Ciudad de México – En vísperas de las festividades de fin de año, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) emitió un llamado urgente para generar conciencia sobre la gravedad de realizar llamadas falsas a los números de emergencia.

Durante 2024, el C5 ha registrado 3 millones 167 mil 075 llamadas falsas, lo que equivale al 57% del total de reportes atendidos.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, destacó que estos registros incluyen bromas, insultos, colgantes y llamadas de niños jugando. Aunque se ha logrado una reducción del 20% en los últimos diez años, el problema persiste, impactando de manera crítica la capacidad de respuesta ante emergencias reales.

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“Cada llamada falsa ocupa tiempo valioso de los operadores, quienes podrían estar salvando vidas. Estamos comprometidos con fortalecer la cultura cívica para garantizar el buen uso de los números de emergencia”, señaló Guerrero Chiprés.

Impacto de las llamadas falsas.

El C5 indicó que, en promedio, los operadores destinan tres segundos por cada reporte improcedente. Sumados, los 3.1 millones de llamadas falsas representan 120 días de atención continua que pudieron haberse dedicado a emergencias reales.

Además, de los 11 mil 645 botones de auxilio disponibles en la Ciudad de México, el 68% de los reportes registrados fueron interacciones sin respuesta.

Números de emergencia que operan desde el C5.

911: Atención general de emergencias.

089: Denuncias anónimas.

*765: Línea contra la violencia hacia las mujeres.

55 5036 3301: Reportes de extorsión.

Por su parte, el C5 reiteró la importancia de hacer un uso responsable de estos servicios, especialmente en un contexto donde segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Además, Guerrero Chiprés invitó a la población a reflexionar y educar sobre la seriedad de estas líneas de ayuda: “Cada broma o insulto reduce nuestra capacidad de proteger a la ciudadanía. Es momento de que todos asumamos nuestra responsabilidad cívica”.

ARH

Ensenada.— En un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno de México, en colaboración con el Gobierno de Baja California, llevó a cabo la Operación Limpieza, un despliegue enfocado en combatir el contrabando y la piratería. Este operativo, considerado el más grande realizado contra el contrabando de artículos en México, logró asegurar tres millones de artículos ilícitos con un valor estimado de 320 millones de pesos.

La intervención se realizó en Ensenada, donde 371 elementos de diversas dependencias, apoyados por 190 unidades, inspeccionaron dos establecimientos en un área de 18 mil metros cuadrados.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, calificó este despliegue como un avance significativo en la lucha contra la mercancía ilegal. Recordó que en los primeros operativos de este tipo se aseguraron alrededor de 300 mil piezas, una cifra que ahora ha escalado exponencialmente. “Son productos que incumplen normas de protección civil, etiquetado y propiedad intelectual, y no permitiremos que continúen afectando al país”, afirmó.

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Por su parte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, reafirmó el compromiso de la entidad para trabajar de la mano con el gobierno federal en la protección de las industrias y los empleos que estas generan. En los últimos 18 meses, el contrabando y la piratería han provocado la pérdida de más de 70 mil empleos en el sector textil, zapatero y del juguete.

Carlos Candelaria, de la Secretaría de Economía, y Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general de Gobierno de Baja California, lideraron la coordinación del operativo, que forma parte de una estrategia integral implementada previamente en la Ciudad de México, Sonora y Coahuila.

Las autoridades han anunciado que se analizarán todas las alternativas legales para sancionar a las empresas involucradas en estas actividades ilícitas. Este esfuerzo, además de proteger a los trabajadores, envía un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno con la legalidad y la justicia.

Entre las instituciones participantes fueron: la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cofepris y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, entre otras.

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Ciudad de México.— La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, presentó la Quinta Edición de la Cartilla de Prevención de Delitos en Materia de Trata de Personas.

Este material, diseñado para empoderar a las personas frente a uno de los crímenes más atroces, está disponible en español, inglés y francés, además de cinco lenguas indígenas: otomí, náhuatl, purépecha, maya y mazahua.

El contenido se puede descargar gratuitamente en Internet. La cartilla orienta sobre cómo actuar en caso de ser víctima o si existe sospecha de que alguien está siendo explotado. Además, detalla el acompañamiento que ofrece la CEAV y la ubicación de los Centros de Atención Integral (CAI) en todo el país.

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Desde una perspectiva social y de derechos humanos, se describen los derechos de las víctimas y se brinda información relevante para sus familias, las autoridades y los medios de comunicación. Este enfoque busca sensibilizar sobre el impacto que el delito tiene en las comunidades y las medidas necesarias para combatirlo.

La trata de personas es una violación severa que afecta a millones en todo el mundo, con mayor incidencia en los grupos más vulnerables: niñas, niños, mujeres, jóvenes y comunidades indígenas. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la colaboración informada y comprometida es clave para erradicar este flagelo.

La cartilla también promueve la prevención mediante recomendaciones prácticas, como el manejo responsable de redes sociales, la protección de datos personales, la precaución en citas con desconocidos y la verificación de ofertas laborales.

La difusión de este material en lenguas indígenas representa un esfuerzo significativo para garantizar que las comunidades originarias, que a menudo enfrentan mayores riesgos, tengan acceso a herramientas que las protejan.

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ebv

Ciudad de México.- En los últimos diez años la extorsión ha crecido exponencialmente en México, convirtiéndose en un flagelo que afecta directamente a las familias y su seguridad económica.   

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), más del 30% de los hogares reportan haber sido víctimas de intentos de extorsión.  

En 2023, se registraron 10,190 denuncias formales de extorsión ante el Ministerio Público, un aumento del 84% respecto a 2013.   

Sin embargo, estas cifras solo representan la punta del iceberg, ya que el 98% de los casos no se denuncian debido al miedo, la desconfianza en las autoridades y la normalización de este delito en muchas regiones del país.  

La extorsión, que va desde amenazas telefónicas hasta exigencias económicas por supuesta protección, genera un daño profundo en la estabilidad emocional y financiera de las familias.

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Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2023, solo 4.5% de las víctimas optaron por denunciar, y de estas, menos de la mitad recibió seguimiento efectivo por parte de las autoridades.   

En tanto, la percepción de inseguridad permanece alarmantemente alta, con el 86% de la población sintiéndose insegura en su entorno cotidiano.