Ciudad de México.— Ante el crecimiento de la tasa de desempleo en la Población Económicamente Activa (PEA), que se ubicó en 3.6 por ciento en marzo -el mayor registro desde diciembre de 2016-, se deben crear empleos bien remunerados, que cubran las necesidades de las familias y ayuden a superar la pobreza, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la CNDH detalló que los trabajadores y sus familias deben alcanzar, a través del trabajo, los mínimos de bienestar considerados en la Constitución, a partir de los criterios de derechos humanos, pues se trata no sólo de un indicador económico, sino de un asunto de dignidad humana.
En ese sentido, la CNDH expuso en un comunicado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU destacó en sus observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados, la insuficiencia del salario mínimo en nuestro país para proporcionar condiciones de vida digna.
También preocupa el gran número de personas que se desempeñan en la informalidad laboral, así como el desempleo y el subempleo que afectan especialmente a jóvenes, personas con discapacidad y migrantes, entre otros, además de las condiciones laborales injustas en el trabajo agrícola y el servicio doméstico, y un sistema de protección social fragmentado por sectores y vinculado a la formalidad del empleo.
Con todo, la comisión reconoció el esfuerzo del actual gobierno para impulsar el incremento al salario mínimo, aunque la cifra todavía es insuficiente. Se trata de un paso importante con miras a alcanzar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos a un trabajo y salario, decente y digno.
También se subraya la importancia del derecho de toda persona de acceder al trabajo digno y socialmente útil, reconocido en los artículos 5° y 123 constitucionales, así como en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
Preocupa que de acuerdo con la ONU, la mitad de la población mundial vive con el equivalente a dos dólares diarios, con una tasa mundial de desempleo de 5.7 por ciento y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza, aunado a la carencia persistente de oportunidades de acceder a un mercado laboral en condiciones dignas.
El número de empleos necesarios entre 2016 y 2030 asciende a 30 millones al año, tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad laboral, el cual aumenta a 470 millones.
Frente a este escenario, la CNDH considera que las instituciones nacionales de derechos humanos son agentes de cambio para favorecer el respeto de las garantías en sus respectivos países, por lo que se debe impulsar que los gobiernos, el sector económico y la sociedad fortalezcan sus esfuerzos para que más gente acceda a trabajo decente, es decir, con prestaciones y salario suficiente.
La CNDH “ha enfocado sus esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos laborales y de seguridad social” para garantizar la igualdad y no discriminación de quienes pertenecen a grupos de atención prioritaria, a fin de construir una sociedad más justa, con mejor calidad de vida, que permita a cada persona alcanzar su desarrollo intelectual, personal y social.
Dentro de sus facultades, la comisión se ha ocupado de varios asuntos relacionados con el derecho al trabajo, al presentar diversos estudios y productos académicos, así como diversas recomendaciones específicas entre 2017 y 2018, además de la recomendación general 34/2018.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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