Menores víctimas de delitos deben tener garantizados sus derechos: PAN

Ciudad de México.- El diputado y vicepresidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, Gonzalo Espina Miranda, propuso modificaciones a la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños local.

Esto, con objeto de que los menores de edad que sean víctimas de la comisión de delitos, tengan garantizado el acceso a un espacio que les proporcione las medidas establecidas en la Ley General de Víctimas y en la ley local en la materia.

“Hay menores edad no tienen un espacio seguro y la autoridad los devuelve con los tutores, a lugares donde se cometió alguna actividad que los revictimiza y eso no puede suceder”, externó.

La iniciativa del diputado, señala que la violencia contra menores durante los últimos años, se ha incrementado en un 300 por ciento de acuerdo al Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia CDMX.

“En especial, después del periodo denominado pos Covid19 en el cual la convivencia y relaciones humanas se transformaron completamente, así como la vida familiar, la violencia física, sexual y emocional”, advirtió el legislador local.

Dijo que la violencia generalmente ocurre en el ámbito familiar, es decir, en el seno del hogar o en la comunidad como es el entorno escolar o social. Puede ser perpetrada por cuidadores, compañeros o extraños.

La violencia contra el menor tiene varias “caras”.

Los tipos de violencia incluyen el maltrato infantil por parte de adultos en un puesto de responsabilidad, el acoso y las peleas físicas entre pares, la violencia sexual y la violencia en el noviazgo, así como el asalto asociado con la violencia entre pares y pandillas.

Espina Miranda señaló que la violencia tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de los niños, ya que tienen como secuela la muerte, incluidos los homicidios.

La violencia que aqueja a la niñez de nuestra Ciudad también se ha relacionado con una serie de problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental, incluido el deterioro del desarrollo social, emocional y cognitivo, lesiones y problemas de salud a lo largo de sus vidas.

Así como la adopción de conductas de alto riesgo como fumar, abuso de alcohol, drogas y sexo sin protección.

Los costos sociales y económicos de la violencia son altos y a menudo para toda la vida incluido el bajo rendimiento escolar, un mayor riesgo de desempleo y pobreza, así como una asociación a la pertenencia en pandillas o crimen organizado.

“El Gobierno de la Ciudad de México necesita realizar la función de protección y garantía de los derechos humanos a través de sectores del ámbito jurídico, el cual incluye ayudar a identificar el abuso en etapas muy tempranas”, externó el panista.

ARH