Andrés Manuel López Obrador quiere ir en serio al anunciar la reducción de gastos vinculados al Ejecutivo y la austeridad en diversas dependencias, incluyendo a los de los otros poderes de la Unión. En el proceso de composición del gobierno 2018-2024, busca las maneras, quizá no siempre son las mejores, de hacer una presidencia en la que el pueblo le recuerde como de los mejores mandatarios en el siglo XXI. AMLO quiere una institución “aséptica” concentrada en torno así mismo, ajena a cualquier forma vinculada al antiguo régimen, la presidencia imperial.

¿Qué hay realmente en este propósito? ¿Es verdaderamente revolucionario? ¿Es el deseo populista por desmantelar las formas del poder que alguna vez fueron ilimitados? ¿Es revancha y pase de facturas por la persecución sufrida debido al hostigoso sistema de la mafia del poder? La presidencia de la República maquinó aparatos hechos a modo, uno de esos en la secrecía y siniestralidad, el Estado Mayor Presidencial (EMP), hoy vulnerable por las políticas del nuevo gobierno que parecen haber tocado su talón de Aquiles: ¿Para qué emplear a militares en la seguridad de un mandatario civil? En este fin del poder, no sólo se trata de un adelgazamiento de la burocracia, es arrancar de raíz lo que la presidencia venía representando: Una institución omnímoda de privilegios engrosada por millonarios recursos.

La organización del actual EMP se dio durante el período presidencial del general Manuel Ávila Camacho cuando México declaró la guerra a las potencias del Eje. En 1942, la Ayudantía de la Presidencia de la República -militares encargados de la seguridad presidencial- se transformó en el EMP como organismo militar vinculado estrechamente al titular del Ejecutivo para la organización política y económica del país en estado de guerra. Al fin del conflicto, reasumió su carácter de órgano de seguridad.

Cambios y restructuraciones han sido tan variados como los mismos estilos de los mandatarios en turno. Desde su posible participación y ejecución en las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, se ha moldeado a los caprichos y gustos del huésped de Los Pinos. Criticado además por su supuesta normatividad que va más allá de lo que establece la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, el reglamento del EMP es el vademécum en el cual no tiene injerencia alguna el Poder Legislativo puesto que, gracias a la oportuna concesión y facultad reglamentaria del artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el EMP tiene el uniforme a modo extendiendo su poder hasta tener polémicas facultades como en labores de inteligencia y obtención de información sobre seguridad nacional. Resulta curioso que, tras la alternancia del 2000, Vicente Fox y Felipe Calderón dieron nuevos reglamentos que adicionaron funciones de seguridad y de beneficio a la familia presidencial.

El 24 de mayo de 1985 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas al reglamento del EMP bajo el gobierno de Miguel de la Madrid. De estos cambios destaca la ampliación de facultades para que el EMP pudiera obtener cualquier tipo de información. Hay que recordar que México veía en ese momento desconfianza hacia de organismos policiales utilizados en labores de espionaje como fue la temible División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia -DIPD- del sexenio de José López Portillo. Después, la Dirección Federal de Seguridad mantuvo sus ilegales labores, líderes de la izquierda clamaron por la disolución de estos cuerpos policiales y de espionaje con facultades metaconstitucionales. Por eso, De la Madrid atrajo las labores de “obtención de información” para el cuerpo de elite del presidente por la franca desconfianza y descomposición de las labores policiales a cargo de entidades políticas como la Secretaría de Gobernación.

El 23 de enero de 2004 fue publicado en el DOF el nuevo reglamento del EMP al consignar la obligación de proporcionar seguridad a la esposa del presidente de México. Felipe Calderón expidió otro reglamento publicado en el DOF el 8 de marzo de 2010 y reformado en el último día de su mandato, el 30 de noviembre de 2012, a fin de ampliar las labores de seguridad para guardia y custodia de los expresidentes y sus familias, es decir, terminado el sexenio de su encargo, Calderón Hinojosa quiso mantener el mismo número de efectivos del EMP en su regreso a la vida civil con cargo al erario.

La disolución de la controvertida unidad técnica especializada para la seguridad del presidente e integrarlo a los demás cuerpos del Ejército, según AMLO, no parece tan novedoso como viene dándose en la transición del nuevo gobierno. El 11 de abril de 2014, ya en este sexenio que acaba, la senadora Layda Sansores San Román, integrante de la bancada del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura y triunfadora a la alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México el 1 de julio, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Destaca la reforma a esta última disposición en donde se determinaría que el presidente de la República prescinda de toda asistencia militar y sólo cuente con una guardia de honor.

La legisladora del PT así pretende derogar las disposiciones relativas al EMP todavía en vigor, a saber: los artículos 14, 15, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. Lo interesante del documento es el anexo donde da una relatoría pormenorizada de las pretendidas facultades, usos y costumbres que llevaron a la ilegalidad muchos actos del EMP como los privilegios de los expresidentes en cuanto a su seguridad con más de 100 elementos a su entera disposición, la iniciativa era una particular dedicatoria a Felipe Calderón quien se había despachado estos privilegios transexenales.

AMLO pretende ahora esta transformación medular para lanzar el mensaje de que el Ejército se dedique a las labores de ley y no de seguridad a un civil terminando así con el historial sospechoso que, en el pasado, envolvió al EMP; sin embargo, el presidente de México deberá tomar las medidas que garanticen su cuidado como jefe de Estado y de Gobierno a través de cuerpos civiles profesionales donde no quepa la corrupción; al final, la desaparición del EMP sería el equivalente a un ahorro de más de 398 millones de pesos. Eso es lo que nos cuesta a los mexicanos.

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