De todos los cambios que el cardenal Carlos Aguiar Retes ha manifestado interés de implementar en la Arquidiócesis de México, el convenio de colaboración con la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) es, sin lugar a dudas el más audaz y el que más rompe con el estilo de trabajo y convicciones de su predecesor, el cardenal Norberto Rivera Carrera.
Para los cambios en la formación de nuevos sacerdotes, Aguiar ordenó un cambio radical en el modelo educativo del Seminario Conciliar de México; para renovar el trabajo de los párrocos en la megalópolis, el cardenal anima a los sacerdotes a asumir nuevas estructuras de cooperación intradiocesana; para reordenar la administración económica de una de las iglesias más grandes del planeta, el arzobispo primado lleva a cabo una especie de auditoría a las instituciones eclesiales de la mano de la prestigiada firma de servicios empresariales Ernest&Young.
Y, para atender los crímenes de pederastia clerical (uno de los más dolorosos problemas en los que se ha enfrascado la Iglesia católica en las últimas décadas), la Arquidiócesis de la era Aguiar ha decidido establecer una alianza con la organización que, desde Estados Unidos, ha logrado poner bajo los reflectores del mundo, los casos de abuso sexual cometidos por ministros religiosos –especialmente aquellos contra menores de edad- y ha denunciado a más de un centenar de obispos católicos por “encubrimiento o protección” a sus sacerdotes acusados.
SNAP cumple 30 años este 2018; la organización nació en Chicago con apenas un puñado de miembros y hoy tiene presencia en más de 60 ciudades con más de 20 mil asociados. Como parte de su lucha legislativa por visibilizar este crimen, en México lograron que la pederastia fuera calificada como delito grave; además, como parte de sus litigios, SNAP ha demandado a cientos de sacerdotes y obispos, incluida a la Santa Sede, y no pocas diócesis han llegado a arreglos económicos extrajudiciales con los abogados de las víctimas al tiempo que han forzado a varias diócesis del mundo a adoptar medidas de prevención y acción contra sacerdotes criminales. Con todo, la Red SNAP también ha sido obligada a pedir perdón a obispos, diócesis y a sacerdotes injustamente acusados como sucedió apenas en noviembre pasado en la Arquidiócesis de St. Louis donde el sacerdote acusado, Joseph Jiang, demandó a SNAP por difamación y ésta debió pedir disculpas públicas “por acusar con negligencia, irresponsabilidad y faltando a la verdad”.
En la Ciudad de México, las denuncias de SNAP comenzaron directamente contra el entonces arzobispo de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera. Se le acusó de encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar en contubernio con el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahoney. La arquidiócesis de México acusó a SNAP y al demandante (Joaquín Aguilar, hoy representante de SNAP México) de sólo perseguir intereses económicos y, tras largos entretelones de la primera denuncia SNAP vs Rivera, los abogados de la Red de Sobrevivientes volverían a demandar a Rivera por un segundo caso de encubrimiento. Y, aunque los dos casos se dirimieron en instancias judiciales y Rivera fue revelado en la Arquidiócesis en febrero, el tema no ha quedado en el pasado, SNAP ha declarado que aún persigue 200 casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes en México y ha adelantado que su interés es responsabilizar también a los obispos por omisiones, encubrimiento o protección de esos presuntos criminales.
Es en este marco que la Arquidiócesis de México y SNAP firmaron un convenio donde declaran estar “comprometidos con esta visión: promover iniciativas vinculadas a mejorar y fortalecer prácticas para proteger del delito de abuso sexual a los niños, jóvenes y adultos en situación de riesgo, así como para promover la responsabilidad local en las siglas y zonas vulnerables”.
En nombre de la Iglesia capitalina, firma la directora de Comunicación Social, Marilú Esponda (relevo de Hugo Valdemar, el principal defensor de Rivera ante las acusaciones de SNAP en la última década) y por parte de SNAP, el propio Joaquín Aguilar, la víctima que desató una de las guerras judiciales y mediáticas más ásperas entre la Iglesia y los demandantes de sacerdotes mexicanos. En la declaración, ambas instancias afirman que trabajan en “un protocolo que ayude a la atención ante los casos que se pudieran presentar así como de apoyo a las víctimas, para crear conciencia y educar a la gente sobre la necesidad de proteger a los niños y personas vulnerables… Combatir desde la raíz estos lamentables casos y trabajar incansablemente hasta sanar estas situaciones”.
En entrevista con este periodista, Mariú Esponda afirma que la gente de Aguiar Retes y SNAP México han sostenido varias reuniones después del pronunciamiento del Cardenal donde enfatizó su postura de “tolerancia cero” en los casos de pederastia: “Hubo buena disposición de dialogar de las dos partes y nos dimos cuenta que coincidíamos en esta cuestión fundamental: Nuestra sincera disposición para prevenir y promover la responsabilidad en el tratamiento y la resolución de estos casos”.
—¿En qué consiste el acuerdo de colaboración?
—En trabajar en conjunto, aprobar y seguir unos protocolos comunes, donde se garantice una correcta atención a las víctimas y donde se estudien e implementen programas de prevención integral a este problema.
—¿Qué aporta SNAP al trabajo de “cero tolerancia” de la Arquidiócesis de México?
—La unión hace la fuerza. Nuestro afán es estar más cerca de las víctimas. La pederastia se da en muchos ambientes, también familiares, educativos, etc. Y SNAP México tiene experiencia en diversos casos que muchas veces se silencian. Queremos trabajar arduamente con todas las instituciones que tengan buena voluntad para promover el respeto a la dignidad humana. De ahí surge nuestro mutuo compromiso para erradicar este problema que se ha vivido tiempo atrás y que se sigue viviendo hoy.
—¿La Arquidiócesis le abrirá la puerta a SNAP a trabajar con los sacerdotes en Casa Damasco (la instancia diocesana que atiende a sacerdotes con problemas de adicciones, afectividad y trastornos psicológicos)?
—La Arquidiócesis abrirá las puertas para trabajar con todas las instituciones que cada caso requiera.
—¿Las denuncias que haga SNAP obligará a la Arquidiócesis a atenderlas?
—La Arquidiócesis está en entera disposición de trabajar con las autoridades correspondientes en el marco de la ley.
—¿Qué sucede con las denuncias que SNAP tiene contra obispos?
—Tanto la SNAP como la Arquidiócesis están en buena disposición por aclarar y resolver los casos que se presenten.
Lacónica claridad del nuevo estilo arquidiocesanio
El modelo de Iglesia capitalina a la que el cardenal Carlos Aguiar Retes le imprime su sello, sin duda se encuentra en las antípodas de las que procuró su predecesor: desde el sistema de funciones y responsabilidades de sus obispos auxiliares, en la irrestricta confianza a su inseparable equipo de trabajo nuclear, en la autoridad paranormativa con la que ejerce su soberana decisión en instituciones educativas, en la calculada distancia mediática y política durante un momento tan complejo para México como son las actuales elecciones federales y, sobre todo, en esta alianza que no sólo simboliza el interés de protección y prevención de casos de pederastia clerical (la Universidad Anáhuac, de los Legionarios de Cristo, por ejemplo, trabaja en muy serios protocolos y certificaciones institucionales para erradicar el abuso sexual en todo tipo de organizaciones, incluidas las parroquias; y la Conferencia del Episcopado Mexicano trabajó un Protocolo de Acción frente a casos de pederastia por instrucción de la Santa Sede) sino también ejemplifica el interés del cardenal Aguiar de tender la mano incluso a quienes las instancias de su predecesor llamaron ‘enemigos de la Iglesia’, ‘falsos acusadores’ y ‘oportunistas’.
En el pasado, lo que entonces se consideraron “ataques al cardenal Norberto Rivera” lograron cierto consenso episcopal de apoyo al primado capitalino pero también fueron detonantes de profundas diferencias con el entonces nuncio apostólico, Christophe Pierre. Diferencias que nunca pudieron resolverse y que afectaron incluso las visitas papales de Benedicto XVI en 2012 y de Francisco en 2016.
Una nueva era para toda la Iglesia mexicana, sin duda, pues SNAP aún mantiene la posición de llamar a cuentas a más de 200 sacerdotes y obispos en México, pero ahora tendrá de aliado al cardenal primado de México.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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Mundohace 2 días
