Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, acudió a la PGR para denunciar que le ha sidoamenazado

México.— Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa (ASP), acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar que le ha sido intimidado.

El periodista tiene dos escoltas asignados por el gobierno estatal, porque teme por su vida, de acuerdo a lo publicado en La Jornada.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que está al tanto de la situación y ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la PGR, que se apliquen medidas cautelares para proteger al comunicador y a su familia.

Además, solicitó garantizar el libre ejercicio de su labor periodística.

El presidente de la ASP indicó que el pasado 16 de mayo una persona, a la que no identificó, le pidió ser el enlace entre él y las autoridades, porque supuestamente tenía información sobre los autores materiales del asesinato del periodista Javier Valdez.

“Pidió mi intervención para hacer llegar su testimonio con una autoridad de mi confianza; se lo informé al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y al fiscal (Juan José Ríos Estavillo)”, informó Partida Valdez.

“Desde poco después de las seis de la tarde hasta casi las 11 de la noche de ese día martes (16 de mayo), personal de la Fiscalía federal recogió ese testimonio, que fue grabado en video”.

Desde ese día, comentó, le asignaron custodia, pues el testigo del que fue intermediario le dijo que su vida corría peligro y figuraba en una lista de periodistas a asesinar.

Indicó que tras entregarle el material con supuestas evidencias del crimen contra Javier Valdez, le advirtieron que había planes para asesinarlo el martes 23 de mayo.

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La CNDH informó que tuvo conocimiento de que Partida Valdez recibió una llamada telefónica en la que le aseguraron que sería privado de la vida, tras sostener reuniones con varias autoridades en relación con el asesinato del corresponsal de La Jornada.

AGP