Ciudad de México.— Entrar a una plaza comercial, antes de comprar alimentos, medicinas o ropa escolar, el cobro por el estacionamiento marca el inicio del consumo.

Acceso al consumo y el costo invisible

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales, existen más de 900 centros comerciales y en la mayoría el estacionamiento se cobra como un servicio adicional.

En algunos estados se han documentado irregularidades en el funcionamiento de máquinas y relojes de cobro, lo que deriva en tarifas mayores a las anunciadas. Esta situación coloca a los consumidores en una posición de vulnerabilidad frente a un gasto que no cuenta con regulación específica.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Luis Orlando Quiroga Treviño, planteó que condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas, centros o unidades comerciales mediante el cobro por estacionamiento constituye una práctica abusiva.

Entre la protección al consumidor y la viabilidad del proveedor

En ese sentido, Quiroga Treviño propuso modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que los proveedores estarán obligados a garantizar el uso gratuito del estacionamiento a los consumidores al menos durante las primeras dos horas.

La propuesta reconoce que prohibir de forma total el cobro de estacionamiento implicaría una carga económica para los proveedores. Por esa razón, la iniciativa plantea una alternativa intermedia: garantizar horas obligatorias de acceso gratuito siempre que exista un consumo dentro de la plaza comercial.

Esta fórmula busca equilibrar intereses sin desconocer los derechos de quienes operan los establecimientos. El objetivo se centra en evitar que el estacionamiento funcione como una barrera económica previa al consumo, sobre todo en contextos donde no existen opciones reales de acceso sin automóvil.

Vacío normativo que afecta a las familias

El diputado explicó que la protección de los derechos de los consumidores forma parte del núcleo del sistema jurídico mexicano, aunque el marco actual no contempla una normatividad que resguarde a la ciudadanía frente al pago por estacionamiento en plazas comerciales. En la práctica, las personas usuarias quedan sujetas a esquemas de cobro desregulados.

El entorno jurídico, institucional y económico, de acuerdo con la exposición, favorece de manera sistemática al proveedor. Esto deriva en condiciones variables, tarifas poco claras y ausencia de mecanismos efectivos de defensa para quienes acuden a estos espacios de consumo cotidiano.

Dos horas de acceso gratuito como derecho

La iniciativa propone modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer la obligación de garantizar el uso gratuito del estacionamiento durante al menos las primeras dos horas a los consumidores. La medida aplica a quienes acrediten un consumo en alguno de los establecimientos de la plaza comercial.

El documento fue turnado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. En su exposición de motivos, se subraya la intención de crear un marco jurídico equilibrado que proteja de manera efectiva a las personas consumidoras sin desconocer los derechos de los proveedores.

Movilidad, vulnerabilidad y acceso a servicios básicos

La propuesta reconoce que personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad dependen del automóvil para acceder a bienes y servicios básicos. Para estos sectores, el cobro por estacionamiento representa una carga adicional que incide de forma directa en su economía diaria.

Desde esta perspectiva, el estacionamiento se define como un servicio accesorio del derecho al consumo. Cobrarlo, bajo estas condiciones, se plantea como una práctica abusiva que traslada al consumidor un costo que condiciona el acceso mismo al mercado.

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Ciudad de México.— El choque vehicular ocurre en segundos, pero un accidente vial no termina cuando se apaga el motor, inicia un periodo de incertidumbre que impacta la rutina familiar, el empleo y la economía del hogar.

Vacío legal que prolonga la espera

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Farías Bailón, advirtió que la legislación vigente no establece tiempos máximos ni mecanismos de compensación frente a retrasos prolongados en la reparación de vehículos asegurados. Esta omisión normativa deja a los usuarios sin herramientas efectivas para exigir el cumplimiento del contrato cuando el proceso se extiende más allá de lo razonable.

Dijo que el impacto no se limita al ámbito administrativo. Para familias y trabajadores, el automóvil cumple una función central en el traslado diario, el acceso al empleo y la organización de la vida familiar. La falta del vehículo, tras un siniestro, implica gastos adicionales, pérdida de ingresos y ajustes forzados en la dinámica cotidiana.

Cifras que reflejan una afectación masiva

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, durante 2022 cerca del 50 por ciento de las quejas contra aseguradoras correspondieron a daños en automóviles, con 3 mil 972 reportes relacionados con retrasos en la reparación.

La tendencia continuó al inicio de 2023. En enero se registraron 753 quejas en la misma categoría, muchas vinculadas con demoras prolongadas. A este escenario se suma la escasez de autopartes, factor que ha extendido los tiempos de entrega de algunos días a varios meses, lo que profundiza la afectación para los asegurados.

Movilidad detenida, economía presionada

Farías Bailón señaló que la falta de un marco específico reduce la responsabilidad de las aseguradoras ante retrasos injustificados. Sin plazos definidos ni compensaciones obligatorias, los usuarios enfrentan procesos largos sin respaldo para cubrir los costos derivados de la falta de movilidad.

El diputado indicó que esta situación evidencia la necesidad de incorporar disposiciones claras que establezcan tiempos máximos y esquemas de compensación. El objetivo consiste en garantizar una protección integral al usuario y fortalecer la función reparadora del seguro, más allá de la atención al daño material.

Iniciativa: transporte como derecho durante la reparación

Ante este panorama, el legislador impulsa una reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguro. La propuesta adiciona un artículo 144 Bis para obligar a las aseguradoras a cubrir los gastos de transporte del asegurado cuando, tras un siniestro, la reparación del vehículo exceda los 120 días naturales, hasta el momento de su entrega o sustitución.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, busca reforzar la protección de los usuarios de seguros automotrices y garantizar el derecho a la movilidad, un elemento esencial para la vida laboral y familiar.

Función social del seguro y equilibrio contractual

El planteamiento legislativo amplía el alcance del seguro automotriz al atender los efectos indirectos de la falta de movilidad. Al contemplar el transporte alternativo, la propuesta incorpora una dimensión social que reconoce el impacto real de las demoras en la vida diaria de las personas aseguradas.

Además, la obligación de cubrir estos gastos introduce incentivos para que las aseguradoras optimicen sus procesos, fortalezcan la transparencia y asuman una mayor responsabilidad frente a los tiempos de reparación, lo que contribuye a restablecer el equilibrio entre empresas y consumidores.

Principios constitucionales y certeza para el usuario

La reforma se alinea con principios constitucionales como el derecho a la movilidad, la protección al consumidor, la buena fe contractual y el principio pro persona. Al mismo tiempo, ofrece a los usuarios una garantía adicional de seguridad y tranquilidad frente a un escenario que hoy genera desgaste económico y social.

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Ciudad de México.— El virus sincicial respiratorio es una de las principales causas de infecciones respiratorias en bebés y niños pequeños. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, sus síntomas iniciales pueden confundirse con un resfriado, como tos o escurrimiento nasal. Sin embargo, en menores de un año, adultos mayores y personas con padecimientos previos, la infección puede evolucionar hacia bronquiolitis o neumonía, lo que incrementa el riesgo de hospitalización.

Durante la temporada invernal, la circulación del virus se intensifica, lo que obliga a los sistemas de salud a mantener vigilancia epidemiológica constante y a reforzar las estrategias de prevención en la población.

Aval sanitario y proceso de adquisición en marcha

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio el 16 de diciembre. Tras este aval, la Secretaría de Salud inició el proceso de adquisición del biológico con el objetivo de contar con él en las clínicas del país y comenzar su aplicación durante el actual periodo invernal.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que una vez concluida la compra se definirán los criterios específicos para su aplicación, de acuerdo con la evidencia clínica y el monitoreo de las enfermedades respiratorias agudas que realiza la dependencia de forma permanente.

¿Quiénes recibirán la vacuna contra el VSR?

La Cofepris otorgó dos registros a la vacuna bivalente recombinante contra el Virus Sincicial Respiratorio, tras un análisis regulatorio que incluyó la revisión de la documentación presentada por dos laboratorios. La autorización contempla su uso en dos grupos de la población considerados prioritarios.

Las personas que recibirán la vacuna son:

Mujeres embarazadas

Adultos mayores a partir de los 60 años

Protección desde el embarazo y en la vejez

En el caso de las mujeres embarazadas, la vacunación tiene como propósito proteger a los bebés desde el nacimiento hasta los seis meses de edad. La inmunización se realiza durante la gestación, entre las semanas 32 y 36, con el fin de que los anticuerpos maternos se transmitan al recién nacido.

Para los adultos mayores, la vacuna busca reducir el riesgo de enfermedad respiratoria aguda y de infecciones en vías respiratorias inferiores asociadas al Virus Sincicial Respiratorio, una de las causas frecuentes de complicaciones durante el invierno.

Vigilancia y aplicación conforme al riesgo epidemiológico

La Secretaría de Salud mantiene un seguimiento constante de las enfermedades respiratorias agudas en el país. Con base en este monitoreo, la autoridad sanitaria emitirá en su momento las indicaciones precisas para la aplicación de la vacuna, una vez que se encuentre disponible en el sistema público.

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Ciudad de México.— El consumo de sustancias en México ofrece una paradoja que atraviesa hogares, escuelas y servicios de salud. Mientras el uso de algunas drogas disminuye entre adolescentes, la vulnerabilidad en salud mental crece y se expresa en ideación, planeación e intentos de suicidio con mayor frecuencia que en la población adulta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat).

Generación con menos drogas, pero mayor fragilidad emocional

La Encodat confirma que el consumo experimental de drogas ilegales en adolescentes pasó de 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025. El descenso se observa en cannabis, alucinógenos y estimulantes de tipo anfetamínico. En contraste, los adultos registraron un aumento al pasar de 10.6 a 14.6 por ciento en el mismo periodo.

El dato adquiere otra dimensión cuando se cruza con los indicadores de salud mental. La población de 12 a 17 años concentra mayores niveles de malestar psicológico, comportamiento suicida y exposición a la violencia. La encuesta advierte que la ideación suicida en adolescentes alcanzó 3.3 por ciento en los últimos 12 meses, casi el doble que en adultos. La planeación y el intento también se presentan con mayor frecuencia en menores, con especial incidencia en mujeres adolescentes.

Medicamentos, una puerta temprana al riesgo

El estudio incorpora un foco de atención sobre el uso indebido de medicamentos. El consumo de opioides aumentó de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, aunque se mantiene en niveles bajos. En este contexto, las autoridades sanitarias señalaron la relevancia de regular la venta de Tramadol, ahora con receta médica, debido a su asociación con el inicio en drogas ilegales.

En el caso del fentanilo, la encuesta reporta una prevalencia muy baja de consumo no médico, de 0.2 por ciento alguna vez y 0.1 por ciento en el último año, resultado que se vincula con campañas preventivas sostenidas en escuelas y medios de comunicación.

Alcohol y nicotina: cambios de patrón

El consumo de alcohol muestra un comportamiento diferenciado. Entre adolescentes, el porcentaje de quienes bebieron en el último año bajó de 28 a 17.8 por ciento, y el consumo excesivo descendió de 8.3 a 2.6 por ciento. En adultos, la proporción de personas que alguna vez han consumido alcohol aumentó ligeramente, con un crecimiento más marcado entre mujeres.

En tabaco, la prevalencia general disminuyó, pero el uso de cigarro electrónico pasó de 1.1 a 2.6 por ciento. Las autoridades sanitarias reiteraron que la venta de vapeadores permanece prohibida y que el calentamiento de estos dispositivos genera sustancias cancerígenas, por lo que se reforzarán campañas educativas dirigidas a adolescentes.

Cannabis y drogas ilegales: la brecha entre edades

El cannabis se mantiene como la principal droga ilegal en el país. En adultos, su consumo experimental subió de 9.3 a 13.3 por ciento entre 2016 y 2025. En adolescentes, el indicador descendió de 5.3 a 3.7 por ciento. Los alucinógenos y los estimulantes anfetamínicos siguieron una tendencia similar, con aumentos en adultos y estabilidad o descenso en menores.

Las autoridades de salud subrayaron que estos resultados reflejan el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención temprana y que la estrategia de intervención desde la adolescencia resulta clave para contener el avance del consumo en edades posteriores.

Violencia, apuestas y entorno digital

La encuesta documenta que 18.1 por ciento de los adolescentes reportó haber sufrido algún tipo de violencia en el último año, cifra superior a la observada en adultos. También identifica una mayor presencia de conductas de riesgo vinculadas al juego con apuestas y al uso intensivo de videojuegos, con 6.9 por ciento de adolescentes en posibles comportamientos patológicos, frente a 3.9 por ciento en adultos.

Diagnóstico para la política pública

La Encodat 2025 se elaboró a partir de una muestra de 19 mil 200 personas de 12 a 65 años, con participación de la Secretaría de Salud, Conasama, el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. El documento analiza patrones de consumo, percepción de riesgo, acceso, regulación y determinantes sociales, además de su vínculo con la salud mental.

Los resultados trazan una línea clara para la acción pública: aunque la reducción del consumo de drogas en adolescentes muestra avances, la carga emocional, la violencia y el comportamiento suicida revelan un desafío de mayor profundidad.

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