilizar también a los obispos por omisiones, encubrimiento o protección de esos presuntos criminales.
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Es en este marco que la Arquidiócesis de México y SNAP firmaron un convenio donde declaran estar “comprometidos con esta visión: promover iniciativas vinculadas a mejorar y fortalecer prácticas para proteger del delito de abuso sexual a los niños, jóvenes y adultos en situación de riesgo, así como para promover la responsabilidad local en las siglas y zonas vulnerables”.
En nombre de la Iglesia capitalina, firma la directora de Comunicación Social, Marilú Esponda (relevo de Hugo Valdemar, el principal defensor de Rivera ante las acusaciones de SNAP en la última década) y por parte de SNAP, el propio Joaquín Aguilar, la víctima que desató una de las guerras judiciales y mediáticas más ásperas entre la Iglesia y los demandantes de sacerdotes mexicanos. En la declaración, ambas instancias afirman que trabajan en “un protocolo que ayude a la atención ante los casos que se pudieran presentar así como de apoyo a las víctimas, para crear conciencia y educar a la gente sobre la necesidad de proteger a los niños y personas vulnerables… Combatir desde la raíz estos lamentables casos y trabajar incansablemente hasta sanar estas situaciones”.
En entrevista con este periodista, Mariú Esponda afirma que la gente de Aguiar Retes y SNAP México han sostenido varias reuniones después del pronunciamiento del Cardenal donde enfatizó su postura de “tolerancia cero” en los casos de pederastia: “Hubo buena disposición de dialogar de las dos partes y nos dimos cuenta que coincidíamos en esta cuestión fundamental: Nuestra sincera disposición para prevenir y promover la responsabilidad en el tratamiento y la resolución de estos casos”.
—¿En qué consiste el acuerdo de colaboración?
—En trabajar en conjunto, aprobar y seguir unos protocolos comunes, donde se garantice una correcta atención a las víctimas y donde se estudien e implementen programas de prevención integral a este problema.
—¿Qué aporta SNAP al trabajo de “cero tolerancia” de la Arquidiócesis de México?
—La unión hace la fuerza. Nuestro afán es estar más cerca de las víctimas. La pederastia se da en muchos ambientes, también familiares, educativos, etc. Y SNAP México tiene experiencia en diversos casos que muchas veces se silencian. Queremos trabajar arduamente con todas las instituciones que tengan buena voluntad para promover el respeto a la dignidad humana. De ahí surge nuestro mutuo compromiso para erradicar este problema que se ha vivido tiempo atrás y que se sigue viviendo hoy.
—¿La Arquidiócesis le abrirá la puerta a SNAP a trabajar con los sacerdotes en Casa Damasco (la instancia diocesana que atiende a sacerdotes con problemas de adicciones, afectividad y trastornos psicológicos)?
—La Arquidiócesis abrirá las puertas para trabajar con todas las instituciones que cada caso requiera.
—¿Las denuncias que haga SNAP obligará a la Arquidiócesis a atenderlas?
—La Arquidiócesis está en entera disposición de trabajar con las autoridades correspondientes en el marco de la ley.
—¿Qué sucede con las denuncias que SNAP tiene contra obispos?
—Tanto la SNAP como la Arquidiócesis están en buena disposición por aclarar y resolver los casos que se presenten.
Lacónica claridad del nuevo estilo arquidiocesanio
El modelo de Iglesia capitalina a la que el cardenal Carlos Aguiar Retes le imprime su sello, sin duda se encuentra en las antípodas de las que procuró su predecesor: desde el sistema de funciones y responsabilidades de sus obispos auxiliares, en la irrestricta confianza a su inseparable equipo de trabajo nuclear, en la autoridad paranormativa con la que ejerce su soberana decisión en instituciones educativas, en la calculada distancia mediática y política durante un momento tan complejo para México como son las actuales elecciones federales y, sobre todo, en esta alianza que no sólo simboliza el interés de protección y prevención de casos de pederastia clerical (la Universidad Anáhuac, de los Legionarios de Cristo, por ejemplo, trabaja en muy serios protocolos y certificaciones institucionales para erradicar el abuso sexual en todo tipo de organizaciones, incluidas las parroquias; y la Conferencia del Episcopado Mexicano trabajó un Protocolo de Acción frente a casos de pederastia por instrucción de la Santa Sede) sino también ejemplifica el interés del cardenal Aguiar de tender la mano incluso a quienes las instancias de su predecesor llamaron ‘enemigos de la Iglesia’, ‘falsos acusadores’ y ‘oportunistas’.
En el pasado, lo que entonces se consideraron “ataques al cardenal Norberto Rivera” lograron cierto consenso episcopal de apoyo al primado capitalino pero también fueron detonantes de profundas diferencias con el entonces nuncio apostólico, Christophe Pierre. Diferencias que nunca pudieron resolverse y que afectaron incluso las visitas papales de Benedicto XVI en 2012 y de Francisco en 2016.
Una nueva era para toda la Iglesia mexicana, sin duda, pues SNAP aún mantiene la posición de llamar a cuentas a más de 200 sacerdotes y obispos en México, pero ahora tendrá de aliado al cardenal primado de México.
Twitter: @monroyfelipe
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México
“No son bienes, son humanos”, abogada cuestiona la ideología del aborto en México
Esta perspectiva integral es esencial para garantizar un equilibrio entre los derechos de las mujeres y los derechos del niño en gestación.
Ciudad de México.- El libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades llega al público en busca de desmitificar la resolución A.I. 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reflexionar sobre sus verdaderos alcances legales, en un contexto donde las interpretaciones erróneas han proliferado.
Esta obra contiene visiones críticas de expertos juristas sobre cómo el máximo tribunal del país ha abordado con parcialidad ideológica uno de los temas más complejos de la sociedad.
Esta obra que será presentada en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara el 1 de diciembre, reúne las voces de juristas y expertos que analizan críticamente el tratamiento ideológico y jurídico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado a uno de los temas más complejos de la sociedad contemporánea.
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Entre los expertos, se encuentra, Susana Miguel López, autora de un capítulo clave donde destaca la necesidad de respetar el derecho a la vida del concebido y el equilibrio entre los derechos de la mujer y del ser humano en gestación.
Derecho a la vida.
En entrevista con Siete24 Noticias, Susana Miguel López, abogada y autora del capítulo titulado “El aumento gradual de la protección constitucional del nasciturus y los límites del aborto”, explicó que aunque se reconoce la existencia de un límite para el aborto, este debe ser breve, respetando el derecho a la vida del concebido una vez superado dicho plazo.
En ese sentido, la también colaboradora de la fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui, Pro Derechos Humanos, A.C., argumentó que el ser concebido, alojado en el cuerpo de la madre, es un ser humano distinto que merece protección conforme avanza su desarrollo.
“No se puede negar que el organismo alojado en el cuerpo de la madre es un ser humano distinto a ella y si no se interfiere en su proceso, él mismo se desarrollará hasta estar listo para su nacimiento”, dijo.
Susana Miguel detalló que sin bien existe un límite al aborto, una vez que concluye ese límite, se debe proteger el derecho al derecho a la vida, el derecho a nacer del niño o niña concebido.
¿Derecho a decidir?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, abordó por primera vez la noción del “derecho a decidir”.
La abogada Miguel aclaró que no existe, ni en la Constitución ni en los tratados internacionales, un derecho a decidir.
Según la resolución, se establece un límite razonable y breve, cercano al inicio de la gestación, con base en información científica y consideraciones de política pública de salud.
Este criterio busca equilibrar la autonomía de la persona gestante con la protección progresiva del concebido, al que se le reconoce como un “bien” que merece mayor protección a medida que avanza el embarazo, aunque este enfoque ha generado debate en el ámbito jurídico y social.
Dignidad y respeto.
En ese sentido, la abogada externó su desacuerdo con el reconocimiento del concebido como un “bien” constitucionalmente protegido, argumentando que este concepto reduce a un ser humano a la categoría de objeto.
Aclaró que un bien es una cosa, no un alguien. Porque se habla de un niño o niña en gestación, de un ser humano que debe ser tratado con dignidad y respeto, conforme a su naturaleza humana.
“Los seres humanos no son bienes, no son objetos que puedan apropiarse, sustituirse, venderse o intercambiarse, ese trato no lo merece ningún ser humano. Por lo que esa protección termina siendo deficiente, deben ser tratados conforme a su naturaleza humana, con dignidad y respeto”, puntualizó.
Educación sexual.
La abogada Susana Miguel enfatizó la importancia de fortalecer la educación sexual y el acceso a la salud como herramientas clave para garantizar que las mujeres puedan tomar decisiones libres e informadas.
“Ya lo dijo la SCJN, falta mucho por hacer en estos ámbitos para que las mujeres tengan opciones reales que les permitan decidir no solo sobre su cuerpo, sino también considerando que están decidiendo sobre otro ser humano con cuerpo propio”, subrayó.
De acuerdo con la jurista, esta perspectiva integral es esencial para garantizar un equilibrio entre los derechos de las mujeres y los derechos del niño en gestación.
Insistió en que, si una mujer opta por terminar su embarazo, esa decisión debería tomarse dentro de un periodo breve y razonable cercano al inicio de la gestación.
“Después de ese periodo, hay más que proteger y respetar el derecho a la vida del niño o niña en gestación, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño que exige protección y cuidado especiales, incluyendo la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, finalizó.
FIL de Guadalajara.
El 1 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, se llevará a cabo la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades.
Esta obra promete convertirse en una referencia clave en el debate jurídico y social porque desentraña los argumentos legales, éticos y políticos que rodean la discusión del aborto en México.
ARH
México
Mujeres piden a Delfina Gómez que no se deje intimidar por grupos que promueven el aborto en Edomex
Ciudad de México.— El colectivo Mujeres de México se manifestó en contra de la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Estado de México.
Acusaron a la gobernadora Delfina Gómez de buscar, a través de diputados de Morena, la aprobación de esta medida, lo que calificaron como un atentado contra la vida de los niños por nacer y un abandono a las mujeres.
“La mujer, como madre e hija, ha sido y será la principal víctima del aborto, ya sea legal o ilegal. No se puede estar a favor de las mujeres si se permite el aborto de niñas y niños”, señaló el colectivo.
Cifras mortalidad materna
El colectivo destacó que el Estado de México ocupa el sexto lugar nacional en mortalidad materna, con una tasa de 48.9 decesos por cada 100 mil habitantes, según el estudio Políticas Públicas basadas en Evidencia Científica de Melisa Institute. Las principales causas de muerte materna incluyen hipertensión gestacional, eclampsia y toxemias del embarazo, que representan el 31.6%, seguidas de hemorragias (17.7%) y enfermedades preexistentes (16.8%).
Además, resaltaron que el 92.1% de las muertes maternas no están relacionadas con el aborto. Advirtieron que la atención obstétrica de emergencia es insuficiente, lo que agrava las cifras de decesos por complicaciones como hemorragias.
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Llamado a la gobernadora Delfina Gómez
Las integrantes del colectivo instaron a la gobernadora delfina Gómez a reconsiderar su postura y priorizar políticas públicas que protejan la maternidad y mejoren las condiciones de las mujeres en la entidad.
“Solicitamos que esté del lado de las mujeres mexiquenses, madres, jóvenes y niñas, quienes merecen mucho más que el aborto. Necesitamos un Estado de México que garantice que la maternidad no será castigada, sino protegida con empleos dignos, servicios de salud y educación”, declararon.
Asimismo, criticaron que casi 20 años de aborto despenalizado en la Ciudad de México no han solucionado problemas estructurales como discriminación, inseguridad y falta de oportunidades laborales para las mujeres.
“No se deje intimidar o presionar por minorías o grupos políticos que no representan a las mujeres de nuestro Estado y no valoran la vida de los más indefensos. Le pedimos que actúe con valentía y honestidad ante su conciencia”.
Una postura en defensa de la vida y las mujeres
El colectivo sostuvo que la despenalización del aborto desvía la atención de las verdaderas prioridades para las mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza. Subrayaron la necesidad de políticas públicas integrales que enfrenten las causas de su vulnerabilidad, brindándoles seguridad, acceso a educación, servicios médicos sólidos y apoyo económico.
“Exigimos que la gobernadora actúe con valentía y diga un firme sí a la vida y sí a la mujer. Un verdadero compromiso con las mujeres debe estar enfocado en garantizar sus derechos, proteger la maternidad y combatir la violencia y el abandono institucional”, concluyeron.
ebv
México
Adiós al INAI: ¿Es hora de una nueva agencia independiente en México?
Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pone a disposición de los legisladores federales su conocimiento y experiencia para la realización de la legislación secundaria en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, con el fin de garantizar la homogeneidad en el ejercicio de esas prerrogativas.
El Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, dijo “queremos todavía incidir en la nueva legislación, a partir de la experiencia acumulada, de los conocimientos adquiridos por parte de mis colegas y, por supuesto, de toda la familia INAI, para contar con una legislación que esté acorde. Todavía hay oportunidad de cambiar el rumbo. ¿A qué me refiero? A que en los transitorios, el Senado de la República puede establecer bases y principios para una nueva agencia. Si el INAI se tiene que ir, que se vaya, pero démosle al Estado una nueva agencia con autonomía, con independencia, con estas características que jurídicamente sí se puede hacer”.
Cabe recordar que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas constitucionales que extinguen a este Instituto autónomo, garante de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. La iniciativa fue turnada al Senado para su evaluación y eventual aprobación.
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Al respecto, la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, dijo que el nuevo gobierno debe considerar que la sociedad aspira a la construcción de instituciones sólidas y robustas que, bajo nuevos y mejores enfoques, atiendan sus necesidades y demandas de información.
“Hoy no son suficientes las intenciones discursivas y políticas para desaparecer organismos autónomos. Esperamos que el Senado, en las leyes secundarias, logre recuperar lo que hasta ahora hemos tenido: un modelo garantista de alto nivel que permitió que México fuera un referente internacional”.
El Comisionado Alcalá Méndez y la Comisionada Ibarra Cadena llamaron a la sociedad civil, y en especial a las personas estudiantes, a cuestionar, de manera fundamentada y objetiva, lo que ocurre en la vida pública nacional y trabajar en la reconstrucción de las instituciones que le son útiles a México.
ebv
México
“Aún hay tiempo”, llamado del INAI al Senado para evitar desaparición
Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica.
De esta forma se extinguen siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ante ello el Pleno del INAI lamentó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de decreto de reforma constitucional que desaparece este Instituto autónomo y reasigna sus funciones a una dependencia del Poder Ejecutivo y a otras instancias del Estado.
Dijo que el acceso a la información y la protección de datos personales son conquistas sociales ganadas a pulso por generaciones de mexicanas y mexicanos.
“La reforma aprobada en la Cámara de Diputados implica una regresión para la garantía de estos derechos humanos y los controles democráticos”, refirió.
En ese sentido, alertó que sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el INAI.
“Con esta reforma, el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte en materia de transparencia y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de todas y todos”, refirió.
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Señaló que esta reforma también extingue al Sistema Nacional de Transparencia, indispensable para homologar a nivel nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
El acceso a la información y la protección de datos personales son piedras angulares de la vida social y democrática de México, por lo que el Pleno del INAI hizo un llamado a los legisladores del Senado a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos.
Finalmente, manifestó su disposición para seguir trabajando en el mejor diseño institucional posible para garantizar la progresividad de los mismos, “aún hay tiempo”.
ebv
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