Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer versión pública de la averiguación previa del caso Tlatlaya SEIDO/UEITA/174BIS/14, así como del expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que los organismos garantes de transparencia, como el INAI, deben asumirse como corresponsables de los procesos de justicia transicional.
“Debemos ejercer nuestras atribuciones para garantizar la disponibilidad de información pública para que tanto autoridades como población estén informados, tengan un lenguaje común, confíen entre ellos y muestren disposición para sentarse a la mesa de diálogo a pesar de las tensiones y antagonismos. El INAI debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo, interpretan erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos”, enfatizó.
Salas Suárez resaltó que ante un proceso de justicia transicional y, de acuerdo con sus atribuciones, el INAI debe, entre otros, emitir criterios para la debida protección de datos personales, tanto de actores gubernamentales involucrados, como de las víctimas, así como generar información de transparencia proactiva e interés público en plataformas accesibles para las víctimas, sus familias y la población en general, como el proyecto “Memoria y Verdad”.
“La apertura de información para detonar procesos de justicia transicional es una oportunidad para construir un México justo, es decir, para transformar y rescribir la historia del país, una en la que la seguridad y el Estado de derecho se cumplen, donde no hay corrupción ni impunidad. Por su sensibilidad e importancia, deben ser implementados con tal cuidado que no abonen aún más al desencanto y la desconfianza. México ya no puede asumir un costo tan alto. En lo que toca al acceso a la información pública y la protección de datos personales, el INAI hará su parte”, concluyó el comisionado.
Una particular solicitó las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
En respuesta, el sujeto obligado puso a disposición, previo pago de costos de reproducción, la versión pública de la averiguación previa del caso, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH.
En dicha versión, se testaría la información de personal sustantivo de la PGR; la información que es parte de las investigaciones vinculadas, generada por diversas unidades administrativas, así como los datos personales de personas físicas.
Inconforme, la particular presentó recurso de revisión ante el INAI en contra de la reserva y la confidencialidad de los diversos datos aludidos. En alegatos, la PGR reiteró su respuesta original.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Salas Suárez, se determinó que no le resultaba aplicable ninguna causal de reserva, toda vez que la averiguación previa y expediente de seguimiento del caso Tlatlaya, es información relacionada con violaciones graves de derechos humanos, y solo se actualizaba la confidencialidad de los nombres y firmas de personas físicas.
Por lo anterior, el Pleno del INAI, por unanimidad, instruyó a la PGR modificar su respuesta y dar a conocer la versión pública de la averiguación previa sobre el caso Tlatlaya SEIDO/UEITA/174BIS/14, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH, en los que únicamente se podrán testar nombre y firma correspondientes a testigos, víctimas, ofendidos, imputados asesores jurídicos y peritos.
Por el contrario, deberá dar nombre, firma y cargo de los servidores públicos a quienes se le siguieron procedimientos penales administrativos en su contra, derivados o no de la recomendación de la CNDH, y que ya fueron resueltos de manera firme, es decir, con sanción administrativa o penal.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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