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ONU pide resolver masacre en Tamaulipas

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Ginebra.— La ONU urgió a México a investigar de manera exhaustiva y bajo la clasificación de graves violaciones a los derechos humanos, las masacres de migrantes en los estados de Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012, y criticó que tantos años después “no haya aún personas sancionadas”.

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares expresa en un informe su “profunda preocupación sobre las graves irregularidades en las investigaciones para identificar a los responsables y las víctimas de las masacres”.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reconoció en junio que la masacre en Tamaulipas debe ser calificada como una “grave violación de derechos humanos”.

En los sucesos de San Fernando (Tamaulipas), 72 migrantes de América Central y del Sur fueron asesinados el 22 de agosto de 2010 por miembros del crimen organizado -presuntamente del cártel de Los Zetas- con la aparente complicidad de policías locales.

Los cadáveres de otros 193 migrantes fueron encontrados entre abril y mayo de 2011 en ese mismo municipio, a los que se sumaron 49 cuerpos hallados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012.

En su informe sobre la situación en México de los migrantes y trabajadores inmigrantes, el Comité de la ONU observa que el Estado se enfrenta a “numerosos e importantes desafíos” para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios, al ser país de origen, tránsito, destino y retorno.

En este sentido manifiesta su preocupación por el “impacto extremadamente grave de la desaparición forzada de personas migrantes y mexicanos en tránsito, así como por los “altos niveles de violencia de género, especialmente en la frontera sur”.

Igualmente apunta a las “alegaciones sobre la participación de autoridades públicas, particularmente policías federales, estatales y municipales” en delitos relacionados con los migrantes y a “la alta impunidad”.

Para los expertos de la ONU es además lamentable el aumento “significativo” de expulsiones de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, y le inquieta que el llamado “retorno voluntario y asistido” se aplique mientras las personas están privados de su libertad, sin asistencia jurídica ni información adecuada, y sin alternativas para su regularización.

En cuanto a las detenciones, la ONU denuncia el elevado número de personas privadas de libertad en 58 Estaciones Migratorias, a menudo sin las debidas garantías procesales y en ocasiones sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Al Comité le inquieta especialmente el incremento en un 900% entre 2011 y 2016 de niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos no acompañados o de muy baja edad.

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Señala asimismo la falta de oportunidades para la participación amplia y sistemática de las ONG y defensores de los migrantes en la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y en el diseño de políticas públicas y su evaluación.

De ahí que pide institucionalizar el diálogo con las ONG y activistas y ampliar la participación a organizaciones mexicanas en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y a comités de familiares de migrantes de Centroamérica.

A la ONU le preocupa además la vulneración de los derechos de los defensores de los migrantes, dado que son objeto de violencia y amenazas por parte del crimen organizado y redes de tráfico de personas, “incluso en connivencia con las autoridades”.

El Comité maneja además información sobre procedimientos de control y verificación migratoria “en base al perfil étnico” de las personas.

AGP



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Hijos de padres mexicanos nacidos en EEUU: en riesgo de perder la ciudadanía

Se estima que anualmente nacen en el territorio de los Estados Unidos alrededor de 500 mil niños de padres extranjeros.

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Estados Unidos.- La reforma propuesta por Donald Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento amenaza el futuro de miles de niños, principalmente hijos de padres mexicanos. Este cambio podría dejar a muchos en un limbo migratorio sin precedente

Se estima que anualmente nacen en Estados Unidos alrededor de 500 mil niños de padres extranjeros.

De ellos, 125 mil son de origen mexicano, convirtiéndolos en el grupo más afectado.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento está garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868. Sin embargo, la administración Trump busca reinterpretar este derecho, eliminando una clave de protección para quienes nacen en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La comunidad mexicana ha tenido un crecimiento exponencial en Estados Unidos durante las últimas décadas. Según el Buró de Censos, su población pasó de 9,6 millones en 1970 a 46,2 millones en 2022. Actualmente, los mexicanos representan casi la cuarta parte de los extranjeros en ese país.

Especialistas proyectan que, en 2023, de los 3.6 millones de nacimientos registrados en Estados Unidos, 500 mil correspondieron a hijos de padres extranjeros. Entre ellos, 125 mil tienen raíces mexicanas. Otros grupos afectados serían los de origen indio, chino, filipino y salvadoreño.

Si la reforma avanza, los bebés nacidos en este nuevo contexto no obtendrían automáticamente la ciudadanía estadounidense. Además, podrían enfrentar dificultades para acceder a la ciudadanía de sus padres, dejándolos en una situación incierta.

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Esta medida plantea desafíos legales y sociales, especialmente para los niños que quedarían sin un estatus definido. Expertos advierten que esta política podría desestabilizar la estructura migratoria y generar nuevas tensiones.

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Donald Trump indulta a 23 activistas provida

“Es un honor firmar esto”

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Donald Trump
Foto: Especial

Washington. — Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, firmó un decreto en el que se indulta a 23 personas provida condenadas durante la administración Biden.

“Es un gran honor firmar esto”, dijo el mandatario al estampar la firma en el documento que libera a las personas condenadas por acudir a clínicas abortistas para tratar de ayudar a esas mujeres a salvar la vida de sus hijos.

Estos indultos llegaron justo el día antes de la gran Marcha por la Vida que recorrerá las calles de Washington.

La semana pasada, el bufete de abogados defensor de la libertad religiosa solicitó al emitir 21 indultos individuales para defensores de la vida.

Cabe recordar que las autoridades les arrestaron por violar la Ley Federal de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE) y el estatuto de “Conspiración contra los Derechos” mientras participaban pacíficamente en protestas en centros de aborto. Varios de los condenados y encarcelados eran ancianos y tenían mala salud.

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Al menos dos veces durante su campaña presidencial de 2024, Trump dijo que tenía la intención de liberar a activistas provida que actualmente están encarcelados.

“Estos pacíficos estadounidenses provida maltratados por Biden incluyen abuelos, pastores, un sobreviviente del Holocausto y un sacerdote católico; todos son patriotas desinteresados ​​y sinceros”, se lee en la petición del bufete de abogados con sede en Chicago.

Entre los indultados por Trump también está el franciscano Fidelis Moscinski que llegó a entrar en prisión.

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Nueva York prohibirá celulares y tablets en escuelas públicas  

De ser aprobada, esta medida marcaría un cambio significativo en las políticas educativas, priorizando la concentración de los estudiantes. 

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Nueva York

Albany, NY – El estado de Nueva York planea implementar una prohibición estricta del uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes y tabletas en las escuelas públicas a partir del próximo año escolar.   

La gobernadora Kathy Hochul presentó esta propuesta hoy durante la presentación del presupuesto estatal en la Cámara de Albany, ganándose el respaldo de ambos partidos políticos.  

La medida, descrita como aplicable “de campana a campana”, exigirá que los dispositivos estén apagados durante toda la jornada escolar.   

Actualmente, solo algunas escuelas imponen esta regla de forma laxa. Según la iniciativa, las escuelas tendrán la opción de habilitar armarios específicos para almacenar los dispositivos o permitir que los estudiantes los guarden apagados en sus pertenencias.  

La prohibición excluye los dispositivos necesarios por razones médicas, discapacidades comunicativas o como herramientas de traducción para estudiantes inmigrantes.   

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“Nuestros hijos se verán libres de las constantes interrupciones de las redes sociales y de la presión que estas generan sobre la salud mental”, declaró Hochul.  

La propuesta cuenta con el respaldo del sindicato de maestros y de legisladores de ambos partidos, quienes deberán someterla a votación el próximo 31 de marzo.  

La ciudad de Nueva York, una de las más afectadas por la medida, no había adoptado previamente políticas similares, aunque el alcalde había señalado la relación entre redes sociales y problemas de salud mental juvenil.   

En febrero de 2024, la ciudad demandó a grandes empresas tecnológicas, incluidas TikTok, Meta y Snap, por contribuir a lo que denominaron “la crisis nacional de salud mental juvenil”.  

De ser aprobada, esta medida marcaría un cambio significativo en las políticas educativas del estado, priorizando la concentración y el bienestar de los estudiantes. 

ARH

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Miedo de padres migrantes frente a las nuevas políticas en escuelas de E.E.U.U.

Las autoridades educativas trabajan para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, tengan educación.

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Foto: Pixabay

Estados Unidos.- La administración del presidente Donald Trump ha generado una creciente preocupación entre las familias migrantes en Estados Unidos, especialmente por las nuevas políticas migratorias que afectan directamente a los estudiantes.

Aunque los educadores aseguran que las escuelas son lugares seguros para los niños, las recientes medidas anunciadas por el gobierno federal han puesto en alerta a muchas familias.

En varias regiones del país, los padres se muestran cada vez más inquietos después de que Trump decidiera permitir que agencias federales de inmigración lleven a cabo arrestos en lugares considerados “sensibles”, como escuelas, iglesias y hospitales.

Este cambio de política pone fin a décadas de restricciones y ha causado gran temor, particularmente entre los migrantes indocumentados.

“¡Ay, dios santo! ¿Por qué quieren hacer eso?”, comentó una mujer migrante mexicana, quien, aunque planeaba llevar a sus nietos a la escuela, se mostró preocupada por la seguridad de sus hijos en el entorno escolar.

Ante el temor de que se produzcan redadas en las escuelas, varios distritos educativos han tomado medidas para tranquilizar a las familias migrantes.

En algunas zonas, las autoridades escolares han asegurado que defenderán el derecho de los estudiantes a una educación pública, independientemente de su estatus migratorio.

Por ejemplo, el sistema educativo de California ha reiterado que la ley estatal prohíbe la cooperación local con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

En Chicago y Nueva York, también se han implementado políticas similares que prohíben recabar información sobre el estatus migratorio de los estudiantes y han establecido que los agentes de ICE no podrán ingresar a las escuelas sin una orden judicial.

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Sin embargo, no todos los distritos educativos han ofrecido garantías a los padres migrantes.

En algunas zonas, las familias aún se sienten inseguras, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre.

En la Academia Charter Fugees de Georgia, por ejemplo, los educadores han observado que incluso aquellos estudiantes que están legalmente en el país temen ser deportados debido a las declaraciones de Trump sobre la inmigración.

El cambio en la política migratoria parece tener como objetivo hacer la vida más difícil para los inmigrantes en el país.

Según Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, algunas familias, aunque no corren riesgo de deportación, pueden optar por mantener a sus hijos fuera de la escuela, afectando su educación.

Las autoridades educativas siguen trabajando para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a una educación segura y sin miedo.

ARH

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