México.— La inseguridad, la violencia y la impunidad que se viven con especial gravedad en algunas regiones de México, son expresión clara de que el Estado ha fracasado en su función básica de proteger la vida, la integridad y los bienes de los habitantes, dijo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
El ombudsman nacional sostuvo que la inseguridad pública no es consecuencia de bajos presupuestos, sino de decisiones equivocadas.
Destacó que las acciones emprendidas y los cuantiosos recursos destinados para atender ese problema no han encontrado la solución en una década, lo que implica violación a los derechos o la posibilidad de que tales vulneraciones se presenten.
“Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias”, declaró el ombudsman, y añadió: “La violencia no reducirá la violencia”.
Subrayó que sostener que la ley no se aplica porque los derechos humanos se oponen a ello es mentira y excusa falaz ante la falta de respuestas pertinentes frente a una realidad que desafía y confronta.
México, dijo, requiere seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado democrático de derecho, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el cumplimiento y aplicación de la ley.
“Una seguridad que se construye desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de la misma”, abundó.
Asimismo, enfatizó que los recursos que desde 1996 se han destinado a la seguridad superan el millón de millones de pesos, mientras que los resultados no son siquiera aceptables.
“Lo anterior -apuntó ante las personas reunidas en la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM- es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”.
Señaló que recurrir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha ocasionado el abandono de las policías, y destacó que los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) crecieron 400 por ciento entre 2007 y 2014 y el número de efectivos militares desplegados aumentó 70 por ciento entre 2007 y 2013.
Mientras tanto, añadió, la formación profesional, real y verificable de las policías civiles, así como la dotación de recursos, no presentaron esas tasas de crecimiento.
Tras mencionar que el gasto federal en seguridad pasó de aproximadamente 130 mil millones de pesos en 2006 a casi 264 mil millones de pesos en 2016, refirió que persiste la necesidad urgente de hacer frente y abatir la impunidad y la corrupción.
Puntualizó que la respuesta a la violencia e inseguridad no radica en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas, ni en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley.
“Nuestro país no podrá contar con la institucionalidad fuerte y legitimidad social que se requiere si cada seis años reinventamos la administración pública y sus mandos se designan bajo criterios políticos o de conveniencia personal, ajenos a parámetros de profesionalismo y eficacia en el servicio”, puntualizó.
Luis Raúl González y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, encabezaron en la capital mexicana la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia. EFE
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
Mundohace 2 días
